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News – Noticias «El Gobierno da el visto bueno a Amber Capital para adquirir el 9,9% del capital de Indra». «Por medio de la presente, le comunico que, en el día de hoy, hemos recibido la notificación de que, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 13 de septiembre de 2022, se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la inversión extranjera conjunta de las empresas Amber Capital UK, LLP (Reino Unido) y Amber Capital Italia SGR, S. P. A., en la sociedad española Indra Sistemas S.A., hasta alcanzar conjuntamente una participación en acciones, u otros instrumentos financieros que tengan acciones de ésta como valor subyacente, representativas del 9,99% de su capital social», indicaba ayer el dueño del fondo de inversión, Joseph Oughourlian, en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Objetivo, desde hace semanas, cumplido pues. Según los registros del regulador bursátil, Amber ostentaba hasta la aprobación de la nueva adquisición una participación del 4,18%. Bajo el punto de mira La autorización se produce en un momento clave para la tecnológica. Y es que el próximo lunes votará la aprobación de la entrada de seis nuevos consejeros con los que espera cerrar la crisis abierta en junio tras el asalto y la destitución de cuatro consejeros independientes. La intención era alcanzar cuanto antes ese 9,9% en Indra -al límite de lo permitido, el 10%- para reforzar al núcleo gestor de la compañía liderado por el Gobierno -a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda-. Será entonces este próximo lunes, 19 de septiembre, cuando el consejo debe aprobar estos nuevos consejeros y su ratificación se hará en una junta general que se convocará próximamente y que está prevista para el mes de octubre. Parece que queda ya en el recuerdo que el dueño de Amber Capital -también presidente de Prisa-, Joseph Oughourlian, desembarcó con un 4,2% en Indra solo días antes de esa polémica junta de accionistas de junio. En ella, su voto a favor de deshacerse de los cuatro consejeros rebeldes e independientes fue decisivo. Ahora, con el aumento de la participación en la tecnológica, se busca reforzar al presidente Marc Murtra ante la posiblidad de una nueva rebelión de accionistas y demás consejeros contrarios a los nuevos consejeros. Noticia Relacionada estandar Si La CNMV exige que la ley blinde a los consejeros tras el asalto a Indra Daniel Caballero La institución mantuvo una reunión con Economía para vetar los ceses sorpresa en junta de accionistas Además, Indra comunicó ayer también a la CNMV su lista de seis candidatos al consejo de administración con el apellido «independiente»: Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain, que sustituirán a Alberto Terol, Enrique de Leyva, Ana de Pro, Carmen Aquerreta, cesados en la junta; a la no renovada Isabel Torremocha; y a los renunciados Ignacio Martín y Silvia Iranzo. Una lista elaborada por la firma especializada Korn Ferry, contratada por Indra para el reclutamiento de estos consejeros independientes, que ha tenido especialmente en cuenta criterios de igualdad de género. Así, su consejo estará compuesto por, al menos, un 50% de independientes y sin voto de calidad del presidente. En cualquier caso, todavía no está cerrada por completo su incorporación debido, principalmente, a que están ultimando las verificaciones finales tendentes a asegurar su idoneidad e independencia, cumpliendo con los requisitos de género e independencia fijados por el supervisor de los mercados. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que a todo este proceso se une el reciente anuncio de la incorporación del hasta ahora consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Mariano Bacigalupo al consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aseguran las fuentes que el Gobierno quiere en las tripas de la CNMV a una persona de total confianza, como es Bacigalupo -marido de la vicepresidenta Teresa Ribera- para «evitar errores en la operación Indra». Silla en el consejo El caso es que tras hacerse con el máximo del 9,99% al que está autorizado el fondo, Amber Capital podría solicitar una silla en el consejo de administración de Indra, ya que contaría con el porcentaje de capital suficiente para reclamarlo. El aumento de participación de Amber Capital reforzaría aún más el bloque que formaron en la última junta el fondo, la SEPI y la empresa industrial vasca SAPA Placencia, que votaron a favor de la destitución de los cuatro independientes propuesta por Oughourlian. Así, estos tres accionistas tendrían más posibilidades