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News – Noticias «Bruselas vuelve a avisar: sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos». La amenaza de un recorte de los fondos europeos vuelve a sobrevolar España. Es la segunda ocasión en menos de dos meses en que la Comisión avisa a nuestro país de que reducirá los recursos asignados si no da cumplimiento a lo pactado en el plan de recuperación. En octubre fue la advertencia sobre el fallido sistema de control de los fondos; ahora, es la sostenibilidad del sistema de pensiones lo que preocupa a Europa. En una respuesta parlamentaria a la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, el comisario de Economía Paolo Gentiloni pone negro sobre blanco a lo que se enfrenta España si no ejecuta los compromisos acordados: «Si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago. El Estado miembro de que se trate dispondrá entonces de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos. Si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo». Noticia Relacionada estandar Si El fiasco en el sistema de control de los fondos: Montero pide con urgencia datos de ejecución a las comunidades Susana Alcelay Hacienda se ve obligada a reclamar información en formato Excel para poder rendir cuentas ante las autoridades comunitarias Una amenaza que se ciñe en este caso a las pensiones. En el documento se explica que «la Comisión señaló su preocupación por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del plan de recuperación y resiliencia », en referencia al componente 30 que trata de la sostenibilidad de las pensiones. Y entre sus preocupaciones está el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) ya aprobado, y la segunda parte de la reforma de pensiones. El aviso de Gentiloni llega después de la visita que los ‘hombres de negro’ realizaron a España en septiembre, en la que trasladaron al Ejecutivo su preocupación por la solvencia del sistema de pensiones. Como adelantó ABC, la delegación europea informó a Escrivá de sus recelos respecto a la configuración del MEI como un mecanismo semiautomático y le reclamaron ajustes automáticos. Esto podría ser solo un reproche técnico, pero lo que le estaban diciendo los funcionarios a Escrivá es que querían garantías sobre cómo se asegura la sostenibilidad, saber cómo son la reglas y evitar diferir las soluciones de aumento del gasto a los gobiernos futuros. El mecanismo de equidad supone, en la práctica, un nuevo impuesto sobre el empleo que se cargará en la nómina de los trabajadores, de todos con independencia del nivel salarial, y que supondrá un 0,6% del sueldo -del que el empresario se hará cargo de un 0,5% y el empleado el 0,1% restante-. Comenzará a aplicarse en enero hasta 2032. Tras el toque de atención de la Comisión el ministro estaría trabajando en cambios en el mecanismo, que pasarían por ampliar más años su vigencia. La respuesta parlamentaria de Paolo Gentiloni Pero la gran preocupación del Gobierno es que no prospere la segunda fase de la reforma que ya han rechazado los agentes sociales. La fórmula para asegurar las pensiones pasa por elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo, con la opción de ignorar los dos peores. La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038. Además, Escrivá planea que las bases máximas suban cada año en función del IPC, más una pequeña subida anual, que correspondería al destope. Esta medida que el ministro pretende perpetuar se empieza a aplicar en 2023 cuando la base máxima de cotización llegará a 54.000 euros tras la actualización por la inflación de este año del 8,6%. La subida de cotizaciones ha encontrado el rechazo frontal de la CEOE y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para el cálculo no convence ni a la patronal ni a los sindicatos porque no es una medida que lleve el sello del Pacto de Toledo. A esta comisión han enviado al ministro para que logre un acuerdo político antes que social. Así las cosas, Bruselas señala en la respuesta parlamentaria que en la evaluación realizada en su momento se dijo que «para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete habría que abordar el riesgo de una desviación presupuestaria significativa derivada de las medidas adoptadas y tenerlo también en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes». La Comisión avisa de que evaluará el cumplimiento de las reformas de pensiones que se hayan aprobado o se aprueben, una vez solicitado el cuarto tramo de los fondos europeos, que aún hay que solicitar a futuro. Por el momento, el Gobierno ya ha