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News – Noticias «La verdad (y la justicia) para los estudiantes de Iguala vuelve a tropezar con el Ejército mexicano». Abel, Alexander, César, Emiliano, Cutberto, Giovanni, Jonás, Marcial, Saúl… Estos son solo algunos de los nombres de los 43 normalistas (estudiantes de magisterio) que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, y que no han vuelto a ser visto desde entonces, ni vivos ni muertos. Entre ellos, como se ha sabido ahora, también había un soldado infiltrado en la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa , que informaba al Ejército de todas las actividades de los normalistas. Ocho años después del suceso se sigue investigando para esclarecer los hechos y encontrar los cuerpos (la última versión oficial los da ya por muertos, aunque no sus familias). Con menos incógnitas que hace un lustro, quedan todavía muchas sombras sobre un caso que horrorizó a México . Entre las certezas están que los estudiantes desaparecidos formaban parte de un grupo más numeroso que había secuestrado cinco autobuses –uno de los cuales habría estado cargado de droga sin ellos saberlo (existía una ruta de tráfico de drogas con estos vehículos que estaba siendo monitorizada por EE.UU)– para viajar a Ciudad de México, donde tenían previsto participar, el 2 de octubre, en la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco . Noticia Relacionada reportaje Si Padre de uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala: «Seguiré buscando a mi hijo para poder llevarle una flor» Susana Gaviña Clemente Rodríguez, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, no ha dejado de luchar por conocer su paradero y la verdad, que, según los últimos acontecimientos, algunas instituciones parecen bloquear Y entre las incógnitas por despejar: el paradero de los jóvenes y señalar –y condenar– a todos los que participaron de una forma u otra en lo que el informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 18 de agosto, ha calificado como «crimen de Estado». El suceso, conocido como el caso Ayotzinapa, fue tan dramático (y macabro) e implicaba a tantos actores – narcos, policías y autoridades locales y federales, militares …– que recibió la atención internacional. De ahí que el Gobierno de entonces, liderado por Enrique Peña Nieto, se apresurase a cerrar la investigación ofreciendo su versión de los hechos y que bautizó como la ‘Verdad histórica’, construida sobre pruebas fabricadas, declaraciones arrancadas con torturas (muchos de los detenidos fueron posteriormente liberados por esta práctica), encubrimientos y señalamientos que dejaban limpio de toda culpa al Ejército. La versión defendida desde el Gobierno era que los jóvenes habían sido secuestrados, con la ayuda de la policía local, por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y posteriormente hechos desaparecer (incinerados, siendo los restos desperdigados en varios puntos). El caso Ayotzinapa era –y es– la punta del iceberg de la realidad de un país que tiene en su haber más de 100.000 desaparecidos y en el que se contabilizan más de 35.000 asesinatos al año, la mayoría de los cuales no se resuelven pues los niveles de impunidad alcanzan el 98% de los delitos. «A no ser que haya algún tipo de presión internacional para la investigación. Ese ha sido el caso de Ayotzinapa», afirma Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch en México , que ha visto como el caso ha dado un giro. «Parecía que existía un compromiso por esclarecer el caso Ayotzinapa, pero creo que durante las últimas semanas todo eso se ha derrumbado, las esperanzas. Y ha quedado claro que dentro de las autoridades ha continuado ese esfuerzo por obstaculizar la investigación, y quizá usarla para fines políticos. Y mucho de esto salió a la luz con la renuncia del fiscal especial y por e l IV informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI)», matiza. Una prioridad para AMLO Después del cierre en falso de la investigación en 2016, para López Obrador el caso Ayotzinapa se convirtió en una de sus máximas prioridades. Como presidente ya electo, en el cuarto aniversario de la desaparición, se reunió y se comprometió con los familiares: «Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables». Y el mismo día de su toma de posesión anunció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) «para castigar los abusos de autoridad». Un organismo que está bien, en opinión de Mattiace, «pero