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News – Noticias «La Audiencia Nacional da carpetazo definitivo a la imputación de Repsol, Caixabank, Brufau y Fainé en el caso Villarejo». La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha confirmado la exoneración de Repsol y su presidente Antoni Brufau; Caixabank y su expresidente Isidro Fainé, y otros directivos de ambas compañías en el caso Villarejo. Considera, como en su día concluyó el juez Manuel García Castellón , que no hay indicios de que supieran que estaban contratando a un policía en activo como tampoco de que accediesen a datos reservados conseguidos por el comisario. La resolución, a la que tuvo acceso ABC, ciñe así la responsabilidad en los jefes de Seguridad de Repsol y Caixabank; Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño; en el propio comisario José Manuel Villarejo y el abogado de sus empresas, Rafael Redondo, y confirma que contra todos continúa el procedimiento camino de juicio, en línea con la decisión adoptada por el instructor. Está también procesado el que era jefe de Araujo en el momento de los hechos, Rafael Girona; y el comisario Enrique García Castaño. Se trata de la encomienda que de forma conjunta hicieron desde Repsol y Caixabank a Cenyt, la empresa de Villarejo, para frustrar el acuerdo que estaban fraguando el constructor Luis del Rivero y su empresa, Sacyr; con la mexicana Pemex. El pacto les habría permitido ampliar sus fuerzas dentro del accionariado de la petrolera española, lo que se percibía como una amenaza en la compañía. La clave del asunto era el hecho de estar contratando a un policía en activo para buscar remedio, que lo hiciese a golpe de datos reservados y las herramientas con que contaban tanto Repsol como Caixabank a nivel de control interno para prevenir delitos, el compliance. Noticia Relacionada estandar No Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que corrija al juez y procese a Brufau y Fainé por el caso Villarejo Isabel Vega Acude en apelación contra el cierre de la investigación y solicita el procedimiento abreviado también para Repsol, Caixabank y dos exdirectivos Para los magistrados, « nada de ilícito hay en que Repsol y Caixabank aúnen esfuerzos para frustrar un plan que consideran perjudicial para sus intereses societarios, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad». En este caso, consideran que no se habría roto esa barrera. Por lo que respecta a Repsol, la resolución dice que «no hay constancia de que Luis Suarez de Lezo y Antonio Brufau conocieran que en el encargo realizado por Rafael Araújo a una empresa externa para llevar a cabo una investigación sobre Luis del Rivero en el contexto pacto accionarial Sacyr-Pmex, fuera hecho a la entidad Cenyt, que en él participaría el investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía y que comprendería acceso a tráfico de llamadas de Luis del Rivero y personas de su entorno«. «No se habría podido detectar» que Villarejo estaba detrás «Ello no resulta de los correos electrónicos y documentos analizados ni de ninguna de las demás diligencias de instrucción practicadas», dicen los magistrados. Añaden que la compañía « cumplió con los procesos establecidos por la normativa en materia de aprobación del gasto y de la contratación y pago de los servicios prestados» y aunque «la aplicación práctica pudiera mejorarse en algún aspecto, ello no hubiera cambiado el hecho de que se hubiera contratado a Cenyt». En su opinión, «no se habría podido detectar el aspecto que el investigado Rafael Araujo, que se encargó de la contratación, dice desconocer, y es que al momento de contratar a Cenyt, José Manuel Villarejo fuera funcionario del CNP en activo y que la contratación de servicios alcanzara a obtener datos reservados sobre llamadas telefónicas y otras comunicaciones». Añaden que el propio Araújo niega este extremo. Respecto de Caixabank, la Sala concluye que «ni Isidro Fainé ni Antonio Massanell Lavilla tuvieron ningún contacto con Cenyt y toda la información que sobre el encargo hecho a ésta entidad les llegaba era a través de Miguel Fernández Rancaño», quien «ha negado conocer la condición de funcionario público» de Villarejo y que la información que este le proporcionó incluyese datos del tráfico de llamadas de Luis del Rivero. «Por lo tanto, no habría podido transmitirles una información que decía desconocer», señala la resolución. «La mesa de contratación no habría puesto objeciones» El auto explica que la entidad «contaba con un modelo de prevención de delitos que cumplía con los requisitos previstos» y habida cuenta de que la iniciativa de contratar un servicio externo fue de Repso l, «la mesa de contratación