News – Noticias

News – Noticias «La razón por la que este año no hay ‘paguilla’ extra de las pensiones». Este 2023 los pensionistas dejarán de recibir la ‘paguilla’ extra . Así es como se conoce a la ayuda económica destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la diferencia entre el aumento medio anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) y el incremento previsto por el Gobierno. ¿Por qué no hay ‘paguilla’ extra en 2023? Cada enero, los pensionistas recibían este abono. En 2022, la cuantía alcanzó los 233 euros. Sin embargo, este próximo año la ‘paguilla’ desaparecerá debido a la Ley de Reforma de Pensiones del ministro José Luis Escrivá . La ley contempla una nueva forma de revalorización en la que se tiene en cuenta la fluctuación del IPC interanual en el promedio de doce meses, de diciembre del año anterior a noviembre del año en ejercicio. Por lo tanto, con esta medida los pensionistas mantendrán sus 14 pagas anuales, pero la ‘paguilla’ ya no será necesaria. Noticia Relacionada Presupuestos generales 2023 estandar Si La pensión de jubilación escala hasta casi los 1.700 euros tras el alza del 8,5% Susana Alcelay La pensión media de las nuevas altas ya asciende hasta los 1.518 euros y crecerá en 129 euros más al mes tras la revalorización   Este 2023 las pensiones tendrán la subida más elevada de la historia . Por segundo año consecutivo, el Gobierno aplicará la ley que garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, lo que significa que sus nóminas deberán subir en el mismo porcentaje en el que lo hagan los precios este 2022. La cifra exacta con la que se revalorizarán las pensiones no se conocerá hasta el día en que se publique el IPC definitivo del mes de noviembre , ya que con ese dato se hará la media de los doce meses anteriores y se aplicará el incremento a las más de diez millones de pensiones que hay en España . ¿Cómo quedarán las pensiones tras la revalorización? Según los cálculos del Gobierno, el indicador se situará en el entorno del 8,5% , porcentaje en el que espera incrementar las pensiones. Esta cifra queda muy distanciada del alza que este ejercicio se aplicó en las nóminas en enero, que fue del 2,5%. Tras la revalorización, un pensionista que cobre una pensión media de jubilación , actualmente de 1.256,9 euros, la subida mensual será de 106,8 euros y el alza que percibirá al año será 1.495,7 euros. Esta renta media queda, por tanto, en 1.363,7 euros al mes. En el caso de una pensión de viudedad , que de media está situada en 780,1 euros, la subida mensual será de 66,3 euros, 928,3 euros al año. Tras esta revalorización esta pensión queda en 846,4 euros al mes. MÁS INFORMACIÓN noticia No Cuándo se pueden cobrar dos pensiones a la vez y en qué casos noticia No ¿A qué edad puedo jubilarme cobrando el 100% de la pensión? noticia No ¿Cuál es el mejor mes para jubilarse y cobrar la pensión más alta posible? El incremento que tendrán las pensiones de orfandad , el incremento que tendrán es de 41,1 euros al mes y 575,6 euros al año. La prestación pasará de 483,7 euros a 524,8 euros.. «El IPC se modera hasta el 8,9% en septiembre pese a que más del 80% de los productos de la cesta de la compra subieron de precio». El IPC bajó en septiembre de la barrera psicológica del 10% por encima de la cual ha estado transitando desde el inicio del verano gracias al abaratamiento relativo de la factura energética respecto al mes de agosto, en el que el precio de la electricidad marcó un máximo histórico, y a la entrada en vigor de las ayudas al transporte público que han permitido rebajas por encima del 20% en el precio de los títulos combinados según ha informado el Instituto Nacional de Estadística este viernes. El dato definitivo del IPC de septiembre se sitúo así en el 8,9%, una décima por debajo del dato adelantado publicado hace dos semanas por el INE. La inflación consigue bajar del doble dígito tras tres meses consecutivos aunque todavía dista de la senda de estabilidad del 2% establecida por los bancos centrales. Tampoco parece que tras esta moderación haya una señal clara que indique el principio del fin de la espiral inflacionista que se inició hace ya 18 meses, como se traslada desde el Gobierno. La inflación ha calado hasta el tuétano a todos los rincones de la economía y le prueba es que pese a que en efecto la tasa interanual del IPC ha pasado en un solo mes del 10,5% al 8,9% durante el mes de septiembre se registró un encarecimiento en el 83% de los más de 200 productos que configuran la cesta básica de la compra que Estadística tiene en cuenta para elaborar el IPC. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP Código APP Así lo refleja el indicador referente a alimentos y bebidas no alcohólicas, que se encuentra en el 14,4% anual y aumenta seis décimas respecto a agosto. Destaca el caso de las legumbres y hortalizas , que se han encarecido un 4,1% desde agosto -hasta el 17,9% respecto a septiembre de 2021-, además del huevo, cuyo precio aumentó un 1% más respecto al mes anterior y la carne de ovino con una subida intermensual del 2%. Los lácteos también se han encarecido un 1,2% en el caso de la leche y los huevos. Más allá del efecto de las ayudas gubernamentales para abaratar el transporte público y tratar de reducir así la factura en combustible de los hogares, el IPC sigue dependiendo de manera crítica del comportamiento de los precios en los mercados energéticos, una variable que ni mucho menos está controlada por la persistencia de la guerra en Ucrania y la proximidad de un invierto cuyas consecuencias sobre el precio del gas en los mercados son a día de hoy imprevisibles. La foto de la situación a mes de septiembre difundida este viernes por el INE revela que dos terceras partes de esa reducción del IPC desde el 10,5% al 8,9% se debe a la moderación de la factura energética , sobre todo por el abaratamiento de la electricidad desde los máximos de agosto, y apenas una tercera parte a las ayudas del Gobierno al transporte, que habrían restado algo más de dos décimas por el IPC. El Gobierno continúa presumiendo de haber restado 3,5 puntos a la inflación con las medidas adoptadas desde que se iniciara la crisis y el INE insiste también en reducir ese impacto, que en septiembre sitúa en cuatro décimas. Por otra parte, el IPC subyacente, que elimina los elementos más volátiles de la inflación y refleja la evolución del núcleo duro de la cesta de precios, cumplió con la predicción y se situó en el 6,2%. MÁS INFORMACIÓN noticia No Fedea advierte de que la dinámica actual del gasto público en España es insostenible noticia No La inflación de Estados Unidos sigue por encima del 8% en septiembre En su caso, el IPC armonizado , que elimina las diferencias entre las cestas de la compra tipo de cada país y permite ofrecer una foto comparable de la inflación con el resto de países europeos, se situó en el 9,0%, un punto y medio por debajo del mes anterior.. «Fedea advierte de que la dinámica actual del gasto público en España es insostenible». El próximo año el Estado, la Seguridad Social y el conjunto de organismos autónomos y entidades públicas que dependen de la Administración Central consumirán por primera vez en la historia más de medio billón de euros para hacer frente a todos sus compromisos de gasto, el equivalente a un 39% del PIB. La catarata de ingresos públicos proporcionada en los dos últimos años por la inflación y el buen comportamiento del empleo han metido en la caja del Estado 60.000 millones de euros más de los que había en 2018 para hacer frente a estos gastos, pero eso no impedirá que, sobre el papel, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos el próximo año arroje unos números rojos de cerca de 50.000 millones de euros . La magnitud del agujero en un contexto de generación de ingresos sin precedentes ha puesto en guardia a a los analistas. Fedea, uno de los institutos de análisis económico a los que la Comisión Europea, el FMI o la OCDE consultan regularmente para formarse una opinión de la marcha de la economía española, ha lanzado este jueves una nota de análisis sobre los Presupuestos en la que ha advertido del asunto: «Las cifras son ciertamente llamativas y apuntan a un patrón claramente insostenible en el tiempo , aunque quizás comprensible en un período tan turbulento como el de los últimos años, marcados por la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania y la necesidad de hacer frente a ambas crisis y paliar sus consecuencias económicas y sociales». El informe elaborado por el instituto revela que mientras que el crecimiento medio del PIB en el periodo 2018-2023 ha sido del 1%, los ingresos se han disparado un 15% y los gastos, un 18%. «Visto desde otra perspectiva, el incremento del gasto real ha sido 6,6 veces mayor que el del PIB y el tipo de gravamen sobre el incremento de la renta ha sido superior al 500%». El autor del estudio, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente , advirtió hace unos días en declaraciones a ABC que la excepcionalidad presupuestaria instaurada a raíz de la pandemia es algo «que se puede mantener uno o dos años, pero que no se puede mantener por siempre», en relación al proyecto de Presupuestos de 2023 que de nuevo vuelve a mantener un perfil expansivo. Llamamiento a la prudencia fiscal Fedea insta al Gobierno a recuperar una cierta normalidad tanto en la evolución del gasto público como en la presión fiscal sobre los agentes económicos. «Sería necesaria una política fiscal más prudente en los próximos años, que ponga mayor énfasis en la contención del crecimiento del