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News – Noticias «Los ayuntamientos del PSOE lanzan una ofensiva para imponer la tasa turística». El tabú que ha sido hasta ahora la tasa turística para Administración y empresas españolas empieza a dejar de serlo. Porque el debate de su implantación ya se impone en los ayuntamientos de algunas de las principales capitales que parecen conjurados para sacar tajada de los más de 80 millones de turistas que visitaron nuestro país en 2019. Con ese fin podrían seguir la estela de grandes focos turísticos como Cataluña y Baleares, que ya se han lanzado en los últimos años a articular la normativa necesaria para que en sus principales destinos puedan cobrar a los turistas un impuesto por pernoctación alegando motivos de sostenibilidad y de preservación del patrimonio. La última gran capital en pedir su implantación ha sido Sevilla. El alcalde socialista de la ciudad hispalense, Antonio Muñoz , pidió esta semana a la Junta de Andalucía colaboración para elaborar una normativa que facilite estas imposiciones a los visitantes, ya que su establecimiento tiene que habilitarse bajo legislación autonómica. No es la única ciudad andaluza que busca introducir el impuesto a los turistas. El ayuntamiento de Granada, liderado por el socialista Paco Cuenca, ha abierto la veda y tendido la mano a otras capitales andaluzas para pedir al gobierno de Juanma Moreno que facilite la entrada del nuevo impositivo. También hay consistorios del PP de acuerdo a esta petición, como es el caso del de Málaga, controlado por Francisco de la Torre. Más allá de Andalucía, la iniciativa ha sido promovida por el ayuntamiento del PSOE de Santiago de Compostela, pero de momento se está topando con la oposición de la Xunta de Galicia . El ejecutivo autonómico del PP que lidera Alfonso Rueda rechaza el establecimiento de este gravamen, pero asegura estar abierto a debatir su introducción con el alcalde de la ciudad del apóstol, Xosé Sánchez Bugallo . Donde parece más cercana su entrada es en la Comunidad Valenciana. La Generalitat ya tiene en trámite en las Cortes la Proposición de Ley de Medidas Fiscales para impulsar un turismo sostenible, que espera aplicar a partir del año que viene o en 2024 con precios que oscilarán entre los 0,5 y los dos euros por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Tan solo se harán excepciones con los menores de 16 años y los turistas del programa social de viajes del Imserso. En todo caso, su establecimiento recaerá en los ayuntamientos y hasta el momento entre los destinos más visitados de la región, solo la capital valenciana capitaneada por Compromís con el apoyo del PSPV ha mostrado su voluntad de aplicación. En el caso de la región levantina, su imposición cuenta con el rechazo del sector turístico. El pasado mes de julio, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec , lamentó que se hable de cobrar esta tasa al turista «cuando tenemos una economía debilitada, una inflación desbocada y un empobrecimiento generalizado de los ciudadanos españoles y europeos. Continuar con esta tramitación pesará como una losa sobre las empresas y trabajadores del sector y sobre todos los ciudadanos valencianos». Noticia Relacionada EL ÚLTIMO LIBERAL opinion No La tasa turística en tiempos del tripartito de izquierdas Fernando Llopis No pudo más que pensar que con todo el daño que el tripartito de izquierdas está haciendo al turismo Los propulsores del impuesto a legan que la tasa es habitual en las principales urbes europeas . Capitales como París, Roma, Berlín, Amsterdam, Viena o Bruselas cobran a sus visitantes por pernoctar en su planta alojativa, ya sea hoteles, albergues o apartamentos turísticos en algunos de los casos. Lo cierto es que en España la tasa turística es ya una realidad. En Cataluña está vigente desde 2012 en los hoteles e incluso se ha revisado para adaptarlos a otras opciones de alojamiento como los apartamentos de corta estancia. En la región catalana se cobra entre 0,45 y 2,25 euros por persona y noche dependiendo de la categoría del establecimiento. Su gran polo de atracción, Barcelona, la tiene implantada. Cifras más abultadas se cobran en Baleares . Ayuntamientos como el de Palma de Mallorca que han accedido a implantar la tasa llegan a cobrar hasta cuatro euros por persona y noche en el caso de hoteles de 4 y 5 estrellas, además de apartamentos de máxima categoría. Rechazo hotelero La extensión de la tasa hotelera no es vista con buenos ojos, sobre todo, entre los empresarios hoteleros, que creen que esta medida se implanta exclusivamente con fines recaudatorios. «Es decirle al turista