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News – Noticias «La Sareb de Calviño tiene todavía 7.000 inmuebles ocupados de manera ilegal». La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), controlada desde el año pasado por el Gobierno a través del FROB, tiene todavía unos 7.000 inmuebles ocupados de manera ilegal, según confirman fuentes de la compañía. Y para hacer frente a este problema, arrastrado desde hace años, pusieron en marcha hace diez meses un plan que avanza, pero no a la velocidad deseada. La Sareb es una entidad que nació en 2012 para absorber los activos problemáticos de la banca. Se adquirieron a las entidades rescatadas casi 200.000 activos por más de 50.000 millones de euros, y el accionariado de la compañía quedó el 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y el 45,9% en manos del FROB. Noticia Relacionada estandar Si Sepi, Paradores, Correos y hasta una docena de entes públicos podrán financiar al Estado con compras de deuda en 2023 Bruno Pérez Economía autoriza a un grupo de empresas públicas y entidades estatales a adquirir hasta 6.000 millones en deuda pública Ese equilibrio accionarial cambió a principios de 2022 cuando el Gobierno decidió tomar el control y comprar un porcentaje a los bancos para superar el 50% del capital. Asimismo, se le impuso a la compañía desde el Ejecutivo que también debía cumplir una labor social como herramienta de vivienda pública. En mayo del año pasado se anunció un plan para regularizar a los okupas que tenían en sus pisos, por diversas razones ya que no todos residían en esos inmuebles por la misma razón. «Sareb implementó en 2022 un modelo de gestión social de las familias vulnerables que habitan en 9.000 de sus inmuebles», informó la empresa esta semana. El objetivo era poder realizar un análisis de las personas que estaban residiendo en sus pisos de manera ilegal para comprobar que fueran familias vulnerables y así poder ofrecerles un «alquiler social y asequible», junto a la implantación de «un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado» con esos hogares. De ese total de 9.000 inmuebles ocupados irregularmente, la Sareb ha logrado regularizar el 22% de los mismos, unos 2.000 . «Una vez identificadas familias vulnerables en sus viviendas, Sareb pone en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento e inserción laboral, en el que las familias involucradas se corresponsabilizan proactivamente para garantizar su éxito. En este momento la compañía gestiona más de 2.000 alquileres sociales», señaló la firma hace pocos días. Desaparecerá la empresa en 2027 La Sareb quiere recuperar el valor de esos pisos ya que su mandato sigue siendo el de vender toda su cartera inmobiliaria Así las cosas, lo que busca la sociedad, controlada en última instancia por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, es tratar de recuperar el valor de esas propiedades. Fuentes de la empresa señalan que estos últimos años se han mantenido en cartera muchas viviendas que permanecían ocupadas o de las que no se tenía constancia en qué estado se encontraban, lo que provocaba que su valor fuera cero. Si logran reconducir a todas esas familias hacia el alquiler social , los inmuebles volverían a tener valor de cara a poder rentabilizar la cartera inmobiliaria porque la realidad es que la Sareb está llamada a extinguirse en 2027; en otras palabras, que para entonces tendrá que haberse desprendido vía venta de todos sus activos. Aun así, son conscientes de que las situaciones que hay en esos pisos ocupados son muy variopintas. Desde familias que realmente necesitan y quieren un alquier social, hasta okupas profesionales. Por ello, el primer paso es tratar de relacionarse con ellos para averiguar si realmente son familias vulnerables; si quieren pagar un alquiler social; y si quieren cumplir con el requisito de acompañamiento social y reinserción laboral. En este sentido, la Sareb ya se ha encontrado casos que son imposibles de recuperar por la vía del diálogo y han iniciado los trámites de desahucio para expulsarles de las viviendas. Y fuentes de la compañía señalan que se seguirá ese ‘modus operandi’ en todos aquellos supuestos similares que no cumplan requisitos o no se integren en los planes sociales de la empresa. Cambio de estrategia Esta forma de actuar que ha adoptado la Sareb desde mayo de 2022 contrasta con cómo se gestionaba hasta ahora el problema de las ocupaciones en la sociedad inmobiliaria. En los últimos años se había seguido una estrategia con múltiples aristas para tratar de desprenderse del problema de la ocupación ilegal . Así, se articularon diferentes soluciones: desde vender carteras de inmuebles ocupados en su totalidad a fondos de inversión para que sean