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«El fiasco del fondo de rescate para empresas estratégicas: el Gobierno pensaba entregar todo el dinero y solo ha dado el 30% de los 10.000 millones». El fondo de rescate para empresas estratégicas del Gobierno pensaba repartir todo su capital a cierre de 2021. 10.000 millones de euros que ayudarían a las grandes compañías españolas a salir del bache del Covid-19 y mantener miles de empleos en un momento crucial para la economía. Pero nada más lejos de la realidad, el 30 de junio de 2022, y tras diversas prórrogas, el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) que dirige la SEPI dio carpetazo habiendo repartido poco más de 3.000 millones, apenas el 30% de su capital . El holding público lo reconoce en las memorias de las cuentas del fondo a cierre de 2021. «El presupuesto de capital elaborado en 2020, año de creación del Fondo, preveía conceder la totalidad de las ayudas en los ejercicios 2020 y 2021», asegura la SEPI en el texto y concreta que a lo largo del año pasado estaba previsto la aprobación de ayudas por importe de 6.800 millones de euros. Nada más lejos de la realidad, ese año se concedieron 971 millones de euros, «que conllevan una desviación de 5.828.675 miles de euros en el flujo neto de efectivo de las actividades de inversión». Una diferencia que se produjo por el volumen real de ayudas solicitadas y la complejidad en el estudio de los expedientes, según la empresa pública. Unos motivos a coger con pinzas. Porque si bien el reparto ni siquiera llegó a 1.000 millones de euros y las empresas apoyadas fueron apenas nueve, la misma presidenta de la SEPI, Belén Gualda, aseguró en octubre del año pasado en una comisión del Congreso que el fondo de rescate había recibido un total de 69 solicitudes de empresas en apuros. En ese momento, Gualda aseguraba que, sin embargo, «algunas empresas han desistido porque han entendido que no cumplían con los requisitos». El total de las peticiones superaban los 5.000 millones de euros, más de la mitad de la dotación del fondo, como más tarde reconoció la propia SEPI. Algunas de las solicitudes llevaban también a finales del año pasado más de seis meses a la espera de su resolución, el tiempo máximo marcado para dar respuesta a las compañías, según la orden ministerial que da origen al fondo. Noticia Relacionada estandar Si La SEPI pidió a Air Europa poner como garantía de su rescate a 8 firmas de Globalia e hipotecar sus sedes de Madrid y Palma tras romperse la venta a Iberia Antonio Ramírez Cerezo Entre estas sociedades se encontraban las de ‘handling’, carga aérea, además de la de activos inmobiliarios De hecho, la SEPI también reconoce que para acelerar el proceso de solicitudes, abrió una bolsa de empleo temporal para contratar a un máxim de 50 personas con el fin «de reforzar la atención de las necesidades técnicasque se derivaran de la carga de trabajo extraordinaria generada con motivo de la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas». Finalmente fueron 20 las personas incorporadas. Pero lo cierto es que los motivos esgrimidos por el fondo de rescatepara no repartir el dinero no fueron señalados en el año anterior. En las memorias de 2020 reconocían que pensaban otorgar 3.000 millones de euros a cierre de año, pero acabaron salvando solo a Air Europa con la entrega de 475 millones de euros. En ningún momento se admitieron las dificultades que aseguraron tener en 2021 y de hecho la actividad del fondo siguió su curso con normalidad hasta el rescate en marzo de Plus Ultra, cuya judicialización obligó a reformular los procedimientos como así informaron varias empresas afectadas a este periódico. Más empresas rechazadas Lo que en saldo ha supuesto que el Fasee haya rechazado a más empresas (39) que las 30 a las que ha concedido el apoyo estatal. 3.256 millones repartidos en total a Air Europa (475 millo nes de euros), Ávoris (320), Duro Felguera (120), Plus Ultra (53 millones), Tubos Reunidos (112 millones), Rugui Steel (25 millones), Hotusa (241 millones), Airtificial (34 millones), Grupo Serhs (34 millones), Reinosa Forgings & Castings (27 millones), Losán (35 millones) Soho Boutique Hotels (30 millones), Grupo Abades (29,3 millones), Técnicas Reunidas (340 millones), Ferroatlántica (34,5 millones), Eurodivisas (45 millones),Wamos (85 millones), Técnicas Reunidas (340 millones), Hesperia (55 millones), Abba (30 millones), Grupo Mediterránea (28 millones), Grupo Julià (38 millones), Air Nostrum (111 millones), Volotea (200 millones), Vicinay Marine (32 millones), Celsa (550 millones), Blue Sea (25 millones), Isastur (40 millones), Vivanta (40 millones), Imasa (35 millones) y Meeting Point (31 millones). Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno relanza el despliegue internacional de Navantia en pleno auge del gasto en defensa Bruno Pérez La empresa naval inicia los trámites para la constitución de dos nuevas filiales en Arabia Saudí y Reino Unido, y espera abrir una sucursal en Miami En todo caso, esta cifra sigue en el aire, porque todavía quedan empresas con la ayuda aprobada pero con los compromisos adquiridos para la llegada del dinero en el aire. Es el caso de la gigante siderúrgica Celsa que todavía lucha con sus acreedores para llegar a un acuerdo que le permita recibir los 550 millones que tiene aprobados por el fondo de rescate. La empresa catalana y los principales tenedores de su deuda, entre ellos Deutsche Bank y Goldman Sachs , y los fondos SVP y Cross Ocean, siguen sin llegar a un acuerdo y dejan el apoyo público y a la empresa pendiendo de un hilo. La última oferta de los acreedores pasaba por canjear 2.400 millones de euros por el 75% de las acciones de la compañía. Pero la empresa se opuso tajantemente a esta posibilidad. Por lo que de continuar las conversaciones en esta línea, el montante total repartido por la SEPI podría caer hasta los 2.700 millones.. «La telaraña digital china que todo lo ve y que exporta su modelo». La República Popular de China es un gobierno en 360 grados al que no se le escapa nada. Ha perfeccionado un autoritarismo con una tecnología intrusiva y masiva que tiene el control total de los ciudadanos. Una muralla china sin grietas cada vez más alta que deja a todo intruso fuera, y encierra a su población en nombre de la seguridad. El gigante asiático ejerce un control férreo que se ilustra en programas de biometría de voz, cámaras que reducen al mínimo la espontaneidad, sistemas de crédito social para dar con el ciudadano de confianza o grandes bases de datos genéticos para marcar al individuo desde su nacimiento. Así, la policía china posee la base de datos nacional más grande del mundo con mil millones de caras capturadas en las calles, aeropuertos, metros, hoteles, bancos, hospitales… No en vano, con la excusa del terrorismo y la financiación estatal china se tiene una serie de empresas chinas que lideran el negocio mundial del reconocimiento facial y de voz . El plan propuesto por China son 600 millones de cámaras de seguridad, que es casi una cámara por cada dos habitantes . Un crecimiento exponencial –que capitalizó con el Covid– pasando en una década de 20 millones a a la cifra actual debido al sistema de vigilancia más avanzado del mundo, Sky Net. La población china supone el 20% de la del planeta, y el 54% de las cámaras del mundo están en China . Sin puntos ciegos La primera foto muestra el sistema de vigilancia chino por biometría facial aplicada al ciudadano. Foto de la izquierda, en un mismo punto pueden verse cinco cámaras apuntando a todas las direcciones. Foto de la derecha, la policía china ya posee unas gafas de sol inteligentes que proporcionan en cuestión de segundos el historial de los viandantes Como establece, Fernando Cortiñas, profesor de IE Business School , «son sistemas independientes que con un gobierno autocrático se integran. Tenemos el hardware con cámaras, que pueden no solo servirte para controlar el tráfico, sino que también las puedes dotar de un software como el de biometría facial. Y a ello se añade date analytics, con bases de datos enormes que con un software identifica un rostro entre millones para poder dar con una persona de interés para el Estado», señala Cortiñas. La empresa china Hisense es capaz de reconocer a un criminal en un segundo, reconociendo género, etnia y edad. Noticia Relacionada estandar Si Svalbard, un laboratorio natural y el «talón de Aquiles de la OTAN» Alexia Columba Jerez Este archipiélago, de soberanía noruega, pero con mayoría de población rusa, es al tiempo un paraíso científico y un enclave estratégico para Rusia y China A este repertorio de vigilancia se suma un software de reconocimiento de marcha de la compañía Watrix, capaz de identificar a un sujeto incluso si su rostro no es visible, gracias a su forma de moverse, con una precisión del 94%. Y la policía china ya usa gafas de reconocimiento facial que están vinculadas a una base de datos central viendo instantáneamente los