que paga poco, que molesta por venir, que contamina y que por eso le pongo una tasa para que incomode menos», apostilla el secretario general de Cehat, Ramón Estalella. « El turismo crea 3,5 millones de empleos y 800.000 empresas que contribuyen con impuestos y que tras el gran verano que hemos tenido se va a reflejar en una gran recaudación a través de Sociedades e IVA », señala el dirigente. Estalella cree, en cambio, que hay que poner el foco en formular medidas protectoras del territorio «para que la contribución vaya directamente a los municipios turísticos, porque gran parte de lo recaudado va a parar a otras administraciones».. «Los Veintisiete pactan topar el gas ruso e instan a Bruselas a fijar un objetivo de reducción de consumo de electricidad». Los ministros de Energía de la UE acordaron este viernes encargar a la Comisión Europea que elabore una propuesta legislativa formal para limitar el precio del gas y establecer además un objetivo obligatorio de reducción de consumo de electricidad en horas punta. Las propuestas legislativas serán aprobadas y presentadas la semana que viene, en la reunión del Colegio de Comisarios que se celebrará en Estrasburgo , coincidiendo con el pleno del Parlamento. El ministro de Industria de la República Checa, Jozef Síkela , dijo al término de la reunión de ministros que ahora «esperamos que la Comisión proponga una intervención temporal de emergencia, incluyendo un precio límite al gas». No está claro si este límite máximo se establecerá exclusivamente a las importaciones de gas ruso, como planteaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen y una mayoría de países, o a todas las importaciones de gas, tal como proponían algunos gobiernos, entre ellos el belga. Aunque era una reunión extraordinaria destinada a clarificar el panorama energético , al final se ha vuelto a posponer la discusión sobre el fondo del asunto. En este mismo ambiente de aplazar las decisiones, España y Francia han acordado durante esta reunión seguir evaluando la viabilidad del gasoducto MidCat con un grupo de en el seno de un grupo de expertos europeos y nacionales para determinar si eventualmente podría ser de utilidad para la estabilidad energética en el invierno del periodo 2023-2024. Después de haberlo rechazado, el Gobierno español considera ahora positivo construir esta conexión gasística, pero Francia no está de acuerdo. «El mercado no funciona» Del conjunto de la reunión extraordinaria, la ministra española, Teresa Ribera , dijo que consideraba como satisfactorio que se haya asumido el consenso de que es necesario intervenir el mercado eléctrico que a su juicio «no funciona» a pesar de que tampoco hay todavía una fórmula que concite el apoyo de todos los países y que cualquier solución está todavía «en el horizonte» y sin un contexto jurídico definido. Noticia Relacionada estandar Si Putin redobla sus amenazas ante la desunión de sus aliados Rosalía Sánchez Moscú advierte que no permitirá la exportación de cereales en diciembre y que cortará el gas si se topa su precio «Lo que hace un año era un debate tremendamente complicado, hoy es una premisa entendida por todos: el mercado no funciona y me voy satisfecha porque creo que hoy se ha entendido qué es importante intervenir», La vicepresidenta del Gobierno insistió en que si bien el mecanismo de fijación de precios es correcto «técnicamente», «a la pulcritud técnica se tiene que imponer la voluntad política que permita proteger a los ciudadanos. En ese sentido sí me voy satisfecha porque hay una reacción de cierre de filas del conjunto de los gobiernos y de las instituciones europeas queriendo mostrar que estamos dispuestos a tomar las decisiones adicionales que sean necesarias para reducir el impacto». En cuanto a qué tipo de medidas concretas van a adoptarse, la comisaria de energía, Kadri Simson , adelantó de forma genérica que la semana que viene «propondremos medidas sin precedentes para una situación también sin precedentes». La Comisión había preparado un documento en el que figuraban varias opciones para tratar de reducir el precio de la electricidad que los ministros debían evaluar en este consejo extraordinario, pero al final lo que han decidido es pedir al ejecutivo comunitario «que presente una propuesta sólida y tangible en cuestión de días». Simson recordó que la propuesta inicial de la Comisión era imponer un tope al precio del gas ruso pero otros ministros han sugerido que se extienda la medida al resto del gas que importa la UE , lo que implicaría a otros países suministradores. Según Simson, el objetivo central de la propuesta inicial es «contrarrestar la