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News – Noticias «Hacienda ingresa 120 millones en su primera gran batida a contribuyentes con residencia fiscal fuera de España». Los tentáculos de Hacienda llegan cada vez más lejos y ya tienen bajo control la actividad de 1.907.649 contribuyentes con residencia fiscal fuera de España , según ha revelado la Agencia Tributaria en un informe remitido a Bruselas al que ha tenido acceso ABC. El informe ha sido elaborado por la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, en el marco de los objetivos a cumplir por España para recibir los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo es acreditar la capacidad de la Administración Tributaria española para sacar partido a la información recibida a través de los diferentes acuerdos de intercambio de información puestos en marcha en los últimos años, al calor de la creciente preocupación de las autoridades de todo el mundo por las estrategias para eludir el pago de impuestos . MÁS INFORMACIÓN Hacienda pone en revisión la ‘tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’ en busca de nuevos ingresos fiscales La Comisión Europea impuso este objetivo a España (y a otros países) en su cruzada para reducir el agujero de más de 825.000 millones de euros en ingresos fiscales que, según sus cálculos, las administraciones tributarias de la Unión Europea pierden cada año por su incapacidad para controlar las operaciones con trascendencia fiscal local que se producen fuera de su territorio. Bruselas pidió en concreto al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para identificar al menos al 85% de los contribuyentes de los que ha recibido algún tipo de dato fiscal por parte de administraciones de otros países. El informe revela que ya se ha identificado al 90%. La información depurada sobre esos cerca de dos millones de contribuyentes le ha servido a Hacienda para afrontar una primera gran batida sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de personas no residentes en España, cuyo resultado, según la información remitida por el Gobierno a Bruselas, ha sido la apertura de 774 investigaciones fiscales y la obtención de 123 millones de euros en ingresos fiscales no declarados. Otras fuentes de información La puerta para aflorar esos nuevos ingresos fiscales, históricamente ocultos para el Fisco por la desconfianza entre administraciones tributarias a la hora de compartir sus datos fiscales por el miedo a perder recaudación, se ha abierto de forma bastante reciente, al compás de la nueva era de intercambio de información abierta en su día por la Administración Obama con el sistema Fatca. Fatca obligó a las entidades financieras de todo el mundo a identificar ante la administración estadounidense a los ciudadanos o residentes en Estados Unidos con dinero, cuentas o fondos en cada entidad y a proporcionar información sobre sus posiciones en estas. La iniciativa de Estados Unidos aceleró la implantación de modelos de intercambio de información tanto en la OCDE (CRS) como en la Unión Europea (DAC) y se ha traducido en un incremento exponencial de los flujos de datos fiscales que llegan a las administraciones tributarias de todo el mundo sobre los bienes en el extranjero de contribuyentes locales o de bienes en el país de contribuyentes extranjeros. Fuentes de la lucha contra el fraude fiscal aseguran que hasta hace unos años esa información solo se podía conseguir por golpes de suerte o filtraciones interesadas de información con trascendencia fiscal, como ocurrió con las cuentas de Luxemburgo o los papeles de Panamá. La cosa empezó a cambiar en España con el célebre modelo 720, que obligó a los contribuyentes españoles a revelar sus bienes en el extranjero so pena de la imposición de multas estratosféricas por ocultar información – ahora declaradas ilegales por la Justicia europea – y también con los acuerdos de intercambio de información. En 2017 España disponía de acuerdos de intercambio de información fiscal en el marco de la OCDE con 49 jurisdicciones, en 2021 esa cifra ascendía ya a 108 jurisdicciones. Otro instrumento para detectar fraudes Los nuevos flujos de información obtenidos por estos canales, que la Agencia Tributaria empezó a explotar de forma aún incipiente en el año 2018, han animado a la Hacienda española a sistematizar la explotación de esta información con el objetivo de elaborar perfiles de riesgo y realizar actuaciones concretas contra potenciales