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News – Noticias «El Congreso vota la ‘Ley startup’ con más de 70 enmiendas». El Congreso vota este jueves el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como ‘ Ley de startups ‘, tras aprobar más de 70 enmiendas a la norma, si bien ninguno afecta al régimen de incentivos fiscales previsto por el Gobierno. La iniciativa llega a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero al estar avocada al Pleno del Congreso deberá someterse a otra ronda de votaciones en el Hemiciclo para ser aprobada y enviada al Senado. Noticia Relacionada reportaje Si La nueva Ley ‘startup’, «un paso en la buena dirección pero insuficiente» Luis García López Directivos y fundadores de empresas emergentes españolas señalan las limitaciones del anteproyecto elaborado por el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Los cambios acordados con el resto de fuerzas parlamentarias han servido para incorporar a las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.) de una ‘startup’ o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio. Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse a los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que sólo se aplicaría si el condenado cuenta con, al menos, un 5% del capital. Por otro lado, se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional y se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores y se amplía un año más, hasta un total de dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios. Fin a la exención de aranceles en registro y notario Sin embargo, ninguno de los cambios alteran el régimen de beneficios fiscales contemplado en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, con una fiscalidad más favorable tanto para las empresas como para los trabajadores. Lejos de ampliar estos incentivos, los grupos han acordado acabar con la exención de los aranceles notariales o registrales prevista para los emprendedores que se acojan al Estatuto de empresas emergentes y completaran su tramitación de forma telemática. Según el cambio introducido, al que ha tenido acceso Europa Press, los aranceles notariales y registrales tendrán para estas empresas un coste de 60 y 40 euros, respectivamente, siempre y cuando el capital social de la empresa no alcance los 3.100 euros. El cambio tiene origen en una enmienda del PDeCAT, y también había sido propuesto por Vox. Transparencia fiscal y supervisión de algoritmos Por otro lado, la norma también ha servido al Gobierno para impulsar dos cambios legales ajenos a la nueva normativa de ‘startups’, como son la trasposición de la directiva de transparencia fiscal para las multinacionales y la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA). En el primero de los casos, se obliga a toda empresa dominante de un grupo que supere 750 millones de euros en ingresos anuales a detallar información separada por cada Estado miembro en el que opere sobre sus ingresos, el importe de beneficios o pérdidas antes de impuestos, o el importe del impuesto abonado. MÁS INFORMACIÓN noticia No Las startups también seducen a los grandes patrimonios noticia No El viaje eternamente aplazado hacia los límites de la innovación Respecto a la nueva agencia, se contempla entre sus objetivos la supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan IA y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales, y su capacidad inspectora y sancionadora.. «Renfe abre la puerta a más cambios en los abonos gratuitos para evitar ‘viajeros fantasmas'». La picaresca se ha convertido en el mayor obstáculo para los abonos de tren gratuitos que ha puesto en funcionamiento Renfe. El operador público tuvo que limitar en septiembre el número de reservas por pasajero y día a cuatro tras comprobar que un buen número de trenes iban semivacíos pese a aparecer como completos en la página web. Pero el problema no termina de erradicarse y la compañía pública no descarta nuevas restricciones . Fuentes de la empresa pública aseguran que el límite de cuatro reservas diarias se notará en mayor medida durante los próximos meses. Pero también afirman que siguen monitorizando el uso de los abonos y estudian «más opciones» si persisten las reservas de ‘viajeros fantasmas’. En