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News – Noticias «Adif paraliza la megacausa por el cártel ferroviario». Adif ha dado un giro radical a su estrategía jurídica para reclamar a las empresas implicadas en el llamado ‘cártel ferroviario’ los daños y perjuicios económicos causados por sus prácticas contrarias a la competencia y ha renunciado a contratar, al menos de momento, a un bufete especializado en asuntos de competencia para defender sus intereses en esta macrocausa, la primera en la que una entidad de la administración pública exige reparación por una práctica anticompetitiva . La Dirección de Adif ha decidido suspender el proceso de contratación abierto en octubre de 2021 para fichar un despacho especializado en materia de competencia que le proporcionara asistencia jurídica en la preparación de las demandas de daños en los tres flancos en los que aspiraba a dar la batalla legal a las empresas señaladas por la CNMV por sus prácticas abusivas: por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; por el reparto de licitaciones públicas convocadas en ese mismo ámbito; y por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para el mantenimiento se sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de tren convencional. La compañía argumenta en el informe en que justifica la suspensión del proceso de contratación que la dilación en la adjudicación del contrato, retrasada en varias ocasiones por las reclamaciones presentadas por los despachos que no resultaron adjudicatarios, y el avance que el procedimiento judicial ha experimentado en estos casi dos años de espera han modificado de forma sustancial el panorama judicial que queda por delante y han restado sentido a buena parte de los trámites jurídicos que se pretendían agilizar con el contrato. Explica que en el momento en que se sacó el contrato uno de los objetivos era interponer las correspondientes demandas de reparación de daños, pero que a día de hoy 19 de los 30 procedimientos interpuestos ya solo están pendientes de votación y fallo, y del resto muchos están ya en la fase de conclusiones, lo que convertiría en estéril su personación en esta fase del procedimiento. Entiende, asimismo, que en función de si la Audiencia Nacional, cuya sentencia sobre el caso se espera para las próximas semanas, ratifica o no la resolución de la CNMC algunas empresas sancionadas podrían desistir de litigar y optar por tratar de alcanzar un acuerdo de reparación de daños bilateral con ADIF al margen de los tribunales lo que agilizaría y abarataría los costes del procedimiento de reclamación de daños. Relicitación En toco caso, desde Adif señalan a este periódico que la decisión no significa renunciar a «ejercer las acciones legales que corresponden para reclamar los daños y perjuicios derivados del cártel contra las empresas responsables». Y señalan que, en consencuencia, podrán iniciar una nueva licitacion cuandos se den las condiciones técnicas favorables para garantizar «la mejor defensa de nuestros intereses». El litigio tiene su origen en el dictamen que la CNMC cerró en 2019, por el que sancionó a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif. En concreto, licitaciones relacionadas con sistemas de electrificación y electromecánica para las líneas de tren convencional y alta velocidad. La multa impuesta a estas compañías por Competencia asciende a 118 millones de euros. En el primero de esos cárteles, el relacionado con la electrificación de las líneas AVE , están implicadas las 15 empresas que siguen: Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren-ACS, Neopul-Sacyr, Citracc, y Eym. Según Competencia, entre 2008 y 2016 llegaron a repartirse 24 licitaciones de construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE por valor de 837 millones de euros. Las empresas implicadas actuaban a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con las que se hacían con las licitaciones y pactaban el reparto de facturación y márgenes a partes iguales. Según, la CNMC, La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación. Noticia Relacionada estandar Si El ‘low cost’ ferroviario se come al AVE: pierde más de la mitad de la cuota en las rutas con