estos los que se hagan cargo, hasta acudir a la vía judicial, con diferentes resultados. La realidad es que las operaciones de venta de carteras inmobiliarias a fondos de inversión ya no es una prioridad en Sareb ahora que está controlada por el Gobierno. Las preferencias son otras, como tratar de que sean particulares o Administraciones Públicas los que las adquieran. «En 2022, la totalidad de las viviendas vendidas en la cartera para desinversión lo fueron a compradores minoristas (y de ellos más de un 90% fueron personas físicas), con un precio medio asequible de 97.000 euros. Adicionalmente, el parque de viviendas de Sareb está a disposición para su venta a las Administraciones Públicas autonómicas y locales para su adquisición, y de este modo aumentar el parque público de vivienda social y alquiler asequible», informó la entidad.. «Competencia ya analiza si hay «cambios de comportamiento» comercial en la banca tras el impuestazo». El Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actuar como una suerte de ‘policía’ contra la banca respecto al nuevo impuesto que entró en vigor a finales de 2022. Se le atribuyó en la ley que lo regula la tarea de vigilar que no repercutan el gravamen a los clientes y en ello está trabajando ya la institución presidida por Cani Fernández, según ha podido confirmar ABC. La norma del impuesto deja claro que la banca no puede repercutirlo al consumidor. «El importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta», señala la ley. Una redacción que entra en contradicción con las normas bancarias europeas, que recogen que sí se deben repercutir los costes impositivos a los usuarios, algo que recordó el Banco Central Europeo (BCE) en su dictamen al respecto. Sin embargo, ese punto no se ha aclarado hasta la fecha por las autoridades y Competencia se basa en las funciones que le atribuye la normativa española en este sentido. Noticia Relacionada estandar No Santander, Iberdrola y Repsol se revuelven contra el acoso fiscal del Gobierno: «No podemos callarnos» Bruno Pérez Las grandes del Ibex endurecen su tono crítico contra la política impositiva del Gobierno tras el anuncio del traslado de Ferrovial a Países Bajos «Tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe repercutido», afirma el texto legal, para añadir: «Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia , sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de la obligación de este de colaborar con la misma, la comprobación del cumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo primero así como, en su caso, la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma». En este contexto, la CNMC debía vigilar desde la entrada en vigor del impuesto que las entidades financieras no le carguen el mismo a sus clientes incrementando el precio de sus productos y servicios que prestan. Una tarea para la que no se han recibido instrucciones estos meses por parte del Ejecutivo pero en la que ya trabaja la institución. Tipo impositivo 4,8 por ciento Este es el tipo impositivo que han de soportar las entidades financieras sobre su margen de intereses y las comisiones netas por su negocio en España Fuentes de Competencia indican a este periódico que, en estos momentos, «la CNMC está colaborando con el Banco de España , como prevé el apartado 7 del artículo 2 que crea el gravamen, para identificar cambios de comportamiento en las entidades sujetas al gravamen en sus políticas de activo y pasivo a partir de la información de que dispone el Banco de España, así como toda otra información y análisis que pueda ser de utilidad para dicho cometido». En este sentido, la institución está analizando ya si los bancos repercuten o no el impuesto a los consumidores; en caso afirmativo habrían de incoar el correspondiente expediente y la posterior sanción, si procediera en algún caso. Fase inicial De momento están en la fase de análisis de la información de la que disponen. Y en este asunto tiene mucho que decir el Banco de España. El supervisor bancario es el que está proporcionando información comercial de los bancos a la CNMC para que pueda cumplir con la encomienda que le han dado. Uno pide y el otro le da. Competencia ya cuenta con datos de las entidades sujetas al gravamen, pero se prevé que disponga de más cifras para poder evaluar la situación; de hecho, ya se ha solicitado más información al Banco de España para realizar ese análisis. Multas al sector La ley del nuevo impuesto establece sanciones para los bancos del 150% del importe repercutido al cliente En todo caso, no se trata de una investigación formal ni hay ningún procedimiento abierto contra ninguna entidad financiera a este respecto, según ha podido saber este periódico. Por el momento el proceso de