detalles personales de un individuo. El Estado hace listas rojas con funcionarios VIP que son intocables, y también puede convertir a un ciudadano en un paria si lo desea confeccionando listas negras . Resalta el caso de las minorías étnicas , como la musulmana de los uigures que está especialmente marcada por estos mecanismos de vigilancia. Con un verdadero tecnoautoritarismo en campamentos de reeducación de última generación. A todo uigur se le tacha de `precriminal´ , porque la tecnología no solo puede describir lo que uno hace, también pretende predecir el comportamiento . La ciudadanía china preguntada sobre esto por The New York Times ha llegado a decir que ya que crecen sin espacio personal debido a la superpoblación o tienen la idea de que esperan tener que obedecer al gobierno. Usando la IA del gran contratista chino de vigilancia de Megvii analiza miles de horas de vídeo para encontrar patrones inusuales que pueden alertar de potenciales delitos o protestas sociales . La policía china establece que aunque su efectividad está en desarrollo, la amenaza de su existencia ya de por sí es efectiva para prevenir el crimen. Cortiñas matiza que ese control, aunque no en grado tan extremo, ya se practica en Occidente . Los bancos, seguros o redes sociales nos conocen mejor que nuestras madres, solo que el control recae no en el Estado, sino en empresas. Y precisa que a veces preferimos sacrificar nuestra libertad por tener seguridad o por facilitarnos la vida. La diferencia sustancial es que se use para vender cosas o para oprimir. Control genómico China va todavía más allá, con vigilancia genética, para determinar qué ciudadanos estarán predispuestos a sufrir una enfermedad concreta o con el programa `exámenes médicos para todos´ Amnistía internacional y otros denunció que en Sinkiang se recogió de manera forzada muestras de sangre, escaneo de rostro, grabación de voz y huellas digitales de 36 millones de personas. Los funcionarios chinos están recolectando ADN para sacar las secuencias genéticas étnicas. Reuters también dio a conocer que la empresa genética china BGI Group en colaboración con el ejército Popular de Liberación chino desarrolló un test prenatal que han usado mujeres embarazadas de todo el mundo, incluida España, y con esos datos genéticos han hecho investigaciones sobre las poblaciones. El valor de la empresa en bolsa es de unos 9.000 millones de dólares. Ciudadano confiable A esta hipervigilancia se une el sistema de crédito social aplicado a personas y empresas , una especie de carnet por puntos con recompensas y castigos. David Doncel, director del máster de estudios orientales de la Universidad de Salamanca , explica que este sistema intenta medir un comportamiento confiable para el gobierno. «El crédito social funciona de tal manera que un ciudadano puede tener por ejemplo mil puntos que van variando en relación a su comportamiento social, económico y político. Desde hacer una reserva de hotel y no usarla, no separar la basura correctamente o dar pocos `likes a través del las apps del partido comunista pueden restarte puntos», detalla Doncel. Y añade «el castigo son la retirada de servicios básicos como no poder acudir a un médico, no tener acceso a colegios de calidad, no poder viajar ni salir del país o conexiones de red más lentas». 26 millones de personas se han quedado sin billetes de viaje, y se han descalificado a 13 millones de ciudadanos. Cuando este crédito se aplica a las empresas se vigilan si los socios de la compañía son confiables. La Cámara de Comercio de la UE en China ya alertó que las empresas se enfrentan a un enjambre de 30 puntuaciones diferentes y tienen que hacer frente a unos 300 requerimientos para pasarlo, especialmente las tecnológicas. Este crédito social lo ha exportado a Venezuela. Asimismo, toda la tecnología china de vigilancia y control de masas también la ha ido exportando a otros países de Asia, África y Suramérica, incluida Europa. Así, en diversos países de África, Huawei representan el 70% de su red 4G. Juan Ignacio Rouyet , director del máster en Nuevos Negocios Tecnológicos de la Unir, matiza que «China por el planeta, pone semillas que luego germinarán, pero no sabemos cómo. Vende tecnología y cámaras más baratas que tienen puertas traseras para que puedan ser hackeadas por el propio fabricante chino». Y un informe del grupo de investigación de vigilancia IPVM dice que China ha firmado acuerdos comerciales para exportar su software de reconocimiento