de lograr la aprobación de su plan de recomposición del consejo en la próxima junta extraordinaria de octubre. La selección de independientes, «en fase muy avanzada» Acelerando la operación para no dar tiempo a más toques de atención. El último, muy reciente, por parte de la CNMC. Y es que Indra quiere cerrar cuanto antes su crisis de gobierno corporativo y toda la incertidumbre en torno a la independencia de su consejo de administración tras el supuesto pacto entre el Gobierno -a través de la Sepi), dependiente del Ministerio Hacienda- con SAPA Placencia y Amber Capital para hacerse con el control del consejo en la pasada junta de accionistas el pasado mes de junio. Así, la consultora presidida por Marc Mutra ya tiene en fase muy avanzada la selección de los seis consejeros independientes, destacando la presencia de más mujeres y los perfiles tecnológicos. La compañía informó también ayer de ello a la CNMV: «La comisión de nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo trabaja con una lista corta de seis candidatos, por unanimidad, integrada por Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain».. «Tensión en el Gobierno por el examen de Bruselas a la reforma de pensiones». «Hay preocupación, claro, pero también el convencimiento de que hay argumentos suficientes para defender la sostenibilidad del sistema de pensiones». Así resume una fuente en contacto permanente con Seguridad Social la presencia de ánimo del Ministerio de cara a la   visita que   funcionarios de la Comisión Europea realizarán esta próxima semana para evaluar la marcha de las reformas comprometidas por el Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, más específicamente, de la reforma del sistema de pensiones. Técnicos del grupo de trabajo creado para hacer el seguimiento de los hitos y objetivos comprometidos por los Estados miembros dentro del Mecanismo Europeo de Recuperación, bajo la dirección de la española Teresa Fábregas , y de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europeo, bajo el mando del irlandés Declan Costello -los que durante la crisis financiera recibieron el apelativo de ‘los hombres de negro de Bruselas’-, estarán en España entre el lunes y el miércoles recabando información sobre las medidas y su impacto esperado sobre la economía . Desde Economía y Seguridad Social se enmarca la visita dentro de las «reuniones ordinarias» que se mantienen con Bruselas para cumplir con el seguimiento del Plan de Recuperación , pero otras fuentes consultadas del ámbito social, político y económico trasladan una percepción bien distinta que habla de un cierto clima de tensión ante el examen de Bruselas. Las pensiones en el foco «Vienen, básicamente, para comprobar cómo marcha la reforma de las pensiones », admiten fuentes de una de las instituciones con las que la Comisión Europea ha contactado para formarse una opinión sobre el estado de situación en este ámbito, que constituye a día de hoy el principal foco de preocupación de Bruselas respecto a las compromisos reformistas acordados con el Gobierno de España. Noticia Relacionada plan de recuperación estandar Si Europa desconfía de la previsión de ahorro en pensiones con las medidas de Escrivá Gonzalo D. Velarde Las autoridades ven riesgo de que la reforma del Gobierno abra una agujero fiscal El examen de hecho será exhaustivo. La delegación de la Comisión Europea no sólo se ha citado con representantes de los ministerios más concernidos en las reformas como el de Inclusión y Seguridad Social o el de Asuntos Económicos, sino también con agentes sociales , con otras instituciones y autoridades públicas e incluso con analistas independientes para formarse una opinión lo más rica posible sobre cómo se perciben los avances que se están realizando en la reforma del sistema de pensiones. El ministerio de José Luis Escrivá traslada un mensaje de tranquilidad. Admiten que el interés de la Comisión no es solo saber cómo están funcionando las reformas ya aprobadas (endurecimiento de la jubilación anticipada, revalorización de las pensiones con el IPC, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, incentivos para retrasar la jubilación…) sino chequear también los avances en las que quedan pendientes (ampliación del periodo de cálculo para la pensión y subida de las bases máximas de cotización), donde reconocen «algunas discrepancias técnicas». Subrayan, no obstante, que la preocupación de Bruselas por la sostenibilidad del sistema en España no es mayor que la que existe en otros países como Francia o Países Bajos. Una reforma a medio camino La Comisión Europea ya anticipó en la visita que