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«Garamendi logra el apoyo del grueso de la organización para optar a la reelección». El camino para presidir la patronal otros cuatro años está ya despejado para Antonio Garamendi después de haber recibido el respaldo de los empresarios madrileños para un segundo mandato de cuatro años. El apoyo de CEIM al empresario vasco se une al dado ya por el grueso de las organizaciones regionales, a excepción de Fomento del Trabajo , que trabaja desde hace meses para que surja una candidatura alternativa, y Cantabria, que previsiblemente lo hará durante el comité que celebrará el 26 de octubre. La mayoría ha refrendado al que, por el momento, es el único candidato en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de noviembre. La misma tendencia que se produce en las regiones se replica en las organizaciones sectoriales. Las de mayor peso también han dado su aval al presidente, como es el caso de Cepyme y ATA; Confemetal; las patronales de la construcción (CNC y Seopan); parte de los concesionarios de automóviles (Ganvam), la representación de los jóvenes empresarios (Ceaje) y la Confederación Española de Cajas (CECA), entre otros. Noticia Relacionada estandar No La CEOE estalla: «Es inadmisible subir las cotizaciones a espaldas del dialogo social» Susana Alcelay La patronal avisa de que la subida del 8,6% a los sueldos de más de 50.000 euros fue ocultada al diálogo social el lunes, es «impresentable» y tendrá «efectos nocivos» sobre el empleo Para conocer si Antonio Garamendi tendrá contrincante habrá que esperar hasta el próximo 8 de noviembre, según la hoja de ruta que marcan los estatutos de la patronal, en los que se refleja que se pueden presentar candidaturas hasta 15 días antes de los comicios. Si no hay otros aspirantes, este volvería a ser elegido por aclamación, como ocurrió el 21 de noviembre de 2018. El runrún de que Garamendi tendría contrincante se instaló en la sede de Diego de León, 50 en los últimos meses. El nombre de Gerardo Pérez, presidente de Faconauto , ha sido el último en correr como la pólvora como adversario del presidente en los próximos comicios, aunque el interesado aún no ha abierto la boca. Si decidiera dar el paso debería contar con, al menos, 20 representantes vocales de la nueva Asamblea General que, a su vez, sean representantes de, al menos, cuatro diferentes organizaciones miembro de pleno derecho, según se refleja en los estatutos. El respaldo aplastante del grueso de la organización no le pone las cosas fáciles al dirigente empresarial. La decisión de Fomento El descontento de algunos miembros de la dirección de la CEOE sobre la forma de proceder de su presidente estalló a finales del año pasado, cuando Garamendi puso su firma en la reforma laboral tras consultar a su comité ejecutivo y a su junta directiva y tras constatar cuatro abstenciones entre los suyos: la de la patronal madrileña CEIM , la de la catalana Fomento y las de las sectoriales Asaja (del campo) y Anfac (del automóvil). El malestar con la reforma firmada con el Gobierno también levantó ampollas en Cepyme, lo que no evitó que su presidente, Gerardo Cuerva, estampara su firma en el acuerdo sellado con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT y CC.OO. , y que votara a favor de la misma en los órganos de dirección. Hoy, tanto Cuerva como Miguel Garrido , presidente de CEIM, ya han avalado a Garamendi. En este caso el espaldarazo cobra especial importancia, teniendo en cuenta que Madrid es la organización más potente, junto a Fomento. Esta última y su presidente, Josep Sánchez Llibre , aún no se ha pronunciado, como tampoco lo han hecho Anfac y Asaja. Habrá que esperar al 8 de noviembre para saber si el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, decide optar al cargo La votación del próximo día 23 de noviembre podrá ser por aclamación, sin necesidad de que los vocales de la patronal depositen su voto en ninguna urna, o por votación formal. Para que se produzca esta última opción basta con que uno solo de los vocales así lo solicite. En ese caso la elección deberá realizarse por voto secreto y en urna y de manera individual, sin que exista disciplina de voto en las organizaciones. «Con los respaldos que está obteniendo Garamendi, y si no hay otro candidato, ir a una votación para votar en blanco solo tendría un sentido, que es intentar dañar la imagen de Garamendi y de quien presidirá la CEOE los próximos cuatro años. Lo lógico es trabajar unidos ante las adversidades económicas y políticas que se va a enfrentar el tejido empresarial», asegura una fuente empresarial a este diario. Durante su primer mandato al frente de la patronal, Garamendi ha sellado con el Gobierno y los sindicatos pactos de calado, como la reforma laboral, la de pensiones o los ERTE . Los retos futuros para el nuevo presidente no son menores, con una recesión a las puertas, en un contexto de precios disparados y de restricciones energéticas. Una tormenta perfecta en la que las empresas, sobre todo pymes y autónomos, se mueven a duras penas, asfixiadas por las facturas y costes y acorraladas por la política impositiva.. «Garamendi