competencia Antonio Ramírez Cerezo Ouigo e Iryo ya concentran un 40% de los viajeros en los corredores que van desde la capital hacia Barcelona y Valencia El segundo de los cárteles , creado para la electrificación del tren convencional, operó entre mayo de 2002 y hasta noviembre de 2016. Según Competencia, los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros. Una licitación de tres millones El proceso de licitación abierto por ADIF, dotado con un presupuesto inicial de tres millones de euros, devino en una dura competencia entre algunos de los despachos más reputados del país en materia de competencia como Roca Junyent, Cremades & Calvo Sotelo, Broseta u Ontier, que acudieron a la licitación atraídos también por el hecho de tratarse de la primera macrocausa por reclamación de daños ilícitos colusorios que entablaba una administración pública en España, lo que se consideraba que podría tener un efecto arrastre en el futuro. El contrato se adjudicó en sus tres lotes en mayo de 2022 al bufete Ontier, pero nunca llegó a alcanzar operatividad porque la adjudicación desencadenó un rosario de reclamaciones ante la Junta Consultiva de Contratación Pública que en principio paralizaron la adjudicación y en última instancia forzaron una revisión del proceso, después de que el organismo dependientes del Ministerio de Hacienda diera la razón a uno de los despachos reclamantes, en concreto el del ex ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño, que impugnó la penalización que se le aplicó en el proceso por presunta rebaja temeraria.. «Récord de exportaciones de gas de Rusia a España, que están a punto de arrebatarle el primer puesto a Argelia». Las gasistas que operan en España importaron de Rusia en mayo 9.663 GWh de gas natural licuado (GNL), lo que supone un nuevo récord desde que llegar el primer metanero desde aquel país a nuestras regasificadoras en enero de 2018. Esa cantidad, la mayor parte importada por Naturgy, supone el 27,8% del total (34.683 GWh), ligeramente inferior al 28,3% de Argelia (9.824 GWh), según el último boletín de Enagás, el operador del sistema gasista español. Noticia Relacionada estandar No España acaba el invierno con una de las mayores reservas de gas de Europa Javier González Navarro Tiene llenos el 78% de sus almacenamientos, frente a la media del 55,6% de la Unión Europea Aunque en porcentaje total Rusia ocupa la segunda posición, es el primer origen de GNL , ya que la mayor parte del gas que procede de Argelia (7.853 GWh) viene por el gasoducto Medgaz hasta la costa de Almería. En los datos de mayo llama la atención la caída de las exportaciones de EE.UU . (1.964 GWh), lo que supone tan solo el 5,7% del total. Es la cifra más baja desde hace cinco años de un país que en marzo fue el mayor exportador de gas a España. El tercer puesto lo ocupa Nigeria, con 6.813 GWh, el 19,6% del total. Nuestro país recibió el mes pasado 34.683 GWh de gas, un 7% menos que en abril, procedente de diez países. Hay que subrayar que mientras las importaciones de petróleo y de derivados de Rusia está vetadas por la UE, las compras de gas se mantienen, fundamentalmente porque son contratos a muy largo plazo firmados por empresas privadas que, si no los cumplen, son penalizados. Incluso, tendrían que pagar el gas comprometido aunque no lo consumieran. Desde el Gobierno se han lanzado diversos mensajes para que las empresas dejen de importar gas de Rusia, recomendación que de momento ha caído en saco roto. Más gas a Marruecos desde Tarifa Por otra parte, las importaciones de gas de Marruecos desde las regasificadoras españolas a través del gasoducto del Magreb alcanzaron en mayo un nuevo máximo: 868 GWh. Es el dato más alto desde que comenzó a utilizarse esta infraestructura hace un año. El gas circula ahora en sentido contrario a como funcionó durante 20 años, hasta que lo cerró Argelia por las tensiones con Marruecos. Hasta hace un año, el gas salía de los yacimientos argelinos de Hassi R’Mel hasta Tarifa (Cádiz). Ahora, el gas es adquirido por Marruecos, cuyos buques descargan en las regasificadoras de nuestro país y es introducido en el gasoducto hasta las dos plantas de generación eléctrica con gas que tiene nuestro