que al estar liderado por el Gobierno no puede hacer una investigación independiente. Tampoco tiene la capacidad para litigar casos», señala. López Obrador, dos días después de asumir la presidencia en 2018, con familiares de los estudiantes desaparecidos el día que se reabrió la investigación del caso Ayotzinapa AFP Han pasado ocho años del suceso y casi cuatro de la llegada al poder de AMLO y la verdad sobre lo que sucedió aquella noche y la aplicación de la justicia sobre todos los perpetradores está todavía lejos de producirse. Si bien ha habido progresos, la piedra de toque para un completo esclarecimiento e imputación de responsabilidades vuelve a ser la misma. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en declaraciones a la revista ‘Proceso’ admitía que «las investigaciones pudieron avanzar hasta que en el centro quedó el Ejército mexicano como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas». «Las investigaciones pudieron avanzar hasta que en el centro quedó el Ejército mexicano como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas» Vidulfo Rosales Abogado de las familias «La principal autoridad que ha boicoteado el caso es la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena)», corrobora en declaraciones a ABC la periodista Anabel Hernández , autora del libro ‘La verdadera noche de Iguala’ (2016), donde vierte la investigación sobre el caso, apuntando a la participación «activa de los militares en el monitoreo de los estudiantes, primero; y luego en el ataque y la desaparición», señala la investigadora que tuvo acceso a testimonios de testigos, del grupo criminal Guerreros Unidos, fotos y vídeos «que me ayudaron a reconstruir los hechos». Hernández califica de «infamia» que el Gobierno federal, la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General (FGR) «sabían perfectamente lo que había sucedido, y lo único que han querido todos estos años es boicotear la verdad porque no quieren llevar al Ejército ni a los altos mandos de la PGR, ni al expresidente Peña Nieto a juicio». Y va más allá cuando asegura que «la investigación del caso la boicotearon durante el Gobierno de Peña Nieto, lo hacen ahora y de manera todavía más contundente en el Gobierno de López Obrador, con la complicidad del Fiscalía General de la República y el fiscal general». La periodista de investigación reconoce que gracias a la labor de la Comisión para la Verdad y del fiscal especial Omar Gómez Trejo , que lideró hasta septiembre (dimitió el día 15) la Unidad especial de investigación y litigación del caso Ayotzinapa (Ueilca) «se había logrado llegar a puntos donde nunca antes se había logrado avanzar, detallando nombres y apellidos de los militares que formaron parte de la desaparición y el encubrimiento». La institución castrense habría hecho descarrilar el trabajo de investigación realizado durante los últimos años por el GIEI), así como la labor de la Ueilca, creada por la Fiscalía General de la República en 2019 con el fin de «investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales» con independencia y sin injerencias. El detonante El detonante del cambio de rumbo de la investigación tiene su origen en el informe publicado y presentado por AMLO el pasado mes de agosto por la Covaj. Tras reconocer que se trató de «un crimen de Estado» en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, que contaron «con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado», el informe desmonta la ‘verdad histórica’ defendida por el Gobierno de Peña Nieto, que sería el resultado de «una acción concertada desde el aparato organizado del poder», en la que habría participado, entre otros, el procurador general de la República, en ese momento, Jesús Murillo Karam; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, señalado en 2016 por el GIEI como responsable de violar el proceso de investigación , así como de sembrar bolsas de plástico con restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero; a esto se se suma la tortura de testigos. Según el informe de la Covaj, fue «un crimen de Estado» en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, que contaron «con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado» Karam fue detenido el pasado 19 de agosto, un día después de la presentación del informe, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa; mientras que Zerón sigue en Tel Aviv, donde se ha refugiado huyendo de la justicia mexicana, y cuya