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News – Noticias «El Gobierno mantiene la subida de las pensiones del 8,5% para 2023 pese a la moderación del IPC». La inflación mantiene el pulso pese a los síntomas de debilitamiento de la economía. Aunque la escalada se modera, los precios de los principales productos de consumo diario siguen siendo sensiblemente más caros que hace un año. El IPC se sitúo en el 6,8% en noviembre , según el dato adelantado publicado este martes por el INE. Con este, es el tercer mes consecutivo en el que la inflación concede un respiro a los bolsillos con un aumento por debajo del 10%. Sin embargo, a pesar de la moderación en la escalada de precios las consecuencias del ‘rally’ inflacionista ya pesan sobre la economía y también sobre los planes presupuestarios del Gobierno para el próximo año. Entre las partidas más afectadas por el IPC está la de las pensiones. La revalorización de las prestaciones se calcula cada año con el IPC medio resultante de los doce meses previos a noviembre. Con el 6,8% registrado en el penúltimo mes del año, la subida de las pensiones debería ser de en en torno al 8,46% , en línea con lo previsto por el Gobierno, según recoge la ley que entró en vigor a comienzos de este año para fijar la actualización anual de las jubilaciones y resto de prestaciones que ofrece la Seguridad Social. La desviación sobre la previsión del 8,5% con la que había trabajado el Gobierno para la elaboración de los Presupuestos Generales es mínima, de apenas un 0,04%. En términos presupuestarios, la diferencia en el montante de la factura de aplicar la cifra exacta es de apenas 60 millones de euros. Por lo que finalmente el Ejecutivo aplicará la subida anunciada ahora ya más de dos meses para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas que ya registra la Seguridad Social. Ahora bien, ante esta circunstancia, fuentes cercanas al ministerio en cuestión señalan a ABC que el escenario de restar cuatro décimas a la subida prevista en los Presupuestos Generales no se contempla. «Con los datos actuales la subida sería del 8,5%», apuntan. Cabe recordar, no obstante, que Estadística ofreció este martes el dato de inflación adelantado. Por lo que habrá que esperar a la confirmación definitiva de ese 6,8% para que el Gobierno comience a elaborar el decreto que fijará la cuantía de las revalorizaciones el próximo año. La subida más cara de la historia Y este compromiso adquirido por el Gobierno de cumplir con este precepto de la ley a rajatabla tiene un abultado coste para las arcas públicas. Concretamente, el organismo que dirige el ministro José Luis Escrivá deberá abonar en concepto de subida de las pensiones unos 15.300 millones de euros. Solo por la subida del 8,5%, que será la más alta de la historia. Este desembolso, más allá, correspondería solo a la revalorización. Es decir, se añadirían dentro de la factura de más de 190.000 millones de euros que asumirá el Estado durante el próximo año. Y no queda ahí, dentro de este montante también se contabiliza el efecto de las jubilaciones del baby boom que ya están empezando a producir, y que según los expertos también aplican un sobrecoste de en torno a 4.000 millones de euros por el efecto sustitución, que se traduce en que las nuevas prestaciones son un 20% más caras de media que las que salen del sistema. La batería de medidas adoptadas en los últimos meses por el Gobierno para desinflamar la evolución de los precios, y en la que ha empeñado alrededor de 20.000 millones de euros de recursos presupuestarios entre bajadas de impuestos, bonificaciones y ayudas directas a los hogares vulnerables y a los sectores más afectados, ha surtido efecto en el momento justo, cuando tocaba calcular la revalorización de las pensiones. Hace solo dos meses, la media del IPC se situaba en el 8,7% , por lo que la fuerte moderación experimentada por el indicador en el último tramo del año, en el que ha caído desde el 10,5% que marcaba en agosto al 6,8% en apenas tres meses le ha ahorrado al Gobierno y, en concreto, a las cuentas de la Seguridad Social unos 360 millones de euros.. «El alto rendimiento entra en territorio inexplorado». Cuando hace 35 años surgieron los mercados de bonos de alto rendimiento, acababa de iniciarse un periodo de baja inflación sostenida. Durante las dos últimas décadas, la inflación se ha mantenido moderada y los tipos de interés, muy por debajo de los niveles observados durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido una época en la que el alto rendimiento ha ido viento en popa. De hecho, surgió justo después del periodo de inflación excepcionalmente elevada que se dilató desde la década de los setenta hasta principios de