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News – Noticias «La vendimia en Francia, el eterno reclamo: de 1.700 a 2.000 euros y acceso a ayudas sociales». El flujo laboral más importante en España , el correspondiente a la vendimia en Francia, se adelanta entre 10 y 15 días debido a la prematura maduración de la uva por las elevadas temperaturas que también padece el país vecino. Más de 15.000 trabajadores cruzarán la frontera rumbo a zonas vitivinícolas francesas como Perpiñán, Narbonne, Montpellier, Valence, Aviñón, Burdeos y la Gironde. Según los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO., todas estas personas tendrán un salario mínimo de 10,85 euros brutos por hora . La mayoría del contingente que se desplazará vienen de Andalucía (sobre todo de las provincias de Jaén y Granada) seguida de las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Se estima que el promedio de estancia en suelo francés será de entre 20 y 25 días aunque, como en España, muchos grupos se desplazan a otras zonas de recogida más tardía y pueden prolongar su ‘tour’ particular hasta situarse entre los 45 y 50 días. El Ministerio de Agricultura francés informó el mes pasado de una merma del 10% de la producción respecto a 2021 . En concreto, las autoridades galas calculan que la producción será de unos 44,6 millones de hectolitros, lo que atribuyeron tanto a las olas de calor que afectaron a zonas, como el valle del Ródano, así como a la lluvia y el frío sufridos en primavera. En este escenario los miles de españoles que cruzan la frontera para recoger la uva en Francia son repetidores, ya que casi el 90% han tomado parte en campañas anteriores y su perfil es muy valorado entre los empresarios franceses. Según CC.OO, se trata de trabajadores del sector agrario que también se emplean en campañas agrícolas en España durante el resto del año, como las del espárrago y las de frutas de hueso. Se suelen organizar en cuadrillas con parentescos familiares o bien por lazos de amistad y allegados. La inmensa mayoría se desplazan de forma colectiva y solo una minoría echan mano de sus vehículos particulares. Noticia Relacionada estandar Si Las bodegas emigran en busca de frío para sus viñas Carlos Manso Chicote Grupos bodegueros intensifican la plantación de viñedos a mayor altitud e invierten en otras denominaciones «Francia es un modelo de flujo migratorio laboral a seguir en nuestro país», aseguran desde este sindicato. En concreto, la contratación para la vendimia en Francia es directa entre el empresario y el trabajador con la participación de la Oficina de Empleo de Francia. Las personas que van a vendimiar en suelo francés reciben el contrato del empresario antes de comenzar su labor de recogida. Las vacantes en el seno de una cuadrilla se suelen cubrir dentro del mismo ámbito geográfico (familiares, amigos, conocidos de la misma localidad, etc.). El atractivo de Francia ¿Por qué, para miles de españoles, puede resultar interesante cruzar la frontera y recoger uva en suelo francés? La respuesta es múltiple. Desde UGT y CC.OO apuntan a una razón obvia: las remuneraciones son mayores . En CC.OO. han hecho números y estiman que los vendimiadores españoles obtendrán unos ingresos de entre 1.700 y 2.200 euros por persona. También resulta muy útil para, por ejemplo, sumar las jornadas mínimas exigidas para acceder a la renta agraria y al subsidio agrario , la prestación por desempleo para los trabajadores eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social (SEAS) de Extremadura y Andalucía. En concreto, hasta el 31 de diciembre se rebaja esta requisito a un mínimo de 20 jornadas. Al margen de que se pueden generar derechos laborales en Francia y acceder a determinadas ayudas por cotizar al menos 18 días al trimestre, como los subsidios para personas desempleadas con menores de 20 años a cargo o que reciban una remuneración inferior al 55% del SMI galo. MÁS INFORMACIÓN noticia No La sequía puede provocar unas pérdidas de más de 8.000 millones en el campo según Asaja Desde UGT y CC.OO. son tradicionales las críticas al modelo laboral que impera en el campo español . Los sindicatos, cada vez que se ha puesto de actualidad la situación de los temporeros del campo por cada nueva campaña de Inspección de Trabajo, ponen sobre la mesa la renovación pendiente de gran parte de los 61 convenios provinciales existentes (21 de ellos actualizados). En este sentido, vienen acusando a los empresarios de falta de voluntad y de rechazar la negociación de un único convenio nacional. Un extremo negado reiteradamente por organizaciones como Asaja.. «El trienio inflacionista endosará 26.000 millones de gasto extra en pensiones al Estado». Si la coyuntura internacional lo permite, se presupone que los gobiernos occidentales habrán conseguido controlar el episodio inflacionista descorchado por el encarecimiento de la energía y las materias primas y acelerado