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News – Noticias «Zapatero y Baltasar Garzón arropan a Kirchner en un homenaje tras su condena por corrupción». Este martes varios líderes y expresidentes latinoamericanos se dieron cita en la capital argentina en defensa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción . Los integrantes del llamado Grupo Puebla – foro de representantes del progresismo en Latinoamérica formado en el año 2019 en la ciudad mexicana que le dio un nombre- llegaron a Buenos Aires esta semana para participar del encuentro. Los expresidentes de Bolivia ( Evo Morales ), Ecuador ( Rafael Correa ) y Uruguay ( José ‘Pepe’ Mujica ) se encontraron entre los asistentes al evento. También estuvieron presentes el expresidente español José Luis Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón . En encuentro de los políticos se denominó «Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia» y tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) porteño. En el marco de este evento, se presentó también el libro «Objetivo: Cristina. El ‘lawfare’ contra la democracia en Argentina», diseñado por el mismo Grupo Puebla. El discurso de Cristina Kirchner Algunas de las declaraciones más destacadas de la jornada del martes han sido las del jurista Baltasar Garzón , quien sostuvo que «los medios indican que Cristina es una persona indigna, yo digo que los indignos son quienes firman esa sentencia». Correa, por su parte, dijo que «ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces, presionadas políticas y mediáticamente» y añadió: «Los jueces han incurrido en un atropello». Por su parte, el expresidente español Zapatero opinó: »No hay que judicializar la política porque acaba politizándose la Justicia y haciendo un daño enorme a las instituciones de derecho«.  Noticias Relacionadas estandar No CLAVES DE LATINOAMÉRICA La diplomacia injerencista de Argentina Emili J. Blasco estandar Si Los kirchneristas se movilizan para defender la inocencia de Cristina Fernández, acusada de corrupción Guadalupe Piñeiro Michel Si bien el encuentro de líderes y exlíderes regionales comenzó sobre las 17 horas locales, el discurso más esperado, el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , recién ocurrió pasadas las 21.00 horas – casi tres horas más tarde de lo anunciado-, y se extendió durante 35 minutos, luego de haberse expresado varios de los representantes de otros países. El grupo puebla reunido este martes en el Centro Cultural Kirchner En su ingreso al escenario del evento, la actual vicepresidenta argentina habló del encuentro como « una noche de muchas caricias y golpes después de tantos golpes y hasta de intentos de tiros », en referencia al ataque a su persona ocurrido el pasado 1 de septiembre en Buenos Aires. Apenas tomó la palabra la funcionaria, varios de los asistentes a la cita la alentaron al grito de «Cristina presidenta», pese a que aún no se sabe si se será candidata en las elecciones presidenciales. Unos minutos después, Cristina Fernández de Kirchner centró su discurso en el ‘lawfare’, del que dijo que «es la criminalización de la política, pero no de toda la política, sino de una que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la movilidad social ascendente para que nuestras sociedades no queden cristalizadas entre ricos y pobres». A su vez, la funcionaria disparó: «Nos persiguen porque igualamos a la sociedad, el derecho de los trabajadores a participar equitativamente en lo que produce». Luego, llegó a decir: «No me importa si me meten presa». La ausencia de Alberto Fernández Uno de los datos que llamó la atención de la prensa local fue la ausencia de Alberto Fernández en el encuentro. Si bien el presidente argentino se reunió más temprano con algunos integrantes del Grupo Puebla, el funcionario estuvo ausente en el evento. Los medios argentinos lo interpretaron como un gesto más de distancia entre presidente y vicepresidenta. En un año de elecciones presidenciales, la tensión entre ambos funcionarios se ha ido acentuando mientras se define quién será el candidato por parte del oficialismo. La prensa local asegura que el presidente quiere ir en busca de la reelección, pero no cuenta con el beneplácito de su partido.. «Liberado Olivier Dubois, el último francés secuestrado por islamistas». Tras 711 días de cautiverio, en un lugar desconocido, secuestrado por el Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), grupúsculo