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News – Noticias «Rusia vuelve a atacar el centro de Kiev y otras ciudades en respuesta al derribo del puente Kerch». Varias explosiones han sacudido el centro de Kiev en plena hora punta, así como otras ciudades de Ucrania, entre las que se encuentran Leópolois y Dnipro, en la que ha sido la peor oleada de bombardeos rusos desde hace meses. Al menos ocho personas han muerto y cerca de 25 han resultado heridas en la capital de Ucrania, según han confirmado las autoridades. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha hablado de varios muertos y heridos y ha acusado a Rusia de querer «destruir y borrar de la faz de la tierra al pueblo ucraniano». Los ataques aéreos han sacudido el centro de la capital ucraniana en torno a las 8 de la mañana, cuando los locales se dirigían a los colegios, universidades y puestos de trabajo. Uno de los puntos bombardeados ha sido el entorno de la Universidad Shevchenko de Kiev. Sistemas de defensa aérea Rostislav Smirnov, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que la zona más afectada es el distrito de Shevchenko y ha agregado que los equipos de emergencia y rescate trabajan en la zona. El jefe de la Administración Militar Regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, ha confirmado que «los sistemas de defensa aérea están operando en la región». «La alerta antiaérea está activa. Permanezcan en los refugios», ha detallado, tal y como ha recogido Ukrinform. Con el general Serguéi Surovikin, conocido como el «carnicero de Siria, a los mandos desde hace unos días, Moscú parece responder con bombardeos indiscriminados contra la población civil al derribo del puente de Kerch, joya de la corona de la anexión rusa de Crimea y clave para el abastecimiento de las tropas rusas en el frente sur.. «Guerra Ucrania – Rusia, en directo | Al menos ocho muertos y 25 heridos en una cadena de bombardeos de Moscú en el centro de Kiev». Se cumplen 229 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Vladímir Putin ha castigado la destrucción de emblemático puente de Kerch con bombardeos incesantes en el centro de Kiev y en otras ciudades del país atacando a la población civil. Tras poner al mando de la guerra a Sergei Surovikin, un veterano acusado de crímenes de guerra que batalló en Chechenia y Siria , hoy se reúne con carácter extraordinario el Consejo de Seguridad donde podría tomar alguna medida importante sobre el curso de la guerra o defenestrar a algún alto cargo convirtiéndole en chivo expiatorio de las pérdidas sufridas por Moscú en el último mes y medio. De este modo, acallaría las críticas, cada vez más abiertas, a su gestión del conflicto COMPONENTE Directo Opta/Scribblelive 3013792. «La verdad (y la justicia) para los estudiantes de Iguala vuelve a tropezar con el Ejército mexicano». Abel, Alexander, César, Emiliano, Cutberto, Giovanni, Jonás, Marcial, Saúl… Estos son solo algunos de los nombres de los 43 normalistas (estudiantes de magisterio) que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, y que no han vuelto a ser visto desde entonces, ni vivos ni muertos. Entre ellos, como se ha sabido ahora, también había un soldado infiltrado en la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa , que informaba al Ejército de todas las actividades de los normalistas. Ocho años después del suceso se sigue investigando para esclarecer los hechos y encontrar los cuerpos (la última versión oficial los da ya por muertos, aunque no sus familias). Con menos incógnitas que hace un lustro, quedan todavía muchas sombras sobre un caso que horrorizó a México . Entre las certezas están que los estudiantes desaparecidos formaban parte de un grupo más numeroso que había secuestrado cinco autobuses –uno de los cuales habría estado cargado de droga sin ellos saberlo (existía una ruta de tráfico de drogas con estos vehículos que estaba siendo monitorizada por EE.UU)– para viajar a Ciudad de México, donde tenían previsto participar, el 2 de octubre, en la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco . Y entre las incógnitas por despejar: el paradero de los jóvenes y señalar –y condenar– a todos los que participaron de una forma u otra en lo que el informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 18 de agosto, ha calificado como «crimen de Estado». El suceso, conocido como el caso Ayotzinapa, fue tan dramático (y macabro) e implicaba a tantos actores – narcos, policías y autoridades locales y federales, militares …– que recibió la atención internacional. De ahí que el Gobierno de entonces, liderado por Enrique Peña Nieto, se apresurase a cerrar la investigación ofreciendo su versión de los hechos y que bautizó como la ‘Verdad histórica’, construida sobre pruebas fabricadas, declaraciones