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News – Noticias «Una de las gurús de Montero para la reforma fiscal vapulea el impuesto a los ricos del Gobierno». El controvertido impuesto a los ricos no solo va a nacer bajo la amenaza de ser tumbado en los tribunales por su presunta inconstitucionalidad sino bajo la sospecha de no cumplir los objetivos que justifican su aprobación . Así lo ha advertido una de las expertas que participó en el comité creado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para elaborar el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario, María Teresa Soler, en una jornada de mujeres fiscalistas organizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda. Soler, catedrática de la Universidad de Alicante y ponente de la parte de imposición patrimonial de la propuesta de los expertos, subrayó ante un foro formado principalmente por asesores fiscales y juristas que el diseño del gravamen, que básicamente fusila las disposiciones regulatorias del Impuesto de Patrimonio, hace que herede los mismos problemas de diseño que arrastra esta figura y que, por esa misma razón, «acabará siendo pagado por las rentas medias-altas» , pero en ningún caso por las mayores fortunas del país, como parecía ser el objetivo de la maniobra gubernamental, alentada desde Unidas Podemos. La que fuera ponente del Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda señaló de manera gráfica que los principales patrimonios del país «no se van ni a despeinar con este gravamen» y avaló de forma explícita una de las intervenciones realizadas en el foro que advertía sobre el hecho de que las verdaderas grandes fortunas del país mantienen la mayor parte de su riqueza en acciones y participaciones de sus propios grupos empresariales, que se consideran como exentas en la actual regulación del Impuesto del Patrimonio y tendrán la misma consideración en el gravamen de solidaridad. Fragilidad técnica El cauce a través del cual el Gobierno ha decidido sacar adelante su largamente prometido gravamen de solidaridad sobre las grandes fortunas no solo ha soliviantado a los contribuyentes directamente afectados por la maniobra o a las comunidades autónomas que de un día para otro han visto invadidas sus competencias fiscales por el Ministerio de Hacienda, también parece haber abierto una grieta con los profesionales que de manera desinteresada se prestaron en su día a colaborar con el Ejecutivo para aportar sus conocimientos en la definición de un nuevo marco fiscal más justo, equitativo y razonable. María Teresa Soler propinó en una mesa de debate sobre la imposición patrimonial un soberano repaso al ‘impuesto a los ricos’ del Gobierno, del que criticó tanto su cuestionable técnica jurídica como el trámite escogido para darles cauce. «Con todas las alternativas que les dimos (en referencia al Ministerio de Hacienda) en el informe y han tenido que hacerlo de esta manera, por la puerta de atrás», se quejó la que fue una de las expertas más activas en el diseño de la propuesta sobre imposición patrimonial del Libro Blanco. La catedrática de la Universidad de Alicante lamentó especialmente que el camino que se ha elegido para incorporar esta figura al ordenamiento legal comprometa lo que observa como una necesidad: la recomposición de la fiscalidad sobre los grandes patrimonios en España y la garantía de que esta se aplica de manera equitativa en todo el territorio nacional. «Empleamos mucho tiempo en debatir la mejor forma de hacerlo con el objetivo no tanto de asegurar una equidad territorial total sino de garantizar la aplicación del impuesto», explicó, defendiendo su teoría de la necesidad de una imposición patrimonial que se aplique en todo el territorio y no ampare situaciones como la que se ha dado en los últimos años con Madrid. Posible inconstitucionalidad Soler, que es catedrática de Derecho Tributario, fue especialmente ácida con el singular trámite escogido por el Gobierno para incorporar el nuevo impuesto al ordenamiento jurídico, a través de una enmienda a la proposición de ley que crea otros dos impuestos, el de la banca y el de las energéticas, esquivando los preceptivos informes de órganos constitucionales. «Se está convirtiendo el principio democrático en un simple cuestión de suma aritmética . Como tenemos respaldo parlamentario para sacarlo adelante, lo hacemos», criticó la experta del comité de Montero en relación al exotismo jurídico de crear un impuesto a través de una enmienda a una proposición de ley. «La técnica jurídica es pésima. Supongo que la idea fue que cómo vamos a gravar los ricos pues lo metemos con el gravamen a la banca y a las energéticas», remachó. Más dudas