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News – Noticias «Los caseros endurecen el ‘casting’ de inquilinos por el tope al alquiler: «Compiten decenas de familias»». El mundo inmobiliario se revuelve contra la congelación de los alquileres. El anuncio de que el Gobierno mantendrá durante todo 2023 la limitación del 2% de las subidas de precios -que lleva vigente desde marzo de este año- ha encendido al ladrillo, que advierte de que la medida tendrá un impacto devastador en el mercado del alquiler y engordará los precios. Los caseros ya se han movilizado para exigir compensaciones al Estado. La asociación de propietarios Asval está facilitando a sus asociados los formularios necesarios para exigir a España responsabilidades patrimoniales. Pero puede que este extremo no llegue a ser necesario, porque desde una facción del Gobierno se muestran abiertos al menos a debatir posibles compensaciones a los propietarios. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno ata los Presupuestos en el Congreso tras cerrar el sí de Bildu y PDECat Juan Casillas Bayo El Ejecutivo ya tiene garantizados 175 votos a favor y una abstención Según fuentes conocedoras de la situación, es el Ministerio de Economía el que se muestra más favorable a estas acciones. La ampliación del límite de los alquileres todavía tiene que ser articulada y en el sector tienen esperanza para que el texto recoja posibles indemnizaciones a los caseros. El Ministerio de Economía se ha erigido en los últimos años como el departamento gubernamental más sensible a las reclamaciones del sector inmobiliario. Así ocurrió cuando se debatieron otros cambios legislativos, como la reforma de la ley de arrendamientos urbanos de 2019 o el anteproyecto de ley de vivienda, que todavía se encuentra en el trámite parlamentario. Una voluntad de diálogo que contrasta con las posiciones de ministerios como el de Derechos Sociales , que se han mostrado muy críticos con los inversores en materia de vivienda. También ha habido roces entre Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sin ir más lejos, esta semana Díaz aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la banca para aliviar la situación de los hipotecados castigados por la subida del euríbor , capitaneado por Calviño, era insuficiente. La vicepresidenta económica contestó tras el Consejo de Ministros que el acuerdo cerrado con la banca estaba «consensuado» dentro del Ejecutivo. En el caso de las compensaciones, el debate se está empezando a abrir y todavía no se ha tratado ni siquiera de qué forma se articularían esas indemnizaciones. El sector inmobiliario denuncia que en un principio estos límites se articularon como respuesta a la invasión de Ucrania y eran temporales. Finalmente se mantendrán, como mínimo, 20 meses. Además, consideran que la medida está inflando aún más los precios. Según los cálculos de Alquiler Seguro, ante la imposibilidad de adecuar las rentas a la inflación, los caseros están esperando al final de los contratos de alquiler para no renovarlos, subir hasta un 7,78% los precios y cambiar de inquilinos. «No se puede cargar al propietario de la responsabilidad de la falta de alquiler en España», añaden desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. «Desincentiva la inversión en alquiler y agravará el proceso de oferta», explican desde Asval. Desde Idealista, por su parte, advierten que cada vez más caseros retirarán su vivienda del mercado ante la imposibilidad de poder subir los precios más de un 2%. Esta falta de oferta «no solo ha provocado subidas de precio de doble dígito en los grandes mercados , sino que genera una enorme ansiedad entre las familias que necesitan acceder a una vivienda y que deben competir con decenas de familias para poder ser ‘seleccionadas’». El portal inmobiliario calculaba que el tope a los alquileres costaría 1.700 millones solo entre los meses de marzo y diciembre. Según los cálculos de la compañía, los precios del alquiler subieron en octubre un 6,4% en comparación con el mismo mes del año, hasta los 11,2 euros por metro cuadrado.. «Estos son los primeros presupuestos en Grecia, tras 12 años con la economía intervenida». Los primeros presupuestos generales de Grecia tras 12 