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News – Noticias «Alfredo García, @OperadorNuclear: «Tenemos un Plan Energético que depende excesivamente del gas natural»». Ir a contracorriente es algo a lo que está acostumbrado Alfredo García Fernández, más conocido en las redes sociales como @OperadorNuclear , y que pasa por ser un reconocido defensor de la energía nuclear con sendas licencias de supervisor y operador nuclear otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además de ser ingeniero técnico en telecomunicaciones y licenciado en Comunicación Audiovisual. Agudo analista y dispuesto a modificar alguno de los mantras extendidos sobre la polémica energía nuclear, este divulgador acaba de publicar su segundo libro ‘Geoestrategia de la bombilla. Energía nuclear para un cielo limpio’ (Península, 2022). En el mismo, intenta descubrir al lector la trastienda que explica la crisis energética que sacude en la actualidad al mundo y cómo será el comportamiento de actores tan impredecibles como Rusia y China. «La energía nuclear hace décadas que es verde o si lo decimos de una forma más académica, sostenible» , defiende con ahínco a lo largo de toda la obra. Además de avisar que los planes energéticos del Gobierno pecan de excesiva dependencia hacia el gas. ¿Qué valoración hace del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030? El PNIEC del Gobierno confunde el fin con los medios y está diseñado para cumplir con el programa electoral del PSOE y sus socios. Si realmente pretendemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la prioridad no puede ser cerrar las centrales nucleares (7,4 GW que producen el 22% de nuestra energía eléctrica, el 30% de la producción baja en emisiones) y mantener intacto el parque de ciclos combinados de gas natural (26 GW, equivalente a 26 reactores nucleares).Lo que ha hecho evidente el conflicto en Ucrania es nuestra dependencia del gas de Argelia y Estados Unidos. «Sin embargo, hay que pensar también más allá, qué va a pasar con la energía en las próximas tres décadas» Alfredo García @OperadorNuclear   ¿Se está gestionando bien nuestra cartera de proveedores para evitar el problema alemán con el gas ruso? Como decía antes, las soluciones actuales son verdaderos parches, porque tenemos un PNIEC que depende excesivamente del gas natural para poder prescindir de la energía nuclear y cubrir la variabilidad de las energías renovables. Además de tomar medidas urgentes, España debería replantearse completamente su PNIEC, continuando con una clara apuesta por las energías renovables (que no se están instalando al ritmo previsto), mantener los 7 reactores nucleares actuales y facilitar la construcción de los que sean necesarios para ir prescindiendo del gas natural progresivamente. China y el corredor verde ¿Está de acuerdo con el Gobierno, en que España puede jugar un rol esencial como estación clave de la entrada de gas para el resto de Europa? ¿Qué le parece el nuevo corredor verde? Creo que es una apuesta interesante, siempre y cuando se termine utilizando para hacer pasar hidrógeno y no solo gas natural, que va a ser su uso inicial. Francia también apuesta por la generación de hidrógeno, aunque en su caso de origen esencialmente nuclear (rosa), así que el pulso va a ser quién termina vendiendo hidrógeno a quién. ¿Cree que la Unión Europea (UE) debería replantearse los ritmos del Pacto Verde en vista del complejo contexto internacional? ¡Sin duda! La situación actual requiere medidas rápidas, drásticas y efectivas, pero no dejan de ser parches por no haber hecho bien las cosas antes, como Alemania al haber cerrado 14 de sus 17 reactores nucleares, algo parecido a lo que pasó con la pandemia. Sin embargo, hay que pensar también más allá, qué va a pasar con la energía en las próximas tres décadas. Eso es lo que analizo y explico en mi libro, con todas las interdependencias que supone, en cuanto a tecnologías, recursos minerales e interconexiones. «En mi opinión la energía que nos proporcionará el verdadero desarrollo sostenible será la fusión nuclear, una energía inagotable, segura y sin apenas residuos» Alfredo García @OperadorNuclear En el libro asegura, con total certeza, que sin China no hay nada que hacer. ¿Cree que el presidente chino Xi Jinping hará honor a sus declaraciones? Los datos avalan mi afirmación, el gigante asiático es