extradición no ha sido aprobada todavía por Israel. Datos inéditos y filtraciones En el documento de la Comisión para la verdad también se incluyeron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre los implicados que no habían sido compartidas con el comité de expertos, pruebas que necesitan ser «verificadas científicamente», según señala el GIEI en su cuarto informe, presentado el pasado 29 de septiembre, en el que cuestionan algunas de las acciones del Covaj, con el que hasta ahora existía una fluida colaboración. Esas capturas fueron filtradas días después a varios medios de comunicación, lo que se ha interpretado como un intento de obstaculizar la investigación. La situación se tensó aún más con la detención de Karam, por otro fiscales ajenos al caso, «lo que genera riesgos en el proceso judicial», alertó el GIEI, que subrayó que «es facultad del titular de la Unidad especial (Gómez Trejo) tomar esas decisiones». En opinión de Mattiace, el arresto parecía responder a «motivaciones políticas» (Karam era procurador general en el Gobierno de Peña Nieto) y a la presión de la fecha: «Estaba a punto de cumplirse el octavo aniversario y había que mostrar algún avance. Además tan solo le quedan dos años de mandato a esta Administración por lo que parece que había urgencia para decir que ya estaba resuelto este tema. Querían la imagen de esa detención. Después de tener algo mediático –lamenta–, suele haber muy pocos esfuerzos por parte de la Fiscalía para enjuiciar los casos. Y el encausado suele apelar y salir libre». El exprocurador general de la República, Murillo Karam, tras ser detenido el pasado mes de agosto REUTERS Los obstáculos a la labor de la Ueilca se han ido sucediendo en las últimas semanas. A la retirada de los 13 policías que trabajan a su cargo y que podían llevar a cabo detenciones, se sumó que un agente del Ministerio Público, ajeno al caso y a la investigación, pidió el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de detención (que incluía a 20 militares) solicitadas por indicación de la Unidad especial. Algo que se realizó «sin tener en cuenta los tiempos procesales ni el procesamiento de pruebas fundamentales», cuestiona el GIEI en su informe del 29 de septiembre. Para Mattiace, esta actuación por parte del Ministerio Público solo se puede calificar de «obstrucción e intromisión por parte del fiscal general. Cuando se creó la Unidad especial se acordó que fuera independiente. Que formará parte de la Fiscalía General, pero esta no se iba a entrometer». «Cuando se creó la Unidad especial se acordó que fuera independiente. Que formará parte de la Fiscalía General, pero esta no se iba a entrometer» Tyler Mattiace Investigador de Human Rights Watch en México De las órdenes de aprehensión canceladas, 16 correspondían a militares, estamento que, según el último informe del grupo de expertos, mantenía vínculos con Guerreros Unidos. «Escuchas interceptadas por Chicago muestran una relación cercana con militares, con menciones específicas a personas que están en las consignaciones y otras menciones igualmente a miembros de la Marina. En todas ellas se señalan diferentes actividades, comidas conjuntas, contactos». Para Anabel Hernández, el origen de que se hayan desestimado estas 21 órdenes está en el momento en que la Comisión para la Verdad señala que el coronel José Rodríguez Pérez (detenido el 14 de septiembre), responsable del 27 Batallón de Infantería, «no solo permite que sus hombres ataquen a los estudiantes, sino que él mismo da las órdenes para asesinar a seis de ellos (que habrían permanecido vivos varios días más que sus compañeros) y desaparecer los cuerpos. Tocar los intereses del Ejército detonó que este, con el apoyo del presidente de la República, presionara a la Fiscalía General y a Gómez Trejo para callar ante el desistimiento de las órdenes de detención. Algo que el fiscal especial no aceptó». «Al menos once de las personas, cuyas detenciones han sido desestimados, fueron claves. Estuvieron en el lugar de los hechos, y sus declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras» Anabel Hernández Periodista de investigación Sobre los militares a los que se les ha levantado la orden de detención, Hernández señala que AMLO «miente» cuando afirma que no tenían nada que ver con el caso. Según las investigaciones sí estuvieron implicados, y al menos once de ellos «son personas claves que estuvieron en el lugar de los hechos , y sus declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras». Se refiere, entre otros, también a varios miembros de Inteligencia implicados, que han evitado el arresto. Así como el responsable de las cámaras de seguridad de Iguala, «que vio con sus propios ojos la masacre y en lugar de denunciar borró los vídeos». ¿Se conocerá toda la verdad sobre lo ocurrido? «Estoy convencida de que sí, pero el tema es si esa verdad se convertirá en justicia . La verdad se va a saber es incontenible, porque hay muchísimos testigos, aunque tienen miedo de hablar. El punto es romper la ‘omertà’. Y yo tengo mis dudas de que esa verdad se va a poder judicializar precisamente por lo que ha sucedido ahora. Sabemos hoy, gracias a los mensajes e información precisa, que el Ejército participó, pero aún así retiran órdenes de aprehensión. ¿Sabremos la verdad pero estas personas no irán a la cárcel? Sería una tragedia». Encubrimiento La cancelación de las órdenes de detención contra militares, que provocó la dimisión del fiscal especial de la Unidad especial, ha coincidido con el escándalo del hackeo a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) , que ha dejado al descubierto cuatro millones de documentos, que muestran que el Ejército no está supeditado al poder ejecutivo, sino que tiene un autogobierno», sostiene Hernández. «La protección de AMLO al Ejército es parte de esa hegemonía y de ese Estado militarista que se está instaurando en México ante los ciudadanos y el mundo». Entre esos documentos han trascendido algunos relacionados con el caso Ayotzinapa y el Ejército mexicano. Según recogió la revista ‘Proceso’, en 2015 se organizó una visita al 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde habrían sido retenidos algunos de los estudiantes desaparecidos, para demostrar a los familiares la disposición de los militares a cooperar en las investigaciones. Según un documento fechado en enero de 2015, un asesor de la Sedena recomendó a su titular, Salvador Cienfuegos, inhabilitar áreas de arrestos y negarse a remover losas de cemento. Provocar una rebelión Los últimos sucesos han puesto en el ojo del huracán a la institución castrense, a la que que AMLO se ha apresurado a defender, llegando a afirmar que con la detención de los militares «se pretendía provocar una rebelión dentro del Ejército». Para el investigador de HRW resulta «muy revelador» la desestimación de órdenes de detención contra militares. «Se ha producido justo en el momento en el que se habla de la profundización y expansión de los militares, y no solo en la seguridad pública», afirma en referencia a la aprobación la semana pasada por parte del Senado de la militarización de la seguridad pública hasta el año 2028 . «Creo que otro dato importante es lo que hemos descubierto en las últimas semanas sobre la capacidad de las FF.AA. para espiar a muchas personas, incluyendo a políticos. Existen evidencias», explica sobre la utilización del programa Pegasus por parte de esta institución. «Una parte del pacto para aprobar la extensión de la militarización tenía que ver con un congresista del PRI que fue acusado de delitos tras ser espiado su teléfono. Este congresista –continúa– decidió votar a favor de la prórroga, y a continuación desaparecieron todas las acusaciones». Y se pregunta si detrás de muchas de las decisiones que está tomando el Gobierno «existe presión por parte de los militares, que están espiando a los políticos».. «Hu Jintao, el expresidente de China cuyo legado ha purgado Xi Jinping». La expulsión de Hu Jintao, expresidente de China, de la clausura del XX Congreso del Partido Comunista es solo el último desaire de su sucesor, Xi Jinping, contra su figura y su legado. Ya sea por motivos políticos o por la mala salud de Hu, que estaba sentado a la derecha de Xi toqueteando unas carpetas con documentos, el incidente ha roto todas las normas del protocolo y, lo que es más importante en China, el respeto a los mayores. La imagen de un delegado y un bedel sacando a tirones a un anciano de 79 años, cuya salud está muy deteriorada pero se resiste a marcharse, revive los fantasmas de las purgas durante la época de Mao . Además, su salida ha tenido lugar justo cuando la Prensa china e internacional acababa de entrar en el salón de plenos del Gran Palacio del Pueblo, después de esperar durante una hora a que concluyera una reunión a puerta cerrada. Por razones ideológicas o porque Hu Jintao está senil, con su expulsión Xi Jinping ha querido hacer un alarde de