años de economía intervenida fueron presentados el pasado lunes por el ministro de Hacienda, Christos Staikuras y, suponen, según el propio ministro «el regreso de Grecia a la normalidad europea». El borrador tiene en cuenta la difícil situación que atraviesa el país debido a la crisis energética, por un lado, y la inflación por otro. Por ello prevé una reducción fiscal de entre 4,2 y 5,2 billones de euros y medidas que tienen por objetivo mejorar el poder adquisitivo de trabajadores , jubilados y familias. Entre ellas y, como forma de paliar los efectos de la crisis energética y la carestía, encontramos, por ejemplo, la eliminación definitiva del denominado impuesto solidario que se aplicaba a las rentas que superaban los 12.000 euros anuales y que suponían una importante merma de la capacidad económica de trabajadores y pensionistas. Esta medida tendrá un coste fiscal de 1,24 billones de Euros para la Hacienda helena. Como forma de amortiguar los efectos de la crisis energética , se proponen subvenciones para instalaciones de paneles solares en hogares y negocios así como ayudas para reformas en primeras viviendas destinadas a alcanzar un mayor ahorro económico. Otras medidas para trabajadores y hogares Debido al alza que ha experimentado el sector inmobiliario del país en los últimos meses, se han contemplado préstamos de bajo coste para parejas menores de 39 años para la adquisición de su primera vivienda y ayudas para alquileres. Además, se mantiene la reducción de 3 puntos en la contribución a la seguridad social por parte de los trabajadores del sector privado, medida que supondrá un coste fiscal de 871 millones de euros y el IBI se mantiene en los mismos tipos que en el ejercicio 2022 . Por su parte, el IVA experimentará bajadas en sectores como el del transporte de viajeros, ocio, entretenimiento, paquetes turísticos y ampliará el proyecto «Turismo para todos», que ofrece viajes subvencionados para las rentas más bajas, para los meses de invierno. A pesar de que el texto hace hincapié en la incertidumbre económica debida a la situación geopolítica mundial, la dificultad del suministro de gas natural y carburantes y la política monetaria de la Unión Europea, sí apuesta por la aplicación de programas que tengan como objetivo el desarrollo económico y conseguir un equilibrio fiscal real. Junto con medidas como la cesta de la compra , subidas en las pensiones y las que plantean los presupuestos generales para el ejercicio 2023, el Gobierno heleno intenta frenar los efectos de la inflación y de la crisis energética que están golpeando al viejo continente y que Grecia, país que acaba de salir de una gran crisis financiera y con una de las tasas más altas de desempleo de los estados miembros, los sufre con mayor intensidad.. «Los nuevos misioneros». La decepción de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con el resultado de la COP27 era inocultable : «Para nosotros era fundamental consolidar esa necesidad de eliminar los combustibles fósiles cuanto antes, y ese compromiso de seguir incrementando ambición y revisarla anualmente». Ribera admitió que aunque la cumbre de Egipto «no da un paso atrás» respecto a lo acordado en Glasgow en 2021, «tampoco avanza». Esta decepción contrasta con el mensaje que los líderes de países en desarrollo mandaban a sus ciudadanos. La mayoría se centraba en que aún no se ha completado la constitución del fondo de 100.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los países más pobres que se acordó tener listo en 2020 y que se ha prorrogado hasta 2025. Además, este año la insistente ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman , consiguió que se acordara otro fondo para compensar a las naciones más afectadas por el cambio climático, entre las cuales está su país. La asimetría es evidente. Mientras Europa aboga por el fin de los combustibles fósiles, lo que incluye los motores de combustión, el mundo en desarrollo tiene otras prioridades, principalmente captar recursos para desarrollar sus sociedades y darles bienestar. Después de dos cumbres ( Madrid y Glasgow ), celebradas en países con regímenes de opinión pública muy sensibilizados con el cambio climático, donde los propagandistas y lobistas contaron