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News – Noticias «El Gobierno recurrirá ante la Justicia europea el veto a la pesca de arrastre». El Gobierno interpondrá recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la prohibición de Bruselas a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico. Así lo ha anunciado este miércoles en la sesión de control en el Congreso el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en respuesta a preguntas de la oposición sobre el veto a estas capturas previsto por la Comisión Europea en un reglamento que entrará en vigor el próximo 9 de octubre . Planas aseguró que España recurrirá al tribunal europeo contra una medida que el Gobierno considera «absolutamente desproporcionada e injusta », porque «la información científica» que se esgrime para defender el cierre de esos caladeros «es insuficiente y anticuada» y porque «no se han tenido en cuenta los efectos económicos y sociales» de esa decisión. Noticia Relacionada estandar Si La flota del norte: «No queremos ayudas, solo que nos dejen pescar» Helena Cortés En el puerto de Burela, afectado por la limitación de la UE para faenar en el Atlántico Noreste, cunde el desánimo. El desastre irá al bolsillo: comeremos pescado de importación, peor y más caro El ministro dijo que su departamento está en contacto estos días por un lado con el sector pesquero y con las comunidades autónomas afectadas para tomar decisiones de común acuerdo , y por otro, se está hablando con Francia y con Irlanda como los otros dos principales países damnificados por el reglamento y también con Bruselas para intentar que dé marcha atrás a la medida. A las críticas que le formularon desde el PP por la falta de contundencia que considera que está evidenciando el Gobierno en este asunto, Planas manifestó que su ministerio está haciendo «todo lo que está en su mano» para que el reglamento no prospere, y apeló al principal partido de la oposición para que «no ponga excusas como siempre» y respalde al Ejecutivo español en este asunto.. «Von der Leyen acepta imponer un tope al gas que compra la UE». Después de numerosos debates, dudas, presiones y tras media docena de infructuosos consejos de ministros de energía, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado ante el Parlamento Europeo que acepta introducir un tope al precio del gas que entra en el mercado europeo, pero también ha advertido que ha de ser «cuidadosamente calculado para que no provoque interrupción del suministro» y también temporal, hasta que se reforme el mecanismo de formación de precios de la electricidad. Además, propone que se amplíe con más dinero europeo el programa RePower EU para acelerar la transformación energética. Noticia Relacionada estandar Si Los eurodiputados alemanes quieren cerrar la sede de Estrasburgo en invierno por la crisis energética Rosalía Sánchez El hecho de que el Parlamento Europeo esté ubicado en Alsacia es fruto del elaborado equilibrio de sedes que fue necesario para la firma de los Tratados, que exigía que la institución pisase suelo francés «Los altos precios del gas están impulsando los precios de la electricidad. Tenemos que limitar este impacto inflacionario del gas en la electricidad, en toda Europa. Por eso, estamos dispuestos a discutir un tope en el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Este tope sería también un primer paso en el camino hacia una reforma estructural del mercado eléctrico», ha dicho la presidenta, quien también ha añadido que después del sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el Báltico, la UE debe empezar a preparar un plan para utilizar todos los medios disponibles, incluyendo los sistemas de vigilancia por satélite para proteger las infraestructuras energéticas vitales en cooperación con la OTAN y Estados Unidos.. «El Gobierno ignora la crisis y cuadra sus cuentas de 2023 sin contabilizar 14.000 millones en ayudas que vencen en diciembre». «Tenemos que prepararnos para lo peor, pero esperando que no suceda». De las dos proposiciones en las que se sustenta la frase pronunciada hace unas semanas por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , para ilustrar la posición de partida del Ejecutivo ante la incertidumbre que rodea todo lo que pueda ocurrir entre otoño e invierno, el Gobierno ha optado por obviar la primera y confiarse a la segunda a la hora de diseñar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Con el crudo invierno llamando a las puertas, la amenaza de Putin de cerrar el grifo del suministro de gas a Europa plenamente vigente y la principal economía