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News – Noticias «Estas son las horas más baratas de la electricidad para este sábado 27 de agosto». El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá un 21,23% este sábado y se situará en los 385,85 euros el megavatio hora (MWh), con el coste del ‘pool’ y la compensación a las empresas gasísticas, frente a los 318,29 euros de este viernes, según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia. Las horas pico y valle La más barata: de las 13h a las 14h a 0.381€/kWh La más cara: de las 23h a las 24h a 0.582€/kWh El precio del ‘pool’ se quedará en los 160,04 euros, un 8,72% menos que los 175,33 euros de este viernes. La hora más cara será entre las 21.00 y 22.00 horas, cuando el precio ascenderá a 242,82 euros, mientras que la más barata se registrará entre las 11.00 y las 12.00 horas a 127 euros. Por su parte, el importe de la compensación gasística alcanzará los 225,81 euros, frente a los 142,96 euros de este viernes, lo que se traduce en una reducción del 57,95%. Se trata de la segunda cifra más elevada que alcanza la compensación tras los 263,9 de este miércoles. El precio de la luz hora a hora 00h – 01h: 0.493€/kWh 01h – 02h: 0.497€/kWh 02h – 03h: 0.494€/kWh 03h – 04h: 0.509€/kWh 04h – 05h: 0.531€/kWh 05h – 06h: 0.553€/kWh 06h – 07h: 0.568€/kWh 07h – 08h: 0.557€/kWh 08h – 09h: 0.508€/kWh 09h – 10h: 0.446€/kWh 10h – 11h: 0.405€/kWh 11h – 12h: 0.389€/kWh 12h – 13h: 0.382€/kWh 13h – 14h: 0.381€/kWh 14h – 15h: 0.385€/kWh 15h – 16h: 0.391€/kWh 16h – 17h: 0.400€/kWh 17h – 18h: 0.408€/kWh 18h – 19h: 0.415€/kWh 19h – 20h: 0.491€/kWh 20h – 21h: 0.544€/kWh 21h – 22h: 0.556€/kWh 22h – 23h: 0.564€/kWh 23h – 24h: 0.582€/kWh En suma, los 385,85 euros el MWh que se registrarán este sábado suponen una subida del 26,45% con respecto a los 305,14 euros del sábado de la semana pasada. Asimismo, es un 51,52% superior a la de hace un mes, 26 de julio (254,66 euros). En comparativa interanual, este sábado se registrará un encarecimiento del 224% , ya que el 27 de agosto del año pasado el precio fue de 118,99 euros el MWh.. «La UE convoca una reunión urgente de ministros de Energía, pero sin fijar una fecha». República Checa, país que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, anunció ayer que convocará un «encuentro urgente» de ministros de Energía para tratar la situación ante la escalada de precios en Europa y los planes de ahorro energía para garantizar la seguridad energética del bloque, según un mensaje del primer ministro, Petr Fiala, en redes sociales. La UE se prepara para un escenario energético complicado este invierno, en plena tensión con Rusia que amenaza con cortar los suministros de gas al continente y la escalada de precios provocada por la guerra en Ucrania. Con la vista puesta en hacer frente a la situación, los Veintisiete antes de verano acordaron tener unas reservas mínimas de al menos el 80% de su capacidad para el próximo noviembre. En este momento, según los datos de la Comisión Europea, en el conjunto de la UE se sitúan en el 77%. El plan también fija un umbral del 90% para las siguientes temporadas de invierno y un nivel de reserva del 85% de la capacidad total de almacenaje del conjunto de la UE este mismo año. Esto se suma a otros planes de ahorro y eficiencia energética con los cuales los estados miembros tienen que poner medidas en marcha para reducir el consumo con el objetivo de conjunto de ahorrar el 15%. Ribera se reúne con Enagás En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió ayer con el consejero delegado ejecutivo de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, dentro de la ronda de conversaciones con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas de cara al diseño del plan de contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas dentro de la estrategia comunitaria para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania. Aunque no trascendió el contenido de la reunión, seguro que hablaron de las posibilidades que tiene España de enviar gas a Europa si se produce un corte del suministro desde Rusia. En principio, nuestro país no tendría por qué verse afectado por esos cortes, ya que recibimos gas de una docena de países y tenemos el suministro asegurado. Encuentro con alicientes El encuentro entre la ministra y el consejero delegado ejecutivo de Enagás tenía su aliciente curioso, ya que ambos coincidieron con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. MÁS INFORMACIÓN Ribera estima que la excepción ibérica para topar al gas ha ahorrado ya 1.383 millones Ribera descarta limitar el consumo de gas a los españoles ante un corte por parte de Rusia Teresa Ribera fue, entre 2004 y 2008, directora general de la Oficina de Cambio Climático y entre 2008 y 2011 asumió la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona, sustituyendo precisamente a Arturo Gonzalo Aizpiri en ese cargo. Este fue también director general de Política Ambiental y secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el citado ministerio.. «Los trabajadores con sueldos blindados ante el IPC se duplican pese al veto de la CEOE». El piloto automático en el que se dejó la negociación colectiva tras la fractura entre empresarios y sindicatos en el