el mayor consumidor de energía y el principal emisor de dióxido de carbono del mundo, responsable de un tercio de las emisiones globales. En términos energéticos, China es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo , después de Estados Unidos, pero también el que fabrica el 70% de las baterías para vehículos eléctricos. Además, produce más de la mitad del acero y cemento del mundo, dos industrias con enormes emisiones de dióxido de carbono, tanto, que sumados emiten más que toda la Unión Europea. Espero que los dirigentes chinos cumplan su palabra. Su tesis para el futuro es una suerte de mix energético entre renovables y la energía nuclear, ¿por qué se mira a la segunda con tanto recelo? Las razones son muy variadas, pero todas tienen algo en común: el bajo conocimiento que la mayoría de las personas tienen sobre la energía nuclear y los mitos interesados que se han vertido sobre ella para obtener votos (políticos), ganar adeptos (organizaciones ecologistas) y dinero (promotores de otras energías). Los accidentes nucleares se han magnificado, cuando dos de ellos, Three Mile Island (EEUU, 1979) y Fukushima (Japón, 2011) no causaron víctimas mortales ni aumento en la incidencia del cáncer por la radiactividad, según UNSCEAR. Sin embargo, no se suele explicar que cada año mueren 7 millones de personas en el mundo por la polución del aire (OMS), unos 5 Chernobyl cada día. El futuro de la energía nuclear Economistas de renombre como el francés Philippe Aghion sostienen que la energía nuclear puede ser una estación intermedia hacia un desarrollo sostenible, en el que existe el peligro de quedarse demasiado tiempo, ¿qué le parece esta tesis? En mi opinión la energía que nos proporcionará el verdadero desarrollo sostenible será la fusión nuclear, una energía inagotable, segura y sin apenas residuos. Sin embargo, desconocemos cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir la fusión nuclear y al mismo tiempo necesitamos suministrar energía constante a 8000 millones de personas, no podemos perder el tiempo ni pensar en estancamientos de una tecnología. Debemos disparar en todas las direcciones que nos permitan conseguir los objetivos: energías renovables, energía nuclear de fisión, almacenamiento, hidrógeno, metanol, eficiencia energética y captura de dióxido de carbono, entre otras. «Los reactores que se construyen actualmente, de III Generación, son todavía más seguros» Alfredo García @OperadorNuclear Es evidente que la seguridad y la tecnología que rodea la energía nuclear han evolucionado, ¿en qué punto estamos? ¿Cree que hay soluciones razonables al espinoso problema de los residuos nucleares? La energía nuclear actual, incluyendo los reactores de II Generación construidos en los años 80, que han sido modernizados, es tan segura para la salud de las personas y sostenible para el medio ambiente como las energías renovables , a mucha distancia de los combustibles fósiles. Y esta afirmación la respaldan numerosos estudios avalados por la ONU, la UE y la AIE (Agencia Internacional de la Energía). Los reactores que se construyen actualmente, de III Generación, son todavía más seguros y los de IV, además de incorporar nuevas medidas de seguridad que incluyen no necesitar alimentación eléctrica, tendrán la capacidad de reciclar los residuos radiactivos. Los pequeños reactores modulares (SMR) son de III y IV Generación, añadiendo más versatilidad, abaratamiento de costes y rapidez de construcción, al fabricarse en serie. Los residuos radiactivos tienen dos soluciones: por un lado la solución de consenso científico internacional, el almacenamiento geológico profundo en lugares que han permanecido geológicamente estables durante millones de años (el AGP de Finlandia, en fase final de construcción, está en un lugar que ha sido estable durante mil millones de años). Pero existe una segunda solución, todavía más interesante desde mi punto de vista: reciclar los residuos radiactivos en reactores de IV Generación. Rusia tiene un reactor de ese tipo reciclando residuos desde 2016 y China ha puesto en marcha el suyo hace unos meses.. «Leve respiro de la gasolina en vísperas de una nueva entrega de la inflación». Mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de noviembre, que en la actualidad se sitúa en el 7,3% (octubre) mientras que la subyacente (la que excluye alimentos y energía) se