por la invasión rusa y su repercusión económica global, a finales de 2024. Para entonces, la inflación se moderará al 1,8% en España en un contexto global de menor avance de los precios de consumo por el eventual retroceso del conflicto bélico en Ucrania y el reequilibrio de las cadenas de suministro, que permitirá reducir los costes de producción y devolver la economía internacional a un cierto estado de normalidad. Trasladando este escenario al impacto presupuestario, debido a la vinculación de las futuras revalorizaciones al IPC por ley, la Seguridad Social afronta un gasto extra en pensiones de más de 26.000 millones de euros en los próximos tres años. Ese será el coste solo de las subidas en cada uno de los próximos años, ya que tal y como señalan los expertos, los compromisos que esta senda de revalorización genera en el medio plazo comprometen aún más si cabe la capacidad financiera del sistema para atender sus gastos. Según los cálculos elaborados por el Grupo de Investigación de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas formado por catorce expertos y catedráticos de la materia, el coste de la subida de pensiones de 2023 ascenderá a unos 1.740 millones de euros por cada punto de subida en base al IPC. Así, ante un IPC medio -entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022- del 8,7% , el coste de la subida de 2023 ascendería a 15.329 millones de euros. Tal y como avanzó recientemente este medio, a ese coste habrá que añadir el resultante de la reposición de las pensiones que abandonan el sistema, sensiblemente inferiores a las que causan alta actualmente, que ya rozan los 1.500 euros de media. En suma, la factura para el próximo año podría rebasar los 17.000 millones . Sin embargo, este mismo esfuerzo deberá ser realizado en los próximos años al dictado de la norma que entró en vigor el pasado 1 de enero. Para 2024 , la subida de las pagas será tan alta como el IPC medio de 2023, y en 2025 se atenderá a la escalada media de los precios en los doce meses precedentes. Así, las previsiones más ajustadas, de Funcas y el Banco de España, estiman una inflación media del 4,8% para el próximo año, para volver a valores más habituales en 2024, cuando se espera un IPC medio del 1,8% . Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1370 Código APP De este modo, el coste asociado a la subida prevista para 2024 ascendería hasta los 8.160 millones de euros, y se añadirían otros 3.060 millones con la revalorización de 2025. En suma, con los más de 15.000 millones de 2023, el trienio inflacionista le costará a las arcas del Estado 26.549 millones de euros para preservar el poder adquisitivo de los más de nueve millones de beneficiarios de una pensión de la Seguridad Social que existen actualmente en nuestro país. Teniendo en cuenta que la factura de las revalorizaciones del trienio justamente anterior (2020-2022) asciende a 6.200 millones de euros (con subidas efectuadas del 0,9% en los dos primeros y del 2,5% en el último de la serie) el incremento de las pagas de los próximos tres años cuadriplicará la del trienio precedente . Cálculo del riesgo Con todo, resulta perentorio desacoplar el debate de la revalorización de las prestaciones de la cuestión puramente numérica, que determina el volumen del desembolso, pero que no refleja la realidad a largo plazo de la salud financiera de la Seguridad Social . Por un lado, respecto a las pensiones actuales, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , ha garantizado insistentemente que se actualizarán en noviembre de acuerdo a la inflación media, como establece la ley, pese al repunte del IPC a lo largo del año. El ministro recordó ayer mismo que los ingresos de la Seguridad Social también están aumentando, con un incremento del 8,5% en julio de las cotizaciones sociales. «El saldo entre ingresos y gastos lo único que refleja es una mejora de la situación. Está en una ley que se aprobó en el Parlamento para dar total certidumbre a los pensionistas», recalcó el titular de la Seguridad Social durante una entrevista televisada. En este punto, el Grupo de Expertos del Instituto de Actuarios evalúa en el ‘Análisis de la reforma de las pensiones 2021’ el impacto presupuestario de las principales medidas introducidas en el primer paquete de la reforma que lleva medio año en vigor. Aquí, los expertos aclaran que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones «es un objetivo que debe estar en la mente de todos los representantes de la ciudadanía», si bien advierten de que «en el otro platillo de la balanza ha de estar una correcta cuantificación de lo que puede suponer esta medida y quiénes habrán de ser los que asuman ese coste». MÁS INFORMACIÓN Los nuevos jubilados cobran ya un 50% más de pensión que los dos millones de trabajadores españoles en SMI Sobre este aspecto, los expertos se cuestionan el diseño de la medida, que podría «lastrar la sostenibilidad