solicitado el desembolso del tercer tramo de los fondos, lo que venían retrasando desde septiembre por el incumplimiento de los compromisos. Sin embargo, se pactó con Bruselas un mes más de plazo para la evaluación de los hitos y reformas adoptados, obteniendo el Ejecutivo más tiempo para llevar a cabo lo acordado. Pero las pensiones no son el único foco de preocupación para Europa. En este último trimestre, Bruselas ha llamado la atención a España por la inoperancia del sistema de control y vigilancia de los fondos europeos. Algo sobre lo que alertaron también los ‘hombres de negro’ y una auditoría que se llevó a cabo, como desveló ABC. Ese sistema, Coffee, es una herramienta que prometió poner en marcha Hacienda hace más de año y medio pero la realidad es que hoy no está operativo. Ese control de los fondos va enfocado a saber el grado de ejecución de los recursos comunitarios y a qué se dedica el dinero, para poder rendir cuentas ante la Comisión. La información, por ahora, se está recabando en formato excel . Un sistema farragoso Fuentes autonómicas denuncian que Coffee no está 100% operativo. En algunos departamentos sí que se pueden volcar los datos de ejecución, pero en otros es imposible, con lo que el Gobierno sigue sin saber el grado real de puesta en marcha de los fondos europeos. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha sido el dirigente autonómico más claro sobre la gestión que realiza el Gobierno. Ya advirtió de que Coffee no funcionaba y ayer volvió a insistir. Habló de «arbitrariedad» en la asignación de los fondos, de «decisiones unilaterales sin el menor atisbo de la llamada cogobernanza de la que tanto presume el Gobierno» y de «un sistema de gestión farragoso e ineficiente».. «El autoconsumo energético, el nuevo gran filón de las telecos». Hace tiempo que las grandes operadoras de telecomunicaciones dejaron de ser lo que tradicionalmente eran para convertirse en compañías de servicios: seguros, alarmas, banca, salud y, ahora, energía. O más, concretamente, la instalación de paneles solares para el autoconsumo energético. Telefónica, Másmovil y Orange han entrado en este nicho de negocio con diferentes propuestas. Precisamente ayer, la francesa puso en marcha su piloto comercial junto a Powen, empresa especializada en este tipo de instalaciones con presencia en España, Portugal y México, dirigido exclusivamente a los clientes de Orange residentes en una vivienda unifamiliar. A ellos les ofrece no solo la instalación de las placas solares, sino una asesoría profesional para gestionar la recepción de subvenciones europeas y un descuento de 100 euros en su factura de telecomunicaciones si permanecen con la teleco 12 meses desde la contratación de este nuevo servicio. «Es un negocio a largo plazo, vamos a tener placas solares en todas partes y es una forma de que, cuando te vayas de la operadora, pierdas más cosas: alarma, seguro médico…», apunta Alberto de Torres, profesor de Esic y CEO de Nektiu. En este sentido, apunta en dos direcciones para justificar los movimientos de las principales telecos: la diversificación y la fidelización. «Al final, lo importante es el contacto con el cliente», añade De Torres, quien prevé que esta tendencia derivará en ‘hubs’ de servicios totales. «Buscan tener al usuario fidelizado, así como mantener el contacto para venderle más servicios» , concluye este experto. Mucho más escéptico se muestra el responsable de investigación operativa del comparador Ysi, Álvaro Contreras. En opinión de este analista, todas estas nuevas líneas de negocio abiertas por las telecos «no van a cuajar, porque el usuario de forma independiente lo puede encontrar más barato y, además, no le ata con permanencias». Además, cree que el consumidor no asocia todos estos servicios a una misma compañía. El camino transitado por Orange es similar al que también han emprendido sus más inmediatos competidores, aunque con matices, según la compañía. Telefónica es la que más fuerte ha apostado por las placas fotovoltaicas. En julio anunció la creación de una ‘joint venture’, compartida al 50% con Repsol, bajo la denominación Solar360 . La nueva compañía echa mano de la tecnología de la startup española Ezzing Solar especializada en soluciones digitales para digitalizar todo el proceso de instalación y gestión. En una línea más parecida a la de Orange, a principios de noviembre de este año, Másmovil lanzaba el servicio para la instalación de de placas fotovoltaicas a través de ‘EnergyGO’ (Yoigo) y, como ha hecho con el seguro médico y las alarmas, se ha asociado con una empresa