con una libertad de movimientos generalizada y eco más que suficientes para sus planteamientos, la reunión de Sharm el-Sheikh no sólo se desarrolló con importantes restricciones, sino que no contó con el respaldo de una opinión pública y unos medios de comunicación favorables. Fue la constatación de que, como ocurre con la guerra de Ucrania, Europa es una isla de misioneros evangelizadores. Desarrollar estas reuniones en países donde las necesidades de la pirámide de Maslow que están por resolver son los escalones más bajos no es lo mismo que hacerlo en aquellas privilegiadas que están ocupadas de solucionar lo que pasa en la cúspide. Esto no significa ignorar el problema, pero sí abandonar la manera de formular los objetivos. La noción de que hay que evitar que el calentamiento aumente en más de 1,5 grados resulta tan extraña para un indio como garantizarle la felicidad en el matrimonio. Los ecologistas se quejan de que en Egipto los grupos de presión del petróleo y el gas se desplegaron activamente. La COP28, en ese sentido, será una prueba de fuego porque está prevista su realización en Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, epicentro del mundo petrolero. Consciente de lo que está en juego, el presidente francés ha anunciado que antes de la COP28 se celebrará en París una conferencia de donantes para forjar un pacto financiero con los países más vulnerables. Macron sabe bien que los más vulnerables no sólo están en países fuera de Europa, también dentro de nuestras naciones y en la suya llevan ‘chalecos amarillos’. jmuller@abc.es. «La duración de los nuevos contratos se desploma al mínimo en 15 años tras la reforma laboral». La reforma laboral está dejando casi tantos beneficiados como damnificados por el camino. Cierto es que la nueva normativa laboral ha cambiado la fórmula habitual de contratación en España, la temporal, para pasar a la indefinida. Pero solo hasta cierto punto. Lo que el Gobierno no muestra en la relación de cifras que apuntalan el cambio de modelo de contratación, es que las nuevas firmas tienen una duración media cada vez menor, de 45 días. Es decir, los contratos son cada vez de una presunta mayor calidad pero de menor duración , concretamente, la más baja de los últimos 15 años. Precisamente, esta discordancia es una de la cuestiones que ocupa a economistas, académicos y expertos laboralistas: ¿Dónde están todos los contratos temporales asociados a la estacionalidad ? Cabe recordar que la naturaleza de la temporalidad en España se debe al elevado peso del sector servicios sobre el conjunto de la economía y el efecto que tiene sobre las contrataciones el hecho de que la actividad en el sector sea especialmente intensa en ciertas épocas del año. Este hito se pone de relieve en verano principalmente, momento en el que se multiplican los contratos de actividades asociadas al turismo, y en la destrucción de cientos de miles de ellos en el último día del mes de agosto. Uno de los aspectos más relevantes de los últimos estudios de evolución del mercado es el estancamiento de las horas trabajadas. Crecen los contratos, los afiliados, la ocupación , pero estos nuevos trabajadores dedican menos horas a su actividad que antes de la pandemia, y que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Es decir, el trabajo se trocea, se reparte. En el tercer trimestre del año, sin ir más lejos, el INE apunta a que el volumen de horas trabajadas es un 7% inferior que a cierre de 2019, antes de la pandemia. Este hecho, crucial, unido al crecimiento del empleo es lo que hace que el desplome de la duración media de los contratos nuevos, de 45 días, sea la más baja desde 2006 . Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1200 Código APP Así con todo, la sintomatología de la ralentización del mercado laboral se reproduce por momentos. El pasado mes de octubre se firmaron en nuestro país un total de 1.447.035 contratos , lo que supone un 7% menos que en el mes anterior y una caída del 20,7% interanual. De estos, 826.804 son contratos temporales y 620.231 son indefinidos, por lo que más de la mitad (57%) de las nuevas firmas son con carácter temporal. Según las cifras extraídas por Adecco a partir de información del INE y del mercado de trabajo la duración media de los contratos para el mes de septiembre -últimos datos disponibles-, el 33,5% duran un mes o menos , y el 19,3% duran una semana o menos. De este modo, la duración media de los contratos para el tercer trimestre de 2022 es la más baja desde el año 2006, situándose en 45 días y habiéndose reducido un 15,1% con respecto al tercer trimestre del año anterior. Con esto, la evolución de la contratación según la jornada, arroja que los temporales a tiempo parcial disminuyen hasta los 276.576 (5,3% menos que en el mes anterior) y los temporales a tiempo completo hasta 520.228 (7,2% menos intermensual). Los contratos indefinidos a tiempo completo disminuyen hasta los 217.407 (8,4% menos que hace un mes) y los indefinidos a tiempo parcial hasta 150.130 (un 9% menos). Indicadores fiables Es en este punto cuando los expertos comienzan a dudar de que las cifras absolutas de contratación y el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social sean los únicos baremos válidos para analizar la eficacia de la reforma laboral. Porque las cifras se contradicen. «Una de las formas de analizar el impacto de la reforma laboral, y la calidad en el empleo, tiene que ver con el grado de rotación contractual , entendiendo por tal la ratio de número de contratos en función del nivel de afiliación», advierten los expertos de Adecco. En este sentido, al comparar las ratios para el tercer trimestre de forma anual, la de los fijos discontinuos se dispara hasta el 73,6% (57 puntos más que en el pasado año) y bate el récord desde 2009 (660.210 contratos fijos discontinuos sobre 896.613 afiliados fijos discontinuos). Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno dispara un 38% la bonificación de contratos para sostener la creación de empleo Gonzalo D. Velarde El Estado ya destina cerca de 1.500 millones en las ayudas para fomentar nuevos puestos de trabajo Y también en el mismo tono llegan las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el impacto, cada vez más dudoso, de la reforma laboral. En el último informe de coyuntura de la economía española el organismo pone de relieve que las cifras totales de contratación no pueden ser la medida para el éxito de la reforma laboral. De hecho, el Fondo recomienda al Gobierno mover el foco para poder analizar con rigor y piden que se observe la evolución del desempleo estructural en España, que está lejos de encontrar una solución en la reforma laboral. De hecho, España contaba a cierre del tercer trimestre del año con 300.000 personas más sin trabajo que en 2008, pese a tener el mismo ocupación y el doble de parados que en 2007 con solo 100.000 empleados más que en la actualidad. Por lo que la recuperación del empleo de los últimos tres lustros no ha sido acompañada por un descenso de los parados.. «Los herederos del Sultán de Joló: un litigio mastodóntico de 15.000 millones con sus raíces en España». Ocho ciudadanos filipinos, el Estado de Malasia , un alquiler al norte de Borneo, un árbitro español y embargos por toda Europa. La historia de los herederos del Sultán de Jolo es la de un arrendamiento conflictivo que se ha convertido en el segundo arbitraje más costoso de la historia y cuyo origen primigenio está en nuestro país. ¿Por qué surge? Por el petróleo, el gas y el aceite de palm a . Una lucha por la explotación de los recursos que ha provocado que esas ocho personas deban vivir, de momento, en la clandestinidad. Año 1878. El Sultán de Joló alquila unos terrenos en la isla de Borneo al empresario inglés Alfred Dent y al barón y cónsul del imperio austrohúngaro en Hong Kong, Gustavus von Overbeck. El objeto del contrato era el arrendamiento a perpetuidad de la explotación de los recursos de esos territorios. En aquel momento lo que había allí eran perlas, nidos de gaviota y madera. El precio: 5.000 pesos filipinos al año. Hasta entonces, aquellos territorios pertenecían a España , pero eran propiedad del sultán. El sistema de ‘mando’ era completamente feudal: los agricultores y la gente de la zona rendían pleitesía a los nobles locales; estos, a nobles superiores; estos, al sultán; y el sultán a Dios y a la Corona española. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia En aquel contrato, que se firmó en idioma jawi y del que existen más de cuatro traducciones, la palabra clave es ‘pajak’, que significa arrendamiento. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 8490 Código APP Al mismo tiempo de aquel alquiler, el sultán emitió lo que se llama una carta de autoridad, que es una especie de documento por el cual se conceden unos poderes a Dent y Overbeck para gestionar esos territorios; por ejemplo, comandar ejércitos, acuñar moneda, dictar leyes… Y uno de los puntos clave del contrato es que se incluyó una cláusula por la cual en caso de controversia se someterían al juicio del cónsul general de Borneo . En la práctica, como se ha demostrado, aquello equivale a someterse a arbitraje si hubiera algún problema ya que con los años la figura de ese cónsul general desapareció. Cambio de manos En 1903 se firmó un anexo para incrementar el precio a 5.300 pesos anuales, lo que equivale a unos 1.200 dólares americanos. Además, se ampliaba el territorio a unas islas que estaban en disputa también. Para entonces, España ya había abandonado la región, pero el contrato primigenio se hizo al paraguas de la Corona de nuestro país. Overbeck y Dent transmitieron, mientras tanto, sus derechos de explotación a la North Borneo Trading Company, un tipo de empresa que existía en Reino Unido -que era el soberano de las tierras tras España- a la cual la Corona inglesa otorgaba la potestad para mandar y gestionar unos territorios. El ejemplo más conocido: la East India Company, que administraba la India para el Reino Unido. Año 1946. La North Borneo Trading Company cae en quiebra y es Reino Unido el que sigue pagando el alquiler. Pero casi dos décadas más tarde el territorio pasa a formar parte de Malasia… que continúa cumpliendo el contrato hasta 2013. En ese momento, el Estado malayo deja de pagar aprovechando unas revueltas en la zona. Fue entonces cuando el calvario judicial se empezó a fraguar. El gran cambio se produjo décadas antes y es ahí donde está el meollo del asunto. En los años 60 se descubre petróleo en esos terrenos; en los 80-90 se desarrolla la tecnología para poder explotarlo; también en los 80 se alumbran pozos de gas en la zona, los cuales se pueden explotar a partir de los 2000. Y, por último, surge la industria del aceite de palma, de la cual ese territorio es el principal productor mundial. Se había pasado de sacar perlas, nidos de gaviota y madera, a petróleo, gas y aceite de palma. Todo a cambio de 1.200 dólares al año. Es por ello que desde los años 60 los herederos del sultán han intentado renegociar o acabar con el contrato con Malasia, sin éxito por las buenas. Había que ir por las malas. Cuando en 2013 dicho país dejó de pagar, los herederos del sultán se lanzaron a por asesoramiento legal. Dieron, años después, con Paul Cohen y Elisabeth Mason, que cogieron el caso y encargaron al despacho español B. Cremades y Asociados que se hicieran cargo de investigar si tenía recorrido y llevarlo a los tribunales en España. Bernardo Cremades Jr. asumió las riendas y dio comienzo al periplo legal. En 2018 los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara un árbitro El 31 de enero de 2018, los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara a un árbitro, con base a que el alquiler tenía conexión con España ya que se había firmado en territorio español; una de las partes era súbdito español; el objeto eran territorios en suelo español; y el pago se hizo durante años en suelo español. En apariencia lo tenía todo para la historia se dirimiera en nuestro país . Malasia no compareció como parte y el Ministerio de Exteriores español notificó la causa a ese país a través de su embajada en España. Todo siguió adelante y en 2019 se da pie a la demanda y se nombra a Gonzalo Stampa como árbitro, que acepta y divide el arbitraje en dos fases: una de jurisdicción y otra de méritos en la que se decide el fondo del asunto. En septiembre de ese año se produce un hecho diferencial y muy polémico en Malasia: el Fiscal General del Estado envía una carta al árbitro y a los demandantes reconociendo que el contrato existe, que ha habido un incumplimiento y ofrece una indemnización, todo condicionado a retirar el arbitraje. No se llega