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News – Noticias «Desde cuándo deja de pagar el inquilino los gastos de la inmobiliaria con la publicación en el BOE de la ley de vivienda». La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que entra en vigor este viernes, a excepción de los incentivos fiscales en IRPF, y que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), arranca su aplicación tras un periplo de más de dos años y entre críticas por parte de promotores, empresarios, portales inmobiliarios y otras entidades sobre la eficacia para solucionar el problema de la vivienda en España . Entre las principales novedades, desde este momento, el inquilino estará exento de pagar los gastos previos al contratar un alquiler por los servicios prestados por la inmobiliaria. Desde este momento este coste deberá cargarlo el propietario. Concretamente, el texto publicado en el BOE introduce en su disposición adicional primera que «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador «. Al tiempo que se regulan otros aspectos sobre el reparto de las cargas al establecer que »las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario«. Noticias Relacionadas estandar No Gastos de comunidad, cargo del IBI… las grietas que deja la ley de vivienda para que los caseros puedan subir el alquiler Antonio Ramírez Cerezo estandar No La polémica ley de vivienda nubla el horizonte del sector inmobiliario Alicia Aragón Es decir, si antes el potencial inquilino tenía que pagar a la inmobiliaria esos conceptos por la gestión como el mes de fianza, el mes en curso y el mes de agencia, y que suponía un gran desembolso de golpe, esta situación cambia con la nueva ley y será el casero el que haga frente a estos honorarios de agencia. Cabe recordar, el primer texto de la Ley de Vivienda, en forma de anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2021, y unos meses más tarde, en febrero de 2022, se aprobó ya como proyecto de ley, pasando al Congreso para su tramitación urgente. Tras meses de intensas negociaciones dentro del propio Gobierno de coalición y con los grupos parlamentarios, el Congreso dio luz verde a la Ley de Vivienda el pasado 27 de abril, mientras que el Senado hizo lo propio el 17 de mayo. Ocho días después llegó al BOE para su entrada en vigor este 26 de mayo . Límite al alquiler y concepto de gran tenedor Entre otras medidas, la Ley de Vivienda impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo. En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. Por otra parte, la ley rebaja de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extiende a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas. Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada. Incentivos fiscales En materia fiscal, se establece una mejora de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de determinados criterios -zona tensionada, rehabilitación-. También se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en dicha situación, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal. Incremento de oferta a corto plazo Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada , como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. La Ley también contempla el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Además, se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización), y del 10 al 20 por ciento en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización). Nuevo Consejo Asesor En la Ley también se establece la creación del Consejo Asesor de Vivienda , para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por representantes de los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación. Vivienda protegida Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años . Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas que definen un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de los supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años. Además, se refuerza el papel de los registros de demandantes para el acceso a la vivienda protegida y la fijación de los criterios objetivos de adjudicación. Se extienden las críticas Con todos, los actores expertos en el sector, como los portales inmobiliarios Pisos.com, Idealista y Fotocasa cuestionan la Ley de Vivienda por contener «políticas coercitivas» frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta«. Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha calificado a la nueva Ley de Vivienda como un «collage de torpezas cortoplacistas». El presidente del Consejo General y del Coapi de Barcelona, Gerard Duelo Ferrer , califica la norma de «enlosada y confusa» en su redacción, así como «invasiva, intrusa y desequilibrante». Asimismo, hizo hincapié en que la ley interviene en los precios del alquiler intentando establecer un control de rentas, lo que afecta a los derechos constitucionales y perjudica «gravemente» a los propietarios. Mientras que desde la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi , afirma que la Ley de Vivienda es «intervencionista» para el mercado del alquiler y ha advertido de que provocará «justamente lo contrario» de lo que pretende. MÁS INFORMACIÓN Los 20.000 pisos del Gobierno en suelo de Defensa tardarán más de una década en construirse La Sareb de Calviño tiene todavía 7.000 inmuebles ocupados de manera ilegal Por su parte, el presidente de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado , asegura que se necesita una Ley de Vivienda, «pero no ésta». «La Ley de la Vivienda está ideologizada y lo peor de todo es que no soluciona el problema actual», señaló hace unos días Gómez-Pintado. Pone el ejemplo de Cataluña, donde, en su opinión, «tienen una Ley similar a la impulsada por el Gobierno central y las consecuencias están siendo terribles: han desaparecido un 54% de las viviendas que había en el mercado y el precio del alquiler ha subido sin control».. «Indra ampliará a 16 el número de consejeros». Indra elevará de 14 a 16 el número de asientos en su consejo de administración y nombrará a dos consejeras independientes, María Ángeles Santamaría Martín y Elena García Armada. Además, Pablo Jiménez de Parga entrará en el máximo órgano de decisión de la firma tecnológica y de defensa en representación de Amber Capital, el fondo capitaneado por Joseph Oughourlian, máximo accionista de Prisa. Así lo ha comunicado la compañía, que llevará estas propuestas a la junta ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 30 de junio y en la que también se prevé la ratificación del nombramiento de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. Noticia Relacionada opinion Si Amber crece en Indra y se enroca en Prisa María Jesús Pérez Oughourlian, como hombre precavido vale por dos, según crece en Indra blinda el consejo de Prisa para evitar que le puedan adelantar por la derecha «El consejo de administración de Indra, presidido por Marc Murtra, ha aprobado llevar a la junta ordinaria de accionistas, prevista para el próximo 30 de junio, la ampliación a dieciséis en el número de consejeros. Con esta ampliación y el nombramiento de dos consejeras independientes, se podrá responder a la nueva realidad creada por la nueva composición accionarial de la compañía y seguir cumpliendo las mejores prácticas de gobierno corporativo», ha afirmado la empresa. En ese sentido, la entrada de Jiménez de Parga (secretario del consejo de Prisa) en el máximo órgano de decisión de Indra se produce después de que Amber Capital incrementase esta semana su participación en la compañía hasta el 7,239%, un peso en el accionariado que confiere al fondo la posibilidad de reclamar un asiento en el consejo, en el cual se había quedado un hueco libre tras la dimisión de Axel Arendt después del nombramiento de De los Mozos como consejero delegado. La entrada de Amber Capital en el órgano desequilibraba el número de consejeros independientes y no independientes, motivo por el que se ha optado por ampliar a 16 el número de asientos en el consejo de administración. Con el nombramiento de María Ángeles Santamaría Martín y de Elena García Armada tendrá ocho consejeros independientes y otros tantos no independientes. «En concreto, la propuesta de nombramiento de María Ángeles Santamaría Martín y de Elena García Armada, de ser ratificada por la junta de accionistas, permitirá cumplir la recomendación 17 del Código de buen gobierno, con al menos la mitad de independientes de un total de dieciséis consejeros», ha resaltado la compañía. Al mismo tiempo, refuerza el «compromiso» de Indra con la diversidad de género, dado que alcanzará el 37,5% de presencia femenina en el consejo, ha añadido la empresa. «Si los accionistas nos dan su apoyo, contaremos con un consejo más amplio, sólido y diverso para afrontar los ilusionantes retos y oportunidades que Indra tiene por delante y dar respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés. Estamos construyendo un proyecto empresarial más consistente y tenemos motivos específicos para ser optimistas», ha afirmado el presidente de Indra, Marc Murtra. Asimismo, el consejo de administración ha incorporado al orden del día de la junta ordinaria de accionistas la propuesta de nombramiento de Pablo Jiménez de Parga como consejero dominical «como respuesta a lo solicitado por Amber Capital».. «El gasto en pensiones