se defiende». El presidente de la CEOE , Antonio Garamendi , estuvo ayer en Vitoria. Nadie podrá calificar su discurso de extremista, ni de agorero. Repasó la postura de los empresarios en el momento actual y mezcló, como no podía ser menos, los asuntos económicos en la salsa política que los adereza. Se quejó de la insistencia en dividir a la sociedad entre ricos y pobres, buenos y malos, buscando el enfrentamiento entre ambas partes. Un ejercicio de extrema peligrosidad que, además de ser mas contraproducente que inútil, es injusto. Lo es siempre y en todo lugar, pero en este país de nuestros dolores constituye una acción temeraria. El Gobierno confunde la ideología con la sociología. No es consciente -o mejor no le interesa serlo- de que el entramado empresarial español está compuesto por una pléyade de pequeños y muy medianos empresarios que crean empleo y generan riqueza con constancia, esfuerzo y discreción. Ni Ana Patricia Botín, ni Ignacio Galán -a quienes Pedro Sánchez ha ascendido al altar supremo de los demonios nacionales- son la imagen fiel del empresariado español, ni son seres nocivos. ¡Ojalá tuviésemos unos cientos de empresarios de su talla, capaces de crear las decenas de miles de empleos que crean y de aportar los miles de millones con que abastecen al erario público y que sirven para pagar nuestro Estado del bienestar. Si cuando se pide rebajas de algunos impuestos siempre salta alguien con la amenaza de una reducción de ingresos y de una regresión de servicios sociales, ¿por qué no se ensalzan a las empresas, a todas, grandes, medianas y pequeñas, cuando los proveen? A las empresas hay que mimarlas, porque el Estado se encarga de gastar y sostener, pero son ellas quienes se encargan de generar y proveer. Una función capital que el Estado no ha sido capaz de sustituir nunca, en ningún lugar. Su segunda queja está igualmente sustentada. Emprender significa invertir e invertir supone bloquear ahorros durante el dilatado espacio de tiempo en el que las inversiones maduran. Por eso exigen un horizonte temporal de estabilidad y seguridad. El Gobierno puede cambiar las leyes para adaptarlas a las nuevas condiciones, pero hacerlo cada cinco minutos y en el momento menos oportuno supone generar unas incertidumbres añadidas a las que ya aparecen por sí solas, que ahuyentan todas las iniciativas. Las empresas tienen que cumplir las leyes laborales, las financieras, las mercantiles, las medioambientales, las administrativas… pero tienen el derecho a que sean estables y razonables, no caprichosas ni electoralmente interesadas.. «La industria alemana critica las ayudas al consumo del gas en los hogares». Los principales agentes económicos alemanes han recibido con cierto alivio el anuncio de las medidas del gobierno Scholz para ayudar a pagar la factura del gas a particulares e industria durante este verano, aunque señalan ciertos efectos indeseables , como el aumento de consumo de energía que traerá consigo y, con ello, más aumentos de los precios de la energía. Los fabricantes de maquinaria han pedido al canciller Scholz más esfuerzos para ahorrar energía y han expresado su preocupación por el efecto que pueda tener sobre la inflación el recién anunciado programa de 200.000 millones de euros en ayudas , según el presidente de la Asociación Alemana de Ingeniería Mecánica y de Plantas (VDMA), Karl Haeusgen, que opina que «es una deuda especial que pesará mucho en los hogares en los próximos años y por lo tanto debe seguir habiendo incentivos para ahorrar energía, invertir en nuevas tecnologías y ampliar la oferta». Haeusgen ha criticado la propuesta de la comisión de expertos «Gas y Calor» para un tope en el precio del gas, que Scholz ha calificado como «una muy, muy buena base», planteando «un gran signo de interrogación sobre si el subsidio del 80% del consumo privado aún proporciona incentivos suficientes para ahorrar, y no es ningún secreto que los economistas de la comisión abogaron por una tasa de subsidio significativamente más baja«. Scholz, por el contrario, ha defendido la propuesta y confía en el músculo exportador alemán para rentabilizar ese esfuerzo de dinero estatal, aunque para ello desea más facilidad a escala europea para negociar acuerdos comerciales . El canciller alemán se ha pronunciado a favor de «simplificar» los trámites de aprobación de los tratados de libre comercio en la Unión Europea para evitar largos procesos hasta que se complete su ratificación. En la práctica, cabe preguntarse «si tiene sentido el actual sistema de ratificación de los tratados de libre comercio, que implican la ratificación obligatoria de estos por parte de los parlamentos nacionales e incluso regionales», dijo Scholz, que aludió al caso del Tratado de Libre Comercio con Canadá , aún no sentenciado por el Parlamento alemán, o al caso de Bélgica, que deberá presentarlo a sus cámaras regionales. Scholz ha planteado también que la actual crisis energética solo puede ser resuelta a escala global y ha adelantado que buscará reunir a los líderes mundiales para tomar medidas conjuntas que ayuden a reducir los precios de la energía desde la presidencia alemana por