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News – Noticias «La inflación fuerza el mayor cierre de empresas en España en las últimas tres décadas». Todos los indicadores apuntan a que el efecto erosivo de la inflación ya no escapa a ninguna arista del tejido productivo . En este caso, es la cifra de creación y destrucción de empresas la que da cuenta del daño que la crisis de precios está generando en los negocios , que han visto como se han disparado sus costes de producción en el último año, estrechando más si cabe los márgenes. Según el INE, el pasado 2022 cerró con un 2% menos de empresas creadas que un año antes y un 10% más de cierres. Concretamente, el número de empresas cerradas llegó hasta un total de 26.207 , la mayor cifra desde el inicio de la serie histórica, en 1995. Mientras que el número de nuevas sociedades mercantiles sumó un total de 99.067 empresas, frente a las más de 101.000 que se crearon en 2021. Con el descenso registrado en 2022, la constitución de empresas vuelve a tasas negativas después de que en 2021 se disparara un 27,8% tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia. En 2020, el año del Covid, la creación de empresas se hundió un 15,7%, mientras que en 2019 bajó un 1,2%. El 19,5% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado año se dedicaba al comercio y el 16,9% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 19,1% pertenecía al comercio y el 16,4% a la construcción. Noticias Relacionadas estandar No Caos por la puesta en marcha del nuevo sistema de autónomos: subida de cuota ‘por sorpresa’ y fallos en tarifa plana Gonzalo D. Velarde estandar Si Las empresas denuncian la intervención del Gobierno por las subidas del SMI: un 64% en ocho años Gonzalo D. Velarde Las comunidades con mayor creación de sociedades mercantiles en el conjunto del año 2022 fueron Comunidad de Madrid (22.834), Cataluña (18.977) y Andalucía (17.188). Por el contrario, las que menos crearon fueron La Rioja (395), Comunidad Foral de Navarra (738) y Cantabria (758). En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas , las comunidades con mayor número de disoluciones fueron Comunidad de Madrid (8.842), Andalucía (3.988) y Comunitat Valenciana (2.177). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Comunidad Foral de Navarra (91), La Rioja (175) y Cantabria (306). Más de un centenar de cierres diarios En el último mes del año pasado se crearon 8.258 sociedades mercantiles, un 1,6% menos que en el mismo mes de 2021, con un capital suscrito que superó los 527 millones (+61,8% interanual) y un capital medio suscrito de 63.870 euros (+64,5%). En diciembre ampliaron capital 2.557 sociedades, un 3,8% menos que en igual mes de 2021, pero el capital suscrito en dichas ampliaciones aumentó un 40,4%, hasta los 2.415,3 millones de euros, en tanto que el capital medio subió un 45,9% interanual, situándose en 944.594 euros. MÁS INFORMACIÓN Los empleadores pagarán 1.547 euros más al año por cada trabajador con el SMI España pierde 111.000 autónomos en el último año El número de sociedades mercantiles disueltas en diciembre fue de 3.235, un 6% más que en el mismo mes de 2021, lo que supone la desaparición de una media de 104 empresas cada día. En valores mensuales (diciembre de 2022 sobre noviembre del mismo año), el número de nuevas empresas disminuyó un 5,3%, su mayor caída en un mes de diciembre desde 2018. Por su parte, el número de sociedades disueltas aumentó un 22% en el último mes del año , su menor alza en este mes en al menos cinco años.. «Hacienda evita señalar a Rusia en su lista de 24 paraísos fiscales en espera de lo que decida Bruselas». El Gobierno ha decidido no incluir a Rusia en la renovada lista de 24 paraísos fiscales que ha oficializado este viernes a través del BOE. Había expectación entre los asesores fiscales por ver la decisión que adoptaba el Gobierno español al respecto, después de que el borrador del listado hubiera confirmado la intención ya declarada por Hacienda de configurar una lista propia guiada por sus criterios ajenos a los estándares internacionales y que supera la de la Comisión Europea, bastante más corta: 12 países y territorios. Como ya había avanzado ese borrador, Hacienda ha optado por incluir en el listado a territorios con los que tiene acuerdos de intercambio de información recién firmados como es el caso de Gibraltar y a otros que ya no figuraban en el listado anterior por haber suscrito el convenio de colaboración de la OCDE, como las islas del Canal de la Mancha, Jersey y Guernsey, las Islas Caimán, Barbados o Trinidad y Tobago. Por contra no ha incluido a Rusia, un territorio que por razones obvias no intercambia información fiscal con