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News – Noticias «Díaz logra el apoyo de Sánchez para intervenir el precio de la cesta de la compra». El Gobierno cierra filas respecto a la idea de la vicepresidenta Yolanda Díaz de implantar un precio máximo para distintos productos de la cesta de la compra. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha destacado en la rueda de prensa producida tras el Consejo de Ministros que Pedro Sánchez está de acuerdo con esta iniciativa, que ha despertado las críticas de las patronales de la distribución. Yolanda Díaz ha insistido en la necesidad de implantar esta iniciativa. Según sus palabras, este límite sería «legal» y tomará como referencia el tope que implantó Francia en 2011, bajo el mandato de Nicolás Sarkozy. «El presidente está volcado de lleno en atajar la inflación, el principal problema del país. Estamos estudiando medidas que son legales y han tenido buenos efectos en Francia. Sería un acuerdo«, ha explicado Díaz. «Va en la lógica de este Gobierno, que quiere llegar a un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores», ha abundado Díaz, que sin embargo no ha querido aclarar si el ministro de agricultura, Luis Planas, conocía su intención de llevar a cabo esta medida. En declaraciones anteriores, Planas ha cuestionado la implantación de precios máximos y mínimos a los productos. El incierto futuro del MidCat La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado en la rueda de prensa que mantendrá un «intercambio de propuestas» con otros países europeos en la reunión de ministros de energía que se producirá este viernes. «Hay algunos temas que están claros para propuestas y hay que ver cuáles serán las mejores soluciones para disociar el precio del gas de la electricidad», ha explicado Ribera. Respecto al rechazo de Francia al gasoducto MidCat con España, la ministra ha asegurado que hay que «tener un debate» sobre este asunto y habrá que «escuchar» a Francia, «sus alternativas y sus dificultades». La ministra ha afirmado que se han dado subidas de precios del 800% en alimentos básicos y por ello es de vital importancia este límite para el país «y para el presidente del Gobierno «. Respecto a la subida del salario mínimo, la vicepresidenta no ha aclarado cuánto tendría que subir, y ha recordado que el grupo de expertos todavía tiene que finalizar los trabajos que determinarán la subida del SMI. La vicepresidenta asegura que el propio Banco de España ha hablado de la importancia del salario mínimo para combatir la pobreza, pese a que la institución ha remarcado en varias ocasiones que esta medida tiene un impacto negativo en el empleo. Noticia Relacionada estandar No Harina, huevos, leche… los alimentos que más se han encarecido y que quiere intervenir Yolanda Díaz ABC La idea es intervenir el precio de entre 20 y 30 productos de primera necesidad, entre ellos de alimentación Sobre el decreto que permitirá a las empleadas del hogar cobrar el paro, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, Díaz ha asegurado que permite «expulsar del ordenamiento jurídico el desistimiento y damos la protección ordinaria en caso de despido».. «Bruselas evita apoyar el gasoducto MidCat y lo deja en manos de España y Francia». La Comisión Europea considera que el gasoducto MidCat n o está en la lista de proyectos de interés comunitario y no se pronunciará sobre esta infraestructura si no hay un acuerdo entre los países concernidos , es decir, España y Francia. “Lo que puedo decir, muy simplemente, sobre esto es que cualquier proyecto de infraestructura transfronteriza adicional que conecte la península ibérica con el resto de Europa debe ser analizado por los Estados miembros involucrados y el promotor”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo comunitario. No obstante, también consideró que hay posibilidades de financiación europea en el programa “Re-Power Europe” si Francia y España se ponen de acuerdo y se diseña pensando en las posibilidades de que sea utilizado en el futuro para el transporte de hidrógeno dado que las infraestructuras que se utilizan solamente para combustibles fósiles tienen problemas legales para ser financiadas por la UE. “Lo que potencialmente podría financiarse son proyectos de infraestructuras de hidrógeno . Solo podría tener estatus de Proyecto de Interés Comunitario (PIC) como transporte prioritario de hidrógeno. Pero el proyecto ni es ni ha sido un PIC», dijo el portavoz. La Comisión se ha pronunciado después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijese ayer que no contempla la construcción de ese gasoducto por razones medioambientales teniendo en cuenta además que los que ya unen actualmente los dos países, por el País Vasco y Navarra, están infrautilizados y según