incumplimientos por parte de no residentes, bien por desconocimiento de sus obligaciones fiscales bien por estrategias intencionadas de elusión fiscal. El Plan de Recuperación no hizo otra cosa que acelerar ese proceso. El objetivo número 383 del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España recogía el compromiso del Gobierno de identificar al menos el 85% de los más de dos millones de registros de contribuyentes que la Agencia Tributaria admite haber recibido en los últimos años gracias a los diferentes acuerdos de intercambio de información rubricados en este periodo. «En los últimos años, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que los contribuyentes de un Estado sean titulares de inversiones en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen su residencia fiscal. La práctica ha demostrado que este fenómeno puede servir como herramienta para la evasión fiscal , compartiendo muchos estados un fuerte interés en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios», explica la Agencia Tributaria en el informe remitido a Bruselas. Lo que ha hecho la Agencia, básicamente, es depurar los más de dos millones de registros recibidos , cruzar esa información con la disponible en sus propias bases de datos y de ese modo identificar a contribuyentes que no tenía controlados o completar la información sobre aquellos que sí figuraban en sus registros pero sobre los que no disponían de una información completa. Esa tarea de zapa le ha permitido a la administración tributaria, por un lado, «confeccionar de parte del contribuyente una declaración completa de todas sus rentas» y, por otro, «regularizar aquellos datos que se hayan podido omitir». Y no solo eso, Hacienda también ha aprovechado esa información para afinar perfiles de riesgo a partir de las incoherencias detectadas en las declaraciones de Renta y Patrimonio de los contribuyentes no residentes registrados.. «El Gobierno propone que los conductores paguen peajes en función de su renta». El Gobierno es consciente de que no tiene los apoyos necesarios para implantar los peajes en las autovías. Pero esto no quiere decir que se haya olvidado de la medida. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera , ha propuesto este jueves la opción de implantar un sistema progresivo de pago por uso en el que se tenga en cuenta la renta de cada conductor. Así lo explicó Pardo de Vera en la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde compareció para informar sobre el impacto de los Presupuestos en su departamento. La número dos de Transportes recordó que el actual modelo de financiación de carreteras es «insostenible» y que los datos apuntan a un déficit de conservación en las vías de alta capacidad de 9.000 millones de euros. Pero también reconoció que, a día de hoy, es imposible implantar las tasas en las carreteras por la oposición política . «Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado, pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva», aseguró. Noticia Relacionada estandar Si Renfe abre la puerta a más cambios en los abonos gratuitos para evitar ‘viajeros fantasmas’ Guillermo Ginés Algunos trenes siguen saliendo medio vacíos pese a tener todas las plazas reservadas Su propio departamento ha tenido que dar marcha atrás en la idea de implantar peajes en las carreteras. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo remitió a Bruselas para acceder a los fondos europeos recogía el compromiso del Ejecutivo de implantar peajes en todas las autovías en 2024. Pero el proyecto quedó enterrado en un cajón después de que tanto los partidos de la oposición -y Unidas Podemos- como los transportistas rechazaran frontalmente cualquier tipo de actuación al respecto. El propio Gobierno dejó a un lado el proyecto por su alto coste político. Los peajes, de hecho, ni siquiera se mencionan en los Presupuestos de 2023. Un ejercicio que tendrá además un carácter marcadamente electoral. Lo que sí viene recogida en las cuentas es una partida de 660 millones de euros para renovar los abonos gratuitos de Cercanías, Media Distancia y Rodalies. Pardo de Vera ha destacado que la intención del Ministerio de Transportes es «ir ajustando» los incentivos para que sean «lo más amplios, transversales y multimodales posible». Tal y como adelantó este periódico, Renfe trabaja ya en distintas alternativas para restringir aún más el uso de los abonos y evitar así los viajeros fantasmas, los que hacen reservas