de Europa (Alemania) asumiendo un futuro inmediato de recesión económica, el Gobierno ha decidido diseñar su proyecto de Presupuestos para 2023 haciendo como si todos esos riesgos no se fueran a materializar. El borrador de las cuentas de 2023 se sustenta sobre un techo de gasto público histórico , presenta un nuevo récord de gasto social y como se ha encargado de subrayar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo contempla reducciones de gasto en dos partidas, una de ellas la de prestaciones por desempleo porque el Gobierno está convencido de que el paro va a caer durante 2022 hasta el 12,2% apoyado en la fortaleza del empleo, una de las premisas del cuadro macro diseñado por Calviño. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno anuncia una subida de las pensiones del 8,5% en 2023, la más alta de la historia Gonzalo D. Velarde El coste únicamente de la subida ascenderá hasta el entorno de los 17.000 millones de euros Tal y como lo ve el Gobierno el proyecto presupuestario tiene amplitud más que suficiente para absorber la subida histórica del 8,5% que experimentará el gasto en pensiones por la desviación del IPC, y que elevará la factura del sistema público de protección social por encima de los 190.000 millones de euros; el sobrecoste del 6,6% derivado de la actualización de los sueldos de los empleados públicos; y el crecimiento histórico de la inversión pública que pasará de 8.900 millones de euros a 11.867 millones, la mayor cifra de inversión estatal registrada jamás. También tendrá base para sufragar todo el paquete de medidas sociales de gasto acordado en la madrugada del lunes al martes con Podemos y que implicarán la creación de tres nuevas prestaciones sociales, un cheque de 1.200 euros al año para las familias con hijos menores de tres años y mejoras sustanciales tanto del Ingreso Mínimo Vital, que subirá como las pensiones, como de las prestaciones por desempleo para personas que lleven más de seis meses en paro. Y todo ello será compatible, al menos en el relato trasladado este martes por María Jesús Montero, con el cumplimiento de las restricciones al gasto público impuestas a España por Bruselas para garantizar una gestión presupuestaria prudente y con el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit hasta el 3,9% al que se ha comprometido el Ejecutivo pese a la suspensión de las reglas fiscales. En concreto, la Comisión Europea recomendó (o impuso, según se mire) al Gobierno que el gasto primario – el gasto público una vez detraído el gasto financiero para atender el servicio de la deuda – no creciera por encima del PIB potencial a medio plazo de la economía, una fórmula que ofrece un cierto margen a la laxitud, pero que Hacienda dice haber cumplido porque ese gasto primario crecerá un 1,5% y el Gobierno entiende que el crecimiento potencial a medio plazo de la economía española será del 3,2% – otras fuentes lo sitúan en el entorno del 2%-, en parte porque el Gobierno está convencido de que los fondos europeos aportarán 2,6 puntos al crecimiento potencial de la economía de aquí a 2031. Gasto no contemplado El asunto es que hay determinadas cuentas de gasto que no están en los presupuestos y que es muy probable que acaben estando. Básicamente, los cerca de 14.000 millones de euros en subvenciones e incentivos fiscales que el Gobierno ha ido aprobando este año en los tres paquetes de medidas que ha sacado adelante para paliar las consecuencias de la crisis y que no se han incluido en los presupuestos. Ahí están la rebaja del 80% de los cargos fiscales sobre el recibo de la luz, la recién activada reducción al 5% del IVA del gas o la bonificación de 20 céntimos sobre el litro de combustible. Hacienda ya advirtió de que no incluiría estas medidas en el proyecto presupuestario. En primer lugar porque los presupuestos se elaboran sobre la premisa de la normativa que estará en vigor el 1 de enero de 2023 y estas medidas vencen el 31 de diciembre de 2022. En segundo lugar, porque el Gobierno está analizando su eventual prórroga y podría ocurrir que se prorrogaran de manera solo parcial, por lo que su coste podría ser menor. De esas medidas, solo se han incluido en el proyecto de Presupuestos de 2023, porque la parte de Unidas Podemos así lo ha exigido, la prórroga durante todo 2023 de las bonificaciones al transporte ferroviario, cuyo coste será de unos 700 millones de euros y que el Gobierno valorará si convertir en permanentes si se demuestra que han estimulado el uso del transporte público, y la consolidación del bono joven de alquiler, cuyo coste es de 200 millones de