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News – Noticias «El Gobierno aprovecha la ola histórica de ingresos por impuestos para bajar la deuda pública al 113,1%». «Se trata de la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente». El Gobierno ni siquiera ha esperado a que el Banco de España difundiera de manera oficial los datos de cierre de año de la deuda pública para presumir de la fuerte reducción experimentada por el indicador a lo largo del año pasado, en el que ha pasado del 118,3% en que cerró 2021 hasta el 113,1% . La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha atribuido este viernes en un comunicado el recorte «al fuerte crecimiento de la economía y a una política fiscal responsable», alimentada en este caso por unos ingresos fiscales sin precedentes que según la Agencia Tributaria aportaron entre enero y noviembre 33.000 millones de euros más que en el ejercicio récord de 2021 y pese a haber aplicado medidas fiscales de alivio por unos 7.000 millones. La deuda pública se ha sacudido 2,5 puntos en solo un mes -al cierre de noviembre estaba en el 115,5%-, lo cual puede tener algo que ver con la revisión al alza del dato de PIB que ha realizado el INE que en buena lógica habrá restado alguna décima a la ratio de deuda sobre PIB. Los datos publicados por el Banco de España señalan que la deuda pública acabó el año por encima de los 1,5 billones de euros , concretamente en 1,503 billones que es prácticamente la misma cifra de noviembre (1,505 billones), cuando la ratio de deuda comunicada por la institución fue de 115,53%. Sin cambios relevantes en cuanto al volumen de deuda pública, esa reducción de dos puntos parece encontrar su explicación en las revisiones al alza del PIB de 2022 que ha realizado el INE y que han elevado la tasa de crecimiento del año pasado hasta el 5,5%. Para el Ministerio de Asuntos Económicos lo más relevante es que la ratio de deuda pública sobre PIB se ha quedado finalmente 2,1 puntos por debajo del 115,2% que se preveía en el Plan Presupuestario y que deja al Gobierno a las puertas de cumplir el objetivo del 112,4% que se fijó para el conjunto de 2023 en el cuadro macro de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Lo ve también como una demostración del rigor fiscal con que se estaría empleando el Ejecutivo, que, a su juicio, está haciendo compatible una reducción significativa del déficit y la deuda pública «con las medidas adoptadas para reducir la inflación y compensar a las familias y los sectores económicos más afectados» por la espiral inflacionista. «Esta reducción confirma el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos», ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en un comunicado circulado antes incluso de conocerse el dato definitivo de cierre de año de la deuda pública. Dudas sobre la reducción de la deuda pública La visión de la vicepresidenta no es compartida por un buen número de analistas, por los organismos internacionales ni por la principal institución encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La Airef, que previó en noviembre que la deuda pública acabaría en el 113,9% del PIB pero sin contar con la revisión de PIB de última hora del INE, ya compartió entonces su temor de que la tendencia de reducción de la deuda pública se suavice a partir de 2023 por la pérdida de impulso del rebote económico tras la pandemia -que ha llevado a España a crecer un 5,5% los dos últimos años- y ya no se cuente con los ingresos fiscales extra proporcionados por este rebote y por la inflación. Su escenario base es que la deuda pública encuentre su suelo en 2025 en el entorno del 110% y es compartido también por el Fondo Monetario Internacional.. «Las compras de vivienda alcanzaron en 2022 cifras de burbuja inmobiliaria ante el riesgo de subida de los créditos hipotecarios». Las operaciones de compraventa de vivienda marcaron el año pasado su registro más alto desde los años de la burbuja inmobiliaria . Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 se tramitaron 649.494 transacciones, lo que supone la mayor cifra desde las más de 775.000 que se registraron en 2007, en los estertores del gran boom de la vivienda que derivó en la gran crisis financiera. La gran diferencia con la fotografía de entonces es el menor peso de las adquisiciones de vivienda nueva. En 2022 solo el 18% de las transacciones registradas fueron compras de vivienda de nueva planta , en tanto que la parte más relevante de los movimientos del mercado se explicaron por intercambios de viviendas usadas. En concreto, la compraventa de inmuebles de segunda mano sumó 532.459 operaciones, tras crecer cerca de un 18% respecto a 2021; en tanto que las operaciones de vivienda nueva alcanzaron las 117.035 operaciones, un 2,6% más. Nueve de cada viviendas que cambiaron de titular a lo largo del año pasado provenían del mercado libre, lo que supone un incremento de las operaciones del 15,6%; mientras que la compraventa de viviendas protegidas sumó algo más de 50.000 operaciones y solo supuso el 7,8% de las transacciones totales registradas. Los datos del INE revelan también, no obstante, un cambio de tendencia en el mercado al calor del encarecimiento de los créditos hipotecarios. En el último mes del año el número de transacciones registradas retrocedió un 10% respecto a las registradas en el mismo mes de 2021, poniendo fin así a 21 meses consecutivos de crecimientos interanuales. Respecto al mes de noviembre, el número de operaciones se desplomó un 21%.. «Los motivos