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News – Noticias «Demasiado lejos, demasiado alto». VAYA por Dios, ¡a quién se le ocurre! La vicepresidente segunda te hace unas preguntas para que ratifiques sus obsesiones y vas y le llevas la contraria…Así no hay manera. Los expertos a quienes se dirigió para conocer los efectos de las subidas del salario mínimo sobre el nivel de empleo han llegado a la conclusión de que, si bien no se notan con carácter inmediato, sí atentan contra él, de manera diferente según sea el tipo de contrato, en el medio plazo. La conclusión ha sido que las subidas practicadas en los años 2018 y 2019 han castigado a la contratación . Desgraciadamente carezco de la mínima cualificación para terciar en la disputa técnica, pero hay algo que es igualmente evidente. Cuando se interviene en el mercado laboral desde la altura y la lejanía de un despacho ministerial hay que ser muy cuidadoso con las medidas bruscas de ámbito general. ¿Por qué razón? Pues porque el mundo laboral es muy diverso, tiene variantes geográficas, sectoriales y de tamaño de las empresas que proveen el empleo. No es lo mismo un pequeño taller de carpintería en Chipiona que una gran multinacional en Vitoria. Unos permanecerán insensibles a los aumentos del SMI porque no les afectan, y a otros les crujirán sus cuentas al no disponer de margen suficiente para abordarlas. Por eso, las normas impuestas acostumbran a crear problemas si carecen de matices y van a lo bruto. No hay la menor esperanza de que la vicepresidente vaya a ser sensible a este tipo de obviedades y ni se espera que vaya a tomar en consideración la opinión de los expertos, aunque sea esta de sus propios expertos. Ella tiene su programa cerrado y basado en consideraciones y conveniencias de tipo político, entre las que se acomodan mal las realidades económicas. Máxime cuando, como ocurre en este caso, hablamos de algo tan sensible como son los salarios de las personas menos favorecidas. Un vergel para que florezcan las demagogias y una mina en donde extraer adhesiones inquebrantables. Sin embargo, además de todas las ventajas inmediatas que proporcionan las subidas -a los beneficiarios en forma de dinero y a ella en incrementos de popularidad-, debería considerar los perjuicios que trae en el tiempo para quienes pierden su empleo. Algo que a ella no le sucederá. Al menos hasta las próximas elecciones…. «El PP y varios socios del Gobierno piden a Sánchez una rebaja del IVA a la cesta de la compra». Con el indicador que mide el encarecimiento de la cesta de la compra, el IPC del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, disparado un 15,4% y la rúbrica de alimentos mostrando una subida del 15,8% respecto a hace doce meses, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo , volvió a insistir ayer en la propuesta de los populares de rebajar el IVA para aliviar la situación de los hogares y devolver parte de la recaudación extra que las arcas del Estado están obteniendo por la inflación. El PP plantea ampliar transitoriamente la lista de alimentos a los que se aplica un tipo superreducido del 4%, en la que actualmente solo están el pan, la harina, la leche, los huevos, las frutas y las verduras, a la carne, los pescados y otros productos alimenticios de gran consumo. No son los únicos que están en esa clave. Las enmiendas planteadas por BNG, ERC o PDeCAT también plantean ampliar la aplicación de ese tipo reducido a más alimentos. MÁS INFORMACIÓN Los socios de Sánchez aprietan para arrancar rebajas de impuestos a las bicis, las peluquerías o el circo en los Presupuestos En el caso del BNG la idea es aplicarla a los productos procedentes de la pesca y de la ganadería con el doble objetivo de abaratar su precio y dar un impulso al sector agropecuario; la propuesta de ERC pasa por reconocer de forma permanente ese tipo del 4% a todos los productos de las dietas para celiacos; en tanto que el PDeCAT aboga por generalizar de forma transitorio la aplicación de ese tipo superreducido de IVA a todos los alimentos de consumo más común hasta el 31 de marzo de 2023 para esquivar el golpe de la inflación.. «Los herederos del Sultán de Joló: un litigio mastodóntico de 15.000 millones con sus raíces en España». Ocho ciudadanos filipinos, el Estado de Malasia , un alquiler al norte de Borneo, un árbitro español y embargos por toda Europa. La historia de los