la práctica, este mal uso de los abonos, en este caso de los de Media Distancia, está causado por usuarios que reservan plazas que luego no utilizan, llenando de forma artificial los trenes y perjudicando a los viajeros habituales que terminan por no encontrar asiento en estos servicios. Las rutas más afectadas por este fenómeno son sobre todo trayectos que unen ciudades grandes o medianas y tienen habitualmente una gran demanda. Muchos de ellos están localizados en Castilla-La Mancha, Andalucía y, sobre todo, Galicia. Para solventar el problema, Renfe ha aprobado una serie de restricciones que pasan por el mencionado límite en las reservas y la prohibición de reservar varias idas mientras no se haya completado la vuelta en el mismo origen y destino. Noticia Relacionada estandar No El ferrocarril se lleva casi la mitad de la inversión en infraestructuras Guillermo Ginés El tren recibe 5.408 millones de los 11.793 reservados a esta partida, que crece un 7,2% gracias al tirón de los fondos europeos Pero las quejas de los usuarios siguen reproduciéndose en las redes sociales pese al cambio de modelo acometido por el operador ferroviario. Y fuentes del sindicato de maquinistas Semaf aseguran que aunque el problema «se ha solventado algo» todavía «hay muchos trenes para los que no quedan billetes y luego circulan con muchas plazas libres». Según organizaciones de usuarios de tren, tras la entrada en vigor del nuevo sistema algunos viajeros han optado por reservar dos idas y dos vueltas en el mismo día y utilizar después solo una de cada. Otros directamente siguen sin utilizar las reservas y únicamente las hacen para alcanzar el mínimo de 16 viajes solicitado por Renfe para devolver la fianza de 20 euros que hay que depositar para sacar el abono. La propia número dos del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha reconocido públicamente que seguían circulando trenes muy demandados con asientos libres después del cambio de sistema, además de garantizar que «los sistemas tecnológicos de Renfe están a tope para corregir estas situaciones» y «la intención del Gobierno es que los abonos lleguen al máximo número de personas». Los maquinistas vaticinan además que durante el año que viene los abonos sufrirán nuevos cambios . Pese a los problemas que están causando los ‘viajeros fantasmas’ el Ejecutivo saca pecho para poner en valor la implantación de la iniciativa. Renfe ha distribuido 1,5 millones de abonos gratis de Cercanías , Rodalies y Media Distancia desde la puesta en marcha de la iniciativa, el pasado 1 de septiembre, hasta principios de octubre. Una cifra que ha provocado que los viajes en Cercanías crezcan en más de un 24% con respecto al año pasado y los de Media Distancia repunten más de un 40% La gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia se mantendrá además durante todo el año que viene y tendrá un coste para el Estado de 669 millones de euros para todo el ejercicio, según viene recogido en los Presupuestos de 2023 aprobados la semana pasada por el Gobierno.. «Portugal logra un pacto de rentas y subirá las pensiones la mitad que en España». Portugal se desmarca de España . Mientras Pedro Sánchez presenta unos Presupuestos para 2023 marcados por la explosión del gasto público y los nuevos impuestos, el país vecino aprueba unas cuentas trufadas de guiños fiscales para trabajadores y que contiene la deuda pública. Un ambicioso programa que estará apuntalado por un pacto de rentas refrendado tanto por sindicatos como por empresarios. El acuerdo firmado en Portugal, alcanzado durante el fin de semana pasado y que busca evitar los llamados efectos de segunda ronda de la inflación, está marcado por una subida salarial del 5,1% anual hasta 2026 para los trabajadores del sector privado. Una cifra que es inferior a la inflación (que en septiembre alcanzó el 9,3%) pero que ofrece estabilidad temporal. Además, el Gobierno socialista de Antonio Costa -que gobierna con mayoría absoluta- deflactará el IRPF al mismo nivel, un 5,1% , para evitar que los trabajadores paguen más impuestos tras lograr incrementos salariales. Una medida que se ha incluido en los Presupuestos del año que viene y que en España ha sido reclamada en varias ocasiones por el Partido