vecino del norte de África.. «El ahorro ‘real’ de la pandemia: 100.000 millones concentrados en rentas altas e invertidos en vivienda y activos». Las restricciones para la movilidad y la actividad comercial así como de hostelería durante los peores meses de la pandemia supuso un respiro verdadero para los bolsillos de los españoles . Los hogares acumularon ahorros a niveles históricos y no ha sido hasta el pasado 2022 cuando se han dado las condiciones para comenzar a gastar este dinero ahorrado de forma forzosa desde el segundo trimestre de 2020. Ya con la actividad plenamente recuperada este capital ha vuelto a generar consumo y se ha vuelto ha introducir en el circuito de la economía, pero con una características concretas. Según aborda el Banco de España en un documento reciente sobre ‘La evolución y el destino del ahorro extraordinario acumulado por los hogares españoles desde el inicio de la pandemia’ el efecto de contención no ha sido menor. A causa de las condiciones que se dieron en pandemia y en trimestres posteriores, aun con restricciones sobre la actividad ordinaria previamente comparable (finales de 2019), los hogares acumulaban a cierre de 2022 una bolsa de ahorro extraordinario de 100.000 millones de euros. Sin embargo, con distribución heterogénea: el organismo señala que las rentas altas se beneficiaron más de esta circunstancia, lo que además se observa en los flujos de destino de este dinero acumulado una vez se ha reanudado la normalidad económica. Cabe recordar que la tasa de ahorro de los hogares españoles alcanzó en 2020 casi el 18% de su renta bruta disponible, más del doble que un año antes. En 2021, las medidas de contención de la pandemia se relajaron progresivamente. No obstante, la tasa de ahorro permaneció todavía en cotas muy elevadas, casi un 14% de la renta bruta, lo que supone el segundo nivel más alto de la serie histórica, solo inferior al máximo de 2020. En contraposición, en 2022 la recuperación del gasto de los hogares, unida al notable repunte que se observó en los precios de los bienes y servicios de consumo, llevó a que la tasa de ahorro pasase a situarse por debajo de su nivel de 2019. Noticias Relacionadas estandar Si El recorte de incentivos hunde un 60% el ahorro en planes de pensiones privados en dos años Gonzalo D. Velarde estandar Si El ‘plan Escrivá’ recorta un 25% la pensión de las rentas altas respecto a sus salarios Gonzalo D. Velarde De hecho, el Banco de España sitúa la segunda mitad de 2022 como el verdadero momento de inflexión para la caída de los niveles de ahorro observados en los dos años anteriores. Confluyó una escalada de precios a niveles desorbitados que ya de po0r sí obligó a los ciudadanos a pagar mucho más por las compras del día a día, al tiempo que se comenzaron a subir los tipos de interés generando también una fuerte presión por el lado de los pagos hipotecarios , que en su conjunto ha obligado a echar mano precisamente de esos ahorros. «A partir de ese momento, el impulso al consumo derivado de la eliminación completa de las restricciones sanitarias, junto con el notable deterioro del poder de compra de los hogares como consecuencia del rápido aumento de la inflación, llevó a que la tasa de ahorro se situase por debajo de su nivel de 2019, lo que generó flujos negativos de ahorro extraordinario, de acuerdo con la medida propuesta», explica el informe del supervisor, reduciendo la bolsa de ahorro extraordinario acumulado hasta el 14% de la renta bruta al final de 2022 o, lo que es lo mismo, unos 100.000 millones de euros, «aunque la inflación ha erosionado en más de un 10% el poder de compra de estos fondos». A más renta, más ahorro Sin embargo, este ahorro extraordinario no se distribuyó de forma homogénea entre los distintos grupos de hogares, sino que tendió a concentrarse entre los hogares con mayores ingresos . Estos hogares presentan, de forma estructural, unas mayores tasas de ahorro, que durante la pandemia se habrían incrementado en mayor medida. En primer lugar, los trabajadores con mayores ingresos se vieron menos afectados por la caída de rentas de 2020, debido a su infrarrepresentación en el empleo de los sectores más afectados por la pandemia (en los