herederos del Sultán de Jolo es la de un arrendamiento conflictivo que se ha convertido en el segundo arbitraje más costoso de la historia y cuyo origen primigenio está en nuestro país. ¿Por qué surge? Por el petróleo, el gas y el aceite de palm a . Una lucha por la explotación de los recursos que ha provocado que esas ocho personas deban vivir, de momento, en la clandestinidad. Año 1878. El Sultán de Joló alquila unos terrenos en la isla de Borneo al empresario inglés Alfred Dent y al barón y cónsul del imperio austrohúngaro en Hong Kong, Gustavus von Overbeck. El objeto del contrato era el arrendamiento a perpetuidad de la explotación de los recursos de esos territorios. En aquel momento lo que había allí eran perlas, nidos de gaviota y madera. El precio: 5.000 pesos filipinos al año. Hasta entonces, aquellos territorios pertenecían a España , pero eran propiedad del sultán. El sistema de ‘mando’ era completamente feudal: los agricultores y la gente de la zona rendían pleitesía a los nobles locales; estos, a nobles superiores; estos, al sultán; y el sultán a Dios y a la Corona española. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia En aquel contrato, que se firmó en idioma jawi y del que existen más de cuatro traducciones, la palabra clave es ‘pajak’, que significa arrendamiento. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 8490 Código APP Al mismo tiempo de aquel alquiler, el sultán emitió lo que se llama una carta de autoridad, que es una especie de documento por el cual se conceden unos poderes a Dent y Overbeck para gestionar esos territorios; por ejemplo, comandar ejércitos, acuñar moneda, dictar leyes… Y uno de los puntos clave del contrato es que se incluyó una cláusula por la cual en caso de controversia se someterían al juicio del cónsul general de Borneo . En la práctica, como se ha demostrado, aquello equivale a someterse a arbitraje si hubiera algún problema ya que con los años la figura de ese cónsul general desapareció. Cambio de manos En 1903 se firmó un anexo para incrementar el precio a 5.300 pesos anuales, lo que equivale a unos 1.200 dólares americanos. Además, se ampliaba el territorio a unas islas que estaban en disputa también. Para entonces, España ya había abandonado la región, pero el contrato primigenio se hizo al paraguas de la Corona de nuestro país. Overbeck y Dent transmitieron, mientras tanto, sus derechos de explotación a la North Borneo Trading Company, un tipo de empresa que existía en Reino Unido -que era el soberano de las tierras tras España- a la cual la Corona inglesa otorgaba la potestad para mandar y gestionar unos territorios. El ejemplo más conocido: la East India Company, que administraba la India para el Reino Unido. Año 1946. La North Borneo Trading Company cae en quiebra y es Reino Unido el que sigue pagando el alquiler. Pero casi dos décadas más tarde el territorio pasa a formar parte de Malasia… que continúa cumpliendo el contrato hasta 2013. En ese momento, el Estado malayo deja de pagar aprovechando unas revueltas en la zona. Fue entonces cuando el calvario judicial se empezó a fraguar. El gran cambio se produjo décadas antes y es ahí donde está el meollo del asunto. En los años 60 se descubre petróleo en esos terrenos; en los 80-90 se desarrolla la tecnología para poder explotarlo; también en los 80 se alumbran pozos de gas en la zona, los cuales se pueden explotar a partir de los 2000. Y, por último, surge la industria del aceite de palma, de la cual ese territorio es el principal productor mundial. Se había pasado de sacar perlas, nidos de gaviota y madera, a petróleo, gas y aceite de palma. Todo a cambio de 1.200 dólares al año. Es por ello que desde los años 60 los herederos del sultán han intentado renegociar o acabar con el contrato con Malasia, sin éxito por las buenas. Había que ir por las malas. Cuando en 2013 dicho país dejó de pagar, los herederos del sultán se lanzaron a por asesoramiento legal. Dieron, años después, con Paul Cohen y Elisabeth Mason, que cogieron el caso y encargaron al despacho español B. Cremades y Asociados que se hicieran cargo de investigar si tenía recorrido y llevarlo a los tribunales en España. Bernardo Cremades Jr. asumió las riendas y dio comienzo al periplo legal. En 2018 los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara un árbitro El 31 de enero de 2018, los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara a un árbitro, con base a que el alquiler tenía conexión con España ya que se había firmado en territorio español; una de las partes era súbdito español; el objeto eran territorios en suelo español; y el pago se hizo durante años en suelo español. En apariencia lo tenía todo para la historia se dirimiera en nuestro país . Malasia no compareció como parte y el Ministerio de Exteriores español notificó la causa a ese país a través de su embajada en España. Todo siguió adelante y en 2019 se da pie a la demanda y se nombra a Gonzalo Stampa como árbitro, que acepta y divide el arbitraje en dos fases: una de jurisdicción y otra de méritos en la que se decide el fondo del asunto. En septiembre de ese año se produce un hecho diferencial y muy polémico en Malasia: el Fiscal General del Estado envía una carta al árbitro y a los demandantes reconociendo que el contrato existe, que ha habido un incumplimiento y ofrece una indemnización, todo condicionado a retirar el arbitraje. No se llega a un acuerdo y el proceso continúa . El segundo sultán de Joló ABC Un mes después, el Fiscal General malayo envía una segunda carta con que no reconocen la autoridad del árbitro y que irán a los tribunales de su país para pararlo todo. Un tribunal malayo así lo dicta… pero no se aplica en España ni en Europa ya que ese tipo de órdenes aquí no están permitidas. Fuentes conocedoras señalan, además, que en esa orden se decía que si alguno de los demandantes o sus abogados pisaban Malasia estarían «sujetos a ejecución». En mayo de 2020, Gonzalo Stampa dicta que tiene jurisdicción para resolver y entra al fondo del asunto, pese a que Malasia seguía sin personarse, y aunque se le iba enviando copia de todo. ¿Qué piden los ocho herederos? Tres reconocimientos: que hubo un incumplimiento de contrato; que el contrato es demasiado beneficioso para uno y perjudicial para otro y que por tanto debe resolverse el alquiler o rebalancearse el pago; y que los contratos perpetuos pueden resolverse por una de las partes, por buena fe. Beneficio futuro En el terreno económico, el despacho B. Cremades investigó cuánto ha podido beneficiarse Malasia e hizo unas proyecciones a futuro; cantidades ingentes de dinero que servirían de base en el caso. Hasta 2013, según la investigación, ese Estado ha percibido 50.000 millones de dólares por la explotación de petróleo y gas; hasta 2044 se dice que obtendría 80.000 millones extra por ello, más otros 9.000 millones por el aceite de palma. En ese sentido, se acaba solicitando una indemnización calculada como un porcentaje de los derechos de explotación: 32.000 millones de dólares. Es en este punto en el que se cruzan las maniobras de Malasia para intentar poner fin al proceso. Ese país presenta un incidente de nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales al no haber sido notificado del nombramiento del árbitro. El Ministerio de Exteriores español emite un informe en horas reconociendo que hizo mal las comunicaciones y la Justicia decreta la nulidad del nombramiento de Stampa. Malasia solicita anular la jurisdicción del árbitro… pero todo acaba archivado y sin que Malasia se oponga, lo que da alas a los herederos para los movimientos posteriores. Está anulado el nombramiento pero no que Stampa tiene jurisdicción, con lo que trasladan el arbitraje a Francia . Ya estamos a finales de 2021 y surge un despacho francés en representación de Malasia. En febrero, tres meses después, llega la resolución del caso. El contrato queda resuelto y se obliga a Malasia a pagar 14.920 millones de dólares, el segundo mayor laudo de la historia. Pero esto no iba a ser el final, porque el recorrido judicial es mucho más amplio. Tanto, que ello obliga, aún, a que los ocho herederos permanezcan escondidos en algún lugar del sudeste asiático. Durante 2020, 2021 y este 2022 se han cruzado demandas entre las partes, solicitudes, procedimientos… entre los que está la apelación de la jurisdicción francesa, la solicitud de nulidad del laudo final y también una denuncia de Malasia contra Stampa, por la cual se le investiga por usurpación y desobediencia en un juzgado de Madrid. La causa se ha convertido en un asunto de Estado en Malasia Tras ello llega el momento de ejecutar la decisión en todo este lío judicial. Lo que viene siendo cobrar los 15.000 millones de dólares . Para ello se pone el ojo en la empresa petrolera