terrorista islámico próximo de Al Qaida , en Gao (Mali), el periodista francés Olivier Dubois (48 años) regresó la mañana del miércoles a la base militar de Villacoublay, en las afueras de París, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron con los honores debidos a un héroe que regresa a la patria, sano y salvo. Noticia Relacionada reportaje Si 20 años de la guerra en Irak: hijos de la invasión Mikel Ayestaran La mitad de los iraquíes son menores de 20 años, una generación que no conoció la dictadura de Sadam Husein con vidas marcadas por los efectos de la invasión de Estados Unidos Dubois era el último francés secuestrado en el mundo. Su liberación, la tarde del lunes, en Níger, puso fin a una tragedia íntima, nacional e internacional cuya oscura trama todavía se conoce muy mal pero está íntimamente ligada a la retirada de África de Francia y las grandes potencias occidentales, parcialmente suplantadas por China, Rusia y las milicias privadas al servicio de las ambiciones coloniales de la Rusia de Putin. Dubois nació en Créteil, un suburbio pobre y multicultural del sureste de París, pero su familia es originaria de la Martinica, archipiélago francés en el Caribe. Periodista ‘freelance’, mal o muy mal integrado en el periodismo parisino, Dubois decidió hacer carrera en Mali, en el corazón francófono del Sahel. Instalado en Bamako, la capital de Mali, Dubois se convirtió en un especialista en cuestiones económicas, sociales, culturales, militares y terroristas en el Sahel, trabajando para la prensa local y para un periódico y un semanario parisinos, ‘Libération’ y ‘Le Point’, como ‘freelance’ pagado con discreta modestia. En la última década, Dubois fue un testigo privilegiado de grandes crisis locales, regionales y estratégicas: proliferación de una nube de grupúsculos yihadistas , sucesión de matanzas, estallidos de cólera popular contra Francia y Europa, intervenciones militares e inicio de la retirada francesa , anunciado el eclipse quizá definitivo de Europa en el corazón del continente africano. Mucho riesgo Hace dos años, Dubois propuso a ‘Libération’ una entrevista con un dirigente yihadista próximo al Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). El periódico parisino no aceptó la propuesta, estimando que era muy peligrosa. Dubois aceptó al riesgo, y … desapareció, secuestrado por una banda terrorista identificada parcialmente. Siguieron dos años de muy oscuras «negociaciones». La familia organizó con éxito campañas de socorro humanitario, que llegaron a contar con decenas, centenares de miles de firmas de apoyo . Finalmente, Dubois y un trabajador humanitario estadounidense, Jeffrey Woodke, fueron liberados el lunes. En unas condiciones muy particularmente oscuras. Liberados en Niamey, la tarde del lunes, tuvieron palabras de agradecimiento para el Gobierno nigeriano, que habría jugado un papel crucial. «Tengo que decir que no fui maltratado ni golpeado, ni nada de eso. Pasé momentos difíciles, como tantos otros…», declaró Dubois. El presidente Macron se limitó a insistir en la gran emoción nacional por la liberación del último ciudadano francés secuestrado durante dos años. Final feliz que deja en la más profunda oscuridad el motivo del secuestro, el lugar exacto del cautiverio, l a identidad exacta de sus secuestradores, las exigencias ¿cumplidas? ligadas a su liberación, cuando Francia intenta «refundar» sus relaciones y las relaciones de Europa con el continente africano.. «Scotland Yard pierde confianza y el respeto de los londinenses». Racismo, misoginia, homofobia, ‘bullying’… El informe independiente sobre la cultura y la ética imperantes en la Policía Metropolitana de Londres (MET) es claro y demoledor. La encargada de la investigación, Louise Casey, experta en asuntos sociales y con escaño en la Cámara de Los Lores , no solo expone que la aversión hacia los grupos, sectores y empleados minoritarios es «institucional» dentro del más importante servicio policial del Reino Unido, sino que recuerda que la mayoría de las cuestiones destapadas «distan mucho de ser una novedad». Scotland Yard arrastra la lacra de racismo institucionalizado desde la fallida investigación del asesinato del estudiante negro, Stephen Lawrence , a manos de jóvenes blancos del sureste de la capital británica en 1999. El informe Casey añade ahora misoginia y homofobia, además de una extendida cultura de acoso laboral y aceptación