realizó a España el año pasado por estas fechas que iba a realizar un seguimiento minucioso de las medidas que fuera aprobando el Gobierno en el ámbito de las pensiones después de que la primera fase de la reforma no les terminara de convencer en términos de su impacto sobre la sostenibilidad futura del sistema. La delegación de la Comisión Europea se fue de España en octubre de 2021 rehusando realizar un análisis de la reforma de pensiones del Gobierno en tanto esta no fuera completa y reclamando un dispositivo de ajuste automático del gasto en pensiones en sustitución del Factor de Sostenibilidad en un momento en que Seguridad Social negociaba con los agentes sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) . El Gobierno alumbró finalmente su MEI y a Bruselas no le gustó como se encargó de dejar claro la Comisión en la declaración preliminar que dio cauce al segundo pago de los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación. «Las autoridades españolas han estimado que la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional será fiscalmente neutro», señalaban los funcionarios de la Comisión en ese documento difundido hace apenas dos meses, «mientras que los servicios de la Comisión consideran que probablemente llevará a un aumento significativo del gasto público sobre el PIB a lo largo del tiempo». Llovía sobre mojado porque la Comisión ya había advertido al Gobierno de España de que la vinculación de las pensiones al IPC implicaría un aumento significativo del gasto «lo que requerirá la introducción de medidas compensatorias que se adoptarán en 2022 con arreglo al Plan de Recuperación a fin de mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo». Estamos en septiembre de 2022 y Escrivá tiene parte del trabajo por hacer. Ha alumbrado una reforma del sistema de cotización de los autónomos que no parece que vaya a contener el gasto anual que este régimen supone para el sistema y quedan pendientes dos palancas ahora en negociación: la posible subida del periodo tomado como referencia para calcular la pensión, que según el ministro no será de 35 años; y la subida de las bases máximas de cotización para lograr más ingresos, que se antoja como el principal argumento del Gobierno para equilibrar las cuentas del sistema.. «El sueldo medio se dispara un 20% en solo dos años por el empuje de la inflación». Aunque en ningún caso se están observando incrementos desorbitados, los salarios tampoco están escapando a la presión inflacionista, que ya acumula tres meses consecutivos por encima del 10%. En este contexto, los salarios escalaron de media hasta los 2.153,8 euros mensuales en el segundo trimestre del año, lo que supone un 4,3% más que hace un año y un 19,3% más que el nivel registrado en el mismo periodo de 2020, y la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000, según reflejan las cifras de costes laborales publicadas ayer por el INE. Es decir, en solo dos años, la factura de los salarios que soporta el empresario ha crecido casi un 20% azuzado por la vuelta a la normalidad tras los peores meses de la pandemia que supuso un ‘boom’ de demanda y un acelerón de las contrataciones y las revisiones salariales. Y ahora, con la guerra de Ucrania, el aumento de precio de la energía y los carburantes y un IPC que encarece la cesta de la compra por encima del 15%, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1320 Código APP En síntesis, el encarecimiento del coste de la vida se está trasladando por momentos a los sueldos. Precisamente, esta es la circunstancia que el Banco de España ha pedido evitar para sortear los denominados como «efectos de segunda ronda». Y este fue también el caballo de batalla que terminó por descabalgar las negociaciones entre patronal y sindicatos para un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) . La hostelería, doble realidad Sin paraguas para la negociación de salarios, el resultado de las actualizaciones y firmas de nuevos convenios arroja una moderación en las revalorizaciones, teniendo en cuenta el avance del IPC, del 2,6% de subida hasta el mes de agosto. La cifra que da el INE, de coste salarial agregado -no solo recoge a los trabajadores acogidos a un convenio colectivo – arroja revalorizaciones de casi el doble (+4,3%).Aún excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), es decir, el coste salarial ordinario, se observa que en el primer trimestre repuntó un 4,1%, hasta los 1.808,2 euros mensuales. Por actividades, la hostelería lideró el avance de los salarios en el segundo trimestre, con un incremento interanual del 40,3%, hasta alcanzar los 1.242,84 