España desde hace al menos un año. Fuentes del Ministerio de Hacienda recalcan el caso de Rusia como una situación singular, en la que no se excluye la posibilidad de que pueda ser incluida en la lista de paraísos fiscales pero en este caso siempre que la Unión Europea adopte una decisión en este sentido dentro de los paquetes sancionadores que se están planteando. Estas mismas fuentes deslizan que es una posibilidad que ya se ha planteado en los debates europeos. El comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Hacienda atribuye la mayor amplitud del listado español a la necesidad de enriquecer los criterios internacionales de identificación de países y territorios no cooperativos en materia fiscal con nuevos factores para «combatir más eficientemente el fraude fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales». Entre estos se tendrá en cuenta la diligencia a la hora de proporcionar a la Administración Tributaria española información sobre contribuyentes bajo vigilancia o también la regulación de un tipo mínimo de tributación sobre las empresas equiparable al 15% planteado por la OCDE. Una lista inflada Para la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), por el contrario, el Gobierno ha inflado la lista incluyendo a territorios que cumplen los estándares internacionales para no ser señalados como paraísos fiscales, creando una situación de inseguridad jurídica a cientos de contribuyentes que hasta ahora operaban en estos territorios sin mayores problemas y que ahora van a ver como todas sus operaciones serán sometidas a una especial fiscalización y no tendrán acceso a beneficios fiscales. El documento de alegaciones a la orden ministerial realizado por la asociación concluye que la lista hace albergar «dudas sobre algunas jurisdicciones que han sido propuestas en la lista, tanto porque no parecen concurrir en ellas los requisitos previstos legalmente, como porque se alcanzan conclusiones opuestas a las de los organismos internacionales que abordan la materia». Se refieren, en concreto, a la falta de sintonía de la lista española con las de la UE o la OCDE y a la presencia en el inventario diseñado por Hacienda de territorios que hace tiempo salieron de esos listados internacionales por aceptar las exigencias en materia de intercambio de información impuestas por el consenso internacional. Más de 7.000 millones en inversiones El Ministerio de Hacienda asegura tener dentro de su radar cerca de 7.000 millones de euros en inversiones cruzadas entre España y territorios considerados como paraísos fiscales, o como jurisdicciones no cooperativas según la nueva terminología instaurada por el Gobierno y que justifica la primera actualización oficial en más de 30 años del listado español de paraísos fiscales. Según la información proporcionada por el Ministerio en el proyecto de orden que determinará la relación de países y territorios que serán considerados como jurisdicciones no cooperativas con la Administración Tributaria española, el Gobierno tiene conocimiento de la existencia de 4.827 millones de euros invertidos por contribuyentes españoles en los 24 territorios que configuran el nuevo listado de Hacienda, en tanto que también sabe de 880 millones de euros invertidos por inversores residentes en estos territorios en empresas españolas. España apenas supone un 0,2% de la inversión externa total de estos territorios, en tanto que los paraísos fiscales concentran un 1% de la posición inversora española en el extranjero. Ese intercambio comercial o financiero apenas deja 7,5 millones de euros en las arcas públicas a través del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según los datos incluidos en la Memoria de Impacto Normativo de la orden ministerial. La nueva lista de jurisdicciones no cooperativas planteada por el Ministerio de Hacienda reduce a la mitad la lista de 48 países creada inicialmente en 1991 y retocada en el año 2003, si bien al menos 15 territorios habían salido de la misma en un lento goteo marcado por la suscripción de acuerdos de intercambio de información con esos territorios. España mantendrá en su listado de jurisdicciones no cooperativas a Gibraltar, pese a que el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de España y Reino Unido a propósito del brexit aseguraba, según dijo entonces La Moncloa, «un alto grado de cooperación de las autoridades fiscales» de ambos territorios. Salen por el contrario otros territorios con una reputación fiscal controvertida ubicados en Europa como el Principado de Mónaco o Liechtenstein, así como Jordania, Líbano y Bahrein, entre otros. Entran en el nuevo listado Guam, Palaos, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Barbados, que