análisis está en una fase inicial y habrá que esperar todavía varios meses para empezar a tener algunos resultados. Así las cosas, lo que está analizando la CNMC abarca tanto el activo como el pasivo de los bancos. Es decir, se trata de un escrutinio generalizado del negocio bancario que no se refiere solo, por ejemplo, al coste de los créditos o seguros que ofrecen, sino también a los depósitos, que entran dentro del llamado pasivo. Sin pago por los depósitos Precisamente los depósitos son un asunto que genera controversia entre los consumidores españoles ya que los bancos por el momento apenas están remunerándolos. Aquellos intereses que pagaban antaño las entidades de incluso el 5% por un depósito a plazo no volverán a verse en España , pero los usuarios sí que reclaman que los bancos den algo de rentabilidad al ahorro. A cierre de febrero, la banca en España estaba pagando una media del 0,07% en nuevas operaciones de cuentas corrientes de los hogares. En el caso de los depósitos a plazo, el porcentaje quedó en el 0,86%, muy lejos del 5% de antes de la crisis de 2008 y muy por debajo de lo que se paga en otros países de Europa. En el caso de los depósitos de las empresas las cifras son algo mayores pero continúan sin ser atractivas para el tejido productivo. Ante esta situación, compañías y familias están optando por retirar dinero de los depósitos bancarios para dedicarlo a otros productos que sí den algo de rentabilidad más jugosa. En concreto, entre enero y febrero de 2023 se ha producido una salida de depósitos de 41.000 millones de euros . Ese dinero, sin embargo, no se ha ido a debajo del colchón sino que, por una parte, se está utilizando para hacer frente a la subida de precios generalizada por la inflación y, por otra, para dedicarlo a productos como los fondos de inversión o las Letras del Tesoro en el caso del inversor minorista.. «La corte de Nueva York condena a Argentina a pagar hasta 18.000 millones de euros por la expropiación de YPF a Repsol». La jueza Loretta Preska, de la corte del distrito sur de Nueva York, exige al Estado argentino una indemnización de entre 5.000 y 18.000 millones de euros por la expropiación del 51% de la petrolera local YPF al grupo español Repsol en 2012. El Gobierno de Cristina Kirchner pagó a Repsol en 2014 una ridícula indemnización de 5.000 millones de dólares en bonos y, aunque no participa en esta demanda, la sentencia supone un importante triunfo moral. Noticia Relacionada estandar Si Las grandes petroleras suman unas ganancias de más de 220.000 millones de euros Javier González Navarro ExxonMobil, Shell y TotalEnergies obtuvieron beneficios récord el año pasado Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra Argentina e YPF por encargo de importantes accionistas de esta compañía, han ganado las demandas porque el Gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones cuando expropió el 51%, informa hoy el diario argentino La Nación. «Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional . Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes», afirmó un portavoz de esta petrolera. Aunque en el expediente figure Petersen como demandante , el litigio contra YPF lo lleva el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho a demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio. Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en España, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi -dueña también del Banco de Santa Cruz-, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Esos préstamos habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de las acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, «es totalmente ajeno a la demanda», según La Nación.. «Así aumentará la cotización de los autónomos a la Seguridad Social tras la reforma de pensiones: subirá un 76%». La reforma del sistema público de pensiones conllevará una importante reordenación de las cotizaciones sociales de los trabajadores, tanto asalariados como autónomos . No solo por las nuevas cotizaciones específicas introducidas como parte del abanico de medidas destinadas a reforzar los ingresos de la Seguridad Social, principalmente la referida al mecanismo de equidad intergeneracional y de la cuota de solidaridad, sino también por que el Ejecutivo tiene esperanzas en que el flujo de aportaciones crezca de manera constante también por la vía ordinaria del ensanchamiento del mercado laboral. O al menos esta es la lectura que se desprende de uno de los cálculos más llamativos que el Ministerio de Seguridad Social ha distribuido como parte del conjunto de medidas que permitirán costear en el medio el aumento del gasto previsto en pensiones por la revalorización de las prestaciones con el IPC, que podría añadir