por los que el SEPE puede denegar el subsidio para mayores de 52 años». Los trabajadores que lleguen al final de su vida laboral y quieran cobrar el 100% de la prestación por jubilación tendrán que tener como primer requisito los 66 años y cuatro meses . Sin embargo, a los 52 años se puede cobrar un subsidio hasta que se llegue a la edad requerida, si no se encuentra un trabajo. Esta ayuda está pensada para trabajadores que han alcanzado el mínimo de cotizaciones que exige la legislación para recibir la pensión de jubilación, pero que no pueden cobrarla por no haber alcanzado esos 66 años, como primer paso. Los requisitos para cobrar este subsidio son muy específicos, y deben cumplirse de manera escrupulosa para que así sea. Requisitos para obtener la prestación a mayores de 52 años Tener 52 años. Estar desempleado en el momento de la petición de la ayuda. Acumular al menos 15 años de cotizaciones en cualquier régimen de la seguridad social, dos de los cuales deben estar dentro de los últimos 15. Además, seis de esos 15 años deben haber sido en el régimen general. Estar inscrito como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación que se estaba percibiendo. Cumplir el compromiso de actividad que está incluido en la solicitud. Cumplir con el requisito de carencia de rentas propias. Los ingresos mensuales no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (810 euros) No cumplir con estas premisas darán motivos suficientes al SEPE para no otorgar la prestación a los mayores de 52 años. Especialmente críticos son los referidos a los años de cotización. El SEPE cruza los datos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo que no siempre implica que sea rápido. Aunque el sistema automatizado puede ayudar a que la burocracia se agilice, los últimos problemas que está registrando la Seguridad Social hace que buscar este tipo de ayudas se retrase más de lo debido. Por eso, es conveniente tener muy claros los requisitos para cobrarla, dado que en el momento en el que falte un documento o haya que realizar comprobaciones, el tiempo para acceder a la prestación puede multiplicarse.. «Un estudio desvela las carreras universitarias con más arrepentidos: hay una que sobresale». La vida está llena de decisiones, algunas de ellas buenas, otras malas. Sin embargo, sea como fuere, de todo se aprende y, de ahí, que se deba tomar nota para no volver a cometer los mismos errores. Eso sí, el paso del tiempo es un hándicap contra el que no se puede hacer nada, por lo que tan solo se queda decir: «lo hecho, hecho está». Pues bien, ¿qué ocurriría si nos dieran la oportunidad de meternos en una máquina del tiempo? ¿haríamos las mismas cosas? ¿estudiaríamos lo mismo? Precisamente, esta última pregunta es la que han lanzado un par de plataformas digitales a sus usuarios y con las que han tomado nota de cuáles son las carreras universitarias que más arrepentidos tienen en su haber. «Si hoy volvieras a la Universidad , ¿escogerías la misma carrera?». Esa era la pregunta que lanzaba LinkedIn a usuarios en búsqueda de empleo y que contestaban 3.190 individuos, de los que el 38% de ellos se posicionaba en el grupo de los que estudiaría otra carrera diferente a la suya si volviera a empezar. El dato de LinkedIn es similar al que ofrece el portal norteamericano, ZipRecruiter, que preguntó a más de 1.500 desempleados, de los que el 44% afirmó arrepentirse de la carrera que decidieron estudiar . Así y con todos los datos, la plataforma estadounidense hizo una clasificación con las carreras que tienen más personas que reniegan de ellas y otra para aquellas que, por contra, serían de nuevo la primera opción de los encuestados. Las carreras universitarias, a examen En este sentido, las carreras con más arrepentidos son Periodismo, con el 87%; Sociología (72%); Bellas Artes, con el 72% de los votos; Comunicación, es la cuarta carrera más votada, con el 64%; Educación, es otra de los estudios señalados con el 61%; Marketing y Management, también se encuentra en el listado (60%); al igual que Asistencia Clínica (58%); Ciencias Políticas (56%); Biología, que fue marcada por el 52% de los usuarios, y por último, Lengua y Literatura inglesa, con el 52%. Las carreras universitarias con mayor número de arrepentidos Periodismo, con un 87% Sociología, con un 72% Bellas Artes, con un 72% Comunicación, con el 64% Marketing, con el 60% Políticas, con el 56% Biología, con el 52% Filología inglesa, con el 52% Informática, la carrera con más porcentaje de estudiantes satisfechos No obstante, también hay personas que mostraron su satisfacción por la carrera escogida. Así, los estudios que mejor sabor de boca dejaron entre sus estudiantes son Informática, puesto que el 72% de las personas afirmaron que volverían a optar por ella; también Criminología se encuentra entre las favoritas del público con el 72%; al igual que Ingeniería (71%); Enfermería (69%); ADE (66%); Finanzas (66%), Psicología (65%); los estudios relacionados con la Construcción (65%), y Recursos Humanos que fue de las mejor valoradas con el 58%.. «Guerra entre Calviño y la jefa de la misión europea en vísperas de la visita para controlar los fondos». La presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, ha reprendido a la vicepresidenta española Nadia Calviño por hacer pública la carta que le había enviado y en la que la responsable española intentaba condicionar el resultado de la visita que la comisión de control realizará a Madrid la semana que viene. En este tenso intercambio de cartas