que la ocupación cayó más). De hecho, según la información a nivel de hogar de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta media de los hogares en el 20% superior de la distribución de ingresos aumentó ligeramente en 2020, mientras que para los hogares en el quintil inferior de la distribución la renta media cayó casi un 7%. En segundo lugar, el gasto que no pudo materializarse como consecuencia de las medidas en vigor para contener la pandemia -en términos generales, el vinculado con los bienes y servicios cuyo consumo requiere una mayor movilidad e interacción social-, y que, por tanto, dio lugar a ahorro, pesa más en el consumo de los hogares con mayores rentas. «Como consecuencia, en 2020 el 20% de los hogares de menores rentas apenas pudieron acumular ahorro extraordinario, definido como la diferencia entre la tasa de ahorro de ese año», explican los autores del estudio. Vivienda y activos financieros Quizá, la prueba del que el ‘shock’ sanitario le fue más liviano a los bolsillos más onerosos está en el destino que a día de hoy tiene ese dinero. En torno al 80% del ahorro extraordinario acumulado entre principios de 2020 y el cierre de 2022 se destinó a la adquisición neta de activos financieros . Mientras que una parte más reducida, aunque creciente en el tiempo, se utilizó para financiar la formación bruta de capital y la amortización de préstamos hipotecarios. La inversión financiera extraordinaria se concentró en 2020 y se moderó significativamente en 2021, mientras que en 2022 pasó a registrarse una caída en comparación con el año previo a la pandemia. Por el contrario, la evolución de la formación bruta de capital y de las amortizaciones de préstamos para la compra de vivienda fue la inversa: en comparación con 2019, los niveles extraordinarios de estos dos componentes aumentaron en 2021 y 2022. Los hogares habrían destinado también una parte creciente, aunque reducida, del ahorro extraordinario acumulado a la amortización de préstamos contraídos en el pasado para la compra de vivienda (desde el inicio de la pandemia, en una cuantía equivalente al 1,3 % de la renta bruta). En 2020, las amortizaciones de estos créditos fueron, en relación con la renta bruta, similares a las observadas en 2019. Pero en 2021 y, sobre todo, en 2022 pasaron a superar esos registros. El aumento del coste de las hipotecas a tipo variable incrementó los incentivos a la amortización anticipada, lo que se vio reforzado por el hecho de que apenas hubiera aumentado la remuneración de algunos activos líquidos, como los depósitos. MÁS INFORMACIÓN La productividad de las empresas españolas cae un 8% lastrada por la subida de cotizaciones y la presión fiscal Golpe de Hacienda a las pensiones máximas: se llevará el 37% del alza Con todo esto, el estudio señala que el ahorro extraordinario acumulado desde el inicio de la pandemia se ha traducido en un aumento de la riqueza neta de los hogares, al contribuir a la acumulación de activos financieros e inmobiliarios y a la amortización de la deuda. El Banco de España apunta a que si bien el ahorro extraordinario acumulado es muy elevado con respecto a los flujos habituales, su contribución al incremento del saldo de la riqueza neta de los hogares desde el inicio de la pandemia ha sido modesta (1,4 puntos porcentuales). «A pesar de ello, diversos factores sugieren que, en consonancia con lo observado hasta ahora, no cabe esperar que esta bolsa de ahorro extraordinario proporcione un impulso muy significativo al consumo agregado de los hogares en los próximos trimestres», advierte el organismo.. «Línea Directa lanza el primer seguro antiokupas de España para responder a «una nueva necesidad social»». Línea Directa ha lanzado el primer seguro integral antiokupas de España. Se trata de una nueva cobertura que se integrará dentro de la póliza de hogar y que podrá contratarse por un extra de 10 euros para proteger a los propietarios de vivienda. Es un producto novedoso en nuestro país ya que, como han destacado en la presentación, hasta ahora no existía una cobertura total frente a la ocupación ilegal. Sí que reconocen desde la aseguradora que había coberturas parciales en otras compañías, pero en el caso