había dejado de ser considerado paraíso fiscal en octubre de 2011 tras firmar un acuerdo de intercambio de información con el Reino de España pero que vuelve a la ‘lista negra’ de Hacienda por considerarse que mantiene un régimen fiscal perjudicial para los intereses de España.. «La inseguridad jurídica daña ya la inversión empresarial en España». El cóctel de medidas laborales y tributarias que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años está haciendo mella en la visión que las empresas tienen hacia nuestro país. Principalmente, porque la consecución de reformas y de medidas adoptadas que afectan al régimen de relaciones laborales o a los impuestos que deben abonar los empleadores que ostentan un negocio no favorecen la flexibilidad de la contratación o no alivian las cargas que pesan sobre unos negocios que aún hacen balance de daños de los tres últimos años, con una pandemia y una crisis de precios que está estrangulando los márgenes de las compañías. Estas fueron las principales conclusiones extraídas del I Congreso Nacional del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid celebrado ayer con motivo de los 90 años de la profesión en el que se pusieron encima de la mesa las principales preocupaciones de pymes y autónomos ante un año en el que se espera que la desaceleración económica dañe el tejido productivo. Y en el que la inseguridad jurídica generada por algunas de las últimas decisiones del Gobierno puedan agravar la desaceleración económica. Aunque el principal motivo de preocupación de cientos de miles de empleadores en España está en las constantes modificaciones del marco normativo y la incertidumbre de no saber las obligaciones a las que deberán hacer frente en los próximos meses. «El marco jurídico fiscal requiere mejoras», advertía el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, ICOGAM-AEGGA, Fernando Santiago , durante la inauguración del Congreso. «Es una obligación moral. Existe una maraña administrativa en la que están atrapados emprendedores, autónomos y pymes», explicaba Fernando Santiago asegurando que España se está convirtiendo en un país imposible para las pymes y en el que se expulsa a los autónomos , «que no levantan cabeza». «Creemos que en este momento se está expulsando a los emprendedores con el marco fiscal y la ‘burrocracia’ », ironizaba sobre el problema de la elevada carga burocrática que afrontan empresarios y autónomo, y aquellos que quieren iniciar un negocio. En este punto, el máximo representante de los gestores administrativos ensalzó la figura del presidente de Mercadona, Juan Roig , víctima de los recientes ataques del ala morada del Gobierno que acusan al empresario de ser un «capitalista despiadado» y beneficiarse del encarecimiento de las materias primas. «Muchas gracias por la valentía y por defender a los empresarios españoles», señaló. Pérdida de atractivo Sobre el aspecto de la inseguridad jurídica ahondó también durante el Congreso el catedrático de Economía Aplicada, Juan Iranzo , asegurando que «se está incrementando la inseguridad jurídica y se está poniendo en riesgo el estado de derecho». Advierte en este sentido que esta circunstancia ya es asumida en el entorno global y que la inversión extranjera está empezando a replegar. «No somos atractivos desde el punto de vista fiscal y no atraemos inversiones», señalaba. También se sumó Iranzo a la defensa a ultranza del colectivo de los empresarios ante asegurando que «se está demonizando al empresario» y que estos no son culpables de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.. «Hacienda blinda el IRPF frente al lío burocrático de la nueva cotización por ingresos de los autónomos». El Ministerio de Hacienda ha decidido blindar la declaración de la Renta frente a las peculiaridades del nuevo régimen de cotización por ingresos de los trabajadores autónomos ideado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, que instaura hasta 15 tramos distintos de cotización y que amenazaba con descuadrar las declaraciones de IRPF de miles de autónomos por el singular sistema ideado para regularizar las cuotas pagadas a la Seguridad Social. La norma acordada con las principales organizaciones representativas del sector insta a los trabajadores por cuenta propia a encuadrarse en uno de los quince tramos establecidos según el rendimiento esperado para el ejercicio y prevé la regularización a año vencido de las cuotas pagadas según los rendimientos efectivamente obtenidos, una vez conocidos estos. El sistema planteaba un problema en el orden fiscal, ya que las cuotas pagadas a la Seguridad Social se consideran un gasto deducible a la hora de hacer la declaración de la Renta y su