ha estabilizado en el 6,2%. Esto sucede mientras los precios de los combustibles parecen darnos un respiro por , a tenor de los datos proporcionados por el Boletín Europeo de Petrolero cuya última versión data del pasado pasado lunes 21 de noviembre. En el mismo, el gasoil para automóviles estaba a 1,876 euros y la Euro Super 95 a 1,764 euros. Sin embargo, a mediados de octubre, en el Boletín del 17 de octubre, el gasoil esta a 1,949 y la Euro Super 95 un poco más baja, a 1,756. En este leve caída y estabilización, no muy perceptible todavía, influye el comportamiento del petróleo. Especialmente de la referencia que se utiliza para el mismo en Europa: el Brent. El barril ha pasado de pagarse a 98,57 dólares el barril el pasado 4 de noviembre a 89,78 dólares el día 17 para terminar el 25 en los 83,71 dólares. Una moderación que parece ya empezar a trasladarse a los precios. Algo muy importante teniendo en cuenta que todavía gran parte del parque automovilístico depende del diésel y la gasolina. De todos modos, l os combustibles siguen aportando a la inflación aunque no igual que picos anteriores. Según el INE, estos ya acumulan una subida en el año del 17,9% aunque en el mes fue de apenas el 1,1%. Tampoco hay que perder de vista el conflicto en Ucrania, que parece encapsulado sin riesgos de extenderse, y a lo que se suma la merma en la capacidad de refino que sigue padeciendo la UE y que obliga a importar desde países asiáticos con el consiguiente incremento de costes.. «La factura energética de los operadores amenaza la rebaja de billetes de alta velocidad». Mientras miran de reojo las estrategias comerciales de sus rivales, los tres operadores de alta velocidad se han puesto de acuerdo para atajar uno de los actuales problemas del sector ferroviario: la factura eléctrica. Renfe, Ouigo e Iryo – este último empezó a operar el pasado viernes – han mantenido reuniones en las últimas semanas con las suministradoras de electricidad y Adif para depender en menor medida de las fluctuaciones del precio de la energía. Un problema que, avisan desde el sector, pone en riesgo la rebaja de los billetes de AVE tras la liberalización . «Todavía no se está trasladando, pero si se mantienen las fluctuaciones terminará llegando a los billetes», explican desde un operador. La energía representa entre el 20 y el 25% del coste total de estas empresas. Y este gran peso en los balances ha provocado que, ante la subida del precio de la electricidad, los operadores hayan tenido que soportar cuantiosos sobrecostes en los últimos meses. En el caso de Renfe, la factura energética se incrementó un 80% el año pasado , hasta los 133 millones, y se duplicó en el primer trimestre de 2022. Desde Ouigo aseguraron por su parte que el coste energético se había multiplicado por cinco durante los primeros meses del año. Con el paso de los meses, los precios del mercado se han ido suavizando. Según ha podido saber este periódico, las cuentas que aprobará hoy lunes Renfe en su consejo de administración reflejan que en octubre la empresa gastó 47,52 millones en la factura eléctrica, un 14,3% menos (55,47 millones) respecto al mismo mes de 2021. Y eso que en octubre Renfe contó con un 18,9% más de trenes por kilómetro respecto al mismo mes del año anterior. Pese a la rebaja de la electricidad, los operadores llevan meses maniobrando para blindarse de cara al próximo repunte de la electricidad. La fórmula escogida hasta ahora ha sido una compra conjunta y acordada entre las tres firmas para que el 40% de la factura eléctrica tenga un coste fijo y el resto sea variable. Este sistema, que estará vigente hasta marzo, cambiará de cara a los próximos lotes de energía. El Gobierno ha aprobado una serie de cambios normativos en las últimas semanas para que los operadores tengan capacidad de negociación individual con las suministradoras . Según este sistema, que entrará en funcionamiento con la próxima compra de energía, prevista para abril, cada compañía ferroviaria podrá solicitar coberturas de precio de la totalidad o parte de la energía que tienen previsto consumir en un período temporal determinado (mes, trimestre o año), tomando como referencia el mercado de futuros. Los operadores ferroviarios cuentan con este sistema con más libertad de negociación con las suministradoras de electricidad, aunque siguen sin poder cerrar