Popular. Desde el Ejecutivo nacional, sin embargo, han rechazado la iniciativa en varias ocasiones. Noticia Relacionada Lo que opinan los expertos estandar Si Suspenso a los Presupuestos de 2023: un lastre para la recuperación y una bomba para el déficit público Bruno Pérez Los expertos critican que las medidas impositivas lastran la actividad y la reinversión de los beneficios Para los empresarios, el pacto de rentas portugués contempla beneficios fiscales e incentivos al subir los sueldos según lo acordado. Una situación opuesta a la vivida en España, donde tal y como ha publicado ABC los empresarios han roto toda relación con Sánchez tras la ofensiva fiscal del Gobierno, que en los últimos meses ha aprobado nuevas figuras para la banca, las energéticas y las grandes fortunas, además de subir las cotizaciones sociales para hacer frente a la subida de las pensiones. Precisamente las pensiones son otro aspecto en el que España y Portugal chocan frontalmente. El incremento del 8,5% previsto para el año que viene en nuestro país contrasta con las cifras que recogen las cuentas del país vecino. Lisboa contempla una subida de las pensiones de entre el 3,53% y el 4,43%, que variará en función de la cuantía de la prestación. Es decir, las más bajas recibirán una subida mayor que las más altas. Todo lo contrario que en España, donde el incremento del 8,5% se aplicará por igual. Las cifras no están, sin embargo, cerradas. «Si la inflación en noviembre fuese superior a lo previsto, habrá naturalmente una corrección», garantizó el ministro luso de Finanzas, Fernando Medina, durante la rueda de prensa de presentación de las cuentas del próximo ejercicio, presentadas esta misma semana. Para los sueldos públicos el Gobierno portugués ha elegido una fórmula similar, de porcentajes de subidas que varían en función del salario y que pueden llegar hasta el 8% en el caso de los salarios más bajos. El aumento mínimo para los sueldos de hasta 2.600 euros será de 52 euros al mes y se mejorará el subsidio de alimentación que disfrutan estos trabajadores. En España, las subidas de los empleados públicos no estarán discriminadas en función del sueldo. Se ha estipulado una extra del 1,5% para 2022 con carácter retroactivo (además del 2% ya aplicado), hasta un 3,5% para 2023 en función del avance del IPC y el PIB y hasta un 2,5% para 2024. Un acuerdo que ha sido rechazado por el sindicato mayoritario, CSIF .. «Bruselas enmienda los cambios del ministro Escrivá y el Gobierno ve que peligran 7.000 millones». A Bruselas no le convence ni el mecanismo que sustituirá el factor de sostenibilidad, ni la renuncia del ministro José Luis Escrivá a ampliar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años. La reforma planteada por el titular de la Seguridad Social no asegura la sostenibililidad del sistema, no introduce mecanismos de ajuste y sus cambios solo implican gasto . Así lo creen las autoridades comunitarias, que están metiendo presión al gestor de las pensiones para que adopte medidas de recorte en un sistema que paga diez millones de pensiones. La Seguridad Social comunicó al diálogo social hace dos semanas la necesidad de acometer estos cambios en el sistema ante el temor de que España no reciba los próximos 7.000 millones que debe girar Europa con cargo a los fondos Next Generation y que están ligados a completar la reforma de las pensiones. Las modificaciones legales cobran más empaque después del gasto millonario que desembolsarán las arcas públicas para compensar a los jubilados por la inflación en aplicación de la ley de pensiones. Unas cuentas récord En aquel encuentro de hace dos semanas los empresarios, que aún desconocían que llegaba una subida de bases máximas del 8,6% en 2023, ya manifestaron que no darían un ‘cheque en blanco’ al ministro y apuntaron el camino del Pacto de Toledo para solventar una reforma que debe apuntalar un sistema que el año próximo contará con un presupuesto de 200.000 millones por primera vez en la historia. Sólo en revalorizar las pensiones de los jubilados con el IPC las arcas públicas deberán desembolsar una factura de unos 20.000 millones de euros . La ‘declaración de guerra’ de los empresarios tras conocer el nuevo aumento de las cotizaciones sociales no