arrancadas con torturas (muchos de los detenidos fueron posteriormente liberados por esta práctica), encubrimientos y señalamientos que dejaban limpio de toda culpa al Ejército. La versión defendida desde el Gobierno era que los jóvenes habían sido secuestrados, con la ayuda de la policía local, por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y posteriormente hechos desaparecer (incinerados, siendo los restos desperdigados en varios puntos). El caso Ayotzinapa era –y es– la punta del iceberg de la realidad de un país que tiene en su haber más de 100.000 desaparecidos y en el que se contabilizan más de 35.000 asesinatos al año, la mayoría de los cuales no se resuelven pues los niveles de impunidad alcanzan el 98% de los delitos. «A no ser que haya algún tipo de presión internacional para la investigación. Ese ha sido el caso de Ayotzinapa», afirma Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch en México , que ha visto como el caso ha dado un giro. «Parecía que existía un compromiso por esclarecer el caso Ayotzinapa, pero creo que durante las últimas semanas todo eso se ha derrumbado, las esperanzas. Y ha quedado claro que dentro de las autoridades ha continuado ese esfuerzo por obstaculizar la investigación, y quizá usarla para fines políticos. Y mucho de esto salió a la luz con la renuncia del fiscal especial y por e l IV informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI)», matiza. Una prioridad para AMLO Después del cierre en falso de la investigación en 2016, para López Obrador el caso Ayotzinapa se convirtió en una de sus máximas prioridades. Como presidente ya electo, en el cuarto aniversario de la desaparición, se reunió y se comprometió con los familiares: «Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables». Y el mismo día de su toma de posesión anunció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) «para castigar los abusos de autoridad». Un organismo que está bien, en opinión de Mattiace, «pero que al estar liderado por el Gobierno no puede hacer una investigación independiente. Tampoco tiene la capacidad para litigar casos», señala. López Obrador, dos días después de asumir la presidencia en 2018, con familiares de los estudiantes desaparecidos el día que se reabrió la investigación del caso Ayotzinapa AFP Han pasado ocho años del suceso y casi cuatro de la llegada al poder de AMLO y la verdad sobre lo que sucedió aquella noche y la aplicación de la justicia sobre todos los perpetradores está todavía lejos de producirse. Si bien ha habido progresos, la piedra de toque para un completo esclarecimiento e imputación de responsabilidades vuelve a ser la misma. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en declaraciones a la revista ‘Proceso’ admitía que «las investigaciones pudieron avanzar hasta que en el centro quedó el Ejército mexicano como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas». «Las investigaciones pudieron avanzar hasta que en el centro quedó el Ejército mexicano como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas» Vidulfo Rosales Abogado de las familias «La principal autoridad que ha boicoteado el caso es la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena)», corrobora en declaraciones a ABC la periodista Anabel Hernández , autora del libro ‘La verdadera noche de Iguala’ (2016), donde vierte la investigación sobre el caso, apuntando a la participación «activa de los militares en el monitoreo de los estudiantes, primero; y luego en el ataque y la desaparición», señala la investigadora que tuvo acceso a testimonios de testigos, del grupo criminal Guerreros Unidos, fotos y vídeos «que me ayudaron a reconstruir los hechos». Hernández califica de «infamia» que el Gobierno federal, la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General (FGR) «sabían perfectamente lo que había sucedido, y lo único que han querido todos estos años es boicotear la verdad porque no quieren llevar al Ejército ni a los altos mandos de la PGR, ni al expresidente Peña Nieto a juicio». Y va más allá cuando asegura que «la investigación del caso la boicotearon durante el Gobierno de Peña Nieto, lo hacen ahora y de manera todavía más contundente en el Gobierno de López Obrador, con la complicidad del Fiscalía General de la República y el fiscal general». La periodista de investigación reconoce que gracias a la labor de la Comisión para la Verdad y del fiscal especial Omar Gómez Trejo , que lideró hasta septiembre (dimitió el día 15) la Unidad especial de investigación y litigación del caso Ayotzinapa (Ueilca) «se había logrado llegar a puntos donde nunca antes se había logrado avanzar, detallando nombres y apellidos de los militares que formaron parte de la desaparición y el encubrimiento». La institución castrense habría