facial, mesas de interrogatorio inteligentes y sillas tigre de tortura a Irán. MÁS INFORMACIÓN La oscura fábrica de venenos del Kremlin China lleva al límite su ambición económica global usando a Rusia como peón Islas Kuriles: el otro frente con el que Putin quiere desestabilizar sigilosamente a Occidente Otro país que está levantando un sistema de vigilancia similar establece Cortiñas es Singapur . Con Smart Nation , tiene cámaras, sensores y un sistema de big data a sus habitantes a gran escala, incluso botones del pánico en cada casa. Este despliegue es semejante a City Brain cuya IA controla la ciudad china de Hangzhou, la ciudad más inteligente del mundo. Y con la nueva ley de seguridad ciudadana, Hong Kong , el corazón financiero de China, y con una ciudadanía más cosmopolita se verá sometida con la nueva ley a una vigilancia creciente. A todo ello se une que la idea del yuan digital, el desarrollo de jueces por IA que ya son una realidad en China y la computación cuántica harán aún más efectivo ese control, creando una muralla tecnológica que parece cada vez más inexpugnable. En todo caso, China es el epítome de un problema sobre la vigilancia que, como recuerda Rouyet, es global: «Hay que encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad, la seguridad total lleva a la libertad cero, y la libertad total a la seguridad cero».. «El documental que Hacienda no quiere que veas». ¿Ha tenido problemas con Hacienda tras dirigir este documental? — No, pero noté su presión. La noté en los medios, en los bufetes, en ciertos despachos– responde Alejo Moreno (Sevilla, 1984), empresario autónomo, cineasta, autor de ‘Hechos Probados’, un documental que expone las estratagemas de la Agencia Tributaria para recaudar cada vez más, pero que plantea una cuestión de fondo: ¿Puede Hacienda llegar a destruir nuestro Estado de Derecho? La obra es la historia de Agapito García Sánchez (Noblejas, 1942), caracterizado por Hacienda como el mayor moroso de España y que figuraba en el primer lugar de la lista diseñada y publicada por el ministro Cristóbal Montoro en 2015. Pero Moreno convierte la historia en un bumerán, porque nos descubre un órgano del Estado que abusa de sus prerrogativas, tal como lo señalaron 35 catedráticos expertos en Derecho Tributario en la llamada ‘Declaración de Granada’: «La Administración Tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos «. Ese documento apenas ocupó titulares en una prensa desbordada entonces con la aprobación de los Presupuestos, la sentencia de Gürtel y la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy ese mismo mes. En su filme, Moreno desvela en hora y media la historia kafkiana de Agapito, cuya familia emigró a Madrid en la posguerra. Un hombre que se hizo a sí mismo partiendo a los 14 años como botones en un banco. «La voracidad de Hacienda me ha devuelto a mis orígenes, la pobreza», reflexiona. Una operación llamativa A los 30 años y habiendo llegado a apoderado del banco, adquirió una empresa que explotaba áridos en Aranjuez , cuya contabilidad llevaba por las tardes. Abandonó el empleo seguro y apostó por sacarla adelante con gran sacrificio. Era una época en la que escaseaba el capital y no había certezas sobre el futuro. Implicó a su familia y consiguió sobrevivir hasta la década de 1980 con casi un centenar de trabajadores. Pero Agapito llegó a la conclusión de que la entrada de España en el Mercado Común atraería a grandes grupos extranjeros, que la competencia se haría más dura y decide, en 1989, vender su gravera a una multinacional. La operación le generó 25,2 millones de euros con un beneficio de 12,6 millones . El importe es percibido en dos plazos (1989 y 1990). Es esta operación la que llama la atención de Hacienda que, seis años después de la venta, le abre un expediente y le acusa de simulación de contrato. Con la ayuda de expertos, ‘ Hechos Probados ‘ documenta los privilegios que la Agencia Tributaria tiene sobre los ciudadanos y las artimañas que emplea para alcanzar sus fines. Hay dos términos clave: la ejecutividad y los incentivos. El primero tiene que ver con los engranajes jurídicos del sistema, el segundo es el lubricante que hace que éstos acaben triturando a individuos y familias. El principio de ejecutividad consiste en que la Administración, por sí sola y sin acudir a la Justicia, puede proceder contra un contribuyente embargando sus bienes o imponiendo sanciones. El experto Javier Gómez Taboada explica que este principio se asienta en la