los ochenta. En Estados Unidos, el mercado de alto rendimiento emprendió el rumbo a mediados de los años ochenta, en parte para ayudar a financiar las compras apalancadas cuya finalidad era sacar partido de activos infrautilizados de las compañías. En Europa apareció unos diez años más tarde. Por tanto, con la reaparición de una inflación y unos tipos de interés más elevados, es justo decir que los mercados de alto rendimiento están entrando en territorio inexplorado: una coyuntura en la que creemos que la selección del crédito basada en el énfasis en el análisis cobrará cada vez más importancia. Los cerca de 15 años que han pasado desde la crisis financiera mundial se han caracterizado por la expansión cuantitativa y unas condiciones monetarias excepcionales concebidas específicamente para apoyar a las compañías. Los tipos de interés se han situado en cotas mínimas históricas, sobre todo si se compara con la era inflacionista de los años setenta y ochenta. Si bien la Reserva Federal estadounidense intentó poner fin a la época de dinero fácil en 2013 y, luego, en 2019, las reacciones adversas en los mercados financieros lo impidieron. Sin embargo, en 2022, los bancos centrales no han tenido más opción que subir los tipos de interés, puesto que la inflación ha superado el 10% en la zona euro y el 8% en Estados Unidos , cifras que superan con creces sus objetivos del 2%. A medida que los tipos de interés de la deuda pública también aumentan en toda la curva de tipos y los diferenciales de la deuda corporativa se amplían, el resultado inevitable estriba en que los costes de financiación de las compañías crecen a niveles superiores a los observados desde hace muchos años. Los tipos al alza ejercen presión en las compañías más débiles En el caso de los emisores de alto rendimiento apalancados, el encarecimiento del servicio de la deuda erosiona sin remedio el flujo de caja y los beneficios. Algunos sencillamente obtendrán unos beneficios más magros y reducirán sus pagos de dividendos, pero otros pueden tener dificultades para sobrevivir. Prevemos una mayor presión sobre los créditos más débiles (con calificación CCC) y hay una sensación de mayor riesgo de impago que en los últimos 15 años de condiciones de financiación barata. Además de la presión a la que se verán sometidos los prestatarios corporativos, la elevada inflación de hoy en día puede prolongarse en el tiempo. Esto se debe a que muchos de los factores que inciden en la inflación escapan al control de los bancos centrales. La subida de los tipos apenas resuelve problemas como los cuellos de botella logísticos, la escasez de commodities y la falta de mano de obra en algunos países. Desde la óptica de la gestión de fondos, saber qué compañías pueden prosperar en este entorno más complicado resulta fundamental. Algunas compañías se hallan en una posición de fuerza: fabrican productos excepcionales y pueden controlar sus precios. Sin embargo, estas firmas robustas suelen encontrarse con más frecuencia entre los emisores de bonos con calificación investment grade. No obstante, la actual coyuntura podría acarrear considerables dificultades para las compañías de la cartera de capital inversión (private equity) que conforman una proporción del universo de alto rendimiento. Las subidas de los tipos llamados «libres de riesgo» —a efectos prácticos, los de la deuda pública— hacen que se incremente el tipo de descuento empleado para valorar la renta variable en los mercados públicos. Por consiguiente, las valoraciones de la renta fija, como los ratios precio/beneficio (PER) tienden a la baja. Por ejemplo, el PER del índice estadounidense S & P 500 se sitúa ahora en 20 veces (según los beneficios anunciados de 2021), lo que supone un descenso respecto de la cifra de 25 veces de hace un año, mientras que el índice estadounidense especializado en tecnología, el Nasdaq, ha retrocedido de 31 veces hace un año a 25 veces, y llegó a tocar fondo en mayo cuando se situó en 20 veces 3 . Sorprendentemente, apenas ha habido diferencias entre las rentabilidades de los bonos con diferentes calificaciones crediticias en 2022. Sin embargo, no creemos que esta situación dure, puesto que las compañías más débiles atravesarán dificultades a medida que los tipos de interés suban y, más adelante, seguramente se contratarán con una mayor prima de riesgo. Otro escollo para las compañías de alto rendimiento se deriva de la actual crisis energética y la transición energética. Combinadas, están encareciendo la energía, lo que supone mayor mayor presión para compañías de todos los sectores. En este entorno, seguimos apostando por sectores tradicionalmente estables, como las telecomunicaciones, o compañías con libros