diálogo para un pacto salarial ha dado paso a un ciclo de renovaciones puntuales de convenios sin una tendencia clara. El principal resultado de esta fase ha sido que a cierre de julio se ha duplicado el número de trabajadores protegidos por cláusulas de revisión salarial respecto a hace un año. La discrepencia entre CEOE y sindicatos en torno a la generalización de estas cláusulas en los convenios fue precisamente el elemento dinamitador de las negociaciones para cerrar un acuerdo salarial. La patronal se negó entonces a que los empleadores incluyeran de forma generalizada este tipo de cláusulas en sus acuerdos con los trabajadores, que obligan a que en cierto momento las empresas tengan que cubrir la desviación entre la subida inicial pactada y la evolución de la inflación. De hecho, el propio Banco de España ya advirtió de esta circunstancia antes del verano tras detectar que estas cláusulas estaban ganando peso en los convenios colectivos. Noticia Relacionada estandar No Garzón reconoce un otoño «difícil» por las movilizaciones para exigir la subida del SMI Luis García López El ministro afirmó en una entrevista para televisión española que la solución para achacar la pérdida de poder adquisitivo está en los beneficios de las grandes empresas Ahora, con los datos de cierre de julio ya disponibles, se observa una doble tendencia. Por un lado, cae el número de convenios que incluyen estos dispositivos que obligan a revisar el incremento salarial en función del IPC; pero, al mismo tiempo, se duplica el número de trabajadores protegidos por esta garantía. Aunque se observa una labor de contención por parte de las empresas, también se aprecia cómo la presión de los sindicatos en las negociaciones a nivel de centro de trabajo está haciendo valer el impacto de la subida de los precios, que se sitúo en un desorbitado 10,8% en julio. Los últimos datos que ofrece el Ministerio de Trabajo apuntan que hasta el mes de julio se registraron en España 2.428 convenios en empresas -un nivel similar al de hace un año-, de los cuales 358 incluyeron cláusulas de revisión salarial, un 14,7%. El año pasado por estas fechas había 406 convenios con este tipo de cláusulas, que alcanzaban al 18% de los convenios. Las cifras parecen dibujar un escenario de repliegue de las subidas salariales, auspiciado por la recomendación de la CEOE, que pidió tras romperse las negociaciones con UGT y CCOO que los incrementos se situasen en el entorno del 2,5%. Sin embargo, eso no ha impedido que crezca la presión sobre los costes de las empresas. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo revelan un incremento exponencial del número de trabajadores protegidos por estas cláusulas de garantía salarial, pese a haber menos convenios los que las recogen. Mientras que hasta julio del pasado año había 846.686 trabajadores protegidos por estas cláusulas, este año esa cifra se ha disparado hasta los 1.737.503 trabajadores, más del doble. La incorporación de estas cláusulas no funciona como una tabla rasa que compensa las subidas acordadas hasta alcanzar la cota que marque el IPC medio de final de año, sino que en algunos casos estas condiciones activan palancas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo sin que ello implique incrementos de hasta el 8% como el IPC previsto para el conjunto del año. Ahora bien, la estadística refleja claramente cómo la incorporación de estos condicionantes en la negociación colectiva sí que implican a fin de cuentas incrementos salariales mayores que en las empresas que no regulan estas garantías salariales. El avance de la evolución de los sueldos en las empresas con cláusulas de garantía de revalorización indica que hasta julio estos subieron un 2,78%, mientras que en el resto las remuneraciones se incrementaron un 2,49%. La prueba de que este año hay una mayor presión sobre los costes laborales es que hace un año por estas fechas los convenios con cláusulas de revisión salarial presentaban una subida media del 1,52%, lo que atestigua que la inflación ha impulsado un 82% la revalorización de las nóminas. Además, hay una elevada concentración sectorial de los convenios que incluyen este tipo de herramientas de protección del poder adquisitivo de los trabajadores . De los 358 que las aplican, 213 convenios corresponden a empresas industriales y otros 139 a empresas del sector servicios. Solo un convenio en la construcción y otros cinco del campo aplican estas condiciones salariales. La presión social puede impulsar la extensión de las garantías salariales o al menos de subidas más allá del 2,5% que pidió acotar la patronal. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado en las últimas horas a la protesta social en la calle para alentar un nuevo incremento del SMI y forzar a los negociadores empresariales a aceptar subidas más altas de los salarios. La CEOE llama «arrogante» a Yolanda Díaz El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, criticó ayer la «arrogancia» de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por mostrar su apoyo explícito a las movilizaciones sindicales contra la patronal para que suban los salarios en España. Además, el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, afirmó ayer que la patronal «no va a entrar en polémicas» porque no le hará «la campaña electoral» a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.. «Hacienda buscará ablandar al BCE para evitar una condena radical a su impuestazo bancario». El nuevo impuesto a la banca que planea poner en marcha el Gobierno levantó una gran polvareda en el sector el mes pasado. Ahora está ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación y el Ejecutivo quiere tener un gesto con el Banco Central Europeo (BCE) como entidad supervisora. Todo para tratar de ablandar un posible dictamen desfavorable de la institución sobre el gravamen. La proposición de ley para crear este impuesto -que también incluye el gravamen a las energéticas- se registró en los últimos días de julio, pero aún no ha llegado al pleno del Congreso ya que antes debe pasar por la junta de portavoces. La intención del Gobierno es tratar de acelerar al máximo posible el proceso de tramitación para tenerlo aprobado antes de que acabe el año porque quieren que se aplique ya sobre las cuentas de 2022. En ese proceso de tramitación es donde puede aparecer el BCE. El supervisor tiene potestad para emitir una opinión sobre el impuesto a la banca en casos de riesgo para la estabilidad financiera sin que nadie le pregunte. Pero también puede dar su postura en caso de ser consultado por el Gobierno de España . Un acto, este último, que sería interpretado en Fráncfort como un gesto en la tramitación/elaboración del impuesto. Noticia Relacionada estandar No Hacienda gravará las ventas de las energéticas al 1,2% y los intereses y comisiones de la banca al 4,8% Daniel Caballero El Gobierno se encomienda a la CNMC y el Banco de España para sancionar a las empresas que repercutan el coste a los usuarios La intención del Ministerio de Hacienda es consultar al BCE próximamente para que emita un dictamen sobre el gravamen , según fuentes conocedoras. Y, al mismo tiempo, las fuentes consultadas apuntan a que el plan del Gobierno es tratar de hacer ver al supervisor que hay voluntad de colaborar para así ablandar su opinión. En el recuerdo está que la institución presidida por Christine Lagarde ya emitió un dictamen en 2019 muy duro por un impuesto similar en Lituania. Entonces, el Gobierno de ese país no pidió la opinión y fue el BCE el que la dio a conocer ‘motu proprio’. En el documento se alertaba del riesgo que suponía para el sector para la cantidad de crédito y sus condiciones. Un texto de oposición radical al tributo. Y eso es lo que en parte trata de evitar el Ejecutivo español. La realidad es que el supervisor todavía no ha recibido ningún contacto del Gobierno al respecto. Y, en todo caso, cabe destacar que la opinión del BCE no es vinculante para el Gobierno, pero sí sirve para sentar posturas. De ahí que Hacienda también quiera tener esa deferencia con el supervisor. Fuentes de Fráncfort declinaron hacer comentarios. Fuentes financieras señalan que en el BCE cuesta comprender el modo de tramitar el gravamen español, vía proposición de ley. Además, no se articula mediante una figura tributaria, sino como prestación patrimonial pública no tributaria . Asimismo, el momento en el que el Gobierno pediría la opinión al BCE es todavía una incógnita. Sí que está en sus planes, pero todavía habrá que esperar varias semanas ya que aún ni siquiera está en el calendario de plenos. Lo esperado es que llegue al pleno en la primera quincena de septiembre. Relacionado con todo ello, en el sector bancario confían en que el supervisor muestre un tono más duro contra la medida, que gravaría los intereses y las comisiones a un tipo del 4,8%. La CNMC, a la espera Por otro lado, la proposición de ley estipula que tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas no podrán ser repercutidos al cliente. Se carga sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -y el Banco de España en menor medida para el caso financiero- el control y sanción para las empresas que lo hagan. Sin embargo, el Gobierno no ha dicho a la institución cómo debe vigilar eso. Fuentes de la CNMC, en este sentido, destacan que todavía están esperando que se clarifique la situación en el trámite parlamentario.. «Hacienda ingresa 120 millones en su primera gran batida a contribuyentes con residencia fiscal fuera de España». Los tentáculos de Hacienda llegan cada vez más lejos y ya tienen bajo control la actividad de 1.907.649 contribuyentes con residencia fiscal fuera de España , según ha revelado la Agencia Tributaria en un informe remitido a Bruselas al que ha tenido acceso ABC. El informe ha sido elaborado por la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, en el marco de los objetivos a cumplir por España para recibir los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo es acreditar la capacidad de la Administración Tributaria española para sacar partido a la información recibida a través de los diferentes acuerdos de intercambio de información puestos en marcha en los últimos años, al calor de la creciente preocupación de las autoridades de todo el mundo por las estrategias para eludir el pago de impuestos . MÁS INFORMACIÓN Hacienda pone en revisión la ‘tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’ en busca de nuevos ingresos fiscales La Comisión Europea