de prácticas discriminatorias, que hunden aún más la reputación del servicio, de notoria fama internacional. La experimentada profesional cuestiona incluso la capacidad de la MET para emprender una duradera depuración interna y aceptar la urgencia de la reforma. «Este informe es riguroso, severo e implacable. Sus conclusiones son duras y a muchos les costará aceptarlas, pero nadie debe quedar en duda de la escala del desafío», resalta en la introducción de las 363 páginas que contienen su «diagnosis» de los problemas y una guía para enmendarlos. Casey propone una reforma drástica y tajante, similar a la transformación de la policía norirlandesa de la era del terrorismo sectario en un servicio contemporáneo que va ganándose el respeto de comunidades antagónicas. Noticia Relacionada estandar No La Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo para el nuevo Protocolo de Irlanda del Norte Ivannia Salazar La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico se han reunido este lunes en Windsor La revisión se puso en marcha tras el rapto, violación y asesinato de Sarah Everton , hace casi un año. El criminal era un agente del cuerpo armado de élite de Scotland Yard , que había dado continuos motivos de sospecha, pero ni sus colegas ni superiores activaron la alarma. «Me atormenta el horror… de lo que le hizo a Sarah. Me indigna que se valiera de su disfraz de policía para conseguir lo que quería», testificó su madre, Susan. La captura y condena del exagente asesino envalentonó a otras mujeres a denunciar cascadas de violencia doméstica, abusos sexuales, agresión y violaciones por parte de sus parejas, miembros activos de Scotland Yard o que dejaron el servicio sin condena ni sanción alguna. Muchas denuncias se iniciaban dentro de la MET, pero la víctima llevaba siempre las de perder , según se menciona en una serie de casos relatados en el informe. La agente A descubrió que estaban investigando a su pareja y colega en la brigada, identificado por la letra X, cuando también ella comenzó a caer en blanco de sus agresiones, que fueron escalando hasta la violación sexual. «Me partió la cara. Perdí el conocimiento, me violó. Salí con un ojo morado, el labio partido», confesó. La queja se archivó, el anónimo agresor conservó su puesto y a ella le correspondió solicitar un nuevo destino. «Me dijeron que no le trasladarían bajo ningún concepto. Me dijeron que si quería alejarme de él, lo tendría que hacer yo. Me trasladaron a otra zona de Londres», apunta el documento. En otras instancias, un policía musulmán descubrió beicon dentro de sus botas reglamentarias, un oficial quiso divertirse cortándole la barba a un empleado sij, a las agentes femeninas les trataban como «ganado» y las puntuaba de acuerdo con baremos de belleza, un agente gay cruzaba de acera para evitar a sus compañeros. Son ejemplos de la extendida y consentida conducta de abusos y discriminación en un servicio con claras jerarquías. Casey alerta de la presunción de mando de la élite armada y recomienda el cierre del departamento de protección diplomático. En esa división trabajaban el asesino de Sarah Everard y el violador en serie David Carrick , que fue recientemente condenado a cadena perpetua. «La MET ha de cambiar por si misma. Estar a salvo de la policía no es nuestro trabajo. Proteger al público es el trabajo de la policía», argumenta Casey. El informe echa por tierra la excusa de que los problemas se deben a unas cuantas «manzanas podridas» y recomienda desmantelar la estructura completa del servicio si se fracasa una vez más en la aplicación y consolidación de las reformas. El jefe actual, Mark Rowley, aceptó las conclusiones de la investigación, pero evitó calificar de «institucional» las faltas de racismo, misoginia y homofobia.. «Los presos políticos extranjeros, moneda de canje para Maduro». El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , trafica con los prisioneros de conciencia. Y no lo hace sólo con los venezolanos, sino también con los extranjeros, utilizándoles como rehenes. Los inculpa de delitos que no han cometido para después canjearlos a cambio de prebendas o de la retirada de sanciones de sus países. En Venezuela hay alrededor de 300 presos políticos , de los cuales la mitad tendría doble nacionalidad. Son extranjeros por sus orígenes parentales sin que todavía hayan podido tramitar su segunda condición para ser protegidos como tales por la Convención de