de pedidos robustos y calificaciones crediticias más elevadas de sectores como el de la automoción. El énfasis en el análisis se revelará importante En lo que llevamos de 2022, el posicionamiento prudente de nuestras carteras no se ha visto recompensado, lo que ha resultado frustrante. Sin embargo, en este contexto sin precedentes para el alto rendimiento, cobra especial relevancia recurrir a un análisis intensivo del crédito. Contamos con un equipo y un proceso de inversión que han sorteado varios ciclos crediticios complicados. Siguen buscando compañías de mayor calidad capaces de superar este riguroso entorno, con equipos directivos que gocen de flexibilidad para adaptar su mentalidad a la situación.  . «Díaz arremete contra la reforma de las pensiones de Escrivá y denuncia que endurece el acceso». Las piezas dentro del Gobierno chirrían y, de nuevo, es a cuenta de la reforma de las pensiones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha apuntado este martes durante la visita que está realizando a México que «la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir», informa Servimedia. Unas declaraciones que realizó tras ser preguntada por los medios sobre la propuesta remitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá dentro de la segunda fase de la reforma de las pensiones y que, entre otras propuestas, supondrá elevar el periodo de cálculo de las pensiones. En concreto, Díaz ha recordado que primero está estimación se realizaba sobre 8 años, luego sobre 15 años y hasta la actualidad sobre 25 años, que todavía no está totalmente en vigor. A su juicio, defendió que la reforma laboral se impulsó para «recuperar» derechos y que, en su opinión, la ampliación del periodo de cálculo es una decisión que «no la compartimos» . Noticia Relacionada estandar No Las pensiones subirán un 8,46% en 2023, más de 100 euros al mes de media, tras moderarse el IPC en noviembre Bruno Pérez La pensiones subirán casi un 8,5% en 2023 para cumplir con la ley de fijar la revalorización según los 12 meses previos a noviembre En cualquier caso, ha reiterado su respeto hacia las conversaciones que están teniendo lugar dentro del diálogo social. Sobre el que ha asegurado que contiene «algunos elementos positivos». El documento enviado ayer a los agentes sociales, tal y como informó ABC, supone una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que se eleva de 25 a 30 años , con una excepción, el futuro pensionista podrá elegir los 28 años de cotización más favorables. El periodo de transición se establecerá entre 2027 y 2038, según informó Susana Alcelay. Además también se incluye el destope de las bases máximas a partir de 2023 y de la cotización que no será de aplicación hasta el ejercicio siguiente. De esta forma la subida de las pensiones estará ligada al IPC, al destope y el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).. «Escrivá propone elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y elegir los mejores 28 años de cotización». El Gobierno ha propuesto a patronal y sindicatos una versión casi definitiva de la ampliación del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Una de las medidas que forma parte de la segunda pata de la pensiones que debería de estar aprobada antes del 31 de diciembre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a los agentes sociales elevar de 25 a 30 años el periodo para calcular la pensión, con una salvedad, se podrán elegir los mejores 28 años de cotización . La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038 . El Ejecutivo ha trasladado la oferta a los agentes sociales tras más de dos meses de puertas cerradas sin mantener comunicación sobre los puntos que se incorporarán en la segunda parte de la reforma de pensiones. En sentido, Escrivá habría comunicado a empresarios y sindicatos que la senda de destope de cotizaciones máximas se extenderá hasta 2050 , y que la pensión máxima no subirá en la misma proporción. «La pensión máxima subirá moderadamente hasta 2050», trasladan fuentes cercanas a la negociación. Según apuntan fuentes de la Seguridad Social, también se incluye en esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres «y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género». Además, señalan estas fuentes que también se mejorará el tratamiento de las lagunas de cotización para los autónomos . Además, el ministro Escrivá ha trasladado a los agentes sociales su intención de que las bases máximas subirán cada año en función del IPC más una pequeña subida anual, que correspondería al destope. Esta medida que el ministro de Seguridad Social pretende perpetuar se empieza a aplicar ya en 2023 cuando la base máxima de cotización llegará a 54.000 euros