presunción de validez de los actos de la Administración que a su vez se sostiene en otros dos supuestos favorables al Estado, la presunción de veracidad de los actos de los poderes públicos (mientras que un ciudadano debe probar los suyos) y la de legalidad de los mismos. «La presunción de validez tal como está configurada hoy en España es la clave de bóveda sobre la que rige la gran desigualdad entre el ciudadano y la administración tributaria», explica Gómez Taboada. «El problema que plantea la Hacienda Pública, y por eso es difícil que los ciudadanos luchen contra ella, es que tiene todo tipo de garantías y privilegios», dice José María Martín Delgado. «Está el interés de demora y las sanciones». Además, el contribuyente tiene que empeñar sus recursos si quiere demostrar que tiene razón . «Si quieres reclamar, el principio ‘Solve et Repete’ significa que tienes que afianzar o pagar y después ya veremos qué pasa». Después, hay un diseño institucional desequilibrado. La Administración ofrece hasta cinco instancias para recurrir, pero todas dependen de ella misma. Hay que recorrerlas antes de llegar a un juez independiente que actúe en nombre de un poder distinto del Estado, el Judicial. En el intertanto, la deuda es firme y hay que pagarla bajo amenaza de embargo. Incentivos para inspectores Pero, además, el Estado se ha ocupado de lubricar este engranaje mediante incentivos económicos que benefician a los inspectores. Estos cobran un salario variable en función de la deuda que afloran sus inspecciones. El mecanismo de reparto es una ‘caja negra’ que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) pidió a comienzos de 2022 que se transparentara. El asunto llegó a la jurisdicción contencioso-administrativa y finalmente una sentencia reciente del Juzgado Central Nº 4 de Madrid obliga a la Agencia Tributaria a que explique cómo se aplica este «complemento de productividad». «Cuanta más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar por retribución variable» Ignacio Ruiz, exdirector de la Agencia Tributaria Esto produce, según los expertos, la pérdida de objetividad en la actuación de la Administración. «Imagínese un juez que cobre según las sentencias que dicta», se pregunta ante las cámaras Joaquín Huelin, magistrado experto en materia tributaria. Otra disfunción es el manejo de los plazos. La deuda original reclamada a Agapito ascendía a 11,8 millones , pero cuando se abre el expediente –seis años después– los intereses ya ascienden a 7,85 millones de euros y, además, se le aplica una multa del 70% de la cuota, otros 8,25 millones. Total: 27,9 millones de euros. «Es la práctica habitual», cuenta Agapito, «aparecen dos días antes de que venza el ejercicio más antiguo. Así el acta va incrementada en los intereses de demora de esos cuatro y pico años. En lugar de ser eficaces e inspeccionarte en el mismo ejercicio, esperan «. Otra situación irregular a ojos del espectador resulta de descubrir que aun cuando un juez declare que no existía infracción y que se debe restituir el dinero al contribuyente, los inspectores no deben devolver sus ‘complementos de productividad’. Alejo Moreno, director del documental ABC « Es un dato objetivo . Cuanta más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar por retribución variable«, admite Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. »Cabe la posibilidad de que eso induzca una mayor agresividad de la inspección de Hacienda«. El caso de Agapito es un manual de estratagemas de la inspección tributaria. «El documental me ha cambiado», dice Alejo Moreno. « Mi método de trabajo es empezar sin guión y si lo que descubro me cambia, mejor, significa que algo he aprendido. Al empezar yo creía que era un socialdemócrata, pero ahora siento recelo hacia la figura del Estado«. «Una de las cosas que he aprendido es que los impuestos no son una cuestión económica, son un tema de democracia y de libertades. Y si ves que la forma en que funciona la Agencia Tributaria no está bien, piensas que quizá el resto del país tampoco funciona bien». « El documental no quiere ser un mero rapapolvo a la Agencia . Pretende calar más profundo, ser una advertencia muy seria acerca de una deriva autoritaria peligrosa. Porque cuando es el Estado quien pervierte sus propias reglas de juego y le hace la del trilero al ciudadano, torciendo para ello el sentido de las leyes y las instituciones en beneficio de una superestructura cuya razón de ser está completamente desvirtuada, abona el terreno