sus datos no llegan al 53 % de su capacidad. Los gobiernos de España y Francia dijeron en su día que el MidCat no era un proyecto relevante para las infraestructuras fronterizas europeas ni estaba “maduro”. El actual Ejecutivo español reiteró su oposición al proyecto el año pasado hasta que muy recientemente el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholf, decidieron revivirlo como medio para rentabilizar la sobrecapacidad de regasificación que hay en España y proporcionar así más gas a Alemania. Como alternativa, Francia ha ofrecido usar una planta flotante de regasificación para apoyar a su vecino. Noticia Relacionada estandar Si Francia solo construiría el gasoducto MidCat si tiene la ‘llave de paso’ y lo paga la UE Javier González Navarro El control de la infraestructura por parte francesa supondría «una humillación» para nuestro país En todo caso, para la Comisión Europea resultaría interesante unir las terminales de gas natural licuado españolas con la red europea a través de infraestructuras que estuvieran «preparadas para ser usadas con hidrógeno”, lo que podría contribuir “a diversificar el aprovisionamiento de gas en el mercado interno” y “potenciaría el futuro de hidrógeno verde”.. «¿Es realmente posible limitar los precios de productos de la cesta de la compra como propone Yolanda Díaz?». El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de agosto dio un leve respiro, pero sigue marcando cifras estratosféricas. La inflación del último mes dejó una tasa interanual del 10,4% , y según las estimaciones no se espera a que baje de los dos dígitos a corto plazo. Los altos precios de la cesta de la compra, junto con los carburantes y la energía, están detrás de estos datos que están asfixiando a los españoles. Una complicada situación que está obligando a las instituciones a buscar medidas para intentar dar un poco de oxígeno. En un principio, el Gobierno español aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, aunque las constantes subidas de la gasolina y el diésel han hecho que esta ayuda se note muy ligeramente. Más tarde, la Unión Europea reconoció el estatus de ‘ excepción ibérica ‘ a España y Portugal, por la que permitía a estos países a poner un tope al precio del gas. Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha propuesto la intervención del precio de «20 o 30 productos básicos que le garanticemos a la ciudadanía». «No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país. Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50%«, ha asegurado la ministra. No pasaron ni unos instantes cuando desde numerosos sectores se criticó esta propuesta de Díaz, incluso desde el mismo Gobierno de la que ella forma parte. «Estamos en un mercado libre y las medidas del Gobierno para combatir la inflación van en otra dirección», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez . ¿Es legal topar los precios de los alimentos? Más allá de controversias y discusiones internas dentro de Moncloa sobre esta idea, la pregunta más repetida en estos momentos es una: ¿es legal poner un tope a los precios de los alimentos? En primer lugar, dicha medida no es competencia única del Ministerio de Trabajo, que es el que preside Yolanda Díaz, sino que englobaría a diferentes carteras con las que habría que consensuar un acuerdo, como por ejemplo Consumo, en manos de Alberto Garzón (Podemos), y Agricultura, Pesca y Alimentación, ministerio dirigido por Luis Planas (PSOE). Dicho esto, y en consonancia con lo dicho por Isabel Rodríguez, topar los precios de los alimentos es contrario al sistema de libre mercado que rige en España. Y en caso de que esta idea se llevase finalmente a la práctica, habría que distinguir entre las dos formas en que se consolidaría: si se hace en forma de ley o no. En caso de revestir forma de ley, poner un límite a la factura de los alimentos puede vulnerar el artículo 38 de la Constitución española. En citado apartado, queda reflejada la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. « Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación» , explica el artículo 38. Por otra parte, si no se hace con rango de ley puede contravenir el derecho comunitario de la competencia, con el que se busca proteger a empresas y ciudadanos frente a prácticas que impidan o restrinjan la competencia libre en el mercado nacional y europeo. MÁS INFORMACIÓN noticia No Díaz logra el apoyo de Sánchez para intervenir el precio de la cesta de la compra noticia Si «Disparates venezolanos», la opinión de Julián Quirós noticia No Los agricultores ven «populista» la medida de Yolanda Díaz: «No va a ‘topar’ los precios, va a embestir al sector» Así pues, la decisión de topar los precios de determinados puede aprobarse, ya sea en forma de ley o no, pero dicha