parece evidente el nerviosismo que suscita en el Gobierno la llegada de esta misión parlamentaria que pretende averiguar si se ha hecho buen uso de la primera entrega de los fondos de recuperación, pero la vicepresidenta se empeña en elogiar la gestión general del Gobierno también en 2022 y explica que la responsabilidad de la gestión de los fondos «está principalmente en manos de las comunidades autónomas». En su carta de respuesta, Hohlmeier se queja no solo de que Calviño haya aireado su correspondencia, sino también de que no ha podido programar una entrevista con la exresponsable de la gestión de los fondos de recuperación, Rocío Frutos Ibor , que precisamente había dimitido el pasado otoño en desacuerdo con la gestión del propio Gobierno, y de que cree que la vicepresidenta está intentando condicionar el resultado de la visita de los europarlamentarios. Algunos miembros de la misión de inspección que vendrán a Madrid también han mostrado en privado su disgusto por el hecho de que la ministra de Industria, Reyes Maroto , que se considera una de las personas directamente implicadas en la gestión de los fondos, ha rechazado la petición de comparecer ante los eurodiputados. Tanto la carta de Nadia Calviño y María Jesús Montero a Monika Hohlmeier como la respuesta de esta última demuestran un tono de enorme preocupación por el desarrollo de la visita a Madrid de miembros de la comisión de control presupuestario. Hohlmeier le dice a la responsable económica del Gobierno que le parece «sorprendente» que la carta que le envió fuera compartida con la prensa «antes de que yo misma y los demás miembros de la comisión tuviéramos tiempo de analizar adecuadamente su contenido», y con un tono aparentemente conciliador le explica que el objetivo de esta visita es «evaluar la implementación del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, la gestión, auditoría y sistemas de control que se han puesto en marcha ». Y en tono algo sarcástico le dice a la vicepresidenta que «estoy segura de que no tenía intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que haya comenzado». La eurodiputada alemana se queja en concreto de que no ha podido fijar una entrevista con la exresponsable de la gestión del plan de recuperación y le dice que «agradecería mucho su apoyo para facilitar esta entrevista». La delegación parlamentaria puso desde el primer momento su interés en reunirse con la que era la responsable de los fondos en el periodo que se analizará en esta visita y que es el dinero recibido en 2021 . Las regiones Calviño le había explicado en su carta que el Gobierno ha aplicado sistemáticamente «el diálogo y la cogobernanza» con las comunidades autónomas, lo que Hohlmeier interpreta como un intento de «transferir la responsabilidad» a las autoridades regionales, por lo que insiste en que en la misión parlamentaria también «estamos deseando escuchar las opiniones de las regiones españolas sobre el proceso consultivo que usted describe, sobre la forma en que han sido involucrados en el establecimiento del plan nacional de recuperación y sobre cómo la responsabilidad de la implementación del plan es compartida entre el nivel regional y el nacional». Es más, la vicepresidenta llega a decir en su carta que el Gobierno central trabajó intensamente en 2021 y 2022 «para establecer una arquitectura eficiente para la implementación del plan» y que «gracias a ese esfuerzo sin precedentes, el foco está ahora principalmente en manos de los gobiernos regionales». Noticia Relacionada A menos de una semana de la visita del parlamento europeo estandar Si El fiasco en la gestión de los fondos europeos desactiva el control del fraude Susana Alcelay El sistema de prevención de conflictos de intereses (Minerva) necesita que la plataforma Coffee esté plenamente operativa, lo que hoy aún no ocurre Calviño sostiene que hasta ahora el Gobierno ha transferido «alrededor de 20.600 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas», que sería más de la mitad de lo que ha recibido hasta ahora. Según el programa provisional, los eurodiputados tiene previsto reunirse con responsables económicos de cinco comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Andalucía. Resulta sorprendente que Calviño haya hecho mención en su carta hasta de los datos de crecimiento de la economía española en estos últimos años, sin reparar que en realidad de lo que se ocupa la misión es exclusivamente de determinar si se han usado bien los fondos europeos de recuperación en el año 2021, dado que España es el único país que los recibió en ese periodo presupuestario . Además, la legitimidad del control de la comisión parlamentaria se dirige específicamente a la Comisión Europea, que es la institución que ha entregado el dinero a España. La comisión de control presupuestario tiene que dar su visto bueno al cierre del presupuesto europeo de 2021 y para ello necesita saber si se han utilizado correctamente los fondos cuyo destino era el Gobierno español. Eso explicaría la feroz defensa que está haciendo el Ejecutivo comunitario de la gestión que ha realizado el Gobierno español, porque de determinarse que han existido irregularidades, la responsabilidad legal recaería sobre la propia Comisión que preside Ursula von der Leyen. Si la comisión de control concluye que hay irregularidades en el uso de los fondos europeos en España, ello impediría la descarga del presupuesto europeo, lo que constituye prácticamente una moción de censura contra la Comisión Europea.. http://www.databot-app.com