de Línea Directa es un producto integral y específicamente enfocado a este problema. Noticia Relacionada reportaje Si Las víctimas de la okupación en España: hosteleros, pequeños propietarios o vecinos asediados Beatriz L. Echazarreta En 2022, 16.726 personas denunciaron que su casa había caído en manos de inquilinos indeseados. Los propietarios, angustiados por un problema social que ha ido en aumento en los últimos años, chocan con unos procedimientos judiciales que se eternizan y les obligan a recurrir a empresas privadas «En el último lustro se han registrado en España un promedio de 15.000 denuncias al año por ocupación ilegal de viviendas, más de 40 al día, y cada ejercicio se han celebrado de media unos 3.000 juicios por la vía civil por este motivo, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Es un fenómeno que genera importantes perjuicios para los propietarios por el complejo procedimiento jurídico para recuperar su casa y la factura económica derivada de esa ocupación», señala la firma en nota de prensa. Bajo este prisma, la entidad señala que busca responder «a una nueva necesidad social» que es proteger la vivienda frente al allanamiento y la usurpación. Así, indican que tienen como objetivo «aportar tranquilidad a los propietarios» con una cobertura de hasta 33.900 euros por evento. Los detalles del producto Una de las grandes novedades está en las prestaciones del producto. «La nueva cobertura de la póliza de hogar de Línea Directa ofrece, desde el punto de vista de la asistencia jurídica, asesoramiento legal telefónico ilimitado y la reclamación de la vivienda por vía amistosa y/o judicial. Para ello, una vez notificada la ocupación y antes del inicio de las gestiones judiciales, Línea Directa realizará a través del servicio de asistencia legal hasta tres intentos de gestión extrajudicial para lograr el abandono de la vivienda ocupada ilegalmente. Si esta vía amistosa falla, se iniciará el procedimiento por la vía judicial. En este sentido, la reclamación realizada por Línea Directa cubre hasta 10.000 euros en gastos legales y jurídicos», señalan en un comunicado. Si hay destrozos en la vivienda, la aseguradora también ha pensado en ello. Se hace cargo de la rehabilitación de la misma, pudiéndose elegir entre un servicio sin límite económico a cargo de profesionales de la compañía o un pago de hasta 5.000 euros. Asimismo, se establece un pago de hasta 300 euros mensuales durante seis meses para hacer frente a las facturas de agua, luz y gas derivadas de la ocupación ilegal. Lo mismo ocurre para casos en los que se necesite una alternativa habitacional por el hecho de que la ocupación se produzca en la vivienda habitual. En estos supuestos, se abonará al dueño hasta 800 euros durante seis meses; la misma cuantía y durante el mismo periodo será también en caso de que la vivienda estuviera dedicada al alquiler y y dejara de ingresar las rentas mensuales. Pero en todo caso no se trata de proteger la llamada inquiocupación , sino que un tercero ocupe una vivienda que esté alquilada. Sobre esto último, la aseguradora aclara que la cobertura es para casos de allanamiento de morada, esto es, cuando el hogar, independientemente de que sea primera o segunda vivienda, sea ocupado; y también para casos de usurpación de un inmueble deshabitado o vacío, por ejemplo, una vivienda en construcción o en proceso de venta.. «El fondo Antin, que ganó un laudo a España, lanza una opa sobre la renovable Opdenergy valorada en 866 millones». El fondo de inversión francés Antin Infraestructure ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) amistosa sobre la totalidad de las acciones de la compañía española de renovables Opdenergy por valor de 866 millones de euros. Esta empresa debutó en la Bolsa española en julio del año pasado en el Mercado Continuo con una valoración de 703 millones de euros. La entidad ofrece a los accionistas 5,85 euros en efectivo por título, con una prima del 46% sobre el precio de cierre del pasado viernes, del 42% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses y del 23% sobre el precio de salida a Bolsa, según informó este lunes Antin en un comunicado. La operación está condicionada a que se