malaya, Petronas, que tiene filiales en muchos países del Viejo Continente, incluido España. El primer paso fue en julio de este año acudir a Luxemburgo a ejecutarlo, lo que ha derivado en medidas cautelares y el embargo de las acciones y cuentas de dos filiales de Petronas. En septiembre decidieron llevarlo también a Países Bajos, a La Haya, para pedir ahí también la ejecución, lo cual está pendiente. Aunque esto solo son los dos primeros pasos que prevén dar los herederos para obtener el dinero. Ahora les espera, previsiblemente, un recorrido por varios países más de Europa. Sin embargo, todo ello está sujeto a una elevada incertidumbre por el camino que tome Malasia, que afronta elecciones próximamente. De hecho, esta causa se ha convertido en un asunto de Estado allí. En juego están 15.000 millones de dólares.. «El precio de los alimentos se dispara un 15% y carga una factura extra de 60 euros al mes a las familias». Como en esas películas en las que los marineros se afanan en taponar las vías de agua de un barco, pero en cuanto taponan una el agua enseguida empieza a brotar por otra, el Gobierno tampoco da abasto en sus intentos por contener la inflación. Ahora que la ‘excepción ibérica’ ha diluido en el recibo de la luz el impacto del precio del gas en los costes de generación de la electricidad (que se pagarán igualmente, pero a más largo plazo) y que los caprichos de la estadística también favorecen la moderación del IPC energético al empezar a comparar con los meses en que los precios de la electricidad empezaron a dispararse de verdad, la espiral inflacionista ha aflorado por otro flanco; uno, además, especialmente dañino para las familias : el precio de los alimentos. Octubre fue el primer mes en un año y medio en el que la electricidad marcó un precio inferior al registrado justo un año antes. Según los datos proporcionados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mes pasado el precio de la electricidad fue un 15,5% inferior al registrado en octubre de 2021, mes en el que presentó una subida del 62,8% respecto a octubre de 2020. La electricidad costó en octubre un 24% más barata de lo que costaba en diciembre de 2021 y acumula dos meses bajando respecto al mes anterior. El gas, donde radica el origen de todo este problema, aún no ha llegado a ese punto pero lleva varios meses en un perfil mucho más moderado. En otras palabras, el núcleo que originó la escalada inflacionista de los últimos meses , que ha llevado el IPC a niveles no vistos en 40 años, parece deshincharse y a su compás el índice general de precios (IPC) ha descendido en solo dos meses desde el 10,5% en que estaba en agosto al 7,3% de octubre. Es verdad, que ese descenso no ha afectado a la tasa subyacente, la parte más estable de los precios, que escaló en octubre hasta el 6,2%, pero al menos sí ha permitido dejar al nivel de precios en España sensiblemente por debajo de la media de la zona euro, anclada ahora por encima del 10%. Llenar el carrito cuesta más Sin embargo, la evolución del IPC continúa inquietando y ello es, principalmente, por el comportamiento de la cesta de la compra. En octubre el precio de los alimentos aumentó respecto al mes anterior por decimotercer mes consecutivo, un hecho sin precedentes en los últimos veinte años; acumula un encarecimiento del 13,7% desde que empezó el año, algo igualmente sin precedentes; y ha experimentado una subida del 15,8% en los últimos dos meses (15,4% si se tiene en cuenta la rúbrica oficial: alimentos y bebidas no alcohólicas), algo que jamás sucedió antes desde que se empezaron a registrar por separado los precios de los alimentos. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1440 Código APP El azúcar cuesta casi un 43% más caro que hace un año, las harinas y cereales un 37% más, otros alimentos de consumo muy común como las legumbres y verduras, la leche o lo huevos han subido nada menos que un 25%, y la carne y el pescado se han encarecido entre un 13% y un 20%, según las tipologías. «A las familias cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra», advirtió ayer el sindicato CC.OO. en su valoración del dato de IPC de octubre. Y ello tiene un coste económico tangible para las familias. Una factura anual de 700 euros para los hogares Según el Informe del Consumo Alimentario en España del Ministerio de Agricultura, el año pasado cada ciudadano residente en España