financiera» de la Seguridad Social. Reclaman que de igual manera que el mecanismo de vinculación con el IPC establece un piloto automático de conservación de poder de compra con cada aumento de la inflación, ante posibles episodios de deflación -caída de los precios de consumo- las prestaciones se basculen a la baja , cumpliendo de igual modo con el principio de mantenimiento de poder adquisitivo. «Esta es una asimetría destacable que ya se ha venido aplicando anteriormente, difícil de entender desde un punto de vista técnico», critican los expertos de cara un análisis de repercusión a largo plazo de la principal medida de aumento de gasto.. «El PP propone adaptar el Pacto Verde Europeo y el Plan Estratégico de la PAC al contexto de precios y sequía». Ante la fuerte pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias, aprisionados por unos costes de producción disparados y unos bajos costes de producción, a lo que se añade la incertidumbre provocada por el conflicto en Ucrania y las consecuencias de la sequía el Partido Popular (PP) ha propuesto este viernes promover en Bruselas la modificación del Plan Estratégico de la PAC (Política Agraria Común), la hoja de ruta para aplicar esta política comunitaria en España a partir del próximo 1 de enero y que todavía no ha recibido la luz verde definitiva. Además de la adaptación del Pacto Verde Europeo a las circunstancias derivadas del actual contexto inflacionario y la sequía. En este sentido, la portavoz popular en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados Milagros Marcos ha apuntado que «los avances en sostenibilidad se hagan al ritmo que se pueda y no a costa de la rentabilidad de las explotaciones». A través de una proposición no de ley, los populares también instan al Gobierno a poner en marcha las infraestructuras e inversiones necesarias para amortiguar los efectos de la actual escasez de precipitaciones en cada cuenca hidrográfica. Desde los populares también han propuesto otras medidas como la puesta en marcha de la denominada doble tarifa eléctrica para los regantes. Noticia Relacionada estandar Si Los regantes apuestan por invertir más en embalses y denuncian la «demonización» del regadío Carlos Manso Chicote «Solo se han ejecutado dos de cada diez euros de inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos», estiman desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) Esta disposición ya está incluida en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que entró en vigor a finales del año pasado y que también se incluyó en los Presupuestos de 2021 con seis meses para su desarrollo. Además de formar parte de la conocida como Ley de la Sequía (1/2018, de 6 de marzo) . Durante el confinamiento, de forma transitoria, también se abrió la puerta a la modificación de la potencia contratada aunque la medida solo estuvo vigente entre marzo y junio de 2020. El PP también ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se apliquen las bonificaciones fiscales de hasta un 35% y un 15% en la factura del gasóleo y en la de plásticos y fertilizantes para los operadores del campo. Además de reducir los índices de rendimiento neto que se aplican en la estimación objetivo del IRPF para aquellas actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los desequilibrios del mercado. La portavoz popular en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Milagros Marcos , ha reconocido la compleja situación en la que se encuentran los productos españoles y lamentado que haya «una PAC con menos ayudas y más exigencias». La diputada ha señalado que ya se están cerrando explotaciones y sacrificando animales por unos costes de producción desorbitados. «28.000 vacas se han sacrificado en el último año, según el propio Ministerio de Agricultura», ha apuntado la parlamentaria quien critica que el Gobierno «no haya escuchado a nadie». MÁS INFORMACIÓN noticia No El Gobierno garantiza el suministro de agua para los grandes núcleos urbanos noticia Si La sequía obstruye el comercio fluvial y aboca a Alemania a una recesión más dura Marcos ha exigido que «en lugar de culpar a los agricultores de la sequía aproveche los fondos europeos para hacer infraestructuras de regulación que nos permitirían acumular el agua para cuando la necesitemos». En este sentido, ha avisado de que «sin agua no hay agricultura y ganadería». Algo que comprometería nuestra soberanía alimentaria.. «Estas son las horas más baratas de la electricidad para este sábado 20 de agosto». El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá un 30,95% este sábado y se situará en los 287,05 euros el megavatio hora (MWh), con el coste del ‘pool’ y la compensación a las empresas gasísticas, frente a los 219,21 euros de este viernes, según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia. Las horas pico y valle La más barata: de las 16h a las 17h a 0.261€/kWh La más cara: de las 05h a las 06h a 