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News – Noticias «El BCE revisa su método de pronóstico de la inflación». La inflación en la zona del euro alcanzó el 9,1% en agosto, el nivel más alto desde la fundación de la Unión Monetaria Europea. Estonia, el país más afectado, sufre una tasa de inflación del 25,2%, mientras que con un 8,8%, Alemania figura entre los cinco países con la inflación más baja de la zona del euro. El mandato del BCE de mantener el dato en torno al 2% obligará ahora a subidas tremendamente dolorosas de los tipos de interés, en un contexto de estancamiento que amenaza además con la estanflación . Este elevado aumento de los precios, además, está en clara contradicción con las previsiones de inflación del Banco Central Europeo (BCE) de los últimos dos años, que su Consejo de Gobierno utilizó reiteradamente para justificar la extrema laxitud de la política monetaria . El BCE desoyó alegremente advertencias ajenas a sus propias proyecciones y mantuvo los tipos de interés más bajos de la historia, incurriendo incluso en largos periodos de tipos negativos mientras desde fuera de la Eurotower se lanzaban advertencias del peligro de inflación descontrolada. Según sus propios datos, el BCE esperaba una inflación moderada y solamente temporal. Su presidenta, Christine Lagarde , seguía defendiendo esa tesis a principios de este año y, después de que Rusia invadiese Ucrania el 24 de febrero, todavía anunciaba en marzo una inflación media del 1,5 % para 2021 y que volvería a caer en 2022 al 1,2 %. La bofetada de realidad ha llevado a Lagarde a tomar medidas. «En la reunión de septiembre del Consejo del BCE, las previsiones de inflación de los analistas del BCE se revisaron al alza más que nunca«, destaca el economista Frederik Ducrozet de Bank Pictet. Michael Holstein, economista jefe de DZ Bank, cree que incluso este último pronóstico del 8,1% ya estaba desactualizado el mismo día de su publicación. Su mecanismo de previsión no solamente no ha sido capaz de integrar cisnes negros como la invasión de Ucrania, sino que además ha subestimado sistemáticamente factores de gran peso , como los efectos de los cuellos de botella en el suministro de materias primas y componentes o las turbulencias posteriores a la retirada de las ayudas públicas para paliar los efectos económicos de la pandemia. «Las tasas de inflación son de hecho más altas de lo calculado y durarán más de lo estimado «, ha reconocido ahora el economista jefe del BCE, Philip Lane, que admite que los modelos utilizados «no eran muy buenos». La enorme brecha entre el pronóstico y la realidad obliga a una reforma del método de cálculo. »Ya no podemos confiar simplemente en las predicciones de nuestros modelos«, ha reconocido Christine Lagarde. La alemana Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, ha declarado por su parte que «vimos que nuestros modelos no son particularmente buenos para predecir la evolución futura de la inflación». «Sí, cometimos errores de pronóstico sobre la inflación», entonaba Lagarde el mea culpa en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno. «Todas las instituciones internacionales» y «la mayoría de los economistas se equivocaron en esta cuestión», trataba inútilmente de excusarse. No obstante, Lagarde anunció que los expertos de la plantilla del BCE » mejorarán los modelos de previsión de inflación « y tratarán de »integrar lo que antes no se ha tenido en cuenta«. Varios miembros del Consejo de Gobierno han comentado en los pasillos que están presionando por una reforma de los modelos, aunque no se mojan a la hora de concretar la reforma. Los economistas Daniel Gros y Farzaneh Shamsfakhr ven un fallo de diseño en los modelos de previsión que utiliza el BCE, en un documento de trabajo solicitado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Señalan que el BCE se ha adherido a una postura extremadamente acomodaticia basada en que la inflación caerá por debajo de su objetivo del 2% en dos años y que «el verdadero problema radica en la naturaleza de este enfoque, que puede justificar una vacilación interminable«. No tienen claro si el problema técnico procede de los llamados modelos DSGE («Modelos Dinámicos Estocásticos de Equilibrio General» o de modelos de pronóstico simples con tendencia a actualizar desarrollos anteriores. En cualquier caso, el profesor de economía de Mannheim, Hans Peter Grüner, apunta que las previsiones del modelo del BCE a menudo «no eran realmente comprensibles» para los analistas externos. Y Karsten Junius, economista del Bank J. Safra Sarasin, considera que ahora es crucial prestar