gastó 1.610,30 euros en alimentación para consumir en el ámbito doméstico. Partiendo de esta base y teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la familia española tipo estaría compuesta por 2,5 componentes, el coste anual para cada familia de la escalada del 15,8% acumulada hasta el mes de octubre sería de 636 euros anuales o, lo que es lo mismo, de 53 euros mensuales. Si se adapta ese caso a un hogar tipo de tres componentes, la factura anual se iría hasta los 760 euros y el sobrecoste mensual por encima de los 63 euros. Unos niveles que desbordan el radio de acción del cheque de 200 euros aprobado por el Gobierno para familias vulnerables y el ahorro fiscal de la rebaja de IRPF para rentas de menos de 22.000 euros, y que cuestionan también la orientación de las medidas de alivio aprobadas desde La Moncloa. MÁS INFORMACIÓN Los alimentos suben un 14% y ya tiran más del IPC que la energía La inflación convierte en lujo alimentos frescos como la carne y el pescado Los datos proporcionados por el INE a través del IPC a Impuestos Constantes –que refleja cuál sería la situación en ausencia de las medidas fiscales adoptadas en los últimos doce meses– atestiguan que la acción gubernamental ha servido para rebajar cuatro décimas el IPC y contener los precios de la energía, pero que su efecto sobre el precio de los alimentos ha sido nulo .. «Cómo conseguir que me dejen de llegar llamadas comerciales de empresas y operadoras: Esta es la lista donde debes estar». Las llamadas telefónicas de carácter promocional, en ocasiones a horas poco apetecibles, pueden terminar siendo una importante molestia. Todo ello, a pesar de que en verano del año pasado, las principales telecos del país (Movistar, Orange, Vodafone y Másmóvil) firmaron un código ético para que este tipo de comunicaciones no se produjeran antes de las 9 de la mañana ni después de las 21 horas, así como descartando los sábados, domingos y festivos. En teoría, desde el pasado 1 de enero, tampoco no se realizan este tipo de acciones antes de las 10 de la mañana y entre las 15 y 16 horas. Si, a pesar de todo lo anterior, te quieres librar de este tipo de promociones existen la opción de optar por utilizar los servicios de detección y bloqueo de llamadas en los teléfonos Android y Apple incluidas dentro de la aplicación de ‘Teléfono’, así como usar aplicaciones específicas como ‘Call Blocker’ que bloquea a los números ocultos o desconocidos. Pero el método más contundente es apuntarse a la denominada ‘ Lista Robinson’.   ¿Qué es la ‘Lista Robinson’? Gestionada por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) la ‘Lista Robinson’ es un servicio gratuito de exclusión publicitaria, que tiene por objetivo disminuir la cantidad publicidad que el consumidor recibe todos los días. Es decir, como las empresas tienen la obligación legal de consultar la lista, si estas inscrito no podrán enviarte la publicidad. Este servicio se basa en la legislación europea española, desde la vigente Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales hasta la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014 y la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002). ¿Cómo puedo darme de alta? Es muy sencillo. Cualquier persona física lo puede hacer, aunque los menores de 14 años necesitarán que lo hagan sus padres o tutores legales. Solo hace falta dirigirse a la web ‘listarobinson.es’ y buscar el apartado ‘Apúntate a la lista’ y rellenar el formulario que te aparezca. Una vez realizado este paso, te remitirán un mail para verificar este registro y al pulsar sobre el enlace que te remitan podrás introducir los canales por los que no deseas recibir publicidad (números de teléfono, mail…). Noticia Relacionada estandar No Alertan de la vuelta del timo de la «doble llamada» en Valencia D.V. La OCU ha denunciado ante la Policía la utilización fraudulenta de su nombre y la estafa a los consumidores ¿Cuánto cuesta? Cero euros para los ciudadanos. Para las empresas que deben consultar este registro dependerá del tipo de compañía, el tamaño y el uso que haga de este servicio. Por ejemplo, para una empresa mediana la consulta de 330.000 registros puede suponer 4.500 euros al año y para 600.000 registros la tasa puede alcanzar los 5.500 euros anuales. Hay tarifas especiales para las entidades asociadas a Adigital o adheridas a Confianza Online.. http://www.databot-app.com