para la desobediencia civil (en el mejor de los casos) o para que fructifiquen oportunistas a la conquista del poder (en el peor de ellos)«. Difusión gratuita ‘Hechos probados’ fue estrenado en octubre de 2021 en la Seminci de Valladolid. Aunque ninguna plataforma ni cadena de televisión ha querido difundirlo, el documental ha tenido gran repercusión en el mundo jurídico. Moreno decidió colgarlo en su web ( documentalhechosprobados.com ) y diferentes personas han patrocinado su difusión. La plataforma inmobiliaria Idealista de Jesús Encinar lo ha considerado tan relevante que ha llegado a un acuerdo con el director para ofrecerlo gratuitamente en su web hasta el 31 de agosto próximo. ¿Por qué ha tenido tanto éxito en el mundo del Derecho? «Todos hemos sido testigos de estas situaciones, que se han agravado desde la crisis financiera de 2008 «, comenta Gómez Taboada. »El documental de Alejo llegó en el momento preciso«. «No creo que haya una mano negra o una conspiración para que las cosas hayan llegado a este extremo», añade Gómez Taboada. «Se han acumulado prerrogativas legales a favor de Hacienda enfundadas en la bandera de la lucha contra el fraude que lo aguanta todo y en que el Estado actúa en nombre del interés general. Nadie esperaba este resultado final, como el caso de Agapito, donde se tritura a personas y familias, pero el caso es que este resultado se produce». A Alejo Moreno le interesa que no se pierda la dimensión humana que recoge el documental. —¿Harías el mismo trabajo con Shakira que ha decidido enfrentarse a Hacienda? —Agapito se jugó su existencia contra la Agencia Tributaria. Si Shakira pierde frente a Hacienda, seguirá teniendo éxitos y triunfos, seguirá siendo Shakira, pero Agapito no.. «El pinchazo ultrarrápido de las empresas de envíos ultrarrápidos». Las empresas de envíos ultrarrápidos encontraron un filón en la pandemia con toda España haciendo vida en casa y el consumo de alimentos en hogar en máximos históricos por las restricciones a la hostelería. Varias multinacionales aprovecharon el contexto para probar el mercado español, donde entraron con grandes descuentos, y donde plataformas de ‘delivery’ como Glovo o Uber Eats llevaban operativas desde años atrás. Pero apenas año y medio después, los conocidos como supermercados fantasma, empiezan a recular y preparan grandes ajustes de empleo e incluso plantean su salida del mercado español. La última en poner en duda su continuidad en España ha sido la plataforma estadounidense Gopuff . La distribuidora que opera exclusivamente en Madrid desde abril del año pasado, presentó la semana pasada a los representantes de los trabajadores el inicio del período de consultas para el despido colectivo de los 186 empleados de sus oficinas y de sus cinco tiendas en la capital, en lo que supondría la salida de la totalidad de su plantilla y el cese de operaciones en nuestro país. La empresa se había propuesto ser rentable en 2026 y pensaba invertir en España 15 millones de euros en los próximos años. Pero esta es solo una de las muertes anunciadas en un sector que desde su explosión ha vivido una competencia encarnizada. Otros supermercados fantasma como los alemanes Gorillas también estudian salir de España, después de anunciar en junio un ERE para 300 empleados, más de la mitad de su plantilla en todo el país. Del embrollo también tendrá complicado salir la turca Getir , que a pesar de la cuota de mercado que ganaría con estas salidas y la espectacular expansión que ha llevado a cabo en los últimos meses en España ya se ha visto obligada a cesar temporalmente la operativa de algunos de sus supermercados, aunque no especifica a este periódico cuántos han sido los afectados. Por lo que todo señala a que la burbuja de los envíos ultrarrápidos ha terminado por pinchar. El auge de estas plataformas que compiten con los supermercados tradicionales , tuvo su efecto el año pasado cuando desembarcaron con grandes promociones y la premisa de hacer llegar los pedidos en un tiempo máximo de 15 minutos. Más rápido que ir al súper. El usuario a través de la web o la ‘app’ dispone de un catálogo con un generoso, pero no exagerado, número de referencias, además de horarios más flexibles que el de los establecimientos físicos. La entrega, como sucede con plataformas de ‘delivery’ como Glovo y Uber Eats la llevan a cabo ‘riders’. ¿Pero bajo qué premisa funcionan? «Este modelo de negocio cubre las necesidades inmediatas que el cliente tiene de un producto. Funciona