fuerza y un escarnio público ante los casi 2.300 delegados del cónclave. Esta animadversión no es nueva ni parece provocada por un incidente menor. Ya en la inauguración del Congreso el domingo pasado, Xi se despachó a gusto contra él en su discurso, recordando que «hace diez años había problemas a los que no se quería hacer frente». En concreto, se refería la corrupción rampante y a la relajación ideológica durante la época de Hu Jintao, entre 2002 y 2012 como secretario general del Partido Comunista y entre 2003 y 2013 como presidente de la República Popular. Para acabar con aquella época disoluta, que sin embargo hacía que la economía fuera como un tiro, Xi Jinping lanzó una feroz campaña anticorrupción nada más tomar el poder en 2012. Entre los casi cinco millones de funcionarios y cuadros purgados desde entonces, destacan los más estrechos colaboradores y altos cargos de Hu Jintao. Noticia Relacionada estandar Si Cuatro millones de funcionarios chinos han sido purgados desde que Xi Jinping llegó al poder Pablo M. Díez Ha consolidado su poder persiguiendo con mano dura a altos cargos y pequeños cuadros corruptos La ‘aristocracia roja’ El último en caer fue su mano derecha, Ling Jihua, sentenciado a cadena perpetua por corrupción en julio de 2016. Juzgado a puerta cerrada, fue condenado por haber aceptado más de diez millones de euros en sobornos, usado su poder para beneficiar a sus allegados y haberse apropiado de secretos de Estado, según informó en su día la agencia estatal de noticias Xinhua. Mientras su antiguo superior, Hu Jintao, era humillado públicamente por Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, él celebraba precisamente hoy su 66 cumpleaños en la cárcel, donde pasará el resto de su vida. Su caída en desgracia comenzó en marzo de 2012, cuando su único hijo, Ling Gu, se mató al estrellarse su deportivo, un Ferrari 458, en el cuarto anillo de Pekín mientras conducía a altas horas de la madrugada con dos chicas que iban medio desnudas. Un episodio que, a pesar de la censura del régimen, volvió a revelar el lujoso y desmadrado tren de vida de la ‘aristocracia roja’ que ha florecido en el Partido Comunista al amparo del crecimiento económico de las últimas décadas. El escándalo puso en el objetivo a Ling Jihua, quien entonces era jefe de gabinete del presidente Hu Jintao. Tras ser degradado, empezó a ser investigado a finales de 2014 y en julio de 2015 fue expulsado del Partido Comunista. Junto a él, fue purgado uno de sus hermanos, Ling Zhengce, alto cargo en la provincia de Shanxi, mientras que el otro, Ling Wangcheng, huyó a Estados Unidos, donde al parecer tiene una mansión de dos millones de euros en California. Tal y como informaron entonces algunos medios de ese país, Ling Wangcheng se habría llevado consigo 2.700 documentos secretos proporcionados por su hermano, entre los que figuraban los códigos nucleares de China y abundante información sobre los dirigentes del Partido Comunista y su lucha de poder. En la actualidad, está desaparecido y no se sabe si vive protegido por las autoridades estadounidenses o si agentes secretos chinos consiguieron repatriarlo para rendir cuentas. Sobornos y corrupción Además de Ling Jihua, en 2015 fue condenado a cadena perpetua por corrupción Zhou Yongkang, anterior responsable de la Seguridad del Estado durante el mandato de Hu Jintao. Su caída en desgracia supuso el procesamiento contra el más alto dirigente político de China desde el juicio a la mujer de Mao, Jiang Qing, y la ‘Banda de los Cuatro’ por los desmanes de la Revolución Cultural (1966-76). A tenor de la sentencia, tanto Zhou Yongkang como su familia recibieron sobornos por valor de 19 millones de euros y se valieron de sus influencias para beneficiar a sus aliados dentro del régimen, quienes también fueron purgados. Xi Jinping lanzó una feroz campaña anticorrupción nada más tomar el poder en 2012 Entre ellos destacaba su protegido Bo Xilai, condenado en septiembre de 2013 a cadena perpetua por corrupción y cuya esposa fue sentenciada a muerte un año antes –pero con la pena suspendida– por asesinar a su socio británico. Antiguo ministro de Comercio y secretario del Partido en Chongqing, una megaurbe del suroeste de China a orillas del Yangtsé, Bo Xilai era una de las figuras más prominentes del régimen. Pero su caída en desgracia desató una feroz lucha de poder en plena transición entre Hu Jintao y Xi Jinping en 2012 . Tras él, rodaron las cabezas de su padrino político, Zhou