anota otro récord por el impulso del IPC: sube un 10,7% y roza los 12.000 millones de euros en mayo». El fuerte impulso que el Gobierno imprimió a las nóminas de los pensionistas con la revalorización del 8,5% dejará durante todo 2023 significativas rúbricas del aumento del gasto asumido por la Seguridad Social. En mayo, el sistema registró un gasto en pensiones de 11.974,3 millones de euros, lo que supone un 10,7% más que hace un año . Otro récord histórico de una partida presupuestaria destinada a crecer de forma constante por la vinculación con la evolución de los precios. Concretamente, el gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos 12 meses, hasta mayo, según las cifras publicadas este jueves por la Seguridad Social. Como suele ser habitual, casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de mayo fue a parar a pensiones de jubilación , en concreto, el 72,8%, es decir, 8.723,1 millones de euros. A pensiones de viudedad se destinan 1.998,5 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.058,4 millones, la de orfandad, a 162,8 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 31,4 millones. Noticias Relacionadas estandar Si Estudio del iee Las empresas españolas serán las que más cotizaciones paguen de Europa tras la reforma de pensiones de Escrivá Gonzalo D. Velarde estandar Si La construcción da la espalda al fondo público de pensiones de Escrivá Gonzalo D. Velarde Del mismo modo, de las 10.019.689 pensiones contributivas abonadas, 6.343.015 son de jubilación , otras 2.346.534 de viudedad, 945.050 de incapacidad permanente, 340.218 de orfandad y 44.872 en favor de familiares. El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1%. Por su parte, el número de pensionistas es de 9.074.316 a 1 de mayo. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones mujeres. La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona. La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas. De ellas, el 60,4% la perciben hombres. La pensión de viudedad la perciben como principal prestación 1,5 millones de personas, el 95,9% de ellas mujeres. Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (940.042), orfandad (322.743) y en favor de familiares (44.204). La jubilación media, en 1.375 euros al mes La pensión media del sistema asciende a 1.195,1 euros mensuales. Esta cuantía, comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.375,2 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.533,6 euros al mes, mientras que la más baja la registra el régimen de autónomos, de 915,5 euros mensuales. En la minería del carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.682,4 euros, y es de 1.523,9 euros en el régimen del mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de abril de 2023 (último dato) a 1.356,8 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 851,7 euros al mes. La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) ha sido de 11,8 días en el caso de la pensión de jubilación y de 15,8 días en las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad. Brecha de género Con fecha 1 de mayo, 495.859 pensiones han percibido el complemento por brecha de género , de las que un 91,7% son mujeres (454.042). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 65,9 euros. De las 495.859 pensiones complementadas, el 22,6% corresponde a pensionistas con un hijo (112.070), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47,1% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (233.708); el 19,5%, con tres (96.838), y con cuatro hijos, el 10,7% (53.243). El complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2023, de 30,40 euros al mes por hijo , que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión. Clases Pasivas Por su parte, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.469,5 millones de euros en el mes de marzo, último dato disponible. El número de pensiones en vigor fue de 694.412, lo que suponen 11.590 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,8% de variación anual). MÁS INFORMACIÓN La subida de cotizaciones de la reforma de pensiones restará 180.000 empleos y 0,6 puntos del PIB, advierte CEOE El régimen de clases pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.. «La jubilación del ‘baby boom’ agravará la falta de trabajadores cualificados en las empresas». Si la paradoja del mercado laboral español, que cuenta con al menos 150.000 puestos de trabajo que no se puede cubrir por la falta de personal cualificado pese a existir una bolsa permanente de casi tres millones de parados, es difícilmente digerible. Pero está realidad aún podría agravarse en los próximos años al calor de la