generó el debate en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la figura. Soler recordó, en relación a alguno de los argumentos que se está enarbolando en el debate público para subrayar la inconstitucionalidad del gravamen, en concreto el de la supuesta ilegalidad de aplicarlo ya para las rentas de 2022, que en una sentencia de 1997 el Tribunal Constitucional avaló la posibilidad de aprobar con el año ya iniciado una norma que pudiera alterar el tratamiento fiscal de determinadas rentas siempre que estuviera justificado y se hiciera en base al interés general. MÁS INFORMACIÓN El impuesto a los ricos del Gobierno arrambla con el blindaje fiscal del patrimonio de personas con discapacidad Andalucía alerta de una fuga de contribuyentes hacia Portugal por el gravamen a los ricos del Gobierno Para la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, Mercedes Ruiz Garijo, la escasa relevancia recaudatoria del impuesto sobre el total de ingresos del Estado hará difícil que se pueda atacar el impuesto por su impacto sobre los contribuyentes. Una posición curiosamente no compartida por una directiva del Instituto de Estudios Fiscales, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que deslizó que en una figura que va a duplicar la recaudación actual que se obtiene por Patrimonio ese argumento probablemente se podrá utilizar. Rocío Lorenzo, fiscalista jefe del despacho Lestlaw, advirtió que el impuesto será un obstáculo para la inversión y la atracción de capital.. «La estrategia totalmente legal para pagar menos a Hacienda si te toca el Gordo de Navidad 2022″. Ganar uno de los tres premios grandes que se reparten en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad , que se celebrará el próximo 22 de diciembre, supone una importante inyección económica pero también genera al premiado la obligación de ajustar cuentas con la Hacienda Pública. Desde el año 2013 está vigente en España el Gravamen Especial sobre Premios de Loterías y Apuestas, que grava con un tipo del 20% la cuantía de los premios obtenidos en este tipo de sorteos que supere la cifra de 40.000 euros. La aplicación del gravamen hace que en caso de tener un décimo agraciado con el tercer premio, que está retribuido con 50.000 euros en el Sorteo de Navidad, haya que pagar 2.000 euros en impuestos -la cantidad equivalente al 20% de los 10.000 euros que exceden ese umbral de 40.000 que la norma declara exento -; que si tiene un décimo del segundo premio, recompensado con 250.000 euros, tenga que ingresar en Hacienda 42.000 euros siguiendo la misma lógica antes explicada; y que si la fortuna le sonríe con un décimo del Gordo de Navidad, pagado con 400.000 euros, la factura fiscal que le corresponda abonar a la Hacienda Pública ascienda a 72.000 euros, todo un pico. Sin embargo, hay un cauce completamente legal para esquivar el pago del gravamen especial establecido por Hacienda en 2013 para los premios de lotería y abaratar así de forma significativa esa factura fiscal. Desde octubre del año pasado un broker del mundo de los seguros, Laguinda, ofrece con la cobertura de Axa un producto novedoso que permite a los jugadores asegurar sus décimos frente a la contingencia de que resulten premiados y tengan que hacer frente a la correspondiente factura fiscal. El coste del contrato de seguro es de tres euros y asegura «la contingencia fiscal asociada a tener un décimo de lotería premiado», explican fuentes del broker, que precisan que el producto se ofrece desde el mes de octubre del año pasado, cuenta con las preceptivas autorizaciones de la Dirección General de Seguros y no solo cubre los billetes de la Lotería de Navidad sino de otros juegos de azar como Euromillones, La Primitiva o la Bonoloto. Desde entonces Laguinda ha asegurado ya a entre cinco y seis millones de jugadores frente al coste fiscal de ganar uno de los premios que ofrecen estos juegos de azar. La operativa es relativamente sencilla. El jugador registra su décimo en la página web o en la aplicación de Laguinda y abona los tres euros correspondientes al aseguramiento del décimo de la Lotería de Navidad (en el caso del resto de juegos el coste del contrato de seguro oscila entre los 15 y los 50 céntimos). Si este resulta premiado, se activa el aseguramiento y Axa entrega al titular del décimo la c antidad íntegra del pago que le correspondería abonar a Hacienda por el gravamen especial del Gobierno en función de la cuantía del premio. ¿Significa esto que el titular del contrato de seguro habrá reducido a cero el coste fiscal derivado de ese premio? No exactamente. El contrato de seguro cubre el coste íntegro derivado del impuesto especial sobre los premios de