sobre todo entre la gente joven, que prefieren dedicar el tiempo a otras cosas, porque no planifican y esto les soluciona cualquier plan de última hora». explica la profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC , Neus Soler, que cree que estas plataformas no suponen una competencia para el comercio de proximidad u online, al contar con un ticket medio de 25 euros. Noticia Relacionada estandar No La Generalitat multa a Amazon con 3,2 millones de euros por irregularidades de contratación Anna Cabeza Una investigación, que también sanciona con más de 2 millones a subcontratadas por el gigante de la venta online, concluye que al menos 559 repartidores trabajaban con condiciones precarias Pero las grandes inversiones llevadas a cabo por las empresas del sector han sido incapaces de encontrar un retorno lo suficientemente atractivo para continuar con la operativa en España de buena parte de ellas. Con la posible salida de Gopuff y la pérdida de músculo de Gorillas, Getir acapararía un mercado con el que «seguimos plenamente comprometido en las seis ciudades en las que estamos presentes», aseguran fuentes de la empresa a este periódico. Estas fuentes aseveran que en ningún momento se han planteado salir de España a pesar de la huída de sus competidores y aclaran que los cierres temporales de tiendas están relacionados con «el verano y los cambios de hábitos de los consumidores en esta época». Por lo que relatan que han decidido centrar sus servicios en menos tiendas, «aunque seguimos activos en todas las zonas en las que estábamos antes de la época estival». Con todo, también remarcan que estos ceses no han conllevado ningún despido y los empleados afectados han sido reubicados temporalmente a otras tiendas de las mismas ciudades. Crisis en el ‘delivery’ Lo cierto es que la crisis se extiende a todo el sector del ‘delivery’. Son empresas que en su día cosnsiguieron levantar ingentes cantidades de dinero entre unos inversores que parecen haber perdido la confianza por las dificultades que están teniendo para ser rentables. La matriz de la española Glovo, Delivery Hero , ha visto como el precio de sus acciones han caído en picado al perder más de la mitad de su valor en los últimos doce meses: sus títulos valían 115 euros hace un año y ahora no pasan de 50. También ha visto desplomar su cotización Deliveroo, que esta misma semana anunciaba unas pérdidas de 182 millones de euros en el primer semestre, un 41,5% más que hace un año. La empresa salió el año pasado de España, tras la aprobación de la ‘ley rider’. la cual sigue siendo sorteada parcialmente por los operadores del sector.. «Hasta el 6,4% en Valencia: así suben los sueldos en España en 2022″. La espiral inflacionista ya está afectando a la revalorización de los sueldos, al menos en ciertos puntos de la geografía española donde las subidas rebasan el 6% y casi triplican la media del país en los primeros siete meses del año. Hasta el pasado julio, las nóminas de 6,8 millones de trabajadores habían crecido una media del 2,56% a través de la negociación colectiva. Sin embargo, el reparto de las revalorizaciones de las nóminas de asalariados está siendo heterogéneo , concentrándose los mayores incrementos en el norte de España y la costa este. Las subidas de este año, más allá, se están viendo altamente condicionadas por la ruptura de negociaciones para el Acuerdo Nacional de Convenios con el que se hubiera fijado un marco de actuación para los procesos de negociación colectiva en las empresas. Precisamente, el elemento que hizo saltar por los aires las conversaciones entre patronal y sindicatos fue la incorporación, o no, de una cláusula de revisión salarial con el IPC que hubiera obligado a las compañías a efectuar compensaciones en caso de que la escalada de precios sea mayor al final del ejercicio que la subida aplicada. Aún sin la extensión de estas cláusulas, la inflación, que escala al 10,8% en julio, está acelerando las subidas en los últimos meses y en algunas regiones concretas llegan a triplicar la media nacional y también la recomendación que la CEOE trasladó a las empresas de no elevar por encima del 2,5% los costes salariales en el presente año. Lo que además, establece el caldo de cultivo necesario para impulsar los efectos de segunda ronda, tal y como viene advirtiendo el Banco de España, y que no haría más que cebar la espiral. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1820 Código APP Recientemente, en un artículo en el que analizaba el impacto de la inflación sobre la negociación colectiva de 2022, el Banco de España advertía de que el porcentaje de convenios colectivos que incluyen cláusulas de salvaguarda salarial para 2022 está mostrando un «aumento considerable» en los primeros meses de este año, hasta alcanzar a casi el 30% de los trabajadores con convenio, después de haber descendido por debajo del 20% en los últimos años. Además, apunta que los convenios ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año. De Palencia a Valencia De este modo, se observan tres grupos claros entre las 50 provincias -más Ceuta y Melilla- en función del nivel de la revalorización de los sueldos por convenio. En un primer análisis aparecen las zonas con las subidas de sueldo más bajas, la mitad que la media nacional y que la recomendación emitida por la patronal. Aquí, Palencia aparece como la región con la menor revalorización en España (1,26%), seguida en el ranking de las diez provincias con menor incremento salarial por Burgos (1,42%), Soria (1,46%), Córdoba (1,49%), Guadalajara (1,66%), Zaragoza (1,7%), Tarragona (1,72%), además de Ceuta y Melilla, con subidas del 1,82% en ambos casos, y de Cuenca y Ciudad Real que registran también incrementos del 1,83%. En el extremo opuesto observamos el grupo de las diez regiones españolas con mayores aumentos salariales. Entres estas, Valencia se presenta como la provincia donde más han crecido los salarios en la primera mitad del año, un 6,42% concretamente, seguido de Guipúzcoa (6,18%). Son los dos casos en los casi se triplica la subida media del resto del país. Completa este ranking de los mayores incrementos la provincia de León, con una subida del 4,73% y que supone casi el doble de la media nacional, Vizcaya (4,6%), Navarra (4,52%) y Cantabria (4,42%), en un nivel similar. También entre las primeras posiciones del ranking pero en un escalón inferior se encuentran regiones como Pontevedra (4,02%), Sevilla (3,84%), Lugo (3,76%) o Santa Cruz de Tenerife (3,64%). Mientras tanto, en tercer lugar se halla el paquete intermedio de regiones con aumentos de salarios en el entorno de la media nacional del 2,5%. Entre la subida del 1,84% de Badajoz y el 3,34% de Barcelona, se encuentran también 2,65% de incremento en Madrid. En comparación con la capital de Cataluña, el ritmo de crecimiento es hasta un 26% inferior en la capital madrileña. Del mismo modo, prueba de la heterogeneidad del aumento observado en el conjunto de España es que el ritmo de avance en Valencia, la región con más incremento (6,4%), y Palencia, la menor (1,2%) es del 433% mayor, es decir, más del cuádruple. Con todo, a nivel regional, se aprecia como el País Vasco , con una media del 5% concentra unos elevados aumentos salariales en todas sus provincias y se sitúa como la comunidad autónoma con el incremento más abultado en la primera mitad del año. Seguida por el 4,5% en Navarra y el 4,4% en Cantabria. Noticia Relacionada Empleo estandar No Trabajo plantea subir el SMI hasta 1.048 euros en 2023 para llegar al 60% del sueldo medio Gonzalo D. Velarde El Gobierno espera cumplir el compromiso del pacto de coalición de ajustarse a los parámetros de la Carta Social Europa Uno de los principales factores que determina la distribución desigual de las subidas a lo largo y ancho del país es la composición del tejido productivo de cada zona. En la industria, con un gran peso en la economía de las comunidades autónomas del norte del país, las subidas de sueldo oscilan entre el 3% y el 3,17%. Son detrás de la construcción el sector que ha experimentado mayor revalorización en 2022 . Competitividad Observando el mapa de incrementos salariales se puede concluir que en algunas regiones el salto cuantitativo que podría provocar efectos de segunda ronda sobre la inflación está ya superado. Sin embargo, los efectos negativos de un aumento salarial descontrolado no se quedan en la presión que pueden ejercer sobre los precios sino que también puede afectar a la competitividad de las empresas españolas con respecto a las de los países vecinos de la Unión Europea que se había reforzado tras la merma de salarios después de la crisis de 2008. Un informe de Adecco publicado recientemente combate esta percepción señalando que a pesar de que el sueldo medio en España alcanzó a cierre de 2021 la cifra histórica de 1.751 euros, esta cuantía es aún un 20% inferior que la media de los 27 países del entorno comunitario..
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