del sector como Otovo. Por su parte, Vodafone consolidó su apuesta por la energía con su propia tarifa de luz con ahorros de hasta un 25% -estiman en la operadora- frente a opciones más tradicionales. Oporutnidades de financiación En lo que si que coinciden tanto Orange como Másmovil es en dar facilidades de financiación a sus clientes para acceder a este tipo de instalaciones, cuyo coste oscila entre 5.000 y 7.000 euros. Noticia Relacionada estandar No Orange rechaza que la fusión con Másmovil sea comparable a la que vetó Bruselas entre O2 y Hutchison Carlos Manso Chicote «Vamos a crear un mercado español más competitivo, sobre todo, para clientes de valor», destaca el CEO de Orange España Jean François Fallacher La teleco dirigida por Meirad Spenger ofrece un préstamo, a través de su servicio ‘MoneyGO’, de 3 a 96 meses con un 5% TAE. Por su parte, Orange también abre la puerta a una financiación «con condiciones flexibles» . Cabe recordar que la operadora tiene su propio servicio bancario (Orange Bank). Telefónica también dispone de una unidad especializada en créditos personales: ‘Movistar Money’ que ya puede prestar hasta 5.000 euros en condiciones más livianas.. «El impuesto a los ricos del Gobierno arrambla con el blindaje fiscal del patrimonio de personas con discapacidad». La cruzada fiscal del Gobierno para obligar a pagar impuestos por su patrimonio a las grandes fortunas residentes en la Comunidad de Madrid y Andalucía bajo la bandera de la justicia social se va a cobrar algún daño colateral en ese mismo ámbito. El diseño del llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que básicamente replica la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio pero eliminando el efecto de las bonificaciones aprobadas por los gobiernos autonómicos, va a llevarse por delante, salvo cambio de última hora en el trámite de enmiendas del Senado, un puñado de disposiciones normativas aprobadas por hasta ocho gobiernos autonómicos para blindar el patrimonio protegido de las personas con discapacidad . La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad del año 2003 habilitó la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran declarar la exención total de los bienes y derechos protegidos de las personas con discapacidad en el Impuesto sobre el Patrimonio a modo de reconocimiento de los costes extraordinarios –y no siempre cubiertos por el sistema público sanitario o de atención social– que puede acarrear para ellas y para sus familias la cobertura de sus singulares necesidades de atencion y cuidados. La puerta abierta de esa regulación estatal ha sido aprovechada por ocho comunidades autónomas que a día de hoy mantienen diferentes bonificaciones y ayudas fiscales para el colectivo: Cataluña, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura y Castilla y León. Las medidas fiscales en vigor van desde la exención total del Impuesto sobre el Patrimonio que existe en Canarias y Castilla y León a la bonificación en cuota del 99% del valor de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que rige en Cataluña, Asturias y Aragón (con un límite máximo de 300.000 euros), o a la ampliación del mínimo exento para las personas con discapacidad, que se ha ensanchado hasta los 1,5 millones en Andalucía, hasta el millón de euros en la Comunidad Valenciana o a entre 600.000 y 800.000 euros, en función del grado de discapacidad, que está reconocido en Extremadura. Adiós al blindaje fiscal Lo que hace el nuevo impuesto a los ricos, que esta semana encara el trámite de su paso por el Senado con escasas posibilidades de cambio, es establecer una tributación mínima para todos los contribuyentes con un patrimonio declarado que supere los tres millones de euros (3,7 millones de euros si se incorpora la vivienda habitual) y lo hace sin atender a ninguna circunstancia personal, al menos según la redacción con la que el impuesto ha llegado a la Cámara Alta. «El nuevo impuesto no deroga las ayudas fiscales aprobadas para el colectivo de las personas con discapacidad por los gobiernos autonómicos. De hecho aunque quisiera no podría hacerlo», explica Luis Trigo , abogado experto en Derecho Tributario. «Pero por desgracia su desactivación ‘de facto’ será una consecuencia inmediata e inevitable con la actual redacción de la norma, salvo que en el Senado se remedie esta situación, ya que todo lo que tribute por debajo del mínimo que establece el nuevo impuesto, sea cual sea la causa de esa menor tributación, se habrá de tributar al Estado», avisa. Fuentes del Cermi, la plataforma que aglutina a las principales