acción podría ser recurrida a los tribunales competentes y ser tumbada ateniéndose a los argumentos anteriormente expuestos.. «Marcas de Restauración renueva su equipo con la incorporación de Adriana Bonezzi como nueva Secretaria General». Marcas de Restauración (MdR), la asociación empresarial de ámbito nacional que representa a la industria de la restauración de marca, ha renovado su equipo con la incorporación de Adriana Bonezzi como nueva Secretaria general, tras la marcha de Paula Nevado este pasado verano. Adriana Bonezzi ha destacado que «somos un sector clave en la economía de este país y pretendemos dar respuesta a los continuos retos que se nos presenten por delante, con especial atención en este preciso momento a la coyuntura económica y los próximos cambios que nos esperan en materia legislativa específica para nuestra industria, tales como los relativos a sostenibilidad, excedente alimentario y otros». La secretaria general se ha referido, más en concreto, al actual contexto socioeconómico para poner en valor la cultura y el gran esfuerzo que están realizando las cadenas de restauración comercial para intentar proteger al máximo posible a consumidores y clientes concretos de sus marcas. «Nuestra asociación representa actualmente a cerca de 150 grandes marcas de ámbito nacional con casi 6.500 restaurantes, comprometidos como siempre en ofrecer los mayores estándares de calidad y servicio, respondiendo de la manera más adecuada a la problemática generalizada actual. Aún así, somos responsablemente optimistas ya que nuestras empresas asociadas tienen la suficiente fortaleza y cintura comercial para salir adelante». La nueva Secretaria General de MdR, Adriana Bonezzi, es licenciada en Derecho (Universidad de San Pablo CEU, 2002) y máster en Derecho sanitario (Universidad de San Pablo CEU, 2019), con más de 15 años de experiencia en asuntos públicos y relaciones institucionales. Fue Jefa de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda del Congreso de los Diputados y asesora de la Ministra de Fomento (2008– 2017). Bonezzi ha sido responsable de relaciones institucionales en compañías como British American Tobacco, laboratorios Letipharma o la agencia de comunicación WeberShandwick. Actualmente, es vocal de la Junta directiva de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) y fue fundadora y coordinadora del grupo APRI Salud. Como Directora de comunicación y adjunta a la secretaria general, se incorpora Gabriela Aldea, periodista y presentadora de televisión con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación como TVE, Aragón TV, Expansión o Financial Times. Ha sido también jefa de prensa y responsable de comunicación de distintos organismos públicos y privados durante casi 10 años. La directora de royectos, Patrocinadores y Administración seguirá siendo Susana Indèguy y la Coordinadora Digital y de Eventos, Yois Rodríguez. Un equipo que revalida al Presidente de Marcas de Restauración, Carlos Pérez Tenorio, reelegido de forma contundente en marzo de 2022 para un segundo mandato y con una Junta Directiva renovada.. «CSIF denuncia la situación «crítica» del SEPE para hacer frente a las gestiones del paro de las empleadas de hogar». «La situación es crítica por la carencia de personal y la progresiva acumulación de gestiones». Así se pronuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, tras conocerse el derecho a prestación por desempleo que dispondrán las empleadas del hogar. En este sentido, la central exige «refuerzos en las plantillas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para hacer frente a las gestiones asociadas al nuevo subsidio para las empleadas del hogar». «Este reconocimiento a los derechos laborales de este colectivo supondrá una carga extra para un organismo que ya acumula un déficit de 5.100 efectivos. CSIF lleva varios años denunciando la grave situación que afronta el SEPE, que se enfrenta ahora a una nueva carga de trabajo», ha afirmado el sindicato en un comunicado. Como recuerdan desde CSIF, el pasado mes de junio el Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo. Al igual que el resto de trabajadores, deberán disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como de una remuneración mínima del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta reclamación llega en un momento de tensión entre los funcionarios y el Gobierno por el aumento salarial para poder combatir la inflación. «No hemos tenido ni una sola reunión con el Gobierno. En agosto hubo un par de contactos técnicos, pero no quisieron entrar en materia salarial», aseguraron a ABC desde CSIF. Es por ello que se echarán a las calles en cuestión de pocas semanas para reclamar subidas de sueldos en el sector público.. http://www.databot-app.com