Viena. Muchos de ellos han visto cómo sus derechos son violados sistemáticamente por criticar al régimen chavista. Noticia Relacionada NACIONALIZACIONES MASIVAS estandar Si El PSOE se lanza a la caza de nuevos votantes venezolanos Ana I. Sánchez Pilar Cancela, alto cargo de Ferraz y del Gobierno, centró un acto en Caracas con autobuses gratis para animar a pedir el DNI español No hay una cifra exacta de los presos políticos extranjeros encarcelados en el país. «Los presos de Maduro », como los llama el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, citando a los carceleros locales que utilizan el término para identificar a tal o cual detenido, bien podrían superar el medio centenar de personas, que «hoy día pagan su disidencia injustamente tras las rejas», explica a ABC el letrado. Entre los 50 prisioneros extranjeros encarcelados destacan los españoles, los estadounidenses y los colombianos. En su mayoría son venezolanos nacidos en el país con ascendencia foránea, que gozan en teoría de ciertos privilegios que no son respetados por el régimen autoritario. Según Mundaray, al régimen no le interesa reconocer a los presos políticos como extranjeros para así eludir las obligaciones de la Convención de Viena, que recoge el derecho a permitir visitas de los familiares, la asistencia de consulados diplomáticos, la atención médica sanitaria y una alimentación adecuada, entre otros aspectos. Entre los 50 extranjeros encarcelados destacan los españoles, americanos y colombianos El letrado cree que hay un patrón en la manera de actuar del régimen, que consiste en retener selectivamente a los extranjeros -estén solicitados o no por la Interpol- en los pasos migratorios y secuestrarlos arbitrariamente en las cárceles para ser sometidos a juicios sumarios y después canjearlos, o bien negociar, a cambio de retirar las sanciones según el interés político de los jerarcas del régimen. Las principales personas que controlan actualmente el sistema judicial chavista son el presidente Nicolás Maduro, su hijo Nicolasito, su esposa Cilia Flores, Diosdado Cabello , el fiscal general Tareck William Saab, el exministro de Petróleo Tareck el Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno. Sin visita consular En relación con la violación de los derechos de los presos, el cónsul español, Marcos Rodríguez Cantero, en declaraciones a ABC, lamenta que las autoridades venezolanas «no permiten la visita consular». «El Consulado mantiene contacto periódico con los detenidos o con sus familiares, aunque no todos los detenidos son igualmente accesibles y unos mantienen vinculaciones más intensas con España que otros», señala. Ángela Expósito fue condenada por intento de magnicidio En la actualidad permanecen injustamente detenidos en las cárceles del país cinco venezolanos -que también tienen nacionalidad española-. Los inculpados han sido condenados sin pruebas ni evidencias. Entre ellos se encuentra Ángela Expósito Carrillo, quien fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2018 y que actualmente se encuentra en la prisión del Helicoide, donde según han denunciados varias ONG, los presos políticos sufren torturas . Expósito Carrillo fue condenada en agosto del 2022 por un presunto intento de magnicidio con drones. Juan Francisco Dos Ramos fue detenido por el caso Drones En la sede de la Dgcim (división de inteligencia militar) en Boleíta, al norte de Caracas, se encuentra encarcelada María Auxiliadora Delgado Tabosky, hermana de Osmán, uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, que fue señalado como autor intelectual del asalto al Fuerte Paramacay. Delgado Tabosky fue detenida junto con su esposo Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana, y el coronel Juan Francisco Dos Ramos, de nacionalidad portuguesa. Los tres fueron condenados a 30 años de prisión en diciembre del 2022, acusados de tener vínculos en el denominado caso de los drones. Sus expedientes no pueden ser abiertos al público. María Auxiliadora Delgado es hermana de un acusado de magnicidio Por su parte, Keren Sheydell Hernández Rodríguez, que se encuentra detenida también en el Helicoide, fue acusada de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y otros delitos en la operación Gedeón. Tres años después de su arresto, todavía no ha empezado su juicio. Tampoco ha terminado el juicio de Jorge Henrique Alayeto Bigott, que se encuentra en la cárcel común del Rodeo III tras ser acusado