asociaciones representativas de la discapacidad, que en España alcanza a más de cuatro millones de personas, advierten de que el nuevo impuesto se traducirá en una «pérdida de bonificaciones fiscales» y muestran su rechazo a «cualquier regresión en la fiscalidad de las personas con discapacidad y sus familias». La ‘excepción vasca’, otro foco de conflicto La desactivación de las ayudas fiscales para las personas con discapacidad y sus familias con un patrimonio declarado superior a los tres millones de euros, que a juicio de Luis Trigo no sólo erosiona los derechos reconocidos a uno de los segmentos sociales en situación de vulnerabilidad sino que añade un potencial riesgo de inconstitucionalidad ya que afecta a la capacidad de los gobiernos autonómicos para aprobar medidas que favorezcan a los ciudadanos a los que representan, no es el único foco de conflicto al que se enfrenta el nuevo impuesto gubernamental. La negociación abierta entre PNV y Partido Socialista de Euskadi (PSE) sobre la posible no aplicación del impuesto en los territorios forales vascos ha abierto una nueva batalla política en torno a un figura supuestamente creada para garantizar la aplicación armónica de la fiscalidad sobre el patrimonio en todo el territorio español. MÁS INFORMACIÓN El Gobierno amplía la acción del impuesto a los ricos a cientos de grandes fortunas catalanas y de otras cuatro autonomías El impuesto a los ricos de Sánchez se tropieza con la Constitución La maniobra del partido en el Gobierno con uno de sus socios de referencia en el Congreso fue cuestionada ayer por el consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. «La pregunta es por qué se le cede al País Vasco para que pueda dejarlo sin efecto, y a Madrid, Andalucía, Galicia, Región de Murcia o Castila y León, no».. «Un tercio de las economías mundiales están en riesgo de recesión». Un tercio de las economías mundiales están en riesgo de recesión en 2023. Esta es la principal conclusión del informe ‘Perspectivas de la Economía Mundial 2023’ , elaborado por Aurelio García del Barrio, doctor en Ciencias Económicas y director del Global MBA con especialización en Finanzas del IEB. Entre los países afectados se incluye a España. «Después de un 2022 que ha causado, debido principalmente a la guerra en Ucrania y el crecimiento desorbitado de la inflación, una profunda desaceleración económica, el nuevo año llega con un tercio de las economías del globo en riesgo de sufrir una recesión, que en el peor de los casos podría ser incluso global (definida como un crecimiento por debajo del 2%) y cuya gravedad puede verse multiplicada por numerosos riesgos de carácter económico, político y social a lo largo de 2023«, advierte García del Barrio en el informe. Noticia Relacionada entrevista al presidente de cesce estandar Si Fernando Salazar (Cesce): «Lo normal es que con la incertidumbre se frene la inversión» Daniel Caballero El directivo señala que las empresas ven señales de optimismo «pero la nube negra sigue presente» Así las cosas, lo que se pronostica en el documento es una reducción del crecimiento global al 2,8%, afectando la desaceleración a todas las regiones salvo a Oriente Medio y Norte de África, donde se espera que los beneficios de los mayores precios de la energía para los exportadores de energía superen los impactos negativos para otras economías de la región. Al mismo tiempo, el informe incide en el impacto negativo que tiene la política de ‘cero Covid’ fijada en China y que tanta respuesta social está generando en el país asiático. Por su parte, en Europa también se dejarán sentir sobremanera los efectos de esta desaceleración mundial, con amenaza de recesión. «Para muchos países, será difícil evitar la recesión, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada de capital», advierte el autor del informe, que indica que Alemania se enfrenta a su peor situación económica del último medio siglo. Yendo al detalle de España , el panorama no es muy halagüeño. «Nos encontramos en una situación de estanflación y al borde de entrar en recesión, al menos técnica, es decir, dos trimestres de PIB en negativo. No queda otra opción más que haya recesión, porque es el instrumento más útil para acabar con la inflación. El problema está en su duración e intensidad, no en que exista. Y, en el caso de España, los indicios y las políticas que se están aplicando nos llevan a pensar que la recesión puede ser más intensa, siendo el país que todavía no ha recuperado los niveles de PIB previos a marzo de 2020», explica el documento.. «El Parlamento Europeo