especial atención a los cambios estructurales con respecto a la globalización y el mercado laboral, a la hora de introducir factores en el modelo de proyección. El BCE tiene la intención a partir de ahora de adoptar un enfoque de «reunión por reunión», es decir, decisiones de reunión de tasa de interés en reunión de tasa de interés, en lugar de hacer anuncios a largo plazo sobre la política monetaria futura por adelantado. Y se analizará en cada caso cómo ha evolucionado la situación inflacionaria. Schnabel ha sugerido que la inflación debe tenerse en cuenta más que antes como información adicional, no solo como pronóstico . «Este es un cambio significativo, ya que el pronóstico de inflación ha sido muy importante hasta ahora para las decisiones del BCE, mientras que el papel del pronóstico ha sido mejorado por la nueva estrategia anunciada a mediados de 2021», anotan los economistas de Commerzbank Jörg Krämer y Michael Schubert. Noticia Relacionada estandar No Bitcóin y ethereum se desangran en el mercado por el temor a nuevas subidas de los tipos S. E. Las criptomonedas se acercan a mínimos del año y caen hasta un 10% por los planes de los bancos centrales de retirar nuevos estímulos del mercado Además, el BCE enfatiza ahora particularmente que es importante evitar que las expectativas de inflación de los ciudadanos se salgan de control, como resultado de la experiencia de precios alto s y a este aspecto se le dará mayor peso en las deliberaciones, en comparación con los pronósticos del modelo para la inflación.. «Porsche sale a bolsa para obtener 9.400 millones de liquidez». A pesar de la tensa situación en los mercados, Porsche AG ha programado su salida a bolsa para el 29 de septiembre. A partir de entonces, parte de las acciones preferentes de la filial Volkswagen se negociarán libremente en el mercado, según lo decidan el consejo de administración y el consejo de supervisión del grupo Volkswagen. Las acciones se ofrecen en un rango de precios entre 76,50 y 82,50 euros . El plan es emitir hasta 113.875.000 acciones preferentes, incluidas las opciones de sobreasignación. Esto significa que el Grupo Volkswagen puede ganar hasta 9.400 millones de euros brutos . Sería una de las mayores OPV (oferta pública de venta) de Alemania y Europa de las últimas décadas. Además, el 25% más una acción ordinaria de la subsidiaria de automóviles deportivos se destinará al holding propietario de Volkswagen, Porsche Automobil Holding SE (PSE). Esta venta elevaría a Volkswagen otros 10.100 millones de euros. El próximo mes de diciembre, una junta general extraordinaria, se decidirá si el 49% de los ingresos totales de la oferta pública inicial y la venta de acciones ordinarias se distribuirá nuevamente a los accionistas en forma de dividendo especial. Para el inicio de las operaciones en Fráncfurt, Volkswagen y Porsche SE habían apuntado anteriormente a finales de septiembre o principios de octubre. Inicialmente no nombraron un día específico: la decisión de ir a bolsa aún estaba oficialmente sujeta a consideraciones debido a la situación económica mundial y el aumento de los precios de la energía. Finalmente se espera que el período de suscripción comience el 20 de septiembre y se extienda hasta el 28 de septiembre. También se ofrecerán públicamente en Austria, Francia, Italia, Suiza y España. La decisión fundamental se tomó hace dos semanas. El grupo automovilístico más grande de Europa quiere aprovechar fuentes adicionales de liquidez. Volkswagen AG está planeando miles de millones en inversiones en la construcción de vehículos eléctricos a partir de los ingresos y cuenta con volverse más atractiva para los inversores. Varios analistas estimaron recientemente la valoración de mercado de Porsche en la bolsa de valores entre 70.000 a 85.000 mil millones de euros. Porsche es actualmente propiedad del grupo Volkswagen, que a su vez está controlado por el holding financiero Porsche SE, a través del cual la familia Porsche-Piëch posee la mayoría absoluta de los derechos de voto, con cerca del 54%. Con 911 millones de acciones de Porsche AG, estaría en el extremo superior del rango de precios con más de 75.000 millones de euros. Noticia Relacionada estandar No Industria publicará las resoluciones del Perte VEC en octubre S.M. La ministra, Reyes Maroto, afirma que «están evaluando las alegaciones de las tres empresas que quedaron fuera» Volkswagen, por su parte, tiene actualmente una capitalización de mercado de unos 87.000 millones de euros , aproximadamente una parte de la capitalización de Tesla, con la que compite ya en Alemania en la fabricación de coches