que luego no utilizan. Respecto a las nuevas medidas, Pardo de Vera ha asegurado que hubiera preferido que estos incentivos fueran « progresivos «, porque hay usuarios que se pueden permitir un bono y otros no. Aún así, ha reconocido que para llevar a cabo esta discriminación necesitarían »herramientas muy potentes«. La número dos del ministerio también ha asegurado que los Presupuestos de 2023 son «históricos» en materia de infraestructuras y que actualmente «toda España está en obras» por los nuevos proyectos recogidos por su departamento. Pardo de Vera recordó que el Gobierno ha destinado a Transportes 21.273 millones, de los cuales 16.550 millones corresponde a inversiones en vivienda o infraestructuras. También ha respondido a las protestas de los parlamentarios catalanes respecto a la baja ejecución de las inversiones en la región. «Nunca se ha ejecutado tanto en la historia en Cataluña», ha respondido Pardo de Vera, quien afirma que la transferencia de las Cercanías catalanas (Rodalies) está «definida y redactada» pero no se ha llevado a cabo aún por «una coyuntura política complicada». El secesionismo se ha desmarcado de ese acuerdo exigiendo el traspaso completo de material rodante y personal. La negociación con la ley de vivienda Asimismo, en el turno de réplica la secretaria de Estado ha lanzado un aviso a Unidas Podemos respecto a la ley de vivienda . Ha asegurado que las negociaciones en ocasiones se contaminan por «criterios poco racionales» y ha advertido de que «no se va a tramitar absolutamente nada sin seguridad jurídica porque sería un paso atrás en materia de vivienda». Pardo de Vera ha recordado que la ley catalana del ramo, un modelo de referencia para Unidas Podemos, ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias. De igual forma, ha recordado que el Gobierno tiene un presupuesto de 3.462 millones de euros en esta materia y ha puesto «freno a la transmisión y especulación de la vivienda de protección».. «Amazon interpone su primera denuncia en España contra una web de compraventa de reseñas». Amazon ha anunciado la interposición de su primera demanda en España y su primera querella en Italia contra las páginas de compraventa de reseñas, que en el primer caso esta dirigida contra Agencia Reviews y, en el segundo, contra un conocido sitio web que contaba con una red de personas dispuesta a adquirir productos de Amazon gratis a cambio de reseñas cinco estrellas.   Dos procedimientos que se suman a otras 8 denuncias interpuestas por similares razones en Estados Unidos contra los administradores de más de 11.000 páginas web y redes sociales que, según ha denunciado el gigante del comercio electrónico en un comunicado, «trataban de publicar reseñas incentivadas fraudulentas en Amazon y en otras tiendas a cambio de productos gratis o de dinero». Agencia Reviews tiene sede en España y, siempre según la compañía dirigida por Jeff Bezos, se dirige a vendedores y clientes de Amazon a través de canales de mensajería instantánea de terceros para eludir el control de la plataforma. Según su investigación, el presunto infractor reembolsaría el precio de los productos adquiridos una vez se publica la reseña de cinco estrellas en la web. «Un engaño al consumidor» Para Patricia Matey, CEO de NoFakes (compañía que gestiona esta aplicación móvil especializada en reseñas), lo sucedido es «una muy buena noticia para los consumidores» y , como ejemplo, menciona que 9 de cada 10 consumidores lee entre 1 y 6 reseñas antes de comprar un producto. En este sentido, ha sostenido que «si un producto o servicio cuenta con opiniones positivas, sus ventas pueden aumentar hasta un 270% respecto si no las tuviera». Una cifra que puede escalar hasta el 380%. Sin embargo, Matey ha advertido de que «existe un mercado fraudulento donde hasta el 55% de las reseñas que se publican en internet son falsas». Lo que, en su opinión, perjudica por partido doble ya que «dañan la reputación de los negocios» y suponen «un engaño al consumidor para adquirir productos o servicios que no tienen la calidad que indican sus reseñas». «Esta demanda forma parte de la estrategia de Amazon en su lucha frente a este fenómeno global», han destacado desde la tecnológica donde subrayan que se trata de la primera acción de este tipo que realizan en España al abrigo de la reciente reforma de la Ley de Competencia Desleal que ha puesto en su punto de mira las reseñas fraudulentas. Noticia Relacionada estandar No Amazon