hecho descarrilar el trabajo de investigación realizado durante los últimos años por el GIEI), así como la labor de la Ueilca, creada por la Fiscalía General de la República en 2019 con el fin de «investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales» con independencia y sin injerencias. El detonante El detonante del cambio de rumbo de la investigación tiene su origen en el informe publicado y presentado por AMLO el pasado mes de agosto por la Covaj. Tras reconocer que se trató de «un crimen de Estado» en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, que contaron «con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado», el informe desmonta la ‘verdad histórica’ defendida por el Gobierno de Peña Nieto, que sería el resultado de «una acción concertada desde el aparato organizado del poder», en la que habría participado, entre otros, el procurador general de la República, en ese momento, Jesús Murillo Karam; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, señalado en 2016 por el GIEI como responsable de violar el proceso de investigación , así como de sembrar bolsas de plástico con restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero; a esto se se suma la tortura de testigos. Según el informe de la Covaj, fue «un crimen de Estado» en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, que contaron «con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado» Karam fue detenido el pasado 19 de agosto, un día después de la presentación del informe, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa; mientras que Zerón sigue en Tel Aviv, donde se ha refugiado huyendo de la justicia mexicana, y cuya extradición no ha sido aprobada todavía por Israel. Datos inéditos y filtraciones En el documento de la Comisión para la verdad también se incluyeron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre los implicados que no habían sido compartidas con el comité de expertos, pruebas que necesitan ser «verificadas científicamente», según señala el GIEI en su cuarto informe, presentado el pasado 29 de septiembre, en el que cuestionan algunas de las acciones del Covaj, con el que hasta ahora existía una fluida colaboración. Esas capturas fueron filtradas días después a varios medios de comunicación, lo que se ha interpretado como un intento de obstaculizar la investigación. La situación se tensó aún más con la detención de Karam, por otro fiscales ajenos al caso, «lo que genera riesgos en el proceso judicial», alertó el GIEI, que subrayó que «es facultad del titular de la Unidad especial (Gómez Trejo) tomar esas decisiones». En opinión de Mattiace, el arresto parecía responder a «motivaciones políticas» (Karam era procurador general en el Gobierno de Peña Nieto) y a la presión de la fecha: «Estaba a punto de cumplirse el octavo aniversario y había que mostrar algún avance. Además tan solo le quedan dos años de mandato a esta Administración por lo que parece que había urgencia para decir que ya estaba resuelto este tema. Querían la imagen de esa detención. Después de tener algo mediático –lamenta–, suele haber muy pocos esfuerzos por parte de la Fiscalía para enjuiciar los casos. Y el encausado suele apelar y salir libre». El exprocurador general de la República, Murillo Karam, tras ser detenido el pasado mes de agosto REUTERS Los obstáculos a la labor de la Ueilca se han ido sucediendo en las últimas semanas. A la retirada de los 13 policías que trabajan a su cargo y que podían llevar a cabo detenciones, se sumó que un agente del Ministerio Público, ajeno al caso y a la investigación, pidió el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de detención (que incluía a 20 militares) solicitadas por indicación de la Unidad especial. Algo que se realizó «sin tener en cuenta los tiempos procesales ni el procesamiento de pruebas fundamentales», cuestiona el GIEI en su informe del 29 de septiembre. Para Mattiace, esta actuación por parte del Ministerio Público solo se puede calificar de «obstrucción e intromisión por parte del fiscal general. Cuando se creó la Unidad especial se acordó que fuera independiente. Que formará parte de la Fiscalía General, pero esta no se iba a entrometer». «Cuando se creó la Unidad especial se acordó que fuera independiente. Que formará parte de la Fiscalía General, pero esta no se iba a entrometer» Tyler Mattiace Investigador de Human Rights Watch en México De las órdenes de aprehensión canceladas, 16 correspondían a militares, estamento que, según el último informe del grupo de expertos, mantenía vínculos con Guerreros Unidos. «Escuchas interceptadas por Chicago muestran una relación cercana con militares, con menciones específicas a personas que están en las consignaciones y otras menciones igualmente a miembros de la Marina. En todas