gasto y la reducción del déficit para asegurar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas», asegura el informe, alineándose también con la petición realizada en el último informe del Fondo Monetario Internacional , en el que se pedía a los gobiernos una política de prudencia fiscal para no alentar la espiral inflacionista. La fotografía construida por Fedea a partir de la comparación del proyecto de Presupuestos de 2023 con las cifras del último presupuesto del Gobierno del PP, el de 2018, que aunque fue aprobado ya con Sánchez en el Gobierno fue diseñado por el equipo de Mariano Rajoy, indica que mientras en este periodo los ingresos del Estado se han incrementado en 61.845 millones de euros –una cifra sin precedentes en la historia presupuestaria de España– los gastos se han incrementado en 78.930 millones. En este periodo, el desequilibrio de las cuentas se ha ensanchado desde los 31.242 millones hasta los 48.427 millones que se prevén para 2023. MÁS INFORMACIÓN Suspenso a los Presupuestos de 2023: un lastre para la recuperación y una bomba para el déficit público El Gobierno reserva un margen extra de 20.000 millones para repartir gastos y ayudas en 2023 El grueso de ese gasto extra se ha materializado en pensiones y nuevas prestaciones sociales, en tanto que las medidas de promoción económica hacia los sectores productivos se han congelado cuando no se han recortado con excepción de las subvenciones públicas al transporte, en parte por la aprobación de los bonos para abaratar el transporte ferroviario.. «Hacienda cobrará 80 millones de intereses en 2023 a empresas rescatadas». Aunque el Gobierno cerró el pasado mes de junio el fondo de apoyo a empresas estratégicas, su impacto en el tejido empresarial se extenderá durante los próximos años. Las empresas rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no solo tendrán que hacer frente a las devoluciones de los préstamos concedidos por el Estado, sino también a unos intereses que solo el año que viene rondarán los 80 millones de euros. Así se establece en la memoria del fondo recogida en los Presupuestos de 2023. Según este documento, Hacienda recibirá cobros derivados de actividades de gestión valorados en 79 millones de euros el año que viene. De esta cuantía, 78,9 millones corresponderán a intereses y dividendos procedentes de los préstamos concedidos a las 30 compañías rescatadas por el holding público en los últimos meses, tal y como confirman desde el Ministerio de Hacienda. En 2022, los cobros de efectivo por actividades de gestión alcanzaron los 26,7 millones de euros. Fuentes de Hacienda puntualizan sin embargo que el fondo no cobrará dividendos, porque «la SEPI no ha realizado ninguna entrada en el capital» de las compañías rescatadas. Además, la normativa europea referente a empresas rescatadas por el coronavirus es tajante al respecto y establece que las compañías que reciban ayudas públicas no podrán otorgar dividendos . Es decir, los 78,9 millones contemplados en el proyecto de Presupuestos corresponderán de forma íntegra a los intereses de los préstamos concedidos. Lo cierto es que, hasta el momento, la SEPI tan solo ha percibido intereses de los préstamos y las empresas rescatadas no han tenido que hacer frente a un solo euro de los más de 3.000 millones que han recibido, como así se estipula en las memorias del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas del año pasado. El documento refleja como en 2020 y 2021 el Estado no ha recibido retorno alguno más allá de los mencionados intereses. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno ya contemplaba una posible venta de Pachá cuando le concedió el rescate Antonio Ramírez Cerezo Cofides admite que analizaron esa opción porque el dueño de la sociedad era un fondo de capital riesgo Esto comenzará a cambiar a partir del año que viene, cuando las compañías tengan que empezar a hacer frente a las devoluciones. Las cuentas recogidas en los Presupuestos establecen que por ventas de activos y devolución de créditos concedidos el fondo percibirá 46 millones. Una cifra notablemente superior respecto a los 7,7 millones que contempla el documento para el año en curso. Lo cierto es que los rescates concedidos por el fondo, que se componen básicamente de créditos ordinarios y participativos a un buen número de empresas, están concebidos para que el grueso de su devolución se produzca a medio plazo. Por ello, en 2023 solo llegarán las primeras migajas. No será, al menos, hasta un trienio después cuando las empresas estén obligadas a devolver la totalidad de los fondos recibidos. Una de las primeras será Air Europa, que tiene comprometida la devolución total del apoyo público en 2026. Momento en el que Globalia ya podría estar fuera de los mandos de la compañía si se completa