Yongkang, y de su aliado Xu Caihou, antiguo número dos del Ejército chino. Aquejado de un cáncer de próstata, falleció en 2015 mientras esperaba a ser juzgado por corrupción. Un año después, otro vicepresidente de la Comisión Militar Central, Guo Boxiong, fue condenado a cadena perpetua también por corrupción. En el anterior Congreso del Partido Comunista, celebrado en 2017, el responsable de la Comisión del Mercado de Valores, Liu Shiyu, desveló que todos estos colaboradores de Hu Jintao «eran inmensamente avariciosos y corruptos y habían conspirado para dar un golpe de Estado» contra Xi Jinping. Años después de acabar con ellos, y quizás por no poder purgar a su jefe, Xi se ha vengado de Hu Jintao con un escarnio público que refuerza aún más su poder.. «Guerra Ucrania – Rusia, última hora en directo | Zelenski denuncia un «ataque masivo» de Rusia por el lanzamiento de 36 misiles durante la noche». Se cumplen 240 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Putin sigue castigando a la población civil con ataques a centrales eléctricas, lo que obliga a restringir el suministro en todo el país. Además, Zelenski denuncia que Moscú quiere volar una presa sobre el río Dniéper en la región de Jersón, lo que provocaría una catástrofe a gran escala. Mientras, Moscú ha enviado dos mil soldados a la zona para detener la ofensiva ucraniana. Mientras, las autoridades prorrusas siguen evacuando a la población ante la inminente ofensiva de Kiev. Esta batalla es clave para el futuro de la contienda. COMPONENTE Directo Opta/Scribblelive 3015110 Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 2400 Código APP. «Sacan a la fuerza al expresidente Hu Jintao del Congreso del Partido Comunista de China». Tras una semana de reuniones a puerta cerrada dentro de una burbuja anti-Covid, el XX Congreso del Partido Comunista de China ha concluido este sábado coronando a Xi Jinping , el ‘emperador rojo’ ,   como el dirigente más poderoso desde Mao . Además de aprobar las enmiendas a los estatutos del Partido que el propio Xi había promovido, el cónclave ha dejado un momento para la Historia que dará mucho que hablar: la salida a la fuerza del anterior presidente, Hu Jintao . El incidente, extraño y lleno de tensión, ha tenido lugar justo cuando se acababan de abrir las puertas para los periodistas y las cámaras, que llevaban más de una hora esperando en el Gran Palacio del Pueblo . Fotogalería vertical No En imágenes: la secuencia de fotografías que muestra la expulsión de Hu Jintao Pablo M. Díez El expresidente chino ha sido sacado del Gran Palacio del Pueblo tras la orden dada por Xi Jinping a dos bedeles En ese momento, Xi Jinping ha ordenado a un bedel que se llevara a Hu Jintao , quien se sentaba a su izquierda y cuya salud parece muy deteriorada a sus 79 años. A su espalda, dos bedeles lo han levantado de la silla, pero Hu se ha mostrado reacio a marcharse. Durante un minuto, en el que un bedel le sujetaba el brazo y le indicaba la salida, el expresidente ha intentado volver a sentarse para quedarse en la reunión, en la que se iban a votar las reformas propuestas por Xi Jinping. Noticias Relacionadas estandar Si Cuatro millones de funcionarios chinos han sido purgados desde que Xi Jinping llegó al poder Pablo M. Díez vertical No En imágenes: la secuencia de fotografías que muestra la expulsión de Hu Jintao Pablo M. Díez De hecho, incluso le ha interpelado directamente para quedarse y ambos se han dirigido unas miradas que lo dicen todo: mientras Hu Jintao le observaba atónito, sorprendido por tener que irse, Xi Jinping le contemplaba con condescendencia, sin perder en ningún momento la compostura pero sin ceder a sus ruegos. La cúpula, impasible Dentro de este inusual momento, ha ocurrido otro detalle también muy llamativo. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional y número tres del régimen, Li Zhanshu , ha tratado de interceder por Hu Jintao , el número cinco e ideólogo de la propaganda, Wang Huning , le ha tirado por la espalda de la chaqueta para que no se entrometiera. En primera fila del estrado, toda la cúpula del Partido ha permanecido impasible mientras Hu trataba de permanecer en la sala. Finalmente, y arrastrado por los bedeles, ha tenido que marcharse. Pero, antes de irse, le ha dicho algo a Xi Jinping , quien ni se ha inmutado y ha seguido mirando al frente. A continuación, Hu Jintao le ha posado la mano en el hombro al primer ministro, Li Keqiang, quien hace una década