hace más que complicar un escenario muy complejo por el calado de las reformas, pero también por el tiempo límite en el que tienen que estar zanjadas: final de año. Este es el margen pactado con Bruselas. «El cuarto desembolso corre peligro por el mecanismo de equidad intergeneracional y el ministro pretende ahora asegurar la viabilidad del sistema de pensiones cargando el coste a las empresas, con más impuestos al trabajo y metiendo la mano en las reservas de las mutuas», asegura una fuente empresarial a este diario. ‘Baby boom’ a las puertas Como ya informó ABC, en Europa preocupa la solvencia del sistema de pensiones a escasos meses de que comiencen a incorporarse los primeros jubilados de la generación del ‘baby boom’, los nacidos entre los años cincuenta y finales de los setenta, un ‘ejército’ con largas carreras de cotización y sueldos altos que les dará derecho a nóminas elevadas. Los funcionarios de la Comisión Europea aterrizaron a finales del pasado mes de septiembre en Madrid para conocer cómo marchaban las reformas y para disgusto de Escrivá enmendaron su M ecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) . No les gusta que sea semiautomático y han reclamado ajustes automáticos para las pensiones, ‘recomendación’ que el Gobierno ha acatado sin réplica. Noticia Relacionada opinion Si Escrivá se sorprende Ignacio Marco-Gardoqui La enorme subida las cotizaciones ¿Otro récord? la decretó después de haberse reunido con los empresarios 48 horas antes en la mesa del supuesto diálogo social para hablar de ello. Vaya, pues se le olvidó mencionarlo. Tampoco convence el rechazo del ministro a ampliar de 25 a 35 los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, una medida que ahorraría casi un punto del PIB , pero que Escrivá ha descartado porque, según sus cálculos, perjudicaría a dos de cada tres futuros pensionistas. Las alternativas esbozadas públicamente por el titular, sin que hayan sido planteadas aún en el díalogo social, serían poder descartar alguno de los peores años de cotización de las carreras de los futuros pensionistas o un mejor tratamiento para las lagunas de cotización. Medidas en ambos casos de mejora. Los ahorros no se ven reflejados en ninguna de ellas.. «CEOE se planta y no negociará la reforma de pensiones con Escrivá». La relación entre la organización que dirige Antonio Garamendi y José Luis Escrivá está al rojo vivo, hasta el punto de que la patronal ha decidido que no volverá a sentarse con el ministro en la mesa de negociación que debe completar la reforma de pensiones impuesta por Bruselas. La organización empresarial se siente traicionada y desconfía de las medidas que el gestor de las pensiones anuncia en el diálogo social y las que finalmente adopta; ha perdido la confianza en él. Los puentes con el ministro están rotos , no así con el resto de miembros del Gobierno, y le aconsejan que negocie sus reformas en el Pacto de Toledo. La ‘declaración de guerra’ de la patronal se produce tras la subida de las bases de cotización en un 8,6% anunciada por sorpresa por la ministra de Hacienda en la presentación de los Presupuestos el pasado jueves para hacer frente al alza del 8,5% en las pensiones. Un ‘hachazo’ del que los empresarios no fueron informados el lunes de esa misma semana cuando se reunieron con la Seguridad Social y los sindicatos para abordar la segunda fase de la reforma de pensiones. La subida sorpresa en las cotizaciones ha soliviantado a la organización que dirige Antonio Garamendi, teniendo en cuenta que el alza del 8,6% eleva sus aportaciones al sistema para los sueldos superiores a 54.000 euros brutos anuales ya en 2023. Y no será una subida coyuntural, dado que el ministro ha avanzado que la intención es que las bases máximas de cotización aumenten todos los años como mínimo lo mismo que las pensiones, es decir, el promedio de la inflación anual de cada ejercicio, más un recargo. Sería un porcentaje adicional cada año hasta la eliminación total de los topes de cotización, lo que significa que los ingresos salariales en su totalidad cotizarían en 2050 . Noticia Relacionada Lo que opinan los expertos estandar Si Suspenso a los Presupuestos de 2023: un lastre para la recuperación y una bomba para el déficit público