euros. Colchón de ingresos Para hacer frente a todas las medidas de gasto público que María Jesús Montero desgranó ayer, entre las que se cuentan también incrementos en la dotación para becas, salud mental, dependencia o vivienda, Hacienda cuenta con el colchón de los ingresos por impuestos. La previsión de ingresos para 2023 prevé unos 30.000 millones más de los que se presupuestaron para 2022, una previsión modesta si se tiene en cuenta que hasta agosto la recaudación ya había aportado 27.000 millones más de lo presupuestado. La catarata de ingresos fiscales obtenida en los dos últimos años a cuenta de la inflación ha puesto en el bolsillo del Gobierno 70.000 millones de euros más de los que tuvo el Gobierno Rajoy y le ha convencido no solo de que puede sostener sus políticas de gasto público sin temer por una desviación excesiva del déficit sino de que esos ingresos son estructurales y al contrario de lo que ocurrió en la burbuja de que están aquí para quedarse. Pese a ello, la previsión de déficit público para el año que viene será del 3,9%, por encima todavía de la frontera que Bruselas considera como el umbral a partir del cual debe intervenir para poner en orden las cuentas de un país. El Gobierno ha aprovechado el debate abierto en Europa para modificar las reglas fiscales para desentenderse de ese objetivo, pero el riesgo de que no haya acuerdo y se reinstaure el esquema actual está ahí y situaría al país en posición de caer bajo el brazo correctivo de Bruselas. De momento, al margen de las políticas la subida del sueldo de los funcionarios y el alza de tipos harán que el coste de funcionamiento de la Administración del Estado se encarezca en 3.000 millones de euros respecto a 2022.. «Impuesto sobre el Patrimonio: quién tiene que pagarlo y otras 5 respuestas a dudas frecuentes sobre este tributo». El Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, anunció ayer que hoy daría el paso definitivo que quedaba para acercar el régimen fiscal andaluz al de la Comunidad de Madrid. Tras la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y las bajadas progresivas en el IRPF, Moreno declaró que bonificará el de Patrimonio . Pero ¿en qué consiste el Impuesto sobre el Patrimonio y a quiénes se aplica? ¿Qué es el Impuesto sobre el Patrimonio? Según informa la Agencia Tributaria , este impuesto grava el patrimonio neto de las personas físicas , es decir, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que su titular deba responder. Es, por tanto, un impuesto directo y personal que se aplica individualmente y grava la posesión de bienes y activos (inmuebles, acciones, dinero depositado en cuentas bancarias, títulos de deuda, fondos de inversión…). Se aplica sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo. Este impuesto se devenga el día 31 de diciembre de cada año y afecta al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. Se presenta online mediante el Modelo 714, en las mismas fechas que la Declaración de la Renta. ¿Dónde se aplica el impuesto? De acuerdo con la Agencia Tributaria, se aplica en todo el territorio nacional , sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en el País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno del Estado. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las comunidades autónomas. Como consecuencia de la cesión, estas podrán asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. La Comunidad de Madrid establece una bonificación del 100 % . Es decir, los contribuyentes deben declarar su patrimonio neto, pero no pagan nada. Cataluña, por su parte, tiene unos tipos que oscilan entre el 0,21% y el 2,7%. Otras comunidades como Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco aplican sus propias escalas autonómicas, mientras que el resto aplican la escala estatal. ¿A quiénes se aplica? Si la comunidad autónoma lo aplica, estarán obligados a pagar este impuesto aquellos ciudadanos con bienes cuyo valor neto -una vez descontadas las hipotecas o créditos utilizados para comprarlos- s upere los 700.000 euros . La vivienda habitual está excluida del cálculo del impuesto -hasta un máximo de 300.000 €-, así como los bienes que sean patrimonio nacional o de interés cultural. También estarán obligados a presentar la declaración de este impuesto aquellos contribuyentes cuyo patrimonio bruto supere los dos millones de euros . La aplicación de este segundo límite, debe incluir todos los bienes y derechos en titularidad, estén o no exentos del impuesto, computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las que deba responder el titular de los mismos. Según datos de la Agencia Tributaria a 2019, este impuesto afectó a 212.284 contribuyentes en España , de los que aproximadamente la mitad tienen su residencia fiscal en Cataluña y la Comunidad de Madrid. ¿Qué bienes están exentos? 