manipulación de las entregas de gas a Europea por parte de Rusia, y por ello tiene sentido concentrarnos en el gas ruso», pero dada la situación, «nada está fuera de la mesa».. «Competencia cuestiona la legalidad del tope al precio de los alimentos de Díaz». Aún no se conocen los detalles concretos del plan del Gobierno capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz para limitar los precios de ciertos alimentos básicos de la cesta de la compra. De hecho, según las declaraciones públicas de algunos colegas del Consejo de Ministros de la titular de Trabajo, esta última idea está siendo aún objeto de debate en el seno del Ejecutivo. Y está por ver el alcance de la medida. Por lo pronto, las autoridades de competencia ya cuestionan la iniciativa. La idea ya chirría al oído de los mercados liberalizados de los que se vale la economía para fomentar la competencia. Así, aunque el Gobierno ya cuenta con ‘inputs’ de las grandes asociaciones de la distribución, con las que se reunirá el próximo lunes junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso ha recibido el «interés» para abordar la medida por parte de una de las principales operadoras , Carrefour, con la que ya mantuvo conversaciones el pasado jueves, no queda claro el aspecto legal de la propuesta. De entrada, España cuenta con una legislación propia que restringe esta posibilidad de acordar precios para ciertos bienes, y más aún si se este pacto se realiza entre los principales operadores del mercado. «La legislación prohíbe los acuerdos entre operadores siempre que restrinjan la competencia», señalan fuentes de Competencia consultadas por ABC sobre la propuesta de la vicepresidenta Díaz . Cabe recordar que tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales, que restrinjan o falseen la competencia. La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos por el artículo 1 de la LDC y el 101 del TFUE, que Competencia debe vigilar, investigar y sancionar. De hecho, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dudan de la legalidad de este plan para limitar precios en el sector de la alimentación. «Entre otros, los acuerdos entre empresas destinados a la fijación de precios, que podrían llegar a constituir un cártel», apuntan. «Un acuerdo para la fijación de precios máximos, aunque muy puntualmente pueda suponer la contención de precios de algunos productos en el muy corto plazo, de hecho determina un estándar o baremo de fijación de precios lo que, eventualmente, desemboca en precios más altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado. Se produce una merma en la competencia en precios por parte de las empresas, que normalmente ofertarán por ese precio máximo, y no otros debajo del tope», señala Competencia. Noticia Relacionada estandar No ¿Es realmente posible limitar los precios de productos de la cesta de la compra como propone Yolanda Díaz? M.L.C. La propuesta de la ministra de Trabajo ha generado gran polémica y muchos expertos dudan de su legalidad Este aspecto lo resaltan precisamente desde las empresas afectadas. Según explican desde las patronales, esta operación que pretende llevar a cabo el Gobierno con los ministerios de Trabajo y Consumo al frene de las negociaciones, sería impensable desde el prisma del sector privado. «Si tres asociaciones empresariales se sentasen mañana para acordar una fijación de precios, tendríamos una denuncia inmediata de competencia por violar las normas del mercado», apuntan fuentes del sector. Así, la CNMC pide valorar cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios ya que «vigilará, inspeccionará y sancionará cualquier concertación que puedan pactar las empresas». Es por este motivo que las empresas de la distribución pedían sentar en la reunión del lunes (estarán Asedas, Anged y Aces , además de asociaciones de consumidores) con Díaz y Garzón a Competencia. El sector teme un toque de atención de la CNMC o represalias mucho más graves como puedan ser las multas millonarias que podrían imponer si entienden que el límite de precios ha sido pactado entre distintos operadores. Por el momento ninguno de los dos ministros de Unidas Podemos tiene previsto convocar al supervisor, escudándose en que apelan a la propia voluntad de las grandes compañías del sector para aplicar las limitaciones. Golpe al pequeño comercio Desde Competencia también advierten de la imposibilidad de que los pequeños y medianos comercios apliquen este tipo de medidas. «Puede acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores del mercado en detrimento del resto, con efectos negativos a largo plazo en la estructura competitiva del mercado