Bruno Pérez Los expertos critican que las medidas impositivas lastran la actividad y la reinversión de los beneficios Tras conocerse el incremento sorpresa, la patronal emitió un duro comunicado en el que mostró su sorpresa por el aumento «impresentable e inadmisible» de los impuestos al empleo a espaldas del diálogo social. La crítica fue respondida por el titular de Seguridad Social, al que la reacción empresarial le resultó «muy desconcertante y sorprendente», teniendo en cuenta, dijo, que el Gobierno venía hablando con los empresarios de este asunto durante meses. «Eso es lo justo. Las bases máximas tienen que subir como suben las pensiones máximas . No estamos sorprendiendo a nadie», señaló el ministro tras el comunicado de CEOE. «No se ha puesto ni un solo documento en la mesa de negociación, ni se habló nunca de indexar las bases máximas al IPC, ni de cargar un diferencial», relatan las cuentas consultadas por ABC. Estas mismas fuentes aseguran que el diálogo social solo fue informado, de forma oficiosa, de las intenciones del ministro de acometer un destope progresivo de las bases máximas «gradual y suave», de un 30% en un periodo de 30 años, «nunca» del alza citado del 8,6%, que situará la base máxima en 4.495 euros mensuales desde los 4.139,40 euros actuales. ¿Qué supone elevar esta cuantía? Más recaudación, dado que los tipos se aplicarán sobre bases más elevadas. Y serán los empresarios, que son los que pagan la mayor parte de las cotizaciones, los que se verán más afectados en un momento de alta incertidumbe y de una situación muy delicada, especialmente para pymes y autónomos. A la espera de que se concrete esta subida, ya en 2023 se aplicará, además del alza de las bases máximas, un 0,6% adicional en las cotizaciones para todas las nóminas con independencia del nivel salarial. Y se hará en aplicación del mecanismo de equidad, cuyo destino último será el fondo de reserva, hoy prácticamente esquilmado. Para nutrir este fondo, el ministro también incautará recursos a las mutuas , 1.255 millones procedentes de las reservas por el excedente en la gestión de los accidentes profesionales. Fuentes empresariales recuerdan que los Presupuestos de 2023 reflejan las intenciones de revisar los límites superior e inferior de las reservas de estabilización de las contingencias profesionales aplicables para el cierre de cuentas de 2022. Recuerdan que la norma sitúa estos límites en un 45% y un 30% aplicables sobre la media del saldo de estas reservas en el último trienio y que la previsión de cierre que tienen es que se situarían este ejercicio en casi 4.100 millones, contando los resultados de este ejercicio. Las mismas fuentes explican que con la previsión de reducción del límite superior del 45% al 30% de las reservas de contingencias profesionales (el inferior variaría del 30% al 20%), el impacto económico sería de los citados 1.255 millones, lo que iría contra la solvencia de las mutuas y de los empresarios asociados. Los cambios previstos también afectarían al destino de estos recursos, de tal forma que si actualmente el 80% del excedente de las contingencias profesionales se destina al denominado fondo de contingencias profesionales (antiguo fondo de prevención y rehabilitación), ahora se busca destinar dicho porcentaje al fondo de reserva , lo que llevaría asociado dotar el citado fondo de contingencias profesionales sólo con el 5% de dicho excedente, en lugar de con el 80%. Mutuas, sueldos congelados Las mutuas también se quejan de que de nuevo en 2022 sus directores gerentes y los altos cargos tendrán «una indecente» congelación de sus retribuciones , lo que contrasta con el 3,5% en que subirán los sueldos de los empleados públicos en 2023 (9,5% en tres años), el 8,5% en que subirán las pensiones y el 4% que se aplicará el presidente del Gobierno y sus ministros respecto a lo presupuestado este 2022. «Gracias al trabajo desarrollado por estos profesionales y por el resto del personal, y a su excelente gestión, las mutuas han aportado más de 35.000 millones a las cuentas de la Seguridad Social en los últimos 20 años y vienen generando ahorros anuales de más de 5.200 millones todos los años», dicen fuentes de la patronal de las mutuas, AMAT .. http://www.databot-app.com