tras la actualización por la inflación de este año del 8,6%. Será para 2024 cuando también se añada la subida por el destope de cotización. Desde entonces la subida será del IPC más el destope más el mecanismo de equidad intergeneracional . Concretamente, el Gobierno estima que la senda de aumento de las bases máximas a 30 años vista supondrá un 1,154% anual . A este porcentaje habrá que sumar el 0,6% del mecanismo de equidad y el que resulte de la actualización por el IPC. La oferta llega después de este periodo de incomunicación en el que el Gobierno ha maniobrado para acordar con Podemos los puntos clave del decreto que incluirá la reforma. Esta versión light de la ampliación del periodo de cálculo y el aumento mayor de las cotizaciones que de la pensión máxima eran dos líneas rojas de la formación morada que el Gobierno satisface con la propuesta presentada, que ha podido conocer ABC. Impacto en las prestaciones Con todo, estas medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de diálogo social eran las últimas en las que Bruselas confiaba para ofrecer garantías de equilibrio financiero de la Seguridad Social. Sin embargo, a expensas del análisis de la Comisión Europea, parece que estas medidas podrían quedarse cortas en el objetivo, teniendo en cuenta que como producto de las primeras introducidas ya en 2022 llevarán al Estado a gastar 20.000 millones más el próximo año en prestaciones, hasta los 190.000 millones. Así, mientras que el Banco de España y los expertos advertían de que la ampliación de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la pensión podría suponer un recorte de las prestaciones inicial del 8,5%, el hecho de poder elegir los mejores 28 años tendría un impacto neutro sobre la mayoría de las carreras de cotización. Teniendo en cuenta que se podrán descartar los dos peores ejercicios, la ampliación efectiva del periodo de cómputo sería de tres años, con un impacto financiero limitado.. «El precio de los trenes de bajo coste no convence a los viajeros». La liberalización de la alta velocidad ferroviaria ha traído una rebaja de los billetes… que deja fríos por el momento a los viajeros. El último panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado la semana pasada, refleja que el 6,7% de los usuarios está «nada satisfecho» con el precio de Avlo y Ouigo , mientras que el 15,7% está «poco satisfecho» y un 21,4% se muestra «ni satisfecho ni insatisfecho». Entre todos los indicadores que recoge la CNMC respecto a estos servicios, el precio es el que más duda genera a los viajeros. Un 55,9% de los usuarios sí que se muestra satisfecho o muy satisfecho con este indicador. Se trata de un porcentaje inferior respecto al tiempo del viaje (65,5%), la puntualidad de los trenes (65,1%) o la limpieza de los trenes (60,5%), que son los que mejor valoran los usuarios, según la encuesta de Competencia . Aún así, las críticas de los usuarios al precio de las ‘low cost’ se quedan lejos de las que arrojan sobre el AVE de Renfe. Noticia Relacionada estandar No Renfe, Ouigo e Iryo ya compiten por la alta velocidad: así es la estrategia de cada uno Guillermo Ginés El operador hispano-italiano ha empezado a circular este viernes, convirtiéndose así en el tercer operador en prestar servicios Según el panel de la CNMC, el 61,7% de los usuarios del AVE están nada satisfechos, poco satisfechos o ni satisfechos ni insatisfechos con el precio de este servicio. Solo el 37,1% de los viajeros se muestra conforme con el coste de la alta velocidad tradicional de Renfe, mientras que por ejemplo el 72,1% valora positivamente su comodidad. Históricamente, el precio ha copado la mayoría de críticas de los viajeros al AVE. El propio Gobierno ha reconocido que el coste de viajar en alta velocidad era elevado, destacando que la liberalización ferroviaria ha permitido «democratizar» el servicio para acercarlo a familias y estudiantes. Precisamente esa labor de «democratizar» el tren ha recaído en los operadores de bajo coste, Avlo (Renfe) y Ouigo. El primero prometía billetes desde 7 euros; el segundo, desde 9 euros. En la práctica, la rebaja es mucho menor si no se viaja con suficiente antelación o se reserva para horas puntas. Con todo, es cierto que la irrupción de los operadores ‘low cost’ ha permitido rebajar el precio de los trayectos en los que operan. Según los cálculos del operador Trainline, si se compara con el tercer trimestre de 2019, los precios en la ruta Madrid-Barcelona han descendido un 43%, entre junio y septiembre de este año. En l as rutas en las que aún no hay competencia , tal y como publicó ABC, los precios suben. A principios de año subían un 7% y ahora la diferencia es un 14% más.. http://www.databot-app.com