a mitad de siglo unos 35.000 millones de gasto a la ya mastodóntica factura de las pensiones. Noticias Relacionadas estandar No Así evolucionará la pensión máxima: de los 3.000 euros actuales a más de 9.000 euros al mes Gonzalo D. Velarde estandar Si Escrivá calma a Bruselas al prometer que volverá a subir cotizaciones si falta liquidez para las pensiones Susana Alcelay Aquí, una de las sorpresas que han aflorado a medida que el Gobierno ha ido dando con cuenta gotas información sobre el impacto financiero de las medidas aprobadas en la segunda pata de la reforma es la de la expectativa, desconocida, de los ingresos procedentes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) . Inicialmente, cuando se firmó la reforma para introducir el sistema de cotización por ingresos reales para los próximos tres años (2023, 2024 y 2025) se aseguró desde el ministerio que dirige José Luis Escrivá que esta medida tenía un impacto fiscal neutro para las arcas del sistema. Y sin embargo, este escenario parece haber cambiado en el último año. Tal y como avanzó ABC, la cuota anual de los trabajadores por cuenta propia habrá crecido de media unos 2.500 euros anuales para el año 2032 teniendo en cuenta el mecanismo de equidad intergeneracional al que también hacen frente los autónomos con empleados a cargo. Pero, ¿cómo evolucionarán las aportaciones del colectivo a partir de entonces y hasta mitad de siglo? Subida de cotización Como se ha mencionado, a raíz de las justificaciones económicas de la reforma de pensiones planteadas por el Ministerio de Seguridad Social tanto a los partidos políticos, como a los agentes sociales y también a los técnicos de la Comisión Europea, el Gobierno prevé ahora que el colectivo conformado por 3,3 millones de trabajadores se haga cargo de un 36% de la ganancia de ingresos con la que se sufragará el pico de gasto durante la jubilación del ‘baby boom’. Ante todo, cabe resaltar cuál es el estado de la cuestión. Según las cifras de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social a cierre de 2022, el régimen de autónomos aportó 11.353 millones de euros a las arcas del sistema, un 4,8% más que un año antes. Y para este 2023, el Ejecutivo espera que la cuantía de las cotizaciones se eleve hasta los 12.037 millones de euros. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1800 Código APP Y es sobre este volumen de ingresos anuales procedentes de las cuotas de los autónomos que el Gobierno espera aumenten la aportaciones hasta el equivalente a un 0,6% del PIB en mitad de siglo. Momento en el que se estima que el RETA llegue al máximo de aumento de cotizaciones respecto al nivel actual. Sin embargo, para llegar a ese punto se plantean hasta seis escenarios diferentes en base al despliegue definitivo de este nuevo sistema de cotización por ingresos reales y gracias al avance del mercado laboral. Despliegue en seis fases Entre 2026 y 2028 . Durante este periodo el Gobierno espera recaudar un 1.400 millones más de euros que en la actualidad, el equivalente a un 0,1% del PIB. Respecto al nivel actual, el aumento de cotizaciones sería del 12,7% durante estos tres años. 2029 y 2030 . Para este bienio, la Seguridad Social espera estar recaudando cotizaciones del RETA por valor de 2.800 millones de euros más que en la actualidad, el equivalente a un 0,2% del PIB. Supondría un 25,4% más que las cotizaciones recaudadas a lo largo de 2022. 2031 . Para este año, los cálculos del gabinete técnico de José Luis Escrivá proyectan un extra de recaudación de 0,3 puntos porcentuales del PIB, es decir, 4.200 millones de euros más en la actualidad, lo que supondría un incremento del 38,2%. Entre 2032 y 2036 . Durante estos cinco ejercicios, el colectivo de autónomos estará aportando cada año 5.600 millones de euros más que en la actualidad, un 0,4% más del PIB. Y un 50,2% más que la recaudación ligeramente superior a 11.000 millones registrada el pasado ejercicio -en total se ingresarían 17.000 millones de euros-. MÁS INFORMACIÓN Las cinco medidas clave de la reforma de pensiones que afectan a tu jubilación Escrivá endurece la cuota de solidaridad para pagar pensiones a sueldos a partir de 90.000 euros: será el 7% de la nómina Cómo te afecta la ampliación de años para calcular la pensión que quiere aprobar el Gobierno Entre 2037 y 2045 . Será el periodo más largo de todo el despliegue de aumento de cotizaciones previsto sin que mute la previsión de ingresos procedente de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia. En ese tramo la recaudación del RETA habrá crecido ostensiblemente respecto al nivel actual: se ingresarán 7.100 millones de euros más al año, es decir, un 0,5% del PIB. Y supondrá un 64,5% más de aportaciones en conjunto durante el