definitivamente los acuerdos. Este paso, según la norma vigente, corresponde a Adif. Además de ello, con los nuevos cambios las empresas de AVE podrán cerrar sus propios acuerdos s in necesidad de que estos tengan que ser aprobados por sus rivales. Esta opción, reclamada por Ouigo, permitirá a cada empresa desarrollar su propia estrategia con las comercializadoras energéticas. Hasta ahora la compra de electricidad tenía que ser acordada entre todos los operadores. Noticia Relacionada estandar No Los autobuses de largo recorrido serán gratuitos en 2023 EP Actualmente la medida está limitada a un descuento del 50% en algunas rutas El objetivo de algunas empresas ferroviarias es que estos nuevos acuerdos, que entrarán en vigor a partir de abril, impliquen un 60% de coste fijo y un 40% variable, un reparto que deberá pasar el filtro de Adif . El gestor ferroviario y los operadores han mantenido, con el conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) varias reuniones en las últimas semanas para perfilar el nuevo sistema de compra de energía. El precio de la electricidad se ha convertido en uno de los puntos clave para la nueva Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, cuyo lanzamiento se anunció en mayo pero todavía no ha sido constituida. Está previsto que sea en diciembre cuando la nueva patronal, en la que estarán Renfe e Iryo pero no Ouigo, se constituya de manera oficial. Petición al Gobierno Fuentes del sector aseguran que, de forma paralela a los nuevos acuerdos con las suministradoras de energía, los operadores ferroviarios presionarán al Gobierno para obtener algún tipo de bonificación que alivie su factura eléctrica de cara al año que viene. En verano ya se especuló con la posibilidad de que el Ejecutivo destinara ayudas a las empresas del sector, pero finalmente solo las compañías de transporte de mercancías recibieron incentivos. El objetivo, en último caso, es conseguir los incentivos que ya disfrutan las industrias electrointensivas , algo complicado precisamente porque los operadores ferroviarios no realizan compras directas de electricidad sino que como se ha explicado se llevan a cabo a través de Adif.. «La ley de empleo de Díaz pincha en la formación y abona el estancamiento del paro». La nueva Ley de Empleo que el Gobierno ya ha trasladado al Congreso de los Diputados para superar el proceso parlamentario podría nacer sin contenido y fracasar en los objetivos marcados en el momento en el que se auspició desde el Ministerio de Trabajo . Principalmente, porque las modificaciones que se incluyen sobre la estructura de las políticas activas de empleo en el España no resuelve los profundos problemas que acusa el pliego de medidas destinadas a mejorar y fomentar la búsqueda de empleo entre los colectivos más vulnerables y entre los parados. En un principio, el espíritu de la ley es precisamente dotar de un orden a toda la estructura de políticas activas que corre a cargo tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, pero los analistas observar deficiencias en el texto que alejan el objetivo. Es más, las modificaciones no lograrán revertir el desfase existente entre la oferta formativa para desempleados y la demanda empresarial de ciertos perfiles profesionales, tampoco resuelve el descontrol de gasto en estas políticas por la ausencia de sistemas de evaluación de eficacia, y por último, podría generar inseguridad jurídica por la ambigüedad de la terminología que utiliza el gabinete dirigido por Yolanda Díaz en el proyecto de ley. Estas son algunas de las principales conclusiones que arroja el análisis recién publicado ‘Algunos comentarios sobre el proyecto de ley de empleo’ del investigador asociado de Fedea, Miguel Ángel García Díaz , quien aborda en el documento las líneas fundamentales de los cambios normativos con una idea clara: la alta generalidad del texto impide llevar a cabo modificaciones profundas en el sistema de políticas activas de empleo. Noticia Relacionada estandar Si El Tribunal de Cuentas destapa el descontrol del gasto de la Seguridad Social en los contratos laborales bonificados Gonzalo D. Velarde El Ministerio de José Luis Escrivá alega que se ha perdido un 37% de la plantilla en tres décadas Cabe recordar en qué consiste esta nueva ley de empleo. Trae causa del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea para la llegada