eléctricos. La mitad del capital social de Porsche AG se dividió en acciones preferentes sin derecho a voto y la otra mitad en acciones ordinarias con derecho a voto. Hasta una cuarta parte de las preferentes, es decir, alrededor de una octava parte de todas las acciones, saldrán a la venta.. «Las empresas públicas del Estado regatean la subida salarial de 2022 a más de 100.000 empleados». En medio de la peor espiral inflacionista en cuatro décadas y con el ruido de fondo de las exigencias de parte del Gobierno a las empresas privadas para que eleven sus ofertas salariales en la negociación colectiva, más de 100.000 trabajadores de empresas públicas propiedad del Estado aguardan todavía la subida salarial del 2% que les corresponde según lo aprobado hace ya cerca de un año en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Las plantillas de empresas tan emblemáticas del tejido empresarial público como Renfe, Correos, Aena, Paradores o Navantia sobreviven al golpe de la inflación con las mismas nóminas del año pasado a la espera de que se desbloquee la congelación ‘de facto’ a la que se ha condenado a sus salarios a tres meses del fin del año. La lista es más larga e incluya también a Puertos del Estado, Isdefe, Fundae, Enusa o Enresa. La situación ha llevado al sindicato CSIF a remitir una carta al Ministerio de Hacienda exigiendo el desbloqueo de la negociación salarial para evitar que el problema se enquiste. No es la primera vez que sucede y hay precedentes inquietantes. Un caso es el de Paradores, cuyos trabajadores a día de ayer aún no habían ingresado la subida salarial del 0,9% correspondiente a 2021, según confirman fuentes del sindicato. «El asunto se tiene que solucionar antes de que acabe 2022 y hay que poner sobre la mesa la pérdida de poder adquisitivo a la que esta situación nos está condenando«, señala una fuente del área Pública de CSIF. El problema afecta a una parte importante de la red de empresas públicas propiedad del Estado pero la casuística es diversa. Algunas empresas estatales, como Renfe o Navantia, aseguran que la subida está pendiente de que se renueve el convenio colectivo, que venció en 2021; otras como Correos dicen estar pendientes de un acuerdo con los representantes de los trabajadores; en otros casos se dice que los sindicatos planteaban subidas salariales más importantes. Un embrollo por resolver La legislación obliga a las empresas estatales a sujetarse a la subida general establecida en los Presupuestos del Estado, que para 2022 fue del 2%, pero en el caso de las empresas públicas esa subida afecta a la masa salarial y se puede distribuir de forma no lineal en función de los acuerdos a los que se lleguen con los representantes de los trabajadores. A este cuadro hay que añadir que las empresas públicas deben cumplir también con los parámetros para la negociación salarial que se establecen a las empresas del Estado desde el Ministerio de Hacienda y que en algunos casos han hecho que acuerdos entre empresas públicas y sindicatos hayan sido bloqueados por ir más allá de lo que permitía Hacienda. De hecho, varias fuentes consultadas remitían al Ministerio a la hora de buscar una explicación de por qué no se había aplicado la subida de 2022. MÁS INFORMACIÓN Montero avala hacer fijos a 15.000 temporales de empresas públicas Los funcionarios estallan y se echan a la calle: «Queremos salarios dignos» Fuentes de Hacienda aseguran que el estudio de los acuerdos por parte de Hacienda es un procedimiento reglado y que no tiene mayor misterio que cumplir lo que fijan los presupuestos. Mientras tanto, 100.000 trabajadores esperan su subida salarial de este año.. «Escrivá fía la reforma de las pensiones al alza de las cotizaciones y a los impuestos». La cuenta atrás para completar la reforma de las pensiones ha comenzado y el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ya perfila la propuesta que enviará a las autoridades comunitarias antes de que acabe este año, en el que los gastos se habrán disparado y la deuda habrá escalado por encima de los 100.000 millones actuales, el 8% del PIB. El grueso de las medidas puestas en marcha en la primera fase supondrán una explosión de gasto por el impacto de la revalorización de pensiones con el IPC, que el Gobierno espera neutralizar con los ingresos que logre en la segunda fase de la reforma. Los cambios que comenzará a discutir en unos días el Gobierno con empresarios y sindicatos estarán apoyados en un aumento de las bases máximas de cotización, que son las de los trabajadores con sueldos de más de 49.000 euros, y en los impuestos. La idea del ministro es acometer