de traición a la patria, rebelión militar y otros cargos por el asalto al Fuerte Paramacay. Jorge Henrique Alayetto Biggot fue acusado de traición a la patria y rebelión militar El quinto venezolano, con nacionalidad española, es Fernando Noya Contramaestre, detenido en el Helicoide desde 2020 por supuestos vínculos en la operación Gedeón. No ha sido condenado todavía. Mundaray afirma que a los detenidos de doble nacionalidad «los enjuician y condenan sin poder ver las sentencias y los motivos por los que les aplican la máxima pena. Si reclaman o si se rebelan los castigan severamente. Si denuncian sus casos, entonces los amenazan con castigos». «Esperamos que por razones de justicia, otras de carácter humanitario y de buen orden político, en algún momento las autoridades adopten medidas de indulto o de clemencia», señala el cónsul Rodríguez, que confía en que con la normalización de las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, los presos españoles puedan recibir mejor atención consular y aliviar de alguna manera su encierro. La negociación secreta de los presos políticos también ha incluido la flexibilización de sanciones económicas como la autorización para que la petrolera española Repsol y la italiana ENI puedan volver a operar en Venezuela. Intercambios con EE. UU. Con respecto a los detenidos que tienen nacionalidad estadounidense, el caso más sonado ha sido el canje de siete presos políticos de la petrolera Citgo por los dos ‘narcosobrinos’ -Franki Flores y su primo Efrain Campo Flores- de la primera dama Cilia Flores, detenidos en EE.UU. en octubre de 2022. Unas semanas antes había sido liberado otro sobrino de la mujer de Maduro, Carlos Erik Malpica Flores, extesorero sancionado por corrupción. Los ejecutivos petroleros liberados fueron José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, Tomeu Vadell y Alírio José Zambrano. También los estadounidenses Mathew Heat y Osman Khan pudieron regresar a su país. Maduro trata de eliminar y flexibilizar las sanciones de EE.UU. negociando con presos Para evitar que sus ciudadanos se conviertan en posibles rehenes, el Gobierno de los Estados Unidos envía periódicamente comunicados alertando de no viajar a Venezuela para no ser víctimas de secuestros y detenciones arbitrarias solo por poseer pasaporte estadounidense. Además, hace un mes Washington volvió a incluir a Venezuela entre los países pocos seguros para visitar. Y renovó su calificación como amenaza para la seguridad del hemisferio por sus vínculos con países como Irán. Entre los estadounidenses encarcelados en Venezuela se encuentra Jerred Kenemore, arrestado junto a su esposa venezolana hace año y medio en el fronterizo estado de Táchira. «Tras pasar inmigración las autoridades los detuvieron, acusándolos de terrorismo y espionaje. La mujer se encuentra en el centro femenino Inof, y Jerred en el centro de inteligencia militar Dgcim, totalmente desprotegidos», denuncia Mundaray. El canje de prisioneros también ha formado parte de las negociaciones para eliminar y flexibilizar las sanciones que EE.UU. mantiene contra Maduro y su Gobierno. Es el caso de la empresa estadounidense Chevron, que ha vuelto a operar los campos petrolíferos de Venezuela. Los colombianos De todos los presos políticos extranjeros, los colombianos son los que se han llevado la peor parte. Hay más de un centenar, entre los que tienen doble nacionalidad y los nativos . Han sido detenidos por motivos comunes o políticos que el régimen manipula según el interés del momento, afirma el abogado defensor. Entre los casos más llamativos está el de Jonathan Palacios, un colombiano defensor de los animales que fue arrestado y acusado por Tareck William Saab de instigación al odio porque criticó, a través de las redes sociales, al fiscal por tener un mono amarrado con cadena. Palacios, según Mundaray, «fue torturado». Noticia Relacionada estandar Si Maduro abre una purga en el régimen por la desaparición de más de 3.