impuso este objetivo a España (y a otros países) en su cruzada para reducir el agujero de más de 825.000 millones de euros en ingresos fiscales que, según sus cálculos, las administraciones tributarias de la Unión Europea pierden cada año por su incapacidad para controlar las operaciones con trascendencia fiscal local que se producen fuera de su territorio. Bruselas pidió en concreto al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para identificar al menos al 85% de los contribuyentes de los que ha recibido algún tipo de dato fiscal por parte de administraciones de otros países. El informe revela que ya se ha identificado al 90%. La información depurada sobre esos cerca de dos millones de contribuyentes le ha servido a Hacienda para afrontar una primera gran batida sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de personas no residentes en España, cuyo resultado, según la información remitida por el Gobierno a Bruselas, ha sido la apertura de 774 investigaciones fiscales y la obtención de 123 millones de euros en ingresos fiscales no declarados. Otras fuentes de información La puerta para aflorar esos nuevos ingresos fiscales, históricamente ocultos para el Fisco por la desconfianza entre administraciones tributarias a la hora de compartir sus datos fiscales por el miedo a perder recaudación, se ha abierto de forma bastante reciente, al compás de la nueva era de intercambio de información abierta en su día por la Administración Obama con el sistema Fatca. Fatca obligó a las entidades financieras de todo el mundo a identificar ante la administración estadounidense a los ciudadanos o residentes en Estados Unidos con dinero, cuentas o fondos en cada entidad y a proporcionar información sobre sus posiciones en estas. La iniciativa de Estados Unidos aceleró la implantación de modelos de intercambio de información tanto en la OCDE (CRS) como en la Unión Europea (DAC) y se ha traducido en un incremento exponencial de los flujos de datos fiscales que llegan a las administraciones tributarias de todo el mundo sobre los bienes en el extranjero de contribuyentes locales o de bienes en el país de contribuyentes extranjeros. Fuentes de la lucha contra el fraude fiscal aseguran que hasta hace unos años esa información solo se podía conseguir por golpes de suerte o filtraciones interesadas de información con trascendencia fiscal, como ocurrió con las cuentas de Luxemburgo o los papeles de Panamá. La cosa empezó a cambiar en España con el célebre modelo 720, que obligó a los contribuyentes españoles a revelar sus bienes en el extranjero so pena de la imposición de multas estratosféricas por ocultar información – ahora declaradas ilegales por la Justicia europea – y también con los acuerdos de intercambio de información. En 2017 España disponía de acuerdos de intercambio de información fiscal en el marco de la OCDE con 49 jurisdicciones, en 2021 esa cifra ascendía ya a 108 jurisdicciones. Otro instrumento para detectar fraudes Los nuevos flujos de información obtenidos por estos canales, que la Agencia Tributaria empezó a explotar de forma aún incipiente en el año 2018, han animado a la Hacienda española a sistematizar la explotación de esta información con el objetivo de elaborar perfiles de riesgo y realizar actuaciones concretas contra potenciales incumplimientos por parte de no residentes, bien por desconocimiento de sus obligaciones fiscales bien por estrategias intencionadas de elusión fiscal. El Plan de Recuperación no hizo otra cosa que acelerar ese proceso. El objetivo número 383 del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España recogía el compromiso del Gobierno de identificar al menos el 85% de los más de dos millones de registros de contribuyentes que la Agencia Tributaria admite haber recibido en los últimos años gracias a los diferentes acuerdos de intercambio de información rubricados en este periodo. «En los últimos años, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que los contribuyentes de un Estado sean titulares de inversiones en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen su residencia fiscal. La práctica ha demostrado que este fenómeno puede servir como herramienta para la evasión fiscal , compartiendo muchos estados un fuerte interés en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios», explica la Agencia Tributaria en el informe remitido a Bruselas. Lo que ha hecho la Agencia, básicamente, es depurar los más de dos millones de registros recibidos , cruzar esa información con la disponible en sus propias bases de datos y de ese modo identificar a contribuyentes que no tenía controlados o completar la información sobre aquellos que sí figuraban en sus registros pero sobre los que no disponían de una información completa. Esa tarea de zapa le ha permitido a la administración tributaria, por un lado, «confeccionar de parte del contribuyente una declaración completa de todas sus rentas» y, por otro, «regularizar aquellos datos que se hayan podido omitir». Y no solo eso, Hacienda también ha aprovechado esa información para afinar perfiles de riesgo a partir de las incoherencias detectadas en las declaraciones de Renta y Patrimonio de los contribuyentes no residentes registrados.. http://www.databot-app.com