este ‘destope’ de bases de forma ‘suave’, en unos 25 años, en los que también irá aumentando la pensión máxima, aunque no lo hará con la misma intensidad. A la par, los ingresos que se transferirán desde el Estado irán en alza. El techo de gasto, que sirve para elaborar el Presupuesto 2023, incluye una transferencia a la Seguridad Social de 20.000 millones para cubrir los denominados gastos impropios, un 8,1% más. Tras la renuncia de Escrivá a ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, el Ejecutivo da la espalda a la medida más esperada desde Bruselas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El único de los puntos incluidos en el componente 30 remitido a la Comisión Europea con las medidas a tomar en la Seguridad Social que estaba llamado a reducir la factura en pensiones finalmente no será ni de lejos lo vislumbrado por las autoridades comunitarias, que siempre han defendido está ampliación de los años como una medida de ajuste. Esta ‘recomendación’ comunitaria fue asumida el pasado año por Economía; de hecho se filtró que ese cómputo se ampliaría a 35 años, medida que fue rechazada de plano por Unidas Podemos y por el propio Escrivá. Como reflejo del galimatías en el que se sumió el Gobierno se redactó el componente 30, de forma poco concreta y con la idea de poner en marcha la opción de que el trabajador pueda elegir los mejores años para el cálculo de la pensión y también la cobertura de lagunas de cotización. Dos medida de aumento de gasto. Acometer un recorte en las nóminas de los pensionistas en año electoral es justo lo contrario que busca el presidente del Gobierno. Todos los cálculos de expertos, refrendados la semana pasada por el Banco de España, advierten de que la ampliación de diez años en el periodo de cómputo de la pensión recortaría entre un 8 y un 10%. Si trasladamos el ahorro sobre el coste agregado de las pensiones de jubilación, de casi 150.000 millones al año, la rebaja en la factura ascendería hasta 15.000 millones de euros anuales. No habrá tal ahorro, al menos por la vía de la extensión de los años cotizados, tal y como deslizó el ministro Escrivá antes de la primera reunión con los agentes sociales para abordar este último tramo de negociaciones. La losa de la inflación El escenario que se presenta deja multitud de incógnitas sobre la idoneidad de la reforma del sistema auspiciada por el ministro. En términos de gasto, solo la primera pata de la reforma de pensiones ya supone en su conjunto un acicate al desembolso anual de la Seguridad Social. La vinculación de las pensiones al IPC supondrá un coste extra de aquí a 2050 de más de 3 puntos porcentuales del PIB. Es decir, para entonces, el coste anual será casi 50.000 millones superior al registrado actualmente. De hecho, la losa de la inflación ya se prevé que le cuesta a las arcas públicas unos 17.000 millones de euros solo por la revalorización de las pensiones en 2023, la subida más cara de la historia. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1860 Código APP Y aunque la indexación de las prestaciones al IPC es el principal detonante del aumento de gasto previsto para la próximas décadas, el resto de medidas ya adoptadas y por adoptar tampoco despejan el panorama. Al aprobar Bruselas la entrega de 12.000 millones de euros correspondientes al primer tramo de ayudas de los fondos de recuperación de 2022, los técnicos advirtieron sobre ciertos aspectos. Ciertamente, no confían en lo cálculos elaborados por Escrivá . España presentó estimaciones según las cuales las medidas que aumentan la edad efectiva de jubilación suponen un ahorro que oscila entre el 0,2% y el 0,4% del PIB en 2030 y entre el 1,1% y el 1,6% del PIB en 2050. Sin embargo, los servicios de la Comisión consideran que «la reforma generará ahorros fiscales, pero la consecución de ahorros hasta el límite inferior, y ciertamente por encima de él, está sujeta a una incertidumbre muy elevada». Es decir, en el mejor de los casos estas medidas generarán el mínimo ahorro previsto. Bruselas tiene reparos Y tampoco parece que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) vaya a resolver la papeleta de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. De hecho aquí Europa sí es más tajante sobre el impacto de la medida. Mientras que el Ejecutivo legisló este punto de la medida sin el consenso de la patronal, se expuso como la alternativa perfecta al Factor de Sostenibilidad ya derogado, que ponía en marcha un piloto automático por el que el gasto en pensiones se ajustaba ante escenarios de déficit presupuestario. Y que, por ende, conllevaba recortes en las prestaciones