de fondos Next Generation. En líneas generales, el preámbulo de la ley apunta que «el aumento de la capacidad de nuestras instituciones hace necesaria una reforma de las políticas activas de empleo, reforma que se ha de sustentar en medidas como la modernización del Portal Único de Empleo mediante el uso de inteligencia artificial y demás herramientas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la adecuación entre la oferta y la demanda y aumentar la competencia y la productividad de la economía». En este sentido, el Ministerio de Trabajo prevé la mejora de los servicios de orientación para personas desempleadas «para proporcionar una orientación de calidad y personalizada», mejorar la coordinación entre la Agencia Española de Empleo, los servicios de empleo autonómicos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades educativas para vertebrar respuestas público-privadas coherentes e integradas a escala nacional, y « aumentar la financiación de las políticas activas mediante el establecimiento de una ratio orientador/persona desempleada u otros indicadores objetivos que permitan ir cerrando la brecha relativa que existe entre España y los países de la UE o la creación de un sistema de evaluación y monitorización de las políticas activas eficaz mediante una sistematización de toda la información y la inclusión de criterios clave como el éxito de inserción laboral o la calidad del empleo conseguido» Puntos débiles de la normativa Esto, como punto de partida, se muestra como un objetivo loable, pero carente de contenido si hinca el diente al articulado. Cabe recordar que uno de los puntos más sensibles de las políticas activas de empleo es el coste que tienen para las arcas púbicas cada año. Y, más allá, la polémica está en si este desembolso se justifica con los resultados de las múltiples ayudas y bonificaciones que se aplican sobre la contratación en los niveles de empleo. Concretamente, el Estado destina en torno a 1.500 millones de euros a estas políticas activas (2.000 millones al año según la Airef) y son un 38% más los trabajadores que están cubiertos por estas bonificaciones de contratos que hace cuatro años. La primera deficiencia que detectan los expertos está en la propia redacción del texto. «La norma maneja conceptos poco concretos que dificultan su cumplimiento y su evaluación posterior. Términos como acceso a un empleo decente; búsqueda activa de empleo; necesidades específicas de las distintas etapas vitales; ocupación adecuada, etc. Cualquiera de estos conceptos dificulta el diseño y despliegue de programas específicos, a lo que hay que sumar que la negativa del interesado a seguir las actividades formativas propuestas o su consideración como no adecuada de las ofertas, disminuye sensiblemente la utilidad de los esfuerzos realizados por los servicios públicos (y privados) de empleo», apuntan los analistas. Esto, advierten desde Fedea, podría generar además un foco de inseguridad jurídica ya que esta ley deberá ser interpretada por todos los organismo a los que apela la normativa, incluidos los Servicios de Empleo locales y autonómicos pudiendo generar distorsiones de aplicación por la ambigüedad de los conceptos. «Las obligaciones fijadas a los servicios públicos de empleo, en especial a los autonómicos, sustentadas en consideraciones demasiado genéricas pueden generar inseguridad jurídica ante las posibles diferencias en la interpretación y evaluación de su cumplimiento», señala el estudio. Esto por el lado de la redacción. Pero el contenido también parece quedarse corto a ojos de los expertos. «El texto recoge en su preámbulo una amplia exposición de objetivos con los que es difícil no estar de acuerdo, pero el articulado no se corresponde con tan ambicioso proyecto. Utilizando criterios bastante generales, el texto cumple su intención de realizar un ejercicio de ordenación de las hasta ahora poco eficaces políticas de empleo», advierte Fedea entre sus conclusiones. Así, los expertos valoran la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo y la elaboración de un Catálogo de servicios garantizados de empleo. Pero no se tienen en cuenta «de forma realista» las posibilidades de cumplir con ellos a la vista del desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes (servicios públicos de empleo y usuarios), la insuficiente dotación de recursos