regularización a año vencido alteraría los ingresos declarados en el ejercicio precedente. Para evitar una avalancha de regularizaciones fiscales difícil de gestionar por la Agencia Tributaria, Hacienda ha decidido que los ajustes en las cotizaciones pagadas -que según la ley se regularizarán en un solo pago- se incluyan como gasto extra o menor gasto en el ejercicio fiscal en el que se abonen o se devuelvan de manera efectiva (no del que se deriven) para no alterar el pago de impuestos.. «Conpymes denunciará a la ministra Alegría por las subvenciones a CEOE, UGT y Cepyme». La asamblea extraordinaria de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) celebrada ayer acordó por unanimidad interponer un recurso contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional por la decisión de conceder el pasado mes de diciembre hasta 30 millones de euros de subvención directa a CEOE, Cepyme y UGT en concepto de digitalización del sector productivo, dentro del marco de las ayudas europeas del programa Next Generation . Según ha podido confirmar ABC, la denuncia contra el ministerio dirigido por Pilar Alegría se presentó ayer por la tarde en la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en lo que es, de hecho, un nuevo capítulo en la estrategia de presión que mantiene Conpymes contra el Gobierno y el resto de organizaciones empresariales para que se les vea reconocida su representatividad en el diálogo social. «Llegaremos a todas las instancias que haga falta, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea…», apunta a este diario José María Torres, presidente de Conpymes, convencido de que, como ya sucedió en Cataluña y Baleares, se acabará reconociendo legalmente a esta organización su papel como representante y voz de las pymes españolas. Una representatividad que reclaman en detrimento de Cepyme, «organización dependiente de CEOE a la que no se le conoce un posicionamiento distinto a esta en toda su historia», apunta Torres. Es en este contexto en el que Conpymes interpondrá recurso en el TS contra el Ministerio de Educación por el real decreto con el que se concede una subvención máxima de 15,3    millones de euros a CEOE, 5,1 a Cepyme y 10,2 a UGT para formar a trabajadores, en unas ayudas compatibles con otras destinadas para el mismo fin de cualquier otra administración. Para Conpymes se trata de una «cacicada» y una concesión de ayudas directas realizada con una « total falta de transparencia «, sin atender el acceso »en igualdad de condiciones de todas las organizaciones« a este tipo de ayudas. Desde Conpymes se recuerda que fue el mismo Ministerio de Trabajo y Economía Social el que, ante su demanda de ser reconocidos como interlocutores del diálogo social, reconoció que no había un sistema de acreditación de la representatividad empresarial, a diferencia de lo que sí sucede con la representación sindical. »Si un día el Ministerio nos reconoce que no hay manera de medir nuestra representatividad, y que esta se establece por presunción, no es aceptable que cuando se den subvenciones se haga de manera abitraria. ¿Qué requisitos se han seguido?«, cuestiona el presidente de Conpymes. »Se reconoce una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que tienen menor implantación«, añade el presidente de Conpymes en alusión a Cepyme, la filial de CEO para la pequeña y mediana empresa. MÁS INFORMACIÓN noticia No La CEOE pide flexibilizar el acceso de las empresas a los fondos europeos y reducir la burocracia Desde su nacimiento en mayo de 2021, Conpymes defiende la necesidad de acabar con la «anomalía» que, a su criterio, supone que la organización reconocida por el Gobierno para representar a las pymes sea «en realidad una organización dependiente de la CEOE, y sin criterio al margen de esta».    Si la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la mujer del presidente Pedro Sánchez en la presentación de Conpymes se leyó como un aval del Gobierno a la misma en su intento de erosionar a la CEOE, su exclusión de la mesa de diálogo social demuestra precisamente lo contrario, insiste Torres desde Conpymes. Camino de una larga batalla judicial La batalla por arrogarse la representatividad de las pymes en España se acabará dirimiendo probablemente en los tribunales, tal y como ya sucedió en Cataluña. Allí, el pleito entre Pymec y Fepyme (la organización de pymes de Fomento del Trabajo) no se resolvió hasta pasados doce años y ocho procesos judiciales. El acuerdo se alcanzó en 2019: finalmente, Pymec, ahora dirigida por Antonio Cañete, fue reconocida como representante de las pequeñas y medianas empresas catalanas, mientras que Fepyme acabó siendo integrada en Fomento.. http://www.databot-app.com