lotería, pero no exime al titular del décimo de declarar en el IRPF la indemnización recibida de la compañía aseguradora en su Declaración de Renta del año siguiente. La factura final dependerá de forma decisiva del lugar de residencia del agraciado, de forma que se abonará un máximo del 45% de esa cuantía si se reside en la Comunidad de Madrid y hasta un 54% si el agraciado vive en la Comunidad Valenciana. MÁS INFORMACIÓN Quién se lleva el Gordo de Navidad si cae en un número que no lleva nadie En cualquier caso, con esta estrategia, si su número de la suerte ( que puede localizar con esta herramienta ) resulta agraciado con uno de los tres grandes premios o si usted tiene una serie entera de alguno de los premios menores, verá reducida como mínimo a la mitad su factura fiscal.. «El ‘Rey del Gasóleo’, una vida de contrabando, estafas y fugas». Un 75% de gasoil y un 25% de aceite, esta era la fórmula del empresario almeriense Emilio Torrecillas Martínez para comercializar gasóleo adulterado. Al menos de 2007 a 2010 logró distribuir combustible fraudulento a cientos de Estaciones de Servicio y Transportes del sureste español. Torrecillas, de 66 años y natural de Albanchez, ya había sido condenado en 1995 por delitos de contrabando. Para conseguir sus fines utilizaba como testaferros a otras personas y del mismo modo volvió a repetirlo años después. Gracias a una ‘formidable ingeniería financiera’ basada en cientos de transacciones entre sociedades, inexistentes o sin actividad, evadió el impuesto especial de hidrocarburos. Actuaba directamente y se valía de otras personas que ya fueron juzgadas, una perfecta tapadera para aparentar que el aceite iba al exterior. La Operación Aceite del Servicio de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil destapó esta trama de fraude con el gasóleo adulterado en 2010. Diez años más tarde llegó el fallo con penas que fueron rebajadas por la dilación en la causa que arrancó con la fuga del cerebro de la organización. ‘El Rey del Gasóleo’, como se denomina a Emilio Torrecillas, contaba con tres sociedades principales. Gasóleos Las Palmeras, se dedicaba a la compra y venta de gasoil; y las mercantiles ERTA Servicios y Corporación Butchart eran las responsables del transporte del combustible y derivados. A una nave de Cantoria en Almería llegaban las cisternas de aceite para hacer la mezcla procedente de Fuenlabrada en Madrid. Allí otra sociedad, Tracemar, los obtenía de un proceso de regeneración para lubricantes que cuando se destinan al comercio intracomunitario están exentos de tributación. Aquí estaba el auténtico ‘quid’ de la cuestión. Para hacerlo posible, Torrecillas se inventó otras dos sociedades que compraban el líquido en Italia y Francia, pero nunca salían de España. En la mayoría de las ocasiones los pagos se realizaban en mano, lógicamente con dinero negro. Más de 498 operaciones investigadas, ninguna de las cisternas cargadas con aceite mineral salió del territorio español. Los camiones llegaban a las instalaciones en el polígono industrial en la provincia almeriense. El producto resultante se vendía de forma clandestina a través de sus propias redes, sin facturación y con la ayuda de otras sociedades. En el registro se encontraron miles de litros de combustible adulterado. Se estima que las ventas fraudulentas a transportistas y gasolineras superaron los 14 millones de litros desde 2007 a 2010 con clientes en Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Cuenca y Madrid. Con los grandes beneficios y a través de sociedades ficticias adquirió cientos de inmuebles que figuran a nombres de terceras personas. Parcelas y viviendas distribuidas en Huércal-Overa, Mojácar, Zurgena y Cuevas de Almanzora en la provincia de Almería, pero también en la capital murciana y el municipio de San Javier con un valor de tasación de 2,8 millones de euros. Diez años después de la operación, en junio de 2021, el ‘Rey del Gasóleo’ fue detenido por la Policía Nacional en un hotel de Logroño en Cantabria. Durante un control rutinario los agentes descubrieron su identidad y que estaba en busca y captura por un juzgado de Madrid y otro de Almería. Torrecillas huyó mientras que se juzgaron a sus colaboradores. Reconocieron los hechos, documentos falsificados, adquisición de bienes con dinero procedente de la estafa y creación de sociedades pantalla. Los informes de patrimonio evidenciaron los movimientos llevados a cabo y el uso de sociedades para eludir su detención. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo ha condenado a 14 años y tres meses de prisión y al pago de multas por importe superior a los ocho millones de euros al empresario almeriense. Le rebajaron un año la sentencia de la Audiencia de Almería, donde su defensa reconoció el blanqueo de capitales, pero en una cuantía inferior a la marcada por la Fiscalía. Tras una década en busca y captura, se solicitó la prescripción los delitos, pero el veredicto lo rechazó en sus fundamentos. Los agentes localizaron vehículos valorados en 785.990 euros, entre los que había una flota de 20 camiones y 24 automóviles. El historial delictivo de Torrecillas se remonta a 1995 cuando fue condenado por contrabando. El empresario almeriense vendía lo que no era, así exportó 45.000 kilos de azúcar a Marruecos, tras obtener una ayuda de la Unión Europea. Lo que llegó al país alauita no era otra cosa sino polvo de mármol.. «El tributo al plástico envuelve en la incertidumbre a las empresas». Un nuevo tributo caerá como una losa en las empresas del gran consumo. El impuesto a los plásticos no reutilizables entrará en vigor el próximo uno de enero y supondrá un sobrecoste de 690 millones de euros al año para estas compañías. El Gobierno sigue sin recular con su llegada, como así han hecho otros vecinos europeos, y las compañías se preparan para hacer frente a un gravamen que se suma a la amalgama de costes normativos añadidos en los últimos años. Además, aterriza en el tejido empresarial entre dudas e inseguridad jurídica por el desconocimiento de su aplicación concreta cuando faltan apenas dos semanas para su puesta en marcha. Las empresas saben ya que tendrán que contribuir con 0,45 euros por cada kg que utilicen de estos materiales y también conocen cuáles son los productos que estarán afectados por la medida. Poco más. A escasos días de su entrada en vigor el Gobierno aún no ha publicado la orden ministerial que desarrolla la aplicación del impuesto. Lo que está generando una gran incertidumbre entre las empresas, «de cara, por ejemplo, a su declaración del primer trimestre», señalan desde la patronal de los supermercados, Asedas. Hay más interrogantes. La asociación que representa al 75% de la superficie comercial de productos de alimentación en España (Mercadona, Lidl, Dia, Ahorramas…) también muestra inquietud por la forma en la que el impuesto gravará las importaciones de estos productos desde otros países de la UE. España es el primer país comunitario que va a introducir el impuesto y, por tanto, el único que adaptará sus sistemas al tributo. En consecuencia, temen a que los proveedores extranjeros den un trato menor a las empresas españolas ante la dificultad de aplicarlo y se acaben produciendo problemas de suministro. También a la hora de exportar. Los supermercados aún no saben cómo podrán desgravarse el impuesto a la hora de vender algún producto al exterior. Aseguran que el procedimiento para esa devolución no es nada claro y, «a día de hoy, las empresas no saben cómo lo van a poder llevar a cabo». En total, el sector apunta a un impacto de 30 millones anuales por la introducción de esta imposición, aunque podría ser mayor por los costes administrativos, burocráticos e informáticos derivados de la adaptación al tributo. Unos gastos que amenazan ya con encarecer aún más los precios de los alimentos . Noticia Relacionada estandar No Empresarios del plástico alertan de subidas de precios al consumidor al ser España el único país de la UE que le aplica un impuesto José Luis Fernández Productores alicantinos inician una campaña contra la «demonización» del material y advierten de que Alemania e Italia compensan a esta industria Pero la lista de afectados es mucho mayor . Empresas de alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería o electrodomésticos también muestran las mismas dudas. El tributo afecta a un surtido entre los que se incluyen tetrabriks, preformas, bobinas retráctiles, cajas de poliestireno, además de una veintena más de artículos. En definitiva, productos de un solo uso que estén diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, «tanto si se presentan vacíos como si prestan la función para la que fueron diseñados». Amalgama de costes Con todo, el impuesto será la puntilla para unas empresas que en los últimos años han sumado más de mil millones en sobrecostes como los derivados de la sustitución de las bolsas de plástico ligeras; los sanitarios para adaptarse a la normativa Covid o incluso a otros impuestos como el de gases fluorados. El estudio Nuevos Costes Soportados por el Sector Comercial en España publicado por CEOE el año pasado, cifraba en cerca de 1.500 millones de euros los nuevos costes soportados tan solo para el comercio, una vez introducida la imposición al plástico. Unas compañías que ya tributan por el impuesto de sociedades, IVA, IRPF, IVI y una veintena