tampoco hubiera puesto objeciones, pues no se trataba de valorar al mejor proveedor dentro de una propuesta, sino de contratar a un determinado proveedor porque era el que ya estaba contratado por otra entidad con la que unían esfuerzos«. «La conclusión que extraemos de estas afirmaciones es que nada hubiera cambiado si hubieran intervenido la mesa de contratación y Asesoría Jurídica, pues dadas las concretas características del contrato y de las circunstancias se hubiera autorizado igualmente y sus controles no hubieran servido para detectar que Cenyt estaba manejado por José Manuel Villarejo, que en aquellos momentos era funcionario del cuerpo de policía nacional en activo, pues esta no era una circunstancia evidente y Miguel Ángel Fernández Rancaño ha declarado que la desconocía, cuestión que habrá de ventilarse en el juicio oral llegado el caso», añade la Sala de lo Penal.. «Planas cree que la inflación toca techo y pide que se cumpla el acuerdo para exportar amoniaco ruso». Sin sorpresas. Las «ayudas directas a agricultores de todo el país por el aumento de los precios derivados de la guerra de Ucrania», prometidas por Pedro Sánchez el sábado, han consistido en una subvención ya recogida en el último paquete anticrisis aprobado el pasado 27 de diciembre. En concreto, tal y como informó ABC, se autoriza el abono de 300 millones de euros para amortiguar el efecto del encarecimiento de los fertilizantes sobre los costes de producción de los agricultores. El ministro de Agricultura, Luis Planas , ha concretado algunos aspectos como que el importe máximo será de 22 euros por hectárea para las superficies de secano y de 55 euros para las de regadío hasta un máximo de 300 hectáreas. Las ayudas, al igual que los 169 millones de euros destinados al sector lácteo, serán gestionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). «El sentido es doble: conseguir mantener la rentabilidad de las exportaciones agrícolas disminuyendo los costes de producción, el primero de ellos es el gasto en piensos y el segundo en fertilizantes, y que todo lo anterior tenga un impacto sobre el precio final », ha especificado el titular de Agricultura. Una medida que estiman que beneficiará a unos 250.000 agricultores y se estipula que loas agricultores y ganaderos que las perciban tendrán una deducción del 15% en el Impuesto de Sociedades por el gasto para la adquisición de fertilizantes para uso en la agricultura. En el caso de Canarias, los perceptores serán las personas físicas y jurídicas que estén inscritas en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REGEPA). Planas se ha reiterado en su convencimiento de que la rebaja del IVA decretada a finales de año se está trasladando por parte de la distribución y ha apuntado que «todos los expertos dicen que muy probablemente estamos llegado al techo de la inflación global, lo que salvo acontecimiento climático o la guerra en Ucrania, debería irse estabilizando progresivamente». Pendientes del Mar Negro El titular de Agricultura no ha descartado asumir más medidas y considera que estamos ante «un problema de precios» para lo que cree que ayudaría que se cumpliera el punto del acuerdo del grano del Mar Negro para la exportación de amoniaco de Rusia y Bielorrusia , a través de suelo ucraniano. «Luego a medio y largo lazo hay que buscar alternativos estratégicas más sostenibles y con una autonomía productiva en la Unión Europea», ha destacado. En su opinión, si no se actúa en esta línea «el volumen de cosechas sin fertilizantes puede disminuir entre un 20 y un 30%». Además, se ha dado luz verde a la adquisición de alimentos (conservas, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva,…) para las personas más desfavorecidas por un concepto de 28 millones de euros que gestionará el FEGA y que se inscribe dentro de los 97,1 millones de euros que estarán destinados en total a este concepto durante 2023. En este sentido, se prevé atender las necesidades de 1,4 millones de personas. La financiación es totalmente europea, a través del fondo REACT-UE. Su distribución podría producirse en septiembre. En busca de un pago temprano El Gobierno no quiere retrasos en la percepción de todas estas ayudas y menos en pleno año electoral. Por este motivo, el departamento de Luis Planas quiere repetir el éxito con el que se saldó el pago de las subvenciones al sector lácteo , de 169 millones de euros, y que se distribuyeron con rapidez. Noticia Relacionada estandar No Los precios rompen con la moderación de los últimos meses y suben hasta el 5,8% a pesar de la rebaja del IVA Carlos Manso Chicote La inflación subyacente, que excluye a alimentos no elaborados y a la energía, continúa en enero su escalada