jubilación inminentemente de la generación del ‘baby boom’ y la ausencia de trabajadores con las cualidades necesarias para llevar a cabo el relevo generacional. El retiro paulatino de la mayor cohorte población hará que el tejido productivo pierda del orden del 30% de la fuerza de trabajo en los próximos años. Por lo que el problema del empleo vacante enfrenta el doble obstáculo de la pérdida inevitable del talento asociado a los perfiles más longevos mientras que se produce un escaso flujo de trabajadores jóvenes a los que además de las cualidades necesarias para el desarrollo de la profesión también se les requerirá un control de las habilidades tecnológicas que potencian no sólo las nuevas profesiones marcadamente digitales sino las más tradicionales. Sobre esta premisa, la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Clara Sanz , apuntó durante su intervención en la jornada ‘La transición del mercado laboral en España’ celebrada por elEconomista el reto que supone la salida de la cohorte de población nacida entre 1946 y 1964 para las empresas, principalmente a la hora de encontrar un reemplazo efectivo para estos profesionales. Noticias Relacionadas estandar Si El becario que se forma en la empresa accede al puesto de trabajo con un 15% más de sueldo Gonzalo D. Velarde estandar No Los nichos de actividad que coparán las ofertas de empleo en los próximos 10 años en España Gonzalo D. Velarde Aquí, el Gobierno apuesta por el modelo de la formación profesional dua l como el principal foco de aprendizaje para los trabajadores que atenderán en el futuro esas actividad con un grado de tecnificación a lo que ahora se suma el aspecto de la evolución tecnológica de las herramientas de trabajo. Recordaba la responsable de Educación durante su intervención que a estas carencias detectadas en la base de los futuros empleados se suma el efecto del edadismo, que expulsa de forma cuasi permanente a todos los trabajadores que pierden el empleo a partir de los 50 años , con un escaso nivel de reinserción en el mercado. «No estamos permitiendo despilfarrar talento. Mientras que las empresas se quejan porque no encuentran profesionales, hay muchas personas entre 50 y 55 años que pierden su empleo y no vuelven a entrar al mercado laboral», señalaba Clara Sanz. «El reto fundamental está en la cualificación de las personas para para poder realizar el proceso de sustitución con cierta tranquilidad», señalaba ensalzando en este punto el papel de la FP y recordando que los niveles de asistencia a este tipo de formación se han incrementado en un 23% llegando a superarse los 150.000 estudiantes en los centros de formación reglada. Cambio de paradigma De forma inevitable, esta misma falta de personal cualificado está provocando un cambio de paradigma, principalmente en la gestión de los recursos humanos y las necesidades para retener talento. Así lo relataba durante la jornada el director de Talento, Cultura y Transformación de Repsol, Enrique Fernández Puertas , asegurando que «la clave es tratar a los candidatos al puesto de trabajo como clientes». Asegura que en el entorno de escasa oferta de trabajadores cualificados, los aspectos al margen de la retribución también pueden determinar la capacidad para conservar en la empresa a los perfiles más especializados. En este punto, cabe recordar que el problema del mercado laboral en España es de fondo. La mala prensa que han tenido en las últimas décadas las formaciones profesionales han ahuyentado de su uso a los jóvenes y es el principal factor que deriva en la actual bolsa de empleos vacantes en España que podría superar el millón de empleos en una década cuando la digitalización ya se haya inoculado en todos los niveles productivos y áreas de actividad, no necesariamente relacionadas con empleo puramente tecnológicos. MÁS INFORMACIÓN Se multiplican por quince los españoles que firman más de un contrato fijo en el mismo mes El sector público tiene un 29% más de absentismo que la media en España Hace sólo unos días, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi , alertaba sobre la falta de mano de obra en «un montón de sectores», como la construcción o la hostelería, y se ha mostrado «abierto» a que se pueda hacer un «trabajo serio» para cubrir esos puestos. «Hay tres millones y medio parados y la realidad es que, sin embargo, nos falta gente para un montón de sectores y estoy hablando de la construcción o de la hostelería», advierte el presidente de la patronal.. «¿Qué pasaría en caso de impago de Estados Unidos?». Estados Unidos alcanzó en enero su techo de deuda y desde entonces, el país se encuentra en una cuenta atrás para aprobar una