financieros y de personal con los que razonablemente se va a poder contar con el actual sistema de financiación, y la ausencia de propuestas dirigidas a mejorar las amplias carencias de la administración pública distintas del número de empleados públicos (organización del trabajo, cualificación del personal y normativa asociada). Tampoco parece que la ley ofrezca soluciones claras para aquellos parados que llevan ya un tiempo en demanda de empleo, y que tampoco encuentran una vía de acceso a través de los cursos de formación del SEPE . Advierte Fedea de que la norma no aporta soluciones para conseguir que los programas formativos desempleo se adecúen a las necesidades de las personas y del tejido productivo. MÁS INFORMACIÓN Díaz da un año de gracia a las empresas antes de endurecer el contrato para becarios «El texto utiliza el concepto de itinerario formativo y luego de formación profesional en el trabajo, sin concretar cuál es su contenido, cómo se articula y sin especificar cómo se puede ligar con las competencias de las personas (se necesita relación entre experiencia, ocupaciones y competencias individuales)», advierten los analistas cuestionándose: «El itinerario de orientación y formativo es ¿lo que necesita la persona? ¿lo que pide el mercado? ¿a lo que se puede acceder en su localidad de residencia?».. «Sin contrapoderes». España es el país de la UE que destina un mayor presupuesto para su sistema judicial pero que cuenta con el menor número de jueces. También es el que lleva más retraso en la ejecución de sentencias. Y la parálisis en el CGPJ ha provocado una disminución del 14% de la plantilla de magistrados del Supremo y que se dicten 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas. Estos son tres de los datos recopilados por la Fundación Hay Derecho en el informe ‘Midiendo el Estado de Derecho: antes y después de la pandemia 2018-2021’ que ha elaborado con la cátedra de Buen Gobierno y Transparencia de la Universidad de Murcia, imitando uno que elabora cada año la Comisión Europea. La recopilación hace un énfasis especial en la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema, pero también evalúa a otros poderes del Estado. Sobre el Legislativo destaca el abuso del decreto-ley . Sánchez ha tenido tantas situciones de urgencia durante su mandato que ha utilizada una media de 2,8 veces por mes este instrumento recogido en la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad sin apenas debate parlamentario y sin enmiendas. Récord absoluto en la etapa democrática. «Gobernar a golpe de decreto ley produce no sólo una disminución de la legitimidad de las normas, que no emanan del Parlamento sino del Poder Ejecutivo … sino también un acelerado deterioro de su calidad técnica» explica Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación y codirectora del informe. Otro problema que señala el informe es el postureo legislativo. Esta situación se traduce en una entusiasta producción normativa causada por la necesidad de responder a un titular o una noticia. España, además, lidera desde 2016 el ranking de países con mayor número de procedimientos de infracción del derecho comunitario con 105 procesos abiertos en 2021, frente a los 31 y 48 de Dinamarca y Finlandia respectivamente. En materia de transparencia, destaca el creciente interés de los ciudadanos por obtener información pública que choca con la resistencia de la Administración a cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) , como acaba de ocurrir con los informes sobre el salario mínimo que encargó la vicepresidenta tercera. El análisis de los indicadores pone de manifiesto un deterioro persistente de nuestro Estado de Derecho que afecta a varias dimensiones esenciales para el correcto funcionamiento del mismo. Curiosamente, el deterioro siempre confluye en un mismo aspecto: el control del Ejecutivo es cada vez menor y más débil, ya sea porque el Gobierno burla al Legislativo, porque prescinde de las opiniones de otros poderes del Estado representados por organismos técnicos, o porque usa puertas giratorias para prevalerse de una influencia desmedida allí donde el derecho público no legitima su acción. «Frente a esta situación -concluye el informe-, que no es exclusiva de España pero que tiene características propias, no existen unos contrapoderes fuertes». jmuller@abc.es. http://www.databot-app.com