su venta a IAG. La matriz de Iberia, que ya tiene el 20% de las acciones de la aerolínea de Juan José Hidalgo , tendría que devolver los 475 millones si consigue completar la operación, que ahora vive un segundo capítulo y en principio se completará con el 100% de la participación social a finales del próximo año. La mayoría de empresas apurarán hasta 2028 para hacer devolver el apoyo estatal. Son casos como los de Hotusa (240 millones), que tiene comprometido con la SEPI la devolución de los 190 millones del préstamo participativo en ese año en el que el fondo de la SEPI podría claudicar si las empresas devuelven todo el dinero. Hasta entonces deberá seguir monitorizando el cumplimiento de las devoluciones y actuar en consecuencia si estas no se producen. Si las deudoras no cumplieran sus obligaciones de pago, el Estado podría llegar a quedarse con la mayoría de acciones de algunas empresas rescatadas, como ocurriría con Plus Ultra. O incluso con el patrimonio de compañías vinculadas a las empresas rescatadas. Como ya adelantó este periódico, la SEPI pidió a principios de año a Air Europa sumar propiedades de su matriz, Globalia, como avales a su rescate, tras no completarse su venta a IAG. Una exigencia que fuentes de la aerolínea aseguran que no llegaron a completar, aunque desde la SEPI no confirman este extremo basándose en la confidencialidad de los acuerdos. Pagos a la SEPI De vuelta a los Presupuestos , en el capítulo de pagos destacan los 244,4 millones de euros que la entidad tendrá que devolver a la SEPI por la devolución de las aportaciones realizadas por el holding público . En 2022, el fondo de rescate de empresas estratégicas recibió 2.000 millones de euros por parte de esta entidad. Una cuantía que coincide con las cifras de los rescates públicos que acometió durante la primera parte del año el fondo de rescata de la SEPI. En el apartado de inversiones, el Gobierno contempla unos 3.000 millones a largo plazo. El patrimonio, por su parte, alcanzará los 3.413 millones de euros y el resultado del ejercicio será en 2023 de 89 millones. Las cantidades de las inversiones a largo plazo , eso sí, podrían variar en función de si el rescate con 550 millones a Celsa acaba por producirse . La siderúrgica tiene aprobada la ayuda desde el pasado mes de mayo, pero su llegada está condicionada al acuerdo de la empresa con sus acreedores entre los que se encuentran Deutsche Bank y Goldman Sachs. Los poco más de 3.000 millones que finalmente concedió el fondo es una cantidad que dista mucho de los 10.000 millones que pensaba repartir . Como ya informó este periódico, las intenciones del Gobierno eran conceder la totalidad de los fondos a cierre de 2021. Pero según la SEPI buena parte de las solicitantes no cumplían los requisitos para recibir el dinero.. «El Gobierno destinará 2.000 millones para abaratar las facturas de las calefacciones centrales». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló ayer en el Congreso la letra pequeña de alguna de las principales medidas anunciadas el pasado martes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluidas en el programa Más Seguridad Energética. Sánchez subrayó que ese plan implica movilizar 3.000 millones de euros de los Presupuestos del Estado. De esa cifra, 2.000 millones de euros se destinarán, según ha podido saber ABC, a rebajar las facturas del gas de los 1,7 millones de consumidores que viven en edificios con calefacción central y que, como están obligados a estar en el mercado libre por el elevado volumen de gas que demandan, han de realizar unos desembolsos que triplican el gasto de cualquier cliente con tarifa regulada. La idea que maneja Transición Ecológica es crear una tarifa regulada específica para ese colectivo «para que paguen menos de la mitad en la factura de lo que pagarían con las actuales condiciones de mercado», según Sánchez. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagensen, se reunió ayer por la tarde con representantes de los Colegios de Administradores de Fincas. El presidente de su Consejo General, Pablo Abascal , calificó el encuentro de «positivo», aunque «aún no se ha concretado nada». Añadió que «nos han pedido sugerencias» para trabajar juntos en el aspecto técnico. Una TUR 4 Actualmente hay tres tarifas reguladas de gas: la TUR 1 , para consumos de hasta 5.000 kWh/año (agua caliente, sin calefacción), la TUR 2 , entre 5.000 y 15.000 kWh/año (con calefacción) y la TUR 3 , entre 15.000 y 50.000 kWh/año (calefacción y gran consumo). La previsión que se baraja es que se cree otra TUR, que estará en vigor hasta finales de 2023, pero que no esté limitada a un consumo determinado, ya que se quedarían fuera las comunidades con calefacción central y con muchos vecinos. En cualquier caso, la medida debería estar