turno del G7. Considera que los precios de los combustibles fósiles se deben «reducir a un nivel sostenible», pero que esto «no es algo que se pueda lograr con una acción unilateral de Alemania, ni siquiera de toda la Unión Europea». «Debemos organizar la cooperación con todos aquellos que son consumidores y eso es válido para Europa, pero también para Japón y Corea, donde los precios en el mercado son mucho más altos de lo que pueden soportar», ha apuntado. «Es por eso que he resuelto hacer que la responsabilidad mutua sea un problema en todas las conversaciones internacionales, empezando por la reunión de hoy en el marco del G7». «Necesitamos un proceso negociado para lograr que los precios vuelvan a caer a un nivel razonable», insistió, en referencia a que el G7 incluye exportadores de energía como los Estados Unidos y Canadá, cuyos combustibles fósiles están siendo ahora muy buscados. EE. UU. ha aumentado sus envíos a Europa para ayudar a cerrar la brecha energética dejada por Rusia, pero la semana pasada Alemania esta acusando a Washington de cobrar demasiado. «Algunos países, incluso amigos, están logrando precios astronómicos en algunos casos», dijo la semana pasada el ministro de economía alemán, Robert Habeck, «Estados Unidos recurrió a nosotros cuando los precios del petróleo se dispararon y, como resultado, las reservas nacionales de petróleo también fueron explotadas en Europa. Creo que tal solidaridad también sería buena para reducir ahora los precios de la gasolina». Críticas a Biden Scholz ha criticado, además, el gigantesco plan de inversión l anzado por Biden, para la transición climática podría porque en su opinión podría provocar «una enorme guerra arancelaria» al discriminar a las empresas extranjeras . El programa «Inflation Reduction Act», puesto en marcha por el presidente Joe Biden, prevé 370.000 millones de dólares para la construcción de plantas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos. Algunas disposiciones han creado revuelo en el extranjero, como la deducción fiscal por la compra de un automóvil eléctrico producido íntegramente en Estados Unidos, con una batería también producida en el país. «Hablaremos más en profundidad de la ley sobre la reducción de la inflación con nuestros amigos estadounidenses«, ha declarado Scholz durante una reunión con la Federación de Ingeniería y Mecánica (VDMA) en Berlín, «no puede ser que los políticos de cada país digan: ‘Pusimos en marcha una protección climática, querida industria, ¿oyeron que les estamos protegiendo de la competencia de otros?’… Tendríamos una enorme guerra arancelaria».. «Teresa Ribera presenta un ambicioso plan energético que no concreta las principales medidas». El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de contingencia energética que ha sido bautizado como ‘+Seguridad Energética’ con el objetivo de «incrementar la protección de la población frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania». También conseguirá «reducir el consumo de gas del país entre un 5,1 y un 13,5%, mejorará la autonomía energética y aumentará la competitividad de la economía, a la par que elevará las exportaciones energéticas, actuando solidariamente con el resto de la UE», según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre las 73 medidas que recoge este plan a lo largo de 144 páginas se pueden destacar, por ejemplo, el refuerzo del bono social eléctrico y del térmico. En este caso, como en la mayoría de las propuestas, no se explica cómo se hará. Más transparencia en las facturas También se quiere dotar de «más transparencia» a las facturas de luz y de gas. En el caso del recibo de electricidad, «se incluirá información sobre el consumo medio de los clientes que compartan el mismo código postal». Este periódico ha publicado que la factura de la luz se ha convertido en un acto de fe para los consumidores , ya que oculta el precio del kilovatio (kWh) que paga. Se introducirá mayor flexibilidad en las potencias contratadas , tanto en electricidad como en gas, ya que la regulación actual solo permite un cambio cada 12 meses. Asimismo, se limitará la penalización máxima que pueden imponer las comercializadoras de energía a los clientes por la rescisión de los contratos, normalmente con duración anual. También se podrá rescindir los servicios adicionales contratados además del suministro energético. Sobre la angustiosa y reiterada petición de los consumidores domésticos de gas que viven en comunidades de vecinos con calefacción central que, como no pueden acogerse a la tarifa regulada (TUR), pagan el triple que el resto de consumidores, el plan solo explica que «habrá un mecanismo de protección» para los 1,6 millones de clientes afectados. «El Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación», apunta el documento. Transición Ecológica quiere fomentar la instalación «voluntaria» de contadores individuales de gas. «Se articularán mecanismos en el sector de instalación de esos contadores que permitan su financiación de modo que los costes sean sufragados a cargo de los ahorros generados». Esta medida persigue también la instalación de contadores inteligentes de gas