y alcanza ya el 7,5% Por lo tanto, será el FEGA el que gestione estas ayudas directas por los fertilizantes. «Hemos efectuado ya la verificación de titulares de las superficies de cultivo existentes y que pudieran ser potencialmente beneficiaros. Este mes de febrero publicaremos la relación provisional de beneficiaros , para pagar las ayudas antes o durante la primavera», ha concretado Planas quien ha añadido que hay dos momentos importantes para la aplicación de fertilizantes. La ‘fertilización de inicio’ que se produce durante la siembre y la de cobertera, que se lleva a cabo en primavera «y es muy importante para la producción agrícola». En este sentido, ha recordado que España es el segundo país de la Unión Europea en adoptar este tipo de medidas e insta a promover alternativas a los fertilizantes (estiércoles, purines…).. «Díaz pincha en su primer intento para fijar la subida del SMI y se reúne de urgencia con los líderes sindicales». El Gobierno fracasa en su primer intento para fijar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La reunión mantenida en la mañana del martes entre el gabinete técnico del Ministerio de Trabajo y de las centrales sindicales UGT y CC.OO. finalizó sin acuerdo al no acercarse unas posturas que realmente no están tan alejadas y apenas distan en unos 20 euros entre la subida planteada por el Gobierno y la exigida por los representantes de los trabajadores para este año. Tal y como señalaron fuentes cercanas a la reunión tras la primera toma de contacto, este mismo martes por la tarde volverán a reunirse, pero esta vez serán los ‘primeros espadas’ de cada organización en una reunión de urgencia para «desbloquear» el acuerdo . A esta nueva reunión convocada escasos minutos después de comunicarse el fracaso en la negociación de los comités técnicos acudirán el los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo , respectivamente, mientras que por parte del Gobierno asistirá la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Ejecutivo espera poder cerrar el acuerdo este mismo martes ante la insistencia de los sindicatos en aprobar ya el decreto de revalorización del SMI y ante la constatación de que el acuerdo con la CEOE es prácticamente imposible. Con todo, las centrales sindicales mostraron optimismo para poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas horas. Y confirman fuentes cercanas al diálogo bilateral que «las negociaciones avanzan» por el buen camino. Como se ha mencionado, los sindicatos piden una subida de 1.000 a 1.100 euros mientras el Gobierno estaría más predispuesto a seguir la recomendación de sus expertos y dejar el alza en el entorno de los 1.080 euros. La subida se acometerá con carácter retroactivo al 1 de enero afecta a 1,8 millones de trabajadores y puede que no sea la última que aplique el Gobierno. Todo dependerá de cómo evolucionen los precios durante los próximos meses, según ha avisado la vicepresidenta segunda. El nuevo incremento llevará el sello de los sindicatos y el rechazo frontal de las empresas, como ya ocurrió con la subida hasta los 1.000 euros que se aplicó en 2022. La CEOE decidió anoche no acudir al encuentro que han mantenido hoy la titular de Trabajo y los sindicatos UGT y CC.OO después de argumentar que «no se dan las condiciones» para su asistencia porque La Moncloa ni ha realizado la preceptiva consulta con los agentes sociales en lo transcurrido durante el mes de enero, ni ha realizado una propuesta formal a la que hizo la CEOE en diciembre, que consistía en un incremento del SMI del 4% para este año, hasta los 1.040 euros brutos mensuales. El descontento de la organización empresarial por el discurrir de las negociaciones es un hecho. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la actitud del Ejecutivo en las negociaciones para subir el salario mínimo, al que ha acusado de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial. «Si no se va a hablar de eso (la situación de los agricultores y los contratos del sector público) pues que nos diga la cifra y ya está», ha espetado Garamendi ante los medios después de participar en una jornada organizada por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Este acercamiento entre Trabajo y los sindicatos se producirá después de que el dato avanzado del IPC de enero haya arrojado un aumento de la tasa interanual de inflación de una décima, hasta el 5,8% , tres veces más que los sueldos pactados en convenio, y que la inflación subyacente haya escalado hasta el 7,5%, su cifra más alta desde diciembre de 1986, lo que ha llevado a los sindicatos a insistir en la necesidad de subir ya el SMI. Díaz, igual que las centrales, considera que el SMI es la medida «más