a un acuerdo y el proceso continúa . El segundo sultán de Joló ABC Un mes después, el Fiscal General malayo envía una segunda carta con que no reconocen la autoridad del árbitro y que irán a los tribunales de su país para pararlo todo. Un tribunal malayo así lo dicta… pero no se aplica en España ni en Europa ya que ese tipo de órdenes aquí no están permitidas. Fuentes conocedoras señalan, además, que en esa orden se decía que si alguno de los demandantes o sus abogados pisaban Malasia estarían «sujetos a ejecución». En mayo de 2020, Gonzalo Stampa dicta que tiene jurisdicción para resolver y entra al fondo del asunto, pese a que Malasia seguía sin personarse, y aunque se le iba enviando copia de todo. ¿Qué piden los ocho herederos? Tres reconocimientos: que hubo un incumplimiento de contrato; que el contrato es demasiado beneficioso para uno y perjudicial para otro y que por tanto debe resolverse el alquiler o rebalancearse el pago; y que los contratos perpetuos pueden resolverse por una de las partes, por buena fe. Beneficio futuro En el terreno económico, el despacho B. Cremades investigó cuánto ha podido beneficiarse Malasia e hizo unas proyecciones a futuro; cantidades ingentes de dinero que servirían de base en el caso. Hasta 2013, según la investigación, ese Estado ha percibido 50.000 millones de dólares por la explotación de petróleo y gas; hasta 2044 se dice que obtendría 80.000 millones extra por ello, más otros 9.000 millones por el aceite de palma. En ese sentido, se acaba solicitando una indemnización calculada como un porcentaje de los derechos de explotación: 32.000 millones de dólares. Es en este punto en el que se cruzan las maniobras de Malasia para intentar poner fin al proceso. Ese país presenta un incidente de nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales al no haber sido notificado del nombramiento del árbitro. El Ministerio de Exteriores español emite un informe en horas reconociendo que hizo mal las comunicaciones y la Justicia decreta la nulidad del nombramiento de Stampa. Malasia solicita anular la jurisdicción del árbitro… pero todo acaba archivado y sin que Malasia se oponga, lo que da alas a los herederos para los movimientos posteriores. Está anulado el nombramiento pero no que Stampa tiene jurisdicción, con lo que trasladan el arbitraje a Francia . Ya estamos a finales de 2021 y surge un despacho francés en representación de Malasia. En febrero, tres meses después, llega la resolución del caso. El contrato queda resuelto y se obliga a Malasia a pagar 14.920 millones de dólares, el segundo mayor laudo de la historia. Pero esto no iba a ser el final, porque el recorrido judicial es mucho más amplio. Tanto, que ello obliga, aún, a que los ocho herederos permanezcan escondidos en algún lugar del sudeste asiático. Durante 2020, 2021 y este 2022 se han cruzado demandas entre las partes, solicitudes, procedimientos… entre los que está la apelación de la jurisdicción francesa, la solicitud de nulidad del laudo final y también una denuncia de Malasia contra Stampa, por la cual se le investiga por usurpación y desobediencia en un juzgado de Madrid. La causa se ha convertido en un asunto de Estado en Malasia Tras ello llega el momento de ejecutar la decisión en todo este lío judicial. Lo que viene siendo cobrar los 15.000 millones de dólares . Para ello se pone el ojo en la empresa petrolera malaya, Petronas, que tiene filiales en muchos países del Viejo Continente, incluido España. El primer paso fue en julio de este año acudir a Luxemburgo a ejecutarlo, lo que ha derivado en medidas cautelares y el embargo de las acciones y cuentas de dos filiales de Petronas. En septiembre decidieron llevarlo también a Países Bajos, a La Haya, para pedir ahí también la ejecución, lo cual está pendiente. Aunque esto solo son los dos primeros pasos que prevén dar los herederos para obtener el dinero. Ahora les espera, previsiblemente, un recorrido por varios países más de Europa. Sin embargo, todo ello está sujeto a una elevada incertidumbre por el camino que tome Malasia, que afronta elecciones próximamente. De hecho, esta causa se ha convertido en un asunto de Estado allí. En juego están 15.000 millones de dólares.. http://www.databot-app.com