como ya existen en el mercado eléctrico donde se sustituyeron todos los contadores analógicos, de forma obligatoria, a cargo de las compañías eléctricas. Otra de las medidas interesantes es que «se desplegarán incentivos fiscales » para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Tampoco se dan detalles. Una de las pocas medidas que se concretan se refiere a la reducción del consumo del alumbrado exterior en los municipios, «facilitándose préstamos de hasta el cien por cien de la inversión a un interés del 0%». Por último, se impulsará el despliegue «acelerado» del autoconsumo en edificios e instalaciones públicas. Ahorro del 33% Por otra parte, Ribera dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en agosto, el mes con la electricidad más cara de nuestra historia, los ciudadanos «pagaron un 33% menos» de lo que hubieran abonado sin las medidas puestas en marcha por el Gobierno , como la rebaja del IVA y el mecanismo de la ‘excepción ibérica’. Sobre este último, que limita el coste del gas que se utiliza para producir electricidad, destacó que «ha generado un ahorro de 2.837 millones de euros». MÁS INFORMACIÓN Los edificios con calefacción centralizada pagan el gas un 175% más caro que el resto de viviendas Teresa Ribera también se atrevió a aventurar que «la factura de la luz de los consumidores en el primer semestre es similar a la correspondiente al mismo periodo de 2021, antes de la escalada de precios». Cabe recordar que la ministra se ha visto obligada a retrasar en dos ocasiones la presentación de este plan, para el que tuvo 30 reuniones con partidos políticos, asociaciones sectoriales, organizaciones de consumidores y empresas, debido, en primer lugar, a la celebración del Consejo Europeo de Energía y, la semana pasada, por la aprobación de los Presupuestos.. «Hacienda cuela un ajuste fiscal en los Presupuestos que abre la puerta a subidas generalizadas de la Plusvalía Municipal». El articulado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 guardaba una sorpresa fiscal (nada agradable) para todos los propietarios de vivienda y especialmente para aquellos que tienen en su horizonte vender alguna propiedad inmobiliaria. Con la sordina propia que se aplica a las medidas que tienen un mayor impacto social, el Ministerio de Hacienda ha incluido en su proyecto presupuestario una actualización de los coeficientes que se utilizan para medir la revalorización que ha tenido un determinado terreno según los ejercicios que lleva en la propiedad de su titular y que sirven de referencia a los ayuntamientos para calcular la cuota a pagar por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocida como la Plusvalía Municipal. No es una subida efectiva de impuestos porque, como se encargan de aclarar fuentes del Ministerio de Hacienda, deberán ser los ayuntamientos los que decidan luego elevar o no los coeficientes de revalorización que aplican hasta los nuevos máximos previstos en el proyecto presupuestario -algo que puede ser particularmente peliagudo en año electoral-, pero sí que es una puerta abierta a que los ayuntamientos puedan exigir más impuestos por las plusvalías generadas por la transmisión de inmuebles. Entre otras cosas porque la actualización de coeficientes diseñada por Hacienda permite que a partir de 2023 cualquier ayuntamiento pueda cobrar más que este año por la transmisión de prácticamente cualquier inmueble que se haya revalorizado, con la única excepción de los que tengan más de 20 años de antigüedad. En 2021, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el diseño hasta entonces vigente del impuesto. Esta previsión de actualización de dichos importes está habilitada por la normativa propia del impuesto, que establece que «estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado«. Cabe recordar que el decreto reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio . Revisión de los coeficientes De acuerdo con el proyecto presupuestario el coeficiente se eleva para las ventas de inmuebles comprados hace menos de un año , que pasa de 0,14 a 0,15, y para las de un año, que va del 0,13 a 0,15. De su lado, cae para ventas a dos años del 0,15 al 0,14, y para las de tres años (de 0,16 a 0,15). De su lado, sube para las de 4 y 5 años (de 0,17 a 0,18), mientras que se eleva de 0,16 a 0,19 para las de 6 años. Del mismo modo, para las de 7 años se eleva del 0,12 al 0,18. En cuanto a las de 8 años crece del 0,10 al 0,15 y también lo hace para las de 9 años (0,09 a 0,12) y para las de 10 (0,08 a 0,10). Menores son los crecimientos en los 11, 12, 13, 14 y 16 años, si bien en los 15 años se recorta del 0,12 al 0,10. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Suspenso a los Presupuestos de 2023: un lastre para la recuperación y una bomba para el déficit público noticia No Las pensiones no contributivas suben la mitad en 2023: ¿cúanto se cobrará? En la parte más alta de la tabla, el coeficiente máximo para ventas a veinte años o más se mantiene en 0,45, pero se rebaja para ventas a 19 años (del 0,36 al 0,29), a 18 años (del 0,26 al 0,23) y a 17 años, que pasa del 0,20 al 0,17..
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