de imposiciones especiales para cada sector. Las empresas se han movilizado con fuerza en las últimas semanas para forzar al Gobierno a llevar a cabo una prórroga del impuesto como el que ha efectuado Italia (hasta el 1 de enero de 2024). La patronal de las firmas del gran consumo, Aecoc, mandó un SOS a principios de diciembre avisando de que su entrada en el actual contexto inflacionista amenaza con cobrarse empresas, empleos e inversiones.. «La gran banca prepara un ‘banco malo’ privado para evitar quiebras masivas de pymes». Las pymes son el principal foco de preocupación para la gran banca. Una ola de impagos que podría llegar en 2023 por parte de las pequeñas y medianas empresas que pone en alerta al sector financiero. Ante ello, el gremio ya se prepara con fórmulas novedosas para, por un lado, intentar protegerse del impacto de la morosidad y, por otro, para tratar de evitar un alud de quiebras. Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell están trabajando en una solución conjunta para hacer frente al deterioro de la solvencia de las pymes en España, tal como adelantó ‘El Confidencial’ y ha podido confirmar ABC. El objetivo es poder tener un mayor control de cara a escenarios adversos que se puedan materializar en 2023, con el frenazo económico siendo una realidad, con la inflación aún ejerciendo presión y con la energía engordando las facturas. Noticia Relacionada estandar No Las cargas laborales y los impuestos frenan el crecimiento empresarial, denuncia Cepyme J. G. N. El SMI español es el más caro de Europa y las bases mínimas de cotización han subido más del 40% La intención que tienen los grandes bancos pasa por contar con una empresa externa que se encargue de toda la gestión del riesgo . Las entidades involucradas están explorando la creación de una especie de entidad o plataforma a la que traspasar la deuda más problemática de las pymes en apuros para que sea esa compañía externa la que se encargue de auxiliar a la pyme o, en su caso, de tratar de recuperar el máximo del préstamo impagado . Esa gestión, como confirman varias fuentes conocedoras a ABC, la llevaría a cabo DoValue (dueño de Altamira en España), un ‘servicer’ especializado en la gestión de créditos morosos. Y no es casual que se haya escogido a esta compañía. La realidad es que ha sido la propia DoValue la que ha ofrecido sus servicios con insistencia a la gran banca, para tratar de vender lo que puede aportar ante un aluvión de impagos en este ámbito; es esta compañía la que ha liderado todo el proceso para tratar de convencer al gremio. Y las entidades financieras han recogido el guante y están trabajando ya en ese sentido. Proyecto piloto Por el momento, lo que se está desarrollando es una especie de proyecto piloto para comprobar cómo sería el funcionamiento de esta nueva entidad o plataforma. Los bancos han encargado a este ‘servicer’ que acometa una prueba teórica de cómo podría abordar una situación de deterioro de activos de las pymes. Para ello se han escogido una serie de empresas con estrés financiero para realizar una simulación de cómo actuaría DoValue en ese sentido, asumiendo la gestión de ese riesgo. Esa gestión abarcaría, entre otros asuntos, tratar de anticiparse a impagos que se puedan producir en el corto-medio plazo y proponerle soluciones a la pyme afectada en forma de refinanciaciones para salvarla del ‘default’. También se actuaría sobre aquellas empresas que ya han entrado en impagos; en estos casos, el ‘servicer’ se encargaría de llevar a cabo la política de recuperación de deudas, es decir, tratar de cobrar el préstamo que no se ha abonado. Do Value, por su parte, ha rechazado realizar comentarios. DoValue ya está haciendo pruebas teóricas de cómo actuarían ante impagos de un grupo de pymes Por el momento, las partes se encuentran en esa fase piloto para comprobar la efectividad teórica que tendría crear esta plataforma conjunta a la que traspasar activos tóxicos. En caso de que el resultado sea satisfactorio, no se pondría en marcha de manera automática sino que en los planes está acudir posteriormente al Banco de España para obtener su plácet a esta fórmula, ya que cuenta con dificultades técnicas para llevarse a cabo. Asimismo, DoValue cuenta con amplia experiencia en este sentido y, de hecho, ya tiene un contrato de gestión de riesgos para pymes con Banco Sabadell, que en este caso se extendería, de prosperar, al conjunto de grandes entidades. Además, ya ha desarrollado una solución similar en Italia. Pese a todo, las fuentes conocedoras consultadas apuntan a que de momento solo es un proyecto piloto y podría ocurrir que no prosperara más adelante.. http://www.databot-app.com