invertirá 1.000 millones para electrificar su flota de reparto y reducir emisiones S. E. Duplicará sus vehículos europeos cero emisiones con al menos 10.000 furgonetas y más de 1.500 vehículos pesados en los próximos cinco años La vicepresidenta Global de Servicios a Vendedores de Amazon Dharmesh Mehta, ha asegurado que «no hay sitio para las reseñas falsas en Amazon, ni en ningún otro lugar de la cadena de distribución minorista» y ha destacado que las demandas civiles en España e Italia son parte de su estrategia para que sus clientes puedan realizar sus compras «con confianza en nuestra tienda». En el caso italiano se ha decidido iniciar un procedimiento criminal en base a legislación italiana – que prevé multas y penas de prisión – para, según Amazon, dejar clara la «determinación» de la compañía « contra este tipo de actividades.. «Todo lo que haces mal cuando pagas con tu tarjeta de crédito (y cómo evitarlo)». Pagar con tarjeta, con el móvil o con un reloj inteligente son las acciones más frecuentes que se repiten en comercios y establecimientos de nuestro país. Y aunque los pagos en efectivo , según la encuesta encuesta sobre el uso y acceso al dinero en efectivo en España elaborada por GAD3 para la plataforma Denaria, crecen respecto a 2021, los pagos con tarjetas siguen siendo el método preferido por los españoles. Un hábito, el de pagar con tarjeta , que cada vez más lleva problemas derivados de su uso. Los robos, las pérdidas o los fraudes son cada vez más frecuentes en un mundo donde todo es ya digital. Por ello, el Banco de España ha elaborado una lista de recomendaciones con las que evitar riesgos o malas prácticas que puedan acabar en un fraude. Consejos y recomendaciones No anotes nunca el número secreto junto a la tarjeta, ni lo lleves escrito en un papel en el bolso o en la cartera. Conviene memorizarlo.Evita la coincidencia de datos de fácil obtención (fecha de nacimiento, DNI, etc.) con el número secreto. Muestra algún documento de identificación cuando utilices la tarjeta. Toma medidas de confidencialidad al operar, tanto en establecimientos como en cajeros. Que nadie te vea marcar el pin. Si no la usas habitualmente, vigila que siga en tu poder. Comprueba los extractos del banco para detectar movimientos sospechosos. Ten a mano, en un lugar separado de la tarjeta, el número de teléfono facilitado por la entidad para llamar en estos casos. Nunca dejes a la vista el número de tarjeta ni lo facilites a otra persona. Guarda a buen recaudo o destruye la documentación que contenga tu nombre y el número de la tarjeta, como los recibos. No utilices la tarjeta de crédito como identificación personal. Si usas la tarjeta para comprar en internet, utiliza al menos tres de las medidas de seguridad: clave, firma, tarjeta de coordenadas, sms, contraseña, token, huella dactilar… No facilites datos clave de tu tarjeta para el pago de forma telemática (por teléfono, por internet, etc.), a menos que sean personas o en sitios web de total confianza. En caso de sustitución de la tarjeta (por caducidad, robo etc.), es preferible ir a recogerla en persona a la sucursal del banco que esperar a que llegue a tu casa por correo. En caso de que no te guste pagar con tarjeta, recuerda que la ley contempla una cantidad máxima de dinero en efectivo que puedes llevar por la calle sin ser detenido.. «El Supremo avala los despidos sin motivo en pandemia pese a que el Gobierno los prohibió». El Tribunal Supremo ha dado un mazazo a uno de los elementos fundamentales del paraguas de protección social articulado por el Gobierno con motivo de la pandemia. El organismo ha dictado una sentencia este jueves en la que descarta que los despidos sin causa válida llevados a cabo en pandemia, donde estaba vigente la «prohibición de despedir» decretada por el Consejo de Ministros, puedan considerarse nulos de manera automática . Mediante este fallo, el Supremo estima el recurso presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba la nulidad de los despidos por entender que estaban prohibidos e incurrían en fraude. Sin embargo, ahora se abre la puerta a la revisión de estos procedimientos agravados durante la vigencia de la legislación formulada para sobrevolar la crisis sanitaria. El problema radica en que el Real Decreto-Ley 9/2020 que se aprobó al poco de declararse la pandemia del Covid y en el que se apostaba por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), dispuso