enviará una misión en febrero a España para auditar el gasto de los fondos europeos». La Comisión de Control Presupuestario (Cocobu) del Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión oficial a España para verificar el uso de los primeros fondos de recuperación que recibió el Gobierno. Esta será la primera intervención del organismo en el escrutinio del estos fondos, que a su vez son los primeros que la UE ha concedido antes de que se inviertan y no como sucede normalmente con los fondos estructurales, que se reembolsan una vez que el proyecto ha sido ya construido. La decisión de enviar esta comisión de control a España entra dentro de las funciones de esta comisión que debe cuadrar el presupuesto de la UE del año 2021 y para ello quiere saber qué ha pasado con los 11.500 millones de euros que recibió España a finales de aquel año. Puesto que el Gobierno se empeñó en ser el primer país en solicitar los fondos y presentar sus planes de recuperación, también va a ser el primero en ser analizado. El análisis de la Cocobu es esencialmente contable, es decir, no se centra tanto en decidir si tal o cuál gasto es adecuado o si ha tenido el efecto esperado, sino que quiere saber exactamente dónde han ido a parar esos fondos que vienen del presupuesto europeo. La presidenta de esa comisión es la popular alemana Monika Hohlmeier, que en octubre en una comparecencia parlamentaria del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, expresó claramente su descontento ante la falta de transparencia del Gobierno español respeto al uso de esos fondos. «No quiero aparecer ante la opinión pública y decirles que aquí tenemos 10.000 millones más 1.500 millones de prefinanciación que ya se han dado a España, lo que representa el 13% de lo que ya han recibido todos los Estados miembros y no le puedo decir a nadie qué se ha hecho con ese dinero», dijo en aquella ocasión. En los próximos días los miembros de esta comisión parlamentaria han de pactar la composición y la agenda de la visita que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero y cuyo propósito esencial es que el Gobierno le enseñe las facturas del uso que ha hecho de esos fondos. La eurodiputada popular Isabel Benjumea considera que esta visita de la Cocobu a España «está plenamente justificada ante las denuncias de retrasos en la ejecución y la falta de transparencia del Gobierno» además, para reclamar en concreto el incumplimiento del Hito 173 que se refiere precisamente al sistema informático de control de los gastos. «Vendrán a pedir las facturas y a pedir explicaciones de en qué se han gastado esos fondos o de por qué no se han gastado». Sombras en el horizonte de España El Parlamento Europeo hizo del control de los fondos de recuperación una bandera esencial cuando se diseñó este mecanismo para ayudar a que los países aprovechasen el parón forzoso de la economía a causa de la pandemia para renovar sus estructuras y acelerar la transición hacia las energías renovables. La decisión de enviar esta misión parlamentaria, que no sería extraordinaria si no fuera porque es la primera que se hace sobre los fondos de recuperación, se añade a otras gestiones que se han llevado a cabo en el Parlamento y que pueden poner en problemas al Gobierno español en Europa, precisamente el año en el que le corresponde ejercer el semestre de presidencia en la segunda mitad del año que viene. Ayer, el consejo de ministros de Economía de la zona euro decidió que a partir de primeros de año va a proceder a analizar la eficacia de las medidas de compensación por los altos precios de la energía. El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, reelegido para un segundo mandato, dijo que «en 2023 examinaremos mes a mes nuestras medidas para asegurar que son más específicas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables que están temporalmente expuestas» a los altos precios de la energía a causa de la guerra de Ucrania. MÁS INFORMACIÓN Bruselas ordenó una auditoría sobre el sistema español de control de los fondos europeos tras detectar debilidades El Gobierno usa la Navidad para retrasar el examen de Bruselas sobre los fondos europeos Por su parte, el Consejo de ministros de Finanzas (Ecofin) de toda la UE que se celebra hoy analizará precisamente la decisión de congelar 7.500 millones de euros de fondos de recuperación para Hungría, porque el Gobierno de aquel país no ha llevado a cabo las reformas que se le exigen en materia de respeto al Estado de derecho. La decisión la tomarán los presidentes en el Consejo Europeo.. http://www.databot-app.com