de hasta un 22% según los cálculos de la propia Seguridad Social. La alternativa no ataja el problema ni por el lado del gasto, ni tampoco de los ingresos. La subida del 0,6% que operarán entre 2023 y 2032 logrará rellenar el Fondo de Reserva con cerca de 22.220 millones de euros al final de la década. Una cifra que la propia Comisión Europea ve insuficiente para afrontar el pico de gasto en prestaciones por las jubilaciones del ‘baby boom’. Ya en la última de las grandes medidas tomadas en el ámbito de Seguridad Social, tampoco la reforma de cotización por ingresos reales de los autónomos debería dejar más dinero de lo que hasta ahora depositan por sus contribuciones los trabajadores por cuenta propia. Escrivá asegura que la reforma es «fiscalmente neutra» , es decir, no generará más ingresos ni más gastos para el sistema. Por lo que el Régimen Especial de Autónomos seguirá alojando déficit que rondarán los 6.000 millones de euros durante los próximos años. Por último, volviendo sobre el origen, el no aumentar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión tendrá un coste para el Estado. Fuentes del diálogo social confirman a ABC que el Ejecutivo aún no ha presentado su propuesta definitiva pero aseguran que los técnicos de la Seguridad Social buscan una fórmula milimétrica que permita salvar el examen de la Comisión Europea pero que no suponga un rejonazo del 10% en las pensiones en pleno año electoral. Según confirman estas fuentes, y como deslizó el ministro Escrivá públicamente, la medida se abordará desde una triple vía de aumento ligero de los años de cotización, con cobertura de la lagunas de cotización y con la opción de poder elegir los mejores años. Sin ir más lejos, el Banco de España señaló la pasada semana que permitir la elección, por ejemplo, de los mejores 29 años cotizados implicaría un incremento del gasto del 0,8% de media. U otro supuesto, como señala el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, la elección de los mejores 25 años supondría un incremento de gasto anual de 8.000 millones de euros. MÁS INFORMACIÓN Tensión en el Gobierno por el examen de Bruselas a la reforma de pensiones Las pensiones suben el doble que los sueldos en 2022 por la inflación y amortiguan la pérdida de poder de compra En suma, las medidas parecen más un acicate al gasto con ajustes paramétricos que una verdadera reforma integral para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Desde el Gobierno, más allá, parecen confiar en que la aplicación de la reforma con el aderezo del aumento de cotizaciones sociales que crecen hasta julio un 8,6% hasta rozar los 81.000 millones de euros y que suponen casi 7.000 millones más que hace un año. Como adelantó ABC, para constatar cómo van las negociaciones para completar la reforma de pensiones esta semana aterrizan en España los ‘hombres de negro’ . Lo que se encontrarán es, por tanto, unos cambios incompletos sin ningún avance en la reducción de los gastos a las puertas de la llegada de la generación del ‘baby boom’, que comenzará retirarse ya en 2023.. «Miguel Borra : «Este Gobierno le ha dado la espalda a los trabajadores y a sus empleados públicos»». La crisis de precios y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez , han colmado la paciencia de los empleados públicos, que afrontan este año la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia. El sindicato CSIF exige a Hacienda que negocie ya la subida salarial de 2023 y su presidente, Miguel Borra , asegura que no aceptarán «una nueva pérdida de poder adquisitivo». Cree que el Gobierno «ha perdido la calle» y que se demostrará en la manifestación del día 24 de septiembre, la primera gran protesta contra las políticas del Ejecutivo. A la manifestación del día 24 también se ha pedido la concurrencia del sector privado y la sociedad civil ¿Por qué se pide una movilización general? La manifestación del 24 de septiembre es la primera contra las políticas que está llevando a cabo este Gobierno. Sus medidas han conseguido que España tenga una inflación más alta que los países de su entorno, que los trabajadores españoles seamos los que más poder adquisitivo vamos a perder en comparación con otros países de la OCDE y que los salarios sean un 20% inferior que la media de la UE. Hay motivos para hacer esta manifestación contra el empobrecimiento social que estamos sufriendo todos. Y la abrimos al conjunto de la sociedad, entre otras cosas, porque CSIF tiene miles de afiliados y delegados en empresas privadas. Lo que está pasando no afecta solo a la parte pública sino al conjunto de la sociedad. Queremos dar voz de forma