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela Ludmila Vinogradoff La Policía Nacional Anticorrupción detuvo a altos cargos como jueces, militares, alcaldes y diputados chavistas, todos ellos vinculados al viceministro de Economía Tareck El Aissami, que ha dimitido Maduro ha ido liberando a los presos extranjeros mediante negociaciones secretas con gobiernos aliados, como el de su vecino, desde la llegada al poder de Gustavo Petro. Así sucedió con la exsenadora colombiana Aida Merlano, que estuvo encarcelada en Caracas tres años y fue deportada a Bogotá hace dos semanas. Otro caso que menciona el letrado defensor es el del venezolano-peruano Luis de la Sota, un capitán de navío que ha sido víctima de torturas. Se le acusa de conspiración contra Maduro y de traición a la patria. Sus acusadores no han presentado pruebas de sus delitos. Las malas relaciones que mantienen en la actualidad el Gobierno de Maduro y el de Dina Boularte, tras la detención de Pedro Castillo por un autogolpe de Estado fallido, han convertido a este preso en un chivo expiatorio. «Luis de la Sota permanece confinado, enfermo y no le permiten visitas consulares», señala Mundaray.. «La imputación a Trump vuelve a agitar a EE.UU.: ¿justicia o política?». El fiscal de distrito de Manhattan, como tantos otros cargos públicos en EE.UU., es elegido de forma directa por los votantes. El candidato demócrata , Alvin Bragg, ganó la elección para el puesto en noviembre de 2021, como no puede ser de otra manera en un enclave tan progre como Nueva York. Bragg se impuso a sus rivales demócratas en primarias con un mensaje de ser más indulgente con los crímenes menores y priorizar los crímenes más graves, que contribuyen a la inseguridad. Después de poco más de un año en el cargo, Bragg está en el centro de una tormenta política y judicial por un caso cuya importancia radica en el sujeto de la investigación: Donald Trump y el reembolso de 130.000 dólares a un abogado por el pago para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno poco antes de las elecciones de 2016. Noticia Relacionada estandar No La actriz porno y el candidato: el caso que cerca a Trump Javier Ansorena El pago para silenciar una relación extramatrimonial está a punto de costar la primera imputación del expresidente y una nueva tormenta política en EE.UU. Un gran jurado solicitado por Bragg podría estar a punto de decidir la imputación de Trump por ello, lo que ha convertido al fiscal del distrito de Manhattan en la pieza central de la «caza de brujas» que critica el expresidente. El expresidente y sus maniobras turbias han colocado al fiscal entre la espada y la pared: su cargo le obliga a perseguir delitos si tiene evidencias de que se han producido, con independencia de quién sea su autor; pero hacerlo contra un expresidente y candidato a la presidencia de uno de los dos grandes partidos, en un caso menor, provoca dudas sobre politización de su oficina. Poca solidez en el caso El problema para Bragg es que el caso, además, no es todo lo importante ni sólido que podría desearse. A Trump le persiguen investigaciones sobre su participación en un intento de dar la vuelta a los resultados de una elección, de agitar un asalto a la sede de la soberanía popular el 6 de enero de 2021 o sobre la retención de cientos de documentos clasificados durante meses. Pero podría verse arrestado por un pago a una actriz porno, en el que hay dudas sobre su arquitectura legal y sobre su impacto político. El Departamento de Justicia y el antecesor de Bragg ya desestimaron la investigación de ese reembolso. Lo que podría llevar al procesamiento de Trump es la falsificación de ese pago, lo que no sería un delito, sino una falta, y solo se convertiría en delito si está conectado con otro. Está por ver cuál es el razonamiento de Bragg -podría tener que ver con violación a la ley de financiación electoral-, que también tendrá que argumentar que no ha prescrito -ocurrió en 2016 y prescribe en cinco años- porque el periodo se extiende si el sujeto -como ocurrió con Trump- estaba fuera de la jurisdicción de Nueva York. Incluso algunos demócratas ven el procesamiento como poco oportuno: da oxígeno y atención -en el caso de Trump, son sinónimos- en un momento en el que el expresidente flaqueaba en apoyo popular y puede abrir una caja de Pandora sobre investigaciones a antiguos cargos políticos. Muchos republicanos se han sumado a las acusaciones de «politización» de Trump. Uno de sus grandes aliados en el Congreso, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ha llamado a Bragg a comparecer en el Congreso y entregar toda la documentación sobre la investigación a Trump. «No nos dejaremos intimidar por intentos de minar el proceso judicial», respondió la oficina de Bragg en un comunicado. «En cada investigación, seguiremos la ley sin miedo ni favoritismo a descubrir la verdad».. http://www.databot-app.com