definida antes del 1 de noviembre , fecha en la que se suelen encender estas calefacciones. Pablo Abascal afirmó también a ABC que la creación de esta nueva tarifa, «que ya solicitamos en septiembre de 2021», va a suponer un problema para las comunidades de vecinos que están firmando estos días contratos en el mercado libre a precios bastante más caros. Con la desventaja de que una ruptura de estos contratos conllevaría unas elevadas penalizaciones. Bonos sociales Pedro Sánchez también especificó ayer las mejoras en los bonos sociales de electricidad y térmico. «Habrá nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos». Explicó que el actual bono social de electricidad , al que están acogidos 1,3 millones de hogares, elevará el descuento que se aplica sobre la tarifa regulada de luz para los consumidores vulnerables: del 60% al 65%. También se eleva el descuento para los consumidores vulnerables severos, del 70% al 80%. Asimismo, se incrementa un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos. En cuanto al bono social térmico , que se una ayuda que se concede dependiendo de la zona geográfica (más cálida o más fría), crece desde la horquilla de 35 a 350 euros al año hasta la horquilla de 40 a 375 euros al año. La asociación de consumidores Facua valoró ayer positivamente los cambios que se pretenden introducir al bono social, pero insiste en «la necesidad de agilizar protocolos e invertir en una campaña institucional de información para conseguir llegar a un mayor número de usuarios». En este sentido, aunque Facua considera «positiva» la apuesta del Gobierno por un avance, considera que «aún se necesita ir más allá y recuerda que la cifra de usuarios que se benefician del bono social aún queda muy lejos de la prometida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se puso en marcha la medida: cinco millones de beneficiarios. Así, la asociación incide en la necesidad de « crear una campaña institucional de comunicación para lograr que los usuarios conozcan el bono social y la forma de solicitarlo. Además, esta información debe partir de la propia administración y las asociaciones de consumidores, evitando que sean únicamente las empresas eléctricas quienes la suministren, para garantizar que se hace de forma correcta». Facua reclama también un «cambio regulatorio de calado» en el proceso de solicitud del bono social, que agilice los trámites y protocolos que deben seguir los usuarios. La asociación señala que las compañías eléctricas, en muchos casos, «ponen excesivas trabas a los consumidores y dilatan innecesariamente los tiempos para conseguir el bono». Ahorros, según Sánchez Pedro Sánchez apuntó durante su intervención en el Congreso que el Gobierno ha ahorrado 35.000 millones, casi el 3% del PIB, a los consumidores de energía desde junio de 2021, con medidas como la reducción de impuestos y la ‘excepción ibérica , por la que se fija un tope al gas natural para la generación de electricidad. Repitió las palabras de Teresa Ribera del pasado martes: «Las facturas de la luz de los hogares son un 33% más bajas de lo que serían sin las medidas aprobadas y los consumidores vulnerables pagan lo mismo que antes de la guerra en Ucrania», aseguró. Asimismo, las facturas eléctricas de las pymes son un 23% más bajas que sin esas medidas, y las de la industria entre un 18% y un 20%. MÁS INFORMACIÓN Aumento de bonos, ayuda a pymes y alumbrado público: así te afecta el nuevo plan de Seguridad Energética Además, las facturas de gas de los hogares con TUR para agua caliente y calefacción son un 50% más bajas de lo que serían sin las medidas, mientras que la bombona de butano tiene el precio congelado y la gasolina y el diésel tienen un descuento de 20 céntimos por litro. El presidente del Gobierno hizo mención al plan de ahorro energético aprobado a principios del mes de agosto (apagar las luces de edificios, escaparates, bajar el aire acondicionado, etc), «que ha permitido ahorrar hasta la fecha un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior». Precios más bajos que en Europa Por otra parte, la aplicación de la ‘excepción ibérica’ en el mercado español y portugués desde el pasado 15 de junio ha provocado una importante diferencia en los precios medios de la electricidad con el resto de la Unión Europea. Hoy, por ejemplo, en España y Portugal será de 204,20 euros el MWh, lo que supone un 21,5% menos que en Francia (260,5 euros), Alemania (260,6 euros) e Italia (263,6 euros). El precio medio más elevado se registra hoy en Grecia, con 266 euros el MWh. El precio de 204,20 euros en España es el resultado de sumar los 134,33 euros de la subasta del mercado mayorista y los 69,87 euros de la compensación a las gasistas por la aplicación del mecanismo de la ‘excepción ibérica’.. http://www.databot-app.com