eliminación temporal del límite de endeudamiento. Sin este acuerdo, las consecuencias serían «desastrosas», según el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza. El límite es un tope al endeudamiento del Gobierno estadounidense situado en los 31,4 billones de dólares. Desde que el Tesoro lo superó, ha recurrido a medidas extraordinarias para bajar el nivel de gasto y como consecuencia, su margen para llegar a un acuerdo se prolongue en el tiempo. En el último comunicado oficial de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que es probable que a partir del 1 de junio, esta institución no sea capaz de pagar todas sus obligaciones. Aunque en esta carta, la secretaria también especificó que es imposible determinar la fecha exacta en la que EE. UU. se quedará sin liquidez. Como referencia, el director de estrategia de mercados de Ostrum AM, Axel Botte, recuerda que «la Cuenta General del Tesoro cuenta ya con menos de 200.000 millones de dólares, y que el gasto público puede alcanzar los 600.000 millones de dólares al mes». Noticia Relacionada estandar No EE.UU. alcanza su techo de gasto y entra en otra batalla política Javier Ansorena Biden y los republicanos tienen hasta junio para negociar una solución Pedraza cree que la situación de impago es «muy improbable» y reconoce que es optimista con la situación. Asegura que los partidos llegarán a un acuerdo como ya lo hicieron en 2011, y que este pasará por concesiones del Gobierno que implicarán recortes en el gasto público. Añade que «en estos momentos las cámaras están presionadas para llegar a un acuerdo lo más rápido posible por las consecuencias de no hacerlo» y que «si hay dilación, esta será corta». Aunque opina que esto debería concluirse «con la mayor rapidez posible» ya que, «los mercados —ya sean de renta fija o variable— se suelen adelantar». No obstante, comenta que «aún están a tiempo» ya que estos confían en que la situación se solucione como ha sucedido en otras ocasiones.   Resultado de un retraso en el pacto El escenario que Pedraza ve más posible es que los partidos tarden demasiado en llegar a un pacto y el mercado reaccione, como ya hizo en 2011. Año en que, por esta misma circunstancia, S&P rebajó la calificación crediticia de EE.UU. Aunque, en su opinión, esta situación tampoco se dará. En el caso en que se tarde en llegar a un acuerdo las consecuencias, según los expertos, serían similares a aquellas de 2011 aunque «algo peores» debido al contexto actual de inflación y subidas constantes de tipos de interés. Pedraza explica que, el momento previo a un pacto de este tipo «pone muy nerviosos a los mercados e inmediatamente lo castigan». Concreta que, además de afectar a la calificación crediticia, «tendría un impacto en las bolsas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo». También añade tendría una gran influencia en el dólar, ya depreciado, lo que sería muy negativo para la economía americana. Concluye que, a pesar de que estas consecuencias ocurrirían, no serían duraderas en el tiempo y que tardarían más en llegar a la economía doméstica y del tejido empresarial. En esta situación, Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas agrega otros posibles efectos por el uso de medidas extraordinarias como el retraso del pago de salarios de funcionarios o de prestaciones económicas del Gobierno. Lo que «tendría un impacto en la demanda de Estados Unidos» . Además, cree que, en caso de que se acordara elevar el límite de gasto, esto tendría consecuencias por «un déficit crónico de la Hacienda Publica americana». Secuelas de la falta de liquidez «En caso de impago del Gobierno, se verían afectadas muchas instituciones —nacionales y extranjeras— e inversores que poseen valores del Tesoro», declara Botte. A lo que Pedraza añade que implicaría consecuencias excesivamente graves como «no responder a los vencimientos de la deuda estadounidense, no pagar a los funcionarios o que el sector público se vería congelado» y derivaría en una «incapacidad por exceso de endeudamiento». Torres añade que si los partidos no se pusiesen de acuerdo y se tuviese que acatar el actual techo de deuda, el Gobierno tendría que ajustar recortes en el gasto y tomar medidas para aumentar sus ingresos. El caso de impago tendría dos efectos fundamentales: «más incertidumbre y un encarecimiento de los tipos de interés. Lo que tendría un impacto en la renta disponible de los hogares y en las empresas americanas y derivaría en recesión», declara. Además tendría efectos financieros ya que los bonos del Tesoro y la reserva de cambio estadounidenses son fundamentales en los mercados.. http://www.databot-app.com