eficaz» para salir de las crisis y «compensar la pérdida de poder adquisitivo» que están viviendo las familias. Por ello, se ha mostrado partidaria de subir el SMI de 2023 «hacia el tramo alto» recomendado por los expertos que asesoran al Gobierno en esta materia, lo que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, hasta los 1.082 euros brutos en 14 pagas. En el encuentro de diciembre el Ejecutivo presentó las recomendaciones hechas por la comisión de expertos nombrados por Díaz , que plantearon elevar el salario mínimo en este ejercicio entre 46 y 82 euros al mes, lo que situaba esta renta mínima entre 1046 euros y 1.082 euros brutos al año en 14 pagas. CC.OO. se ha posicionado desde un principio en la banda más alta, y en 1.100 el sindicato que dirige Pepe Álvarez. El sí del presidente Sánchez La reunión con los sindicatos se produce después de que Díaz haya consensuado con el presidente del Gobierno el margen de subida, teniendo en cuenta que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , se alineó con las empresas y reclamó a la titular de Trabajo que buscara un «buen equilibrio »dentro« de la horquilla de subida recomendada por los expertos, del 4,6% al 8,2%, para que sea compatible con la creación de empleo. Calviño abogó por un acuerdo en el que se incluyera a las empresas y ha insistido en un pacto de rentas que beneficie a todos los salarios en España. La de hoy ha sido la segunda reunión que ha mantenido el Gobierno con los agentes sociales para acometer la subida. La primera fue el pasado 21 de diciembre y en aquella ocasión tampoco acudió la patronal dado su malestar con Trabajo por el acuerdo alcanzado con EH Bildu que ha dado a la Inspección manos libres para controlar los despidos colectivos que hagan las empresas. Días después, la organización que dirige Antonio Garamendi daba el primer plantó a la vicepresidenta segunda, aunque enviaba su oferta de negociación: 4%. La subida del salario mínimo es una competencia que tiene el Gobierno. La ley solo le obliga a abrir un periodo de consultas con los agentes sociales, pero decisión última compete en exclusiva al Ejecutivo.. «Las cuotas de las hipotecas se encarecen entre 250 y 600 euros al mes con la nueva subida del euríbor en enero». El euríbor a 12 meses sigue subiendo y ha cerrado enero en el 3,337% de media, por encima del 3,18% de diciembre. Como hace un año estaba en el -0,477%, las cuotas hipotecarias registrarán un importante aumento del 52% de media, lo que supone entre 250 y 600 euros más al mes dependiendo del importe de la hipoteca. MÁS INFORMACIÓN DESTRIPANDO EL EURÍBOR, EL ÍNDICE QUE DESVELA A MILLONES DE ESPAÑOLES Así, a una hipoteca tipo de 150.000 euros con un plazo de 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor, es decir, el 0,523%, pasará ahora al 4,337%, casi 300 euros más al mes y cerca de 3.500 euros más al año.. «El fraude eléctrico supone un sobrecoste anual de 2.000 millones de euros para todos los consumidores». El fraude eléctrico, sobre todo las conexiones ilegales en plantaciones de marihuana, representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios. El coste del fraude representa más de 2.000 millones de euros al año, lo que supone una repercusión media de casi 100 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consume. La distribuidora eléctrica UFD, del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico con el objetivo de « prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura«. Este tipo de actuaciones ilegales « pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera (Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León)«, subrayan en Naturgy. En los dos últimos años, UFD ha realizado en el conjunto de estas regiones más de 32.500 actuaciones que se han saldado con la apertura de 9.335 expedientes por fraude. Gracias a estas actuaciones, la distribuidora eléctrica ha logrado recuperar 160 GWh de energía defraudada, una cantidad equivalente al consumo anual de cerca de 50.000 hogares. Solo en 2022, UFD interceptó fraudes por un volumen de 105 GWh, el doble que el año anterior, lo que ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento. «El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de consumidores en sus facturas. Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes», explica Mónica Puente, directora de UFD. MÁS INFORMACIÓN El fraude eléctrico oculta un coste medio de 90 euros en la factura anual de cada consumidor Desde esta compañía subrayan que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo en su página web http://www.ufd.es/denuncia-de-irregularidades para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador.. http://www.databot-app.com