legítima y democrática a los ciudadanos para que puedan expresar su hartazgo. ¿Echan en falta el apoyo de las organizaciones sindicales tradicionales? Toda la sociedad está observando que los sindicatos tradicionales no han salido a la calle para protestar contra las políticas del Gobierno. Y no olvidemos que los que pueden actuar sobre la cesta de la compra o el coste energético o sobre el IRPF o IVA o salarios es el Gobierno. El Gobierno tiene mucho que decir. Y no hemos visto voluntad en las otras organizaciones y en CSIF hemos dado un paso adelante con la convocatoria de esta manifestación, para dar la posibilidad a los ciudadanos de expresar su descontento y malestar. ¿Esperan mucho apoyo en la calle? Van a acudir a la manifestación trabajadores y trabajadoras de todos los sectores productivos. Y creemos que también a tener repercusión entre los ciudadanos. Es una manifestación contra las medidas que está tomando el Gobierno que está llevando al empobrecimiento de la clase media y trabajadora. Protesta en la calle «No vemos voluntad en los sindicatos tradicionales para dar al ciudadano la posibilidad de expresar su malestar» Miguel Borra Presidente de CSIF ¿Qué medidas piden al Gobierno? Exigimos subidas salariales justas para todos. Ya que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le exige a la patronal privada que se siente a negociar, podrían dar ellos ejemplo y la patronal pública, que es el Gobierno, sentarse también a negociar. Y queremos jubilaciones dignas para todos. Ahora se va a empezar a hablar de la segunda gran modificación del sistema público de pensiones. Queremos saber si el sistema es viable y que no vuelva a haber recortes en las pensiones. Y exigimos calidad en los servicios públicos. Hemos arrancado el curso escolar con déficit de docentes, falta personal en atención primaria y dificultades para acceder a las prestaciones de SEPE y Seguridad Social porque falta personal y medios tecnológicos. ¿Se ha dado por aludido el Gobierno por la manifestación? No, no hemos mantenido ninguna reunión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. No se han sentado a negociar lo que marcan los Presupuestos, y estamos ya en una fase próxima a que se conviertan en anteproyecto de ley . Este Gobierno le ha dado la espalda a los trabajadores y a sus empleados públicos, los mismos que hace meses recibíamos aplausos. ¿No se hablado de la subida de 2023? No se han sentado para la subida de 2023. El Gobierno está negando una realidad y va a perder la calle. Y se lo vamos a demostrar el 24 de septiembre. Lo mismo que el Gobierno exige para la patronal privada no se lo está aplicando. Alguna ministra ha hablado de que la subida salarial podría estar entorno al 3%. Pero eso no lo han negociado con nadie, ni se ha abierto la mesa general de negociación de Administraciones Públicas, que es un requisito legal. Es hora de que la clase media y trabajadora le digamos a este Gobierno «vasta ya» de imposiciones. Hay que pedir al Gobierno que de ejemplo con la subida salarial en el ámbito público que muchas veces tiran de las subidas salariales en el ámbito privado. Ya vale de que la clase media y los trabajadores seamos los ‘pagafantas’ de las crisis. Subida salarial «Ya que la ministra Díaz exige a la patronal privada sentarse a negociar, podrían dar ejemplo» Miguel Borra Presidente de CSIF ¿Qué porcentaje de aumento salarial verían aceptable? Lo primero que tenemos que escuchar de la patronal pública es cuál es su propuesta de subida. Y, desde luego, no podemos aceptar que volvamos a perder poder adquisitivo. Nosotros le trasladamos al Gobierno nuestra disposición a negociar acuerdos plurianuales. No han querido. Ahora, hay que ver la propuesta. También sería necesario que los partidos se pusieran de acuerdo en ver que modelo de servicios públicos queremos y que los trabajadores dejemos de estar sujetos al periodo electoral de los partidos políticos. Noticia Relacionada presupuestos estandar No La negociación entre funcionarios y Hacienda para la subida salarial se estanca ante su abultado coste Gonzalo D. Velarde El sindicato de empleados públicos denuncia un deterioro en los servicios que ofrece el Estado por la falta de personal y piden contener la pérdida de poder adquisitivo ¿El Gobierno tenderá la mano? Al Gobierno le quedan pocas semanas para presentar los Presupuestos Generales del Estado. Si no nos reúne vamos a presentar una queja formal al presidente del Gobierno por la falta de interlocución con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Al Gobierno se le está acabando el tiempo.. http://www.databot-app.com