y, por tanto, en los consumidores», señalan las fuentes consultadas por ABC. Sin embargo, Díaz lanzó el jueves un mensaje contradictorio al pedir exclusivamente a las grandes superficies que topen precios, porque el pequeño comercio «no puede permitírselo». Y como bien señala Competencia es precisamente la limitación de la cesta de la compra por parte de los supermercados lo que puede desembocar en menos ventas para las tiendas de barrio. Lo avisó también este viernes la Confederación Española del Comercio ( CEC ) tras mostrar su «rechazo absoluto» a la medida y pedir a la vicepresidenta segunda que incorpore a su sector en las conversaciones del lunes. Para esta asociación, este planteamiento «ejerce un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes», subrayaron. Su presidente, Rafael Torres , recordó a Díaz que en el pequeño comercio llevan rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor, «fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos, no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad», señala Torres. En todo caso, la propia dinámica del mercado será la que rebaje los precios sin necesidad de intervención. Desde Caixabank Research señalan que los precios futuros de materias primas agrícolas como el trigo o el maíz en los mercados internacionales ya apuntan a una reducción de las tensiones inflacionistas.. «Los ministros europeos de Energía acuerdan limitar el precio del gas ruso y los beneficios extraordinarios de las eléctricas». El consejo extraordinario de ministros de la Energía de la Unión Europea acordó este viernes proponer a la Comisión Europea que limite el precio del gas ruso importado al continente y que aplique límites a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, así como una aportación solidaria de las compañías energéticas de gas y petróleo. Así lo explicó al término de esta reunión el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, país que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, Jozef Síkela , quien compareció en rueda de prensa junto a la comisaria de Energía, Kadri Simson. En la reunión, celebrada en Bruselas, estuvo presente la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Además, los países se comprometen a impulsar aún más el ahorro energético en las horas de mayor demanda y a buscar soluciones para garantizar la liquidez de las empresas eléctricas para que puedan afrontar las garantías necesarias para adquirir la energía. Estos acuerdos se deberían plasmar en propuestas legislativas concretas de la Comisión Europea . La presidencia checa no descarta convocar una nueva reunión este mismo mes para continuar desarrollando medidas para mitigar el impacto en los costes de la energía de la guerra en Ucrania. Por su parte, Simpson valoró «el espíritu de unidad» de los países de la UE para «luchar contra los retos» que plantea «la manipulación rusa». «Todos estamos de acuerdo en que son las decisiones adecuadas», concluyó.. «La patronal del comercio considera una «amenaza» congelar los precios de la compra». La Confederación Española de Comercio (CEC) ha expresado su «absoluto rechazo y malestar» ante la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de pactar con los grandes grupos de distribución la congelación de precios de una cesta básica de alimentos, y ha considerado que es «una amenaza para miles de comercios « . «De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad, al ejercer un ‘efecto llamada’ sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes«, han señalado desde la patronal del comercio. «Respetamos la competencia y el libre mercado, pero entendemos que un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios«, ha añadido la CEC, que ha resaltado que hay otras fórmulas que pueden conseguir el mismo fin »sin dañar de forma grave« al comercio de proximidad. «Somos, ante todo, empresas familiares, por lo que somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles, por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor, fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos, no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad«, ha resaltado el presidente de CEC, Rafael Torres. Noticia Relacionada estandar Si España pierde autónomos este año por primera vez desde 2013 Susana Alcelay Cada día del mes de agosto desaparecieron 436 trabajadores por cuenta propia Asimismo, para la CEC resulta «incompresible» que para abordar dicha propuesta no se le haya convocado, por lo que ha solicitado a Díaz ser convocados a la reunión prevista para este lunes con las principales asociaciones de la gran distribución.. http://www.databot-app.com