año. Entre 2046 y 2050 . Es el último tramo de despliegue antes de mitad de siglo. Aquí se prevé el pico de ingresos extra que llegarán para nutrir el sistema de pensiones por cotizaciones de los autónomos. Serán 0,6 puntos porcentuales más del PIB respecto a la recaudación actual, unos 8.400 millones de euros más. Y supondrá casi duplicar el nivel de aportaciones que se realizan ahora anualmente: llegarían a superar en un 76% la recaudación actual.. «Sanitas aumenta un 10% sus ingresos en 2022 y suma a 900 empleados nuevos en el último lustro». El negocio asegurador mantiene el pulso pese a las incertidumbres que rodean a la economía española. Sanitas elevó un 10% sus ingresos en 2022, hasta 2.636 millones de euros, mientras que el beneficio de explotación se situó en 273 millones de euros, lo que supone un 29% más, impulsado por la recuperación de la actividad en los negocios de provisión y las residencias de la firma, que vuelve a los niveles de 2019, así como a los «excelentes» resultados del negocio dental, que ha consolidado su plan de expansión. Además, Sanitas aumentó sus cifras de empleo, con un total de 11.768 empleados, un 4,6% más que el año anterior, según ha informado este jueves la compañía, que en los últimos cinco años ha generado más de 900 nuevos empleos , lo que supone un crecimiento del 8% . La compañía argumenta que el aumento de los ingresos y de los beneficios se deben a que el plan de expansión del negocio de dental ha alcanzado su madurez, con más de 200 clínicas dentales en todo el territorio español, y a la recuperación de la confianza y de la ocupación en las residencias hasta alcanzar niveles previos a la pandemia. Noticia Relacionada estandar No ¿Sirven para algo los chequeos médicos? Sonia Gutiérrez Los controles generales, en la población sana y a cualquier edad, son motivo de debate. No es lo mismo hacerlos en la sanidad pública que en la privada y cada médico determina cuáles son las pruebas más idóneas Por su parte, el negocio asegurador continúa creciendo a un ritmo similar al de años anteriores. Así, las altas en los seguros de Sanitas superaron las 400.000 personas en 2022. Además, el acuerdo firmado con la compañía aseguradora multirramo Generali permitió a más de 137.000 clientes tener acceso a los servicios de salud de Sanitas. Respecto al negocio asegurador, Sanitas Seguros aumentó el volumen de facturación hasta 1.674 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,38% respecto a 2021. Según la firma, 2022 ha destacado por el «buen momento» de forma de todos los canales comerciales, tanto propios como en acuerdos con terceros como BBVA, Banco Sabadell, Santalucía, entre otros, a los que desde 2023 se incorpora Generali, con quienes establece un nuevo acuerdo de reaseguro. Concretamente, la compañía especialista en servicios de salud y bienestar cerró el pasado ejercicio con 129.000 nuevos clientes , que ha permitido alcanzar una cartera total de 2,4 millones de asegurados, un 5,7% más, con una cuota de mercado del 20,30%. Digitalización del negocio En este sentido, Sanitas mantiene su avance en la transformación digital del negocio con herramientas de big data, analítica avanzada e inteligencia artificial. El 11,5% de las consultas recibidas durante 2022 fueron digitales. Éstas, no en vano, se han multiplicado por 18 desde el inicio de la pandemia y a diciembre de 2022 se alcanzaron 771.000, con picos diarios por encima de las 3.700 comunicaciones online. En este sentido, Sanitas Dental da por concluido todo el proceso de digitalización de sus clínicas con la incorporación de la última tecnología en su red, que cuenta ya con 204 clínicas en nuestro país. Esta red ha crecido en el último año gracias a la apertura de cuatro nuevos centros y la adquisición de una clínica que anteriormente era franquiciada. Además, la división Dental sigue creciendo también gracias a los traslados a emplazamientos con mayor capacidad. En 2022, se trasladaron dos clínicas. Una de ellas, la Clínica Dental Sanitas Palau, cuenta con 10 gabinetes. En 2022 se llevaron a cabo un 30,3% más videoconsultas y un 174% más escaneados de la boca de los pacientes. Las imágenes digitales se obtienen mediante el uso del escáner intraoral, una tecnología que permite obtener un archivo digital exacto de la boca de los pacientes. A lo largo del año, el número de pacientes únicos de las clínicas dentales ha crecido cerca de un 7%. Esta cifra récord de visitas acompaña también a los resultados financieros de la unidad de negocio, que este año ha incrementado sus ingresos en un 9%. La cartera de asegurados creció también un 8% más que el año anterior. Entre los asegurados, los que tienen seguro dental independiente crecieron un 9%.. http://www.databot-app.com