era su favorito para sucederle como presidente pero finalmente quedó por detrás de Xi Jinping. Al abandonar por la fuerza el Congreso, Hu Jintao posa su brazo sobre el hombro del primer ministro Li Keqiang, su favorito para sucederle hace una década pablo m. díez Debido a la tensión del episodio y la presencia de las cámaras chinas y de todo el mundo, podría tratarse de una purga pública ante los casi 2.300 delegados del Partido Comunista congregados en el Gran Palacio del Pueblo. Mientras los analistas y expertos intentan saber qué ha ocurrido exactamente, algunos reporteros de la prensa oficial comentaban que la marcha de Hu se debía a que su salud es mala y se encontraba indispuesto. Tras su salida, todos los delegados han alzado su brazo a favor de las enmiendas propuestas y no ha habido ni un voto en contra. Al son de «La Internacional», Xi Jinping se ha coronado como el mandatario más poderoso desde Mao y con una silla vacía a su lado que simboliza su poder absoluto en China.. «Estupefacción en Francia por el caso Lola: la asesina era una adicta a las redes sociales que escapó de los radares policiales». El secuestro, tortura, violación y degüello de una chica de 12 años, Lola, se ha convertido en Francia en un revelador de varias crisis muy profundas , sociales, culturales, políticas y policiales, cuando sus padres desean que acabe la manipulación del caso, convertido en arma política arrojadiza y envenenada. Crisis social. Dahbia B., argelina de 24 años, ‘estudiante’, presumida asesina, residente en Francia de manera transitoria, fue detenida, inculpada y encarcelada por los delitos de «violación y asesinato, tras actos de tortura y barbarie». Su condición de inmigrante llegada y afincada con mucha facilidad, perdida en la selva de la periferia urbana de París, la ‘banlieue’ , ilumina la fragmentación creciente de un tejido social, multicultural, a veinte minutos del corazón de París. Cáncer social gangrenoso. Crisis policial. Dahbia B. estaba en situación irregular. No estaba fichada. Y escapaba a los radares policiales. Gérarld Darmanin, ministro del Interior, antiguo portavoz personal de Nicolas Sarkozy, ha reconocido el mal o muy mal funcionamiento de los servicios policiales, prometiendo revisar las normas de expulsión inmediata de los delincuentes de origen extranjero. Noticia Relacionada estandar No El caso de la niña violada, torturada y degollada se convierte en un arma política contra Macron Juan Pedro Quiñonero La oposición acusa al Gobierno francés de laxitud e ineficacia policial Debate político Crisis política. Marine Le Pen (extrema derecha) y Éric Zemmour (ultra derecha) se apresuraron a convertir el caso de Lola en una batalla política: acusando al Gobierno de «negligencia» y «laxismo» , para lanzar otra batalla de fondo, «Francia, víctima de la inmigración criminal…». En esa batalla, Le Pen y Zemmour utilizan el caso de Lola para denunciar el riesgo de «desaparición» de Francia , «víctima de oleadas de inmigrantes», calificados genéricamente de «proclives a la delincuencia». La familia de Lola pidió que no se utilizase la muerte de la niña como arma política. En vano. Zemmour incluso ha montado manifestaciones «en memoria» de la víctima. Manifestaciones que provocan otro choque social y político. En el pueblo de su familia, en el norte, muchos franceses de la más diversa tendencia han deseado poner flores callejeras en recuerdo de la niña. En un gesto entre humano y político, los familiares de la víctima han invitado al entierro al ministro del Interior, para insistir en su deseo de paz, serenidad y recogimiento digno. La mayoría silenciosa aspira a la serenidad, sin olvidar la cólera contenida. En un gesto entre humano y político, los familiares de la víctima han invitado al entierro al ministro del Interior, para insistir en su deseo de paz, serenidad y recogimiento digno Crisis cultural. La naturaleza del crimen y la personalidad de la presunta asesina tienen flecos inquietantes . Las revelaciones sobre su personalidad provocan tanta incertidumbre como consternación. Dahbia B. parecía una chica normal, avezada en el uso intensivo de las redes sociales, convertidas en transmisión masiva de basura tóxica, potencialmente criminal. El asesinato de Lola tiene algo de fin de una serie de terror que comienza en las redes sociales con intercambio de fotos y cromos y culmina en un baño de sangre atroz. Se trata de una enfermedad cultural de fondo.. http://www.databot-app.com