ellas se señalan diferentes actividades, comidas conjuntas, contactos». Para Anabel Hernández, el origen de que se hayan desestimado estas 21 órdenes está en el momento en que la Comisión para la Verdad señala que el coronel José Rodríguez Pérez (detenido el 14 de septiembre), responsable del 27 Batallón de Infantería, «no solo permite que sus hombres ataquen a los estudiantes, sino que él mismo da las órdenes para asesinar a seis de ellos (que habrían permanecido vivos varios días más que sus compañeros) y desaparecer los cuerpos. Tocar los intereses del Ejército detonó que este, con el apoyo del presidente de la República, presionara a la Fiscalía General y a Gómez Trejo para callar ante el desistimiento de las órdenes de detención. Algo que el fiscal especial no aceptó». «Al menos once de las personas, cuyas detenciones han sido desestimados, fueron claves. Estuvieron en el lugar de los hechos, y sus declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras» Anabel Hernández Periodista de investigación Sobre los militares a los que se les ha levantado la orden de detención, Hernández señala que AMLO «miente» cuando afirma que no tenían nada que ver con el caso. Según las investigaciones sí estuvieron implicados, y al menos once de ellos «son personas claves que estuvieron en el lugar de los hechos , y sus declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras». Se refiere, entre otros, también a varios miembros de Inteligencia implicados, que han evitado el arresto. Así como el responsable de las cámaras de seguridad de Iguala, «que vio con sus propios ojos la masacre y en lugar de denunciar borró los vídeos». ¿Se conocerá toda la verdad sobre lo ocurrido? «Estoy convencida de que sí, pero el tema es si esa verdad se convertirá en justicia . La verdad se va a saber es incontenible, porque hay muchísimos testigos, aunque tienen miedo de hablar. El punto es romper la ‘omertà’. Y yo tengo mis dudas de que esa verdad se va a poder judicializar precisamente por lo que ha sucedido ahora. Sabemos hoy, gracias a los mensajes e información precisa, que el Ejército participó, pero aún así retiran órdenes de aprehensión. ¿Sabremos la verdad pero estas personas no irán a la cárcel? Sería una tragedia». Encubrimiento La cancelación de las órdenes de detención contra militares, que provocó la dimisión del fiscal especial de la Unidad especial, ha coincidido con el escándalo del hackeo a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) , que ha dejado al descubierto cuatro millones de documentos, que muestran que el Ejército no está supeditado al poder ejecutivo, sino que tiene un autogobierno», sostiene Hernández. «La protección de AMLO al Ejército es parte de esa hegemonía y de ese Estado militarista que se está instaurando en México ante los ciudadanos y el mundo». Entre esos documentos han trascendido algunos relacionados con el caso Ayotzinapa y el Ejército mexicano. Según recogió la revista ‘Proceso’, en 2015 se organizó una visita al 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde habrían sido retenidos algunos de los estudiantes desaparecidos, para demostrar a los familiares la disposición de los militares a cooperar en las investigaciones. Según un documento fechado en enero de 2015, un asesor de la Sedena recomendó a su titular, Salvador Cienfuegos, inhabilitar áreas de arrestos y negarse a remover losas de cemento. Provocar una rebelión Los últimos sucesos han puesto en el ojo del huracán a la institución castrense, a la que que AMLO se ha apresurado a defender, llegando a afirmar que con la detención de los militares «se pretendía provocar una rebelión dentro del Ejército». Para el investigador de HRW resulta «muy revelador» la desestimación de órdenes de detención contra militares. «Se ha producido justo en el momento en el que se habla de la profundización y expansión de los militares, y no solo en la seguridad pública», afirma en referencia a la aprobación la semana pasada por parte del Senado de la militarización de la seguridad pública hasta el año 2028 . «Creo que otro dato importante es lo que hemos descubierto en las últimas semanas sobre la capacidad de las FF.AA. para espiar a muchas personas, incluyendo a políticos. Existen evidencias», explica sobre la utilización del programa Pegasus por parte de esta institución. «Una parte del pacto para aprobar la extensión de la militarización tenía que ver con un congresista del PRI que fue acusado de delitos tras ser espiado su teléfono. Este congresista –continúa– decidió votar a favor de la prórroga, y a continuación desaparecieron todas las acusaciones». Y se pregunta si detrás de muchas de las decisiones que está tomando el Gobierno «existe presión por parte de los militares, que están espiando a los políticos».. «Biden