euros, la cifra más alta desde el cuarto trimestre de 2008. Aún así, sigue siendo la actividad con el salario más bajo – finanzas , información y comunicaciones llegan a 5.978, 4.085 y 3.187 euros mensuales, respectivamente-. Mientras que los menores corresponden a la hostelería (1.242,8 euros) ; actividades administrativas (1.431 euros); otros servicios (1.510 euros) y actividades artísticas (1.546 euros). Los trabajadores con sueldos blindados ante el IPC se duplican pese al veto de la CEOE Gonzalo D. Velarde A cierre de julio hay 1.737.503 trabajadores cubiertos por cláusulas de revisión salarial Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.377,5 euros por trabajador y mes), País Vasco (3.160,2 euros), Cataluña (3.118,9 euros) y Navarra (3.077,7 euros). Por contra, los más bajos se dieron en Extremadura y Canarias, con 2.327 y 2.432 euros, respectivamente.. «El Gobierno vasco compra un 3% de CAF en su estrategia de blindar a grandes empresas de Euskadi». El Gobierno vasco ya forma parte del accionariado de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Se trata de una compañía de referencia en el sector ferroviario y es considerada, además, una de las joyas del entramado empresarial vasco. Solo en el último año, CAF facturó 2.943 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 89 millones. En total cuenta con 13.000 trabajadores, de los que 3.000 se encuentran en las dos plantas que tiene en el País Vasco. La operación se ha cerrado esta semana. El Gobierno vasco anunciaba este jueves la adquisición de 602.552 acciones por un precio medio de 28,30 euros cada una. Es decir, realizaba una inversión global de 17 millones de euros que le ha permitido obtener el 3% del accionariado total de la empresa. El departamento de Economía y Hacienda destaca que el objetivo de esta adquisición es «reforzar» la «presencia y posición» del Ejecutivo vasco en el capital social de «una sociedad de especial interés» para el País Vasco, habida cuenta de su «carácter estratégico y tractor para la economía vasca». En realidad, se trata de la última operación de la estrategia que puso en marcha en 2019 el Ejecutivo de Urkullu y con la que pretende «garantizar el arraigo» de las compañías que considera claves para el desarrollo económico de la comunidad autónoma. Este mecanismo ya le ha permitido, por ejemplo, hacerse con el 7% del accionariado de la compañía alimentaria Kaiku. Para ello, se puso en marcha en julio de ese año el fondo Finkatuz , que se podría traducir como ‘afianzando’ o ‘consolidando’. Se trata de un instrumento financiero de titularidad exclusivamente pública cuyo principal objetivo es «fortalecer» a las grandes empresas vascas y evitar una posible deslocalización ante la entrada de nuevos inversores. El propio lendakari, Iñigo Urkullu, destacó durante la presentación de este mecanismo que la estrategia buscaba «apuntalar el arraigo de empresas competitivas». Precisamente ese concepto de arraigo es uno de los criterios que utiliza el Instituto Vasco de Finanzas, la entidad presidida por el consejero de Economía y Hacienda encargada de gestionar el fondo, para decidir en qué empresas invertir. En sus bases explican que ese concepto estará «vinculado con el domicilio fiscal» de la compañía. Desde la consejería añaden, además, que se trata de un instrumento de participación dirigido expresamente a «grandes empresas» y que las inversiones que realiza tiene una «vocación de largo plazo». La previsión, además, es que la participación del Gobierno vasco no exceda en ningún caso el 49%, de tal manera que nunca pueda convertirse en accionista mayoritario. De hecho, tanto desde CAF como desde el Gobierno vasco han puntualizado que tras la adquisición de acciones, el Ejecutivo autonómico no podrá sentarse en el consejo de administración de la empresa. Y es que los estatutos de la compañía impiden participar a los accionistas que no tengan una participación de al menos el 10%. Desde la consejería explican que nunca tuvieron intención de incrementar su capacidad de control sobre la empresa. ITP, en el punto de mira Estas afirmaciones, sin embargo, contrastan con la actitud que ha tenido el Ejecutivo en las negociaciones para llevar a cabo una adquisición de acciones similar en la aeronáutica ITP. Las alarmas saltaron cuando el grupo Rolls Royce anunció su intención de vender la empresa al fondo norteamericano Bain Capital. Ante el riesgo de deslocalización que entrañaba la operación, el Gobierno vasco abrió conversaciones para hacerse con una parte del accionariado. Y puso además como condición entrar a formar parte del consejo de administración. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, llegó a decir en los medios de comunicación que le «encantaría» que ITP fuera la primera operación realizada con el fondo Finkatuz y que lo esencial era evitar un «traslado de ubicación». El Gobierno vasco estaba dispuesto a invertir en torno a 100 millones de euros. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y esta misma semana se ha realizado la operación de venta. No obstante, desde el Ejecutivo vasco no descartan retomar las negociaciones en un futuro. MÁS INFORMACIÓN Gobierno Vasco admite avances para su entrada en ITP Aero Orange y Másmóvil cierran la fusión de sus negocios en España En el Gobierno de Urkullu todavía resuenan las críticas que le llegaron desde la oposición por no haber activado este mecanismo ante la opa que lanzó MásMóvil sobre Euskaltel. Es por ello que en diciembre de 2021 el Gobierno vasco decidió destinar al fondo Finaktuz el excedente de 200 millones que había obtenido en la recaudación de impuestos. Cuenta con un presupuesto de casi 300 millones para seguir avanzando en inversiones que considere «estratégicas».. «Pugna entre las grandes industrias y las eléctricas para que sean «solidarias» y rebajen los precios». La industria electrointensiva, que suma el 10% de toda la demanda eléctrica de España, pide a las eléctricas que sean «solidarias con sus grandes clientes y que rebajen los precios un poco», según ha afirmado Fernando Soto, director general de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energético). La electricidad supone ya el 60% de los costes de producción de estas grandes industrias, lo que ha provocado que varias empresas de distintos sectores hayan realizado paros parciales de su producción y otras están aplicando ERTE. Soto explicó en un foro organizado por AleaSoft que la situación está agravada por el hecho de que solo un 10% de la energía que estas industrias están consumiendo en 2022 está cubierta con instrumentos de cobertura a precios fijos, ya sean futuros o contratos bilaterales, por lo que el 90% de la energía consumida la están comprando en el mercado diario «con los niveles de precios y la volatilidad que eso conlleva». Apuntó que mientras en España el precio final de la electricidad para estas industrias es de 260 euros el MWh, en Francia es de 155 euros el MWh. Fernando Soto se ha quejado de que las eléctricas les prometieron en 2021 que les presentarían diversas ofertas, las cuales, «nunca llegaron» . Por ello, la asociación tomó la iniciativa de diseñar sus propias subastas de energía renovable para cubrir parte del consumo de electricidad. Estaba prevista la celebración de esta subasta a finales de este año, pero el anuncio del Gobierno de celebrar la nueva subasta de renovables en noviembre ha hecho que se retrase hasta el primer trimestre de 2023. El producto a subastar será ‘PPA’ (contratos a largo plazo) a 12 años con el objetivo de cubrir hasta un 40% de su consumo anual. De todas maneras, recuerda Fernando Soto, esto no será una solución para la energía de 2023, que en su mayor parte no está cubierta a precio fijo y las previsiones indican que los precios continuarán en niveles muy altos en los mercados mayoristas. ERTE de más de un año El último ejemplo del impacto que está teniendo en la industria el espectacular incremento de los precios de la energía es el de la multinacional siderúrgica   ArcelorMittal , que ha planteado a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus 8.300 trabajadores en España que aplicaría hasta finales de 2023, según anunciado los sindicatos de la empresa en un comunicado. El ERTE será negociado en el seno de una mesa integrada por UGT, ELA, CC.OO., LAB y USO, que quedó constituida en una reunión celebrada en Etxebarri (Vizcaya). El expediente viene provocado por una situación coyuntural que está ocasionando que la oferta de acero en el mercado europeo sea muy superior a la demanda que hay interna en el Viejo Continente, según UGT. MÁS INFORMACIÓN Grandes industrias están ya parando su producción por la subida de los precios de la electricidad y del gas Las industrias consideran «insuficientes y discriminatorias» las medidas para bajar el gas El sindicato LAB ha considerado «más que vergonzoso» que una empresa con «beneficios récord» y que «no tiene falta de carga de trabajo» como ArcelorMittal presente un ERTE que «se aplicaría durante más de un año». Ante esta situación, LAB ha asegurado que «los trabajadores no somos herramientas de la empresa, no pueden hacer uso nuestro cuando quieran en función del precio del acero o de la energía».. http://www.databot-app.com