1. Exenciones generales : – Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español – Bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas – Determinados objetos de arte y antigüedades – Ajuar doméstico – Derechos de contenido económico – Derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial – Valores pertenecientes a no residentes – Patrimonio empresarial y profesional – Participaciones en determinadas entidades – Vivienda habitual del contribuyente 2. Exención de la vivienda habitual del contribuyente : Está exenta la vivienda habitual del contribuyente, con un importe máximo de 300.000 euros. La exención se aplicará por quien tenga sobre la vivienda habitual el derecho de propiedad, pleno o compartido, o un derecho real de uso o disfrute sobre la misma (usufructo, uso o habitación). 3. ¿Qué se considera ajuar doméstico a efecto de este impuesto? Se considera ajuar doméstico los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular de la persona, exceptuando: – joyas – pieles de carácter suntuario, – vehículos, embarcaciones y aeronaves, – objetos de arte, – antigüedades 4. Exenciones autonómicas de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad Canarias y Castilla y León han establecido exenciones de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad para los contribuyentes residentes en sus respectivos territorios, siempre que se cumplan determinados requisitos. ¿Cuánto se recauda con este impuesto? Hacienda percibió en 2019 algo menos de 1.200 millones de euros por este impuesto, lo que supone un 0,5% del total de la recaudación de la Hacienda Pública española, según informa BBVA . ¿Desde cuándo se aplica? Aunque este impuesto nació con carácter transitorio, lo cierto es que se ha mantenido en nuestro sistema tributario desde 1977 hasta nuestros días. Durante los años 2008 a 2010 se estableció una bonificación del 100 % que lo suprimía por la crisis económica. Fue restituido de nuevo de forma temporal en septiembre de 2011 por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. Desde 2012, el Gobierno ha prorrogado año a año el impuesto, siendo el único país de Europa junto a Noruega y Suiza que lo mantiene.. «La patronal logística pide eliminar temporalmente las cotizaciones a jóvenes y parados». La afiliación en el sector de la logística y transporte cerró septiembre con una subida anual del 6,08% hasta los 1.004.395 empleos según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones. Sin embargo, desde la patronal advierten de la ralentización en el crecimiento -que fue un 7,14% interanual en agosto- y la necesidad de medidas como eliminar las cotizaciones sociales para jóvenes y desempleados de alta duración para impulsar la contratación en estos colectivos. «La logística y el transporte se ha posicionado como uno de los grandes sectores de nuestra economía, representando ya el 8% del PIB y siendo un importante foco de atracción de inversiones». «Sin embargo, no podrá avanzar con más fortaleza si no se toman medidas que remedien el imparable avance hacia la recesión », ha afirmado el presidente de la patronal UNO Logística, Francisco Aranda. Respecto a las cifras del sector, hasta septiembre se produjeron 794.671 nuevas afiliaciones al Régimen General, lo que supone un 6,94% más que el dato registrado en el mismo periodo de 2021. De este modo, el sector se sitúa en la quinta posición dentro del ranking de los mayores generadores de empleo, sólo por detrás del ocio, la hostelería, la información y comunicación, y las actividades profesionales, científicas y técnicas. Por otra parte, el número de trabajadores dentro del Régimen de Autónomos cayó un 0,86% en septiembre (1.823 trabajadores menos), aunque en menor medida que en agosto, cuando la bajada fue del 1,38% (2.930 autónomos menos). MÁS INFORMACIÓN noticia No El Gobierno ignora la crisis y cuadra sus cuentas de 2023 sin contabilizar 14.000 millones en ayudas que vencen en diciembre noticia No Los mayores empresarios del país alzan la voz contra el cordón sanitario que les impone Sánchez: «Queremos que se nos escuche» «Es más necesario que nunca que el Gobierno impulse medidas eficientes que impulsen la actividad de las empresas, mediante la reducción de las cotizaciones sociales y la presión fiscal a la que están siendo sometidas», ha concluido Aranda.. http://www.databot-app.com