alcance un nivel mínimo de aceptación del 75% de las acciones. En caso de que la operación se cierre con éxito, Antin tiene la intención de excluir a Opdenergy de cotización de la Bolsa española. Las acciones de Opdenergy se disparaban un 42% a media mañana en la Bolsa, hasta los 5,67 euros por título. Noticia Relacionada estandar No El Tribunal Superior de Londres obliga al Estado español a pagar las indemnizaciones por el recorte a las renovables Javier González Navarro La sentencia abre la puerta a que Antin detraiga 120 millones de euros de los 925 millones que debe cobrar España por la indemnización del Prestige Según explica la nota, se trata de una operación amistosa que sigue un acuerdo previo con los accionistas fundadores de Opdenergy y con su actual consejero delegado, Luis Cid, que poseen conjuntamente cerca de un 71% de la compañía, y que han suscrito compromisos irrevocables para vender todas sus acciones a Antin. Dos de los accionistas fundadores que han suscrito compromisos irrevocables de aceptación reinvertirán parte de los fondos obtenidos en GCE BidCo, la entidad controlada por Antin que canaliza la opa. Está previsto que Gustavo Carrero, a través de Marearoja Internacional, S.L., y Alejandro Chaves Martínez, a través de Aldrovi, S.L., mantengan hasta un 10% del capital social de GCE BidCo cada uno tras la liquidación de la oferta y la finalización de la reinversión. Hay que recordar que el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, dictó en 2018 un laudo arbitral que obliga a España pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte de las primas a las energías renovables en el que es su tercer fallo contra España. Al día de hoy, el Gobierno español aún no ha pagado el laudo, por lo que la sociedad que posee ahora esos derechos ha pedido, y conseguido, de los tribunales londinenses que pueda detraer esa cantidad de la indemnización que tiene pendiente de cobrar España (925 millones de euros) del Prestige. Antin asegura que tiene previsto contribuir activamente al desarrollo y crecimiento sostenido de Opdenergy aportando capital y experiencia para apoyar la ambición de la compañía de transformarse en una de las principales plataformas globales de energías renovables con sede central en España. El fondo oferente precisa además que tiene intención de mantener la sede central de Opdenergy en España. Opdenergy cuenta con 904 MW en operación, 951 MW en construcción y preconstrucción (a 31 de marzo de 2023), con proyectos desarrollados en España, Estados Unidos, Chile, Italia y México. El modelo de negocio de Opdenergy se basa fundamentalmente en contratos privados de compraventa de energía (PPAs) a largo plazo con entidades privadas (a 31 de marzo de 2023, el 70% de la producción está contratada con PPAs a largo plazo con contrapartes de alta solvencia) y en menor medida a venta de energía a mercado. Por su parte, Antin tiene experiencia en el sector energético como inversor a largo plazo. Sus inversiones en energías renovables incluyen Blue Elephant Energy con sede en Alemania, adquirida en 2022, centrada principalmente en la energía solar fotovoltaica y en menor medida eólica terrestre, con c.1,6 GW de capacidad operativa y contratada y una cartera de proyectos a corto plazo de c.4,3 GW. Fondos Antin también son los accionistas principales de Origis Energy, una plataforma de desarrollo líder en EE. UU. con más de 170 proyectos solares y de almacenamiento desarrollados y unos 3,3 GW de activos bajo gestión. Stéphane Ifker, socio senior de Antin, ha declarado que «estamos muy ilusionados de tener la oportunidad de poder apoyar a Opdenergy en la siguiente etapa de su ya exitosa historia de crecimiento y ayudar a acelerar su importante contribución a la transición energética de España y a la descarbonización de su economía. Antin cuenta con una sólida trayectoria en el impulso del crecimiento de empresas energéticas, con el apoyo de nuestro equipo de especialistas en energía y nuestra dilatada y amplia experiencia en el sector. Opdenergy es muy complementaria con nuestras otras plataformas y demuestra aún más nuestro compromiso con la transición energética en Europa y Norteamérica.«. http://www.databot-app.com