estudia levantar sanciones a Maduro para bajar el precio del crudo». El fracaso de Joe Biden en su fallida estrategia de presionar a Arabia Saudí para que aumentara la producción de petróleo y bajara así el precio mundial de la energía le ha dejado con pocas opciones , y el propio presidente de Estados Unidos ha admitido que está considerando si levanta parcialmente sanciones a Venezuela para que Chevron y otras petroleras puedan volver a ese mercado. El jueves, preguntado por los periodistas en la Casa Blanca por la opción de acercarse a Venezuela a cambio de que produzca más crudo, Biden dijo: «Hay muchas alternativas, y aún no nos hemos decidido ». El presidente no negó pues que ahondar los lazos con el régimen chavista sea una de esas alternativas, aunque dijo que este debe hacer todavía «mucho» si quiere ver un levantamiento de sanciones. Noticia Relacionada Claves de latinoamérica estandar Si Sin nuevo ciclo de izquierda en Latinoamérica Emili J. Blasco La victoria de Bolsonaro en las legislativas, como la falta de mayoría de Boric o Castillo, confirma que en la región no hay ningún pronunciado giro político Contactos directos Desde que la Casa Blanca reanudara en marzo los contactos directos con el chavismo, enviando a una delegación a verse con Nicolás Maduro en Caracas, el de la llamada seguridad energética ha sido uno de los pilares centrales de esos contactos. En junio, el Gobierno federal estadounidense permitió a Chevron renovar una licencia para permanecer en Venezuela al menos hasta final de año. A principios de 2019, Donald Trump impuso una dura ronda de sanciones que prohíben las importaciones de petróleo venezolano y las transacciones en dólares con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, una medida destinada a privar al país de dólares del petróleo y apear del poder a Maduro . Desde que llegaron a la Casa Blanca, Biden y su equipo se han replanteado las sanciones al crudo aplicadas por Trump, que suponen en la práctica un verdadero embargo. A principios de este mismo año, la agencia de transparencia del Gobierno estadounidense llegó a la conclusión en un polémico informe de que en Venezuela «las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a un declive más pronunciado de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo». El Gobierno federal estadounidense permitió a Chevron en junio renovar una licencia para permanecer en Venezuela hasta final de año Biden ha autorizado los contactos con el chavismo con el objetivo principal de que este libere a estadounidenses detenidos en Venezuela. Ha habido dos rondas de liberaciones, dos personas en marzo y otras siete el mes pasado. A cambio de los siete últimos, el Gobierno federal estadounidense ha excarcelado a dos sobrinos de la mujer de Maduro , condenados a prisión por graves delitos de narcotráfico . Aun así, según han dicho las portavoces de la Casa Blanca, el del crudo es un asunto que se ha discutido con Maduro, en especial ante el aumento del precio de la gasolina tras el inicio de la invasión rusa. Un alto funcionario de la Administración estadounidense dijo la semana pasada en una conversación con los medios que la postura de la Casa Blanca es que su objetivo es un diálogo protagonizado por los propios venezolanos «que conduzca al restablecimiento de unas elecciones libres y justas en el país». Según añadió esa fuente, EE.UU. está dispuesto «a calibrar su política general de sanciones en función de ello». Es decir, si Maduro y los opositores negocian de nuevo, puede haber un levantamiento de sanciones. Gran recorte La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció recientemente que va a reducir la extracción de crudo en dos millones de barriles diarios, el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. Supone un revés para EE.UU. y sus socios europeos, que han visto dispararse el precio de la energía tras el inicio de la guerra en Rusia. Como esta última es una gran exportadora de crudo, unos precios más elevados acabarán beneficiando al régimen de Vladímir Putin, dándole más ingresos para mantener su ofensiva contra Ucrania. Biden calificó el anuncio de «decepcionante», pues estuvo presionando a la corona saudí para justo lo contrario, y hasta llegó a visitar el Reino árabe en un polémico viaje en verano. En campaña electoral, el actual presidente americano había dicho que convertiría al príncipe Mohamed bin Salman «en un paria» por el asesinato del disidente Jamal Khashoggi. La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció recientemente que va a reducir la extracción de crudo en dos millones de barriles diarios Recientemente, el diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’ publicó que el Gobierno estadounidense reducirá las sanciones para permitir que la