que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) en las que se amparaban las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podían entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. La sentencia del Supremo concluye que despedir desconociendo lo previsto en dicha norma no debe calificarse como despido nulo, salvo que exista algún dato específico que así lo justifique, como la vulneración de un derecho fundamental, la elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo o la concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela. Para ello, el Alto Tribunal argumenta que tal decreto no contiene «una verdadera prohibición» al despido ni las consecuencias de que haya un despido fraudulento comportan su nulidad, salvo que exista previsión normativa expresa. Del mismo modo, entiende que tampoco acudir al ERTE aparece como «una verdadera obligación». Los despidos de la pandemia Para aproximar una cifra sobre los posibles afectados por la sentencia del Tribunal Supremos, tal y como recogen los registros de destrucción de puestos de trabajo y por ende sus contratos ascendió a 744.848 empleos solo en los dos meses de mayor incidencia de la pandemia y con mayores restricciones comerciales y a la movilidad impuestas por el Ejecutivo. Mientras que a finales de febrero de 2020 había dados de alta un total de 14.788.240 trabajadores en el régimen de asalariados, a finales de abril, solo 60 días después, la Seguridad Social registraba 14.043.392 trabajadores. En esa pérdida de puestos de trabajo, no en vano, también se produjeron ceses justificados, si bien fueron los dos meses de ajuste de empleos en todo el año 2020. En los otros diez meses restantes, a excepción de diciembre donde se llegaron a perder 9.000 puestos de trabajo también por la imposición de fuertes restricciones, el saldo de afiliaciones a la Seguridad Social era positivo. Rige el Estatuto de los Trabajadores El Supremo también descarta la calificación del despido como nulo porque las previsiones sobre el tema, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ignoran el supuesto de fraude, salvo en los despidos «por goteo», que eluden el procedimiento del despido colectivo. Para el Alto Tribunal, cuando se produzca la extinción de un contrato de trabajo acordada por la empresa y se carezca de causa válida «hay que calificarla con arreglo a la legislación laboral vigente», tanto por la especialidad de este sector del ordenamiento cuanto por la propia remisión del artículo 6.3 del Código Civi l, que califica como nulos los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas «salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». MÁS INFORMACIÓN El Gobierno propone mantener la prohibición de despedo objetivo por causas Covid Esta sentencia, cuyo contenido se dará a conocer en los próximos días, se aprobó en el último Pleno presidido por María Luisa Segoviano, quien cesa en el cargo por jubilación, habiendo sido su ponente el magistrado Antonio Sempere Navarro . Fuentes del Alto Tribunal confirman que el texto aún se está redactando si bien ya se conocen las líneas generales que vertebrarán el fallo definitivo. Desde UGT , señalan al respecto que se trata de una sentencia que si bien califica de «injustificable» los despidos por causas ETOP en pandemia, sí que «estos podrían mutarse a cambio de una indemnización», bajo el reconocimiento de un despido improcedente. El secretario confederal de UGT, Fernando Lujan, señala al respecto que este fallo justificaría en cualquier caso abrir un debate sobre el coste del despido improcedente en España. Así, el representante sindical apunta que, con el fallo del Supremo, se da la posibilidad a las empresas de que puedan modificar la readmisión obligatoria del trabajador despedido por una indemnización . «El Supremo ha señalado que, siendo injustificado el despido en pandemia por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), sí que puede ser mutado o cambiado por una indemnización, es decir, por un despido improcedente», apunta Luján. Al hilo de esta sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, UGT pide reabrir en España el debate sobre el coste del despido «injustificado», pues, a su juicio, resulta «fácil y barato». Luján recordó que UGT ha presentando una demanda contra España en el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que reclama que, con arreglo a la legislación europea, el coste del despido sea «suficientemente disuasorio».. http://www.databot-app.com