0.456€/kWh El precio del ‘pool’ se quedará en los 169,11 euros, un 24,9% más que los 135,35 euros de este viernes. La hora más cara será entre las 22.00 y 23.00 horas, cuando el precio ascenderá a 230,00 euros, mientras que la más barata se registrará entre las 17.00 y las 18.00 a 120,00 euros. Por su parte, el importe de la compensación gasística alcanzará los 117,94 euros, frente a los 83,86 euros de hoy, lo que se traduce en un incremento del 40,64%. El precio de la luz hora a hora 00h – 01h: 0.392€/kWh 01h – 02h: 0.399€/kWh 02h – 03h: 0.424€/kWh 03h – 04h: 0.437€/kWh 04h – 05h: 0.448€/kWh 05h – 06h: 0.456€/kWh 06h – 07h: 0.452€/kWh 07h – 08h: 0.450€/kWh 08h – 09h: 0.421€/kWh 09h – 10h: 0.368€/kWh 10h – 11h: 0.322€/kWh 11h – 12h: 0.300€/kWh 12h – 13h: 0.301€/kWh 13h – 14h: 0.309€/kWh 14h – 15h: 0.297€/kWh 15h – 16h: 0.278€/kWh 16h – 17h: 0.261€/kWh 17h – 18h: 0.268€/kWh 18h – 19h: 0.306€/kWh 19h – 20h: 0.347€/kWh 20h – 21h: 0.373€/kWh 21h – 22h: 0.428€/kWh 22h – 23h: 0.425€/kWh 23h – 24h: 0.397€/kWh En suma, los 287,05 euros el MWh que se registrarán este sábado suponen una caída del 8,12% con respecto a los 312,43 euros del sábado de la semana pasada. Además, es un 21,21% superior a la de hace un mes, 20 de julio. 236,83 En comparativa interanual, este viernes se registrará un encarecimiento del 145,05% , ya que el 20 de agosto del año pasado el precio fue de 117,14 euros el MWh.. «Los regantes apuestan por invertir más en embalses y denuncian la «demonización» del regadío». No han sentado nada bien entre los regantes las manifestaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, en el que abogó por reducir la superficie de regadío para hacer frente a la sequía. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha denunciado «la demonización que está sufriendo el regadío» y rechazado que estas infraestructuras tengan responsabilidad en las restricciones de agua que padecen muchas localidades en España por la sequía. En concreto, ha apuntado que la Ley de Aguas y los planes de sequía de las Confederaciones Hidrográficas fijan como una prioridad absoluta el uso del agua para el abastecimiento humano . Por este motivo, han lamentado que desde ciertos ámbitos se esté intentando buscar culpables a la actual sequía. Desde esta organización, piden tener en cuenta que los caudales ecológicos fijados reducen en un 16% de media la disponibilidad de agua y cuya dotación es reducida de la destinada a regadíos. Desde la organización que representa a regantes de más de dos millones de hectáreas han propuesto «estudiar caso por caso las causas de la sequía», que relacionan con factores tan diversos como la menor precipitación, el crecimiento de la demanda y la poca eficiencia en los usos. Fenacore también ha arremetido contra «la falta de inversión en obras de regulación» (embalses, balsas, conducciones…) y las propuestas de caudales ecológicos de los nuevos planes hidrológicos ya que, a su juicio, los parámetros que se han puesto sobre la mesa pueden comprometer la función regulatoria de los embalses y no poder satisfacer las necesidades de los regantes. Todo lo anterior, en opinión de esta asociación, agravará el impacto de la falta periódica de precipitaciones en la producción de alimentos . «Solo se han ejecutado dos de cada diez euros de inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos», critican desde la federación que agrupa a más de 700.000 regantes de toda España. Noticia Relacionada estandar No El agua embalsada española disminuye su capacidad casi un 20% en los últimos 10 años ABC Actualmente la reserva hídrica almacena 21.291 hectómetros cúbicos, 705 menos que la semana pasada El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha criticado en conversación con ABC que «ahora queremos ser más ecológicos que nadie pero sin evaluar el coste económico de las medidas» en referencia alos cauces ecológicos. En esta línea, critica que ya no se defienda el bien común. «No han hecho planes hidrográficos sino ideológicos», concluye. En concreto, Del Campo, ha recordado que «si no hubiera embalses ni trasvases y estuviéramos a merced del agua natural de los ríos apenas penas se podría abastecer a 5 millones de personas en julio y agosto». En su opinión, resulta un «contrasentido» y «una barbaridad» que se diga que hay que prescindir del regadío. «La FAO pide aumentar la productividad en más del 55% antes de 2050 y, para eso, las únicas soluciones son el regadío y la biotecnología» recuerda Del Campo. MÁS INFORMACIÓN noticia No Los embalses madrileños aguantan el verano más seco con reservas del 64% noticia No Canarias está a las puertas del ‘colapso hídrico’ Como ejemplo, han lamentado, que en la mayoría de los países europeos se puede aprovechar de forma natural más de un 40% de los recursos hídricos. Mientras que, en España, han estimado que este aprovechamiento en régimen natural cae hasta el 9% .. http://www.databot-app.com