estadounidense Chevron reanude la extracción de petróleo en Venezuela. Ese diario publicó que a cambio del levantamiento de las sanciones, el Gobierno de Maduro debería reanudar las conversaciones suspendidas con la oposición del país para hablar de elecciones en 2024. Hasta ahora, una de las condiciones que Maduro ha puesto para cualquier concesión ante los opositores y ante EE.UU. es que este último libere a Alex Saab, el empresario colombiano al que se considera su testaferro. Este fue detenido en Cabo Verde por una orden de Interpol emitida por la Administración Trump, y extraditado a EE.UU. hace un año. Ahora está en proceso judicial en Florida por varios delitos de fraude y lavado de dinero. Sin carta blanca Biden, sin embargo, no tiene carta blanca para obrar con Maduro como le plazca. Aunque hay una parte del Partido Demócrata que cree necesario aligerar las sanciones, en el Senado hay un grupo bipartidista que se opone a ello. No son sólo senadores conservadores de Florida, como Marco Rubio o Rick Scott, sino también demócratas como Bob Menéndez, que preside la comisión de Exteriores. En unas declaraciones en mayo, el senador Menéndez ya advirtió: «Continuaré utilizando la fuerza de mi voz y mi posición en el Senado para asegurar que la política estadounidense hacia los tiranos no ponga en riesgo nuestros valores, ni premie su mal comportamiento. La Administración Biden debe abstenerse de levantar más sanciones hasta que Maduro haga concesiones concretas en la mesa de negociaciones. Adicionalmente, no pueden dársele más limosnas al régimen hasta que Maduro libere a todos los ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente por razones políticas en Caracas». Quedan aun al menos otros cuatro estadounidenses en Venezuela. El Senado es la cámara que supervisa y controla la política exterior de EE.UU.. «La izquierda en Iberoamérica busca expulsar a Guaidó de la OEA». El decisivo giro a la izquierda en América Latina ha facilitado un intento, de momento fallido, de expulsar a los opositores venezolanos de la Organización de los Estados Americanos. Aun así, los aliados del chavismo han ido sumando apoyos a medida que la izquierda ha ido recuperando el poder en países decisivos como Colombia y Chile, y no renuncian a su objetivo de devolverle la legitimidad al régimen de Nicolás Maduro en las instituciones internacionales. En la Asamblea General de la OEA, que se ha reunido esta semana en Perú, una resolución planteada por Antigua y Barbuda, país aliado de Nicolás Maduro, pidió expulsar a los opositores a los que comanda Gustavo Tarre, alegando que en realidad Venezuela no es miembro desde 2019, cuando se retiró de ese organismo el régimen chavista. La resolución no obtuvo suficientes votos, pero quedó cerca de ser aprobada. Fueron 19 de un total de 35. Se requerían 23, dos terceras partes. En un giro radical a cuando ingresaron los opositores, designados por la Asamblea Nacional, en la OEA, votaron en su contra Colombia, Perú, Panamá, Argentina y Chile. La oposición a esa medida defendida por los aliados de Maduro quedó en manos de Canadá, EE.UU., Paraguay y Guatemala. Se abstuvieron Jamaica, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana y Haití. En 2019, el Consejo Permanente le retiró el reconocimiento a Maduro con 19 votos a favor y seis en contra. Promovieron la resolución correspondiente EE.UU. con Argentina, Chile, Colombia, y Perú. La OEA acusó a Maduro de perpetuarse ilícitamente en el poder , alegando que su reelección en mayo de 2018 fue fraudulenta. Animados por la Administración de Donald Trump, la mayoría de los países miembros de la OEA reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero ese apoyo ha disminuido ahora significativamente. El representante de Antigua y Barbuda ante la OEA, el embajador Ronald Sanders, se ha convertido en el principal defensor de ese cambio, alegando que la presencia de los opositores venezolanos «ya no tiene ninguna legalidad pues su mandato terminó». Lo relevante es que, aparte del voto positivo de Colombia y Chile, la resolución de Antigua y Barbuda fue presentada conjuntamente con otras naciones como México. El actual representante de Venezuela ante la OEA, el opositor al chavismo Gustavo Tarre, decidió ausentarse de la Asamblea General de ese organismo internacional, alegando que su presencia generaría demasiadas distracciones. Según Tarre, «el rechazo de algunos países de la región al Gobierno interino ha llevado, en los últimos años, a que se deje de lado el problema humanitario y de